Tema central

La política energética latinoamericana: entre el Estado y el mercado

En América Latina, como en ningún otro lugar, la energía es inseparable de la política. El nacionalismo energético, sumado a viejos conflictos territoriales y falta de inversión, genera dificultades para lo que debería ser el objetivo de largo plazo: afianzar un mercado energético común. Hay alianzas –Cuba- Venezuela, México-Centroamérica, Mercosur-Venezuela– pero aún falta mucho por hacer. En ese sentido, una América Latina energéticamente integrada podría negociar con más fuerza la venta de derechos de emisión de dióxido de carbono a la Unión Europea, avanzar en el desarrollo de la energía nuclear y explorar nuevas fuentes, como los biocombustibles, la energía eólica y la geotérmica.

La política energética latinoamericana: entre el Estado y el mercado

Energía y política

_endtitle_

Probablemente no haya otra región en el planeta donde la energía y la política estén tan estrechamente relacionadas como en América Latina. Disponer de una compañía petrolera o una empresa de gas estatal se considera un signo de soberanía nacional, y los símbolos nacionales tienen un valor muy alto en la región. Esto podría sorprender a los europeos o los estadounidenses, que han aprendido que el capital es claramente apátrida. Pero en Latinoamérica, un continente cuyas materias primas son explotadas por extranjeros desde hace siglos, el hecho de poder disponer de los recursos propios constituye mucho más que una inversión de capital. Refleja también el deseo de poder utilizar de una buena vez las riquezas naturales, aparentemente inconmensurables, en beneficio propio. Trabajar para sí mismos y no para potencias extranjeras, ése parecería ser el deseo de muchos latinoamericanos, y es un deseo que en principio no se les puede reprochar.

Ahora bien, esto no quiere decir que el resto de los países no tenga también una relación especial con sus materias primas, sobre todo cuando se supone que se trata de reservas estratégicas. América Latina no se diferencia del resto del mundo en este parecer básico, sino más bien en la medida en que se conectan entre sí la política y las materias primas y, sobre todo, la política y la energía.

Las materias primas, sobre todo el petróleo y el gas, son una herramienta cómoda para hacer política. En 2005, cuando Buenos Aires vivió un verano extremadamente caluroso, el presidente Néstor Kirchner dispuso que el gas argentino se destinara en forma prioritaria al consumo interno; a partir de entonces, se exportó menos gas a Chile. Como consecuencia, hubo que racionalizar la energía en Santiago. Más conocida es la negativa de Bolivia a venderle gas a Chile, país al que pretende presionar para obtener una salida al mar.

Pero una política de apropiación del petróleo y el gas tiene dos caras, una favorable y otra no tanto. Entre los aspectos positivos, se encuentra el hecho de que los ingresos provenientes de la extracción de petróleo y gas les otorgan a los países un margen mayor de acción, interno y externo. En algunos casos, como en México o Venezuela, los ingresos de las compañías petroleras estatales fluyen en gran parte hacia el presupuesto público y financian el Estado. La nacionalización impide, además, que las multinacionales (sobre todo las estadounidenses) se inmiscuyan indirectamente en los asuntos de política interna: funciona, por lo tanto, como una medida defensiva contra las intrusiones de las potencias extranjeras. Para los que conocen la historia de las relaciones entre América Latina y Estados Unidos, esta actitud resulta comprensible. Por ejemplo, la nacionalización del petróleo mexicano y la creación de Pemex en 1938, bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, no solo respondieron a motivos económicos, sino que reflejaban la complicada relación con EEUU. Para demostrar la importancia que otorgan los mexicanos a esta decisión, alcanza con mencionar que tiene rango constitucional. Esa actitud restrictiva fue a menudo criticada; el presidente Vicente Fox intentó incluso modificarla, aunque sin éxito. Sin embargo, para ser justos, hay que decir que todos los estados norteamericanos (a excepción de Texas, Luisiana y Mississippi) prohíben la extracción de petróleo en sus aguas territoriales por parte de empresas extranjeras.

Por lo general, los latinoamericanos tienen una conciencia nacional muy marcada. Esto podría deberse a que el nacionalismo es a veces el único gancho que mantiene unidas a sociedades muy heterogéneas. Los símbolos nacionales reemplazan el consenso social, y cuanto más grande es la brecha entre ricos y pobres, mayor es la necesidad de realizar acciones de compensación para mantener el país unido. Las materias primas, sobre todo el gas y el petróleo, son esa clase de símbolos.

Tras estos comentarios, se debería concluir que los países latinoamericanos con reservas de petróleo y gas se encuentran entre los más ricos del mundo. Sus ingresos deberían garantizar un alto nivel de vida. Sin embargo, como bien sabemos, lamentablemente no es así. Al contrario: los países petroleros suelen ser países pobres. La riqueza se reparte entre la clase alta y para el grueso de la población queda poco y nada. Además, ni la industria del petróleo ni la del gas, ni tampoco la minera, generan empleos para mucha gente. Su valor agregado se advierte recién después del refinamiento y la comercialización. Es evidente que el petróleo no es en sí una condición suficiente para el bienestar. En ese sentido, tal vez sea Noruega el único país que utiliza sus riquezas naturales para promover el bien común. Para que un país sea rico, no alcanza con que tenga petróleo o gas: sin democracia y sin una política social, la mayor reserva de petróleo no resultará suficiente.

Pero aun cuando se implementen políticas sociales financiadas con los ingresos del petróleo, esto tampoco alcanza. La distribución no es suficiente si no viene acompañada por una ética del trabajo que no apueste a las limosnas de un Estado supuestamente rico. En ese sentido, el nacionalismo energético impide el desarrollo de una ética del trabajo dinámica. No solo en Latinoamérica, sino también en Rusia y en Oriente Medio, observamos cómo el nacionalismo energético paraliza a las sociedades. Los ingresos del petróleo vuelven generosos a los gobiernos, al menos mientras se mantengan los precios, pero al final generan una cultura asistencialista. Un buen ejemplo es Venezuela. El hecho de que un país tan bendecido por la naturaleza, y por ende tan rico, tenga que pedirle a Cuba maestros y médicos para cubrir sus necesidades básicas habla a las claras de la mentalidad generada por la riqueza petrolera. Las inversiones futuras (si es que las hay) se orientarán solo al sector primario –petróleo y gas– y no a aquellos sectores que generan la verdadera riqueza de una nación: educación, investigación, instituciones sociales, infraestructura vial y, sobre todo, industria. Solo así se explica por qué los países más prósperos no son aquellos dotados de grandes reservas de petróleo y gas, sino, asombrosamente, aquellos que deben conseguir ese petróleo y ese gas en el mercado mundial y a precios altísimos.