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La reconfiguaración de la ciudadanía en América Latina

Dos tendencias caracterizan la actualidad latinoamericana: el temor al populismo y el entusiasmo por los movimientos autonomistas que defienden reivindicaciones particularistas. Esto define un contexto posliberal y posneoliberal. Aunque muy difundidas, ambas tendencias tienen como origen común una concepción limitada de la ciudadanía: en el primer caso es percibida exclusivamente en función de los derechos políticos y el formalismo democrático, mientras que en el segundo se la concibe solo en su dimensión cultural. El artículo argumenta que, para que sea un instrumento eficaz de progreso social, la ciudadanía no debe ser vista de manera reduccionista, sino repensada –y valorada– en todas sus dimensiones.

La reconfiguaración de la ciudadanía en América Latina

La reconfiguración de la ciudadanía en América Latina

Dos tendencias caracterizan la actualidad latinoamericana: el temor al populismo y el entusiasmo por los movimientos autonomistas que defienden reivindicaciones particularistas. Esto define un contexto posliberal y posneoliberal. Aunque muy difundidas, ambas tendencias tienen como origen común una concepción limitada de la ciudadanía: en el primer caso es percibida exclusivamente en función de los derechos políticos y el formalismo democrático, mientras que en el segundo se la concibe solo en su dimensión cultural. El artículo argumenta que, para que sea un instrumento eficaz de progreso social, la ciudadanía no debe ser vista de manera reduccionista, sino repensada –y valorada– en todas sus dimensiones.

Parafraseando el comienzo de un antiguo y famoso libro, podemos decir que actualmente dos fantasmas recorren Latinoamérica: el temor al populismo y el riesgo de fragmentación a partir del entusiasmo por las reivindicaciones autonomistas por parte de pueblos originarios u oligarquías locales que agitan las banderas del regionalismo y amenazan con independizarse (el caso de Bolivia es el más notorio). El populismo, reflejado en el aparente retorno de liderazgos personalistas con proyectos de reforma social y retórica encendida, recibe ataques desde los más diversos sectores, sobre todo de la prensa extranjera y del republicanismo biempensante vernáculo. El impulso autonomista es recibido de forma más entusiasta. El primero es un fantasma explícito y declarado; el segundo es más solapado, menos evidente. Ambos, sin embargo, son indicadores de que hoy existe un nuevo contexto, a partir del cual es necesario repensar la cuestión de la ciudadanía, la configuración del Estado-nación y el rol de las elites en cada país, sea como fuerzas de la reacción o como motores de cambio social. El fantasma populista nos sitúa en un marco posneoliberal, caracterizado por el retorno del Estado como agente del desarrollo y la vuelta del realismo en la política nacional e internacional. La reivindicación autonomista, en cambio, nos sitúa en un contexto posliberal: la idea es que el Estado-nación no se corresponde ya con sociedades pluralistas y multiculturales.

La actual crítica al populismo hereda la fijación liberal propia del entusiasmo democrático de la década del 80 y del fin de las dictaduras. El entusiasmo con las reivindicaciones autonomistas es propio de la fijación culturalista, en sus variantes posmodernista, posestructuralista y de radicalismo de la multitud. Si en los 80 la reflexión social ponía el acento en lo político y en los 90 en lo económico, en lo que va del siglo XXI esta reflexión se centra en lo cultural y en la lógica de la diferencia.

En este ensayo sostenemos que ambos fantasmas tienen como origen común una concepción limitada de la ciudadanía, ya que tanto el temor al populismo como la reivindicación autonomista la reducen a una sola dimensión, dejando de lado la extensión de derechos sociales y la dimensión socioeconómica de la democratización. En la defenestración del populismo como una herejía política, lo social queda al margen a cambio de una fijación formalista y legalista en las formas de la democracia representativa y en la competencia entre partidos. En el elogio de la diferencia de la reivindicación autonomista, por su parte, se manifiesta una fijación culturalista en las dimensiones más recientes de una ciudadanía ampliada y quedan nuevamente subsumidas las cuestiones de la vulnerabilidad y la desigualdad social dentro de las afirmaciones identitarias.

Ambas perspectivas tienen a la autonomía –de individuos, sectores sociales o sociedades enteras– como el ideal ético y el fin último de la acción política. La emancipación de la necesidad o de toda forma de dominación sería entonces el modo de alcanzar este ideal, y así se ignora cuán vulnerables y entrelazados están esos individuos, sectores sociales y sociedades. Y esto es tanto más cierto en sociedades complejas y globalizadas, signadas por una creciente interdependencia.

Luego de presentar brevemente el concepto de ciudadanía, sus dimensiones y su reciente ampliación, me detendré en el primer fantasma (el miedo al populismo como indicador de un divorcio entre lo social y lo político), para luego pasar al segundo (el elogio de la diferencia como indicador de un divorcio entre lo social y lo cultural). En la base de ambos divorcios y ambos fantasmas está la noción de autonomía, que descansa en una ilusión que debiera ser sustituida por el reconocimiento de la interdependencia y el carácter ineludiblemente interactivo de la ciudadanía. Concluyo analizando los desafíos de la ciudadanía en un contexto posliberal y posneoliberal; es decir, cuando el populismo y la lucha por el reconocimiento de la diferencia (por la autonomía) no son agitados como fantasmas sino como proyectos políticos realistas y viables.

Las dimensiones de la ciudadanía

Hablar de ciudadanía supone, en primer lugar, definir quiénes pertenecen a una comunidad política y qué criterios definen esa pertenencia. ¿Son solo los virtuosos y alfabetizados, son los adultos varones, los nacidos en un territorio o los descendientes de los miembros de una nacionalidad anterior?

Tradicionalmente, la ciudadanía se define como la pretensión y la posibilidad de ser aceptado como miembro pleno de una sociedad, de compartir la herencia social, a lo que se agrega la inagotable capacidad o posibilidad de tener derechos y reclamar por su reconocimiento. En los 50, el sociólogo inglés Thomas Humphrey Marshall distinguió tres dimensiones de la ciudadanía, que coinciden históricamente con las etapas de su respectiva constitución: la civil (los derechos necesarios para la libertad individual y la justicia), la política (el derecho a participar en el ejercicio del poder político) y la social (el derecho al bienestar económico y la seguridad). Si los tribunales de justicia son los encargados de bregar por los derechos civiles, las instituciones para ejercer los derechos políticos son el parlamento y los consejos del gobierno local, mientras que las instituciones más estrechamente relacionadas con la ciudadanía social son el sistema educacional y los servicios sociales.