Las elecciones legislativas de 2017 confirmaron la potencia política de Cambiemos, la alianza liberal-conservadora liderada por Mauricio Macri que gobierna Argentina desde el final del kirchnerismo. La victoria fue diáfana: el oficialismo se impuso en 13 de los 24 distritos del país y obtuvo casi 42% de los votos en el total nacional, cifra que duplica la de la segunda fuerza en importancia, el kirchnerismo, que se presentó separado del peronismo en varias provincias. La dimensión histórica de este triunfo se verifica al comprobar que el porcentaje logrado por el macrismo es similar al que en su momento obtuvieron, también en las elecciones de medio término, los presidentes que lideraron los tres «ciclos largos» de la democracia argentina: Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Néstor Kirchner. Por último, el apoyo social le permite al gobierno mejorar su posición en el Congreso, al sumar 20 diputados y 9 senadores.

Pero más que la comparación histórica o el peso institucional, lo central es que el macrismo logró derrotar, por una diferencia pequeña pero suficiente, a la ex-presidenta Cristina Fernández de Kirchner, candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, el distrito que reúne a 40% de los electores del país. Consiguió también imponerse en las seis provincias más grandes, donde vive 70% de la población, y vencer a los gobernadores peronistas con aspiraciones de construir una candidatura presidencial en 2019, además de imponerse en distritos en los que la hegemonía política del peronismo llevaba dos y hasta tres décadas.

La contundencia de la victoria oficialista permitió conjurar el temor a un cuadro de ingobernabilidad que sobrevuela a los presidentes no peronistas, por el sencillo dato de que ninguno de ellos logró terminar su mandato desde... 1928. En un país como Argentina, que cada diez años aproximadamente vive una crisis económica intensa que suele derivar en terremoto político, la acumulación de poder y el fortalecimiento de la autoridad presidencial constituyen el primer imperativo de gobernabilidad. Esto viene asociado a otra cuestión, que es la expectativa de reelección de Macri, decisiva para cualquier gobierno con un mínimo interés en impulsar reformas de fondo.

Motivos

¿Cómo se compone el apoyo al gobierno? Miremos primero la foto para luego, retrocediendo en el tiempo, analizar la película.

Una radiografía de la coalición social macrista revela que está integrada, en primer lugar, por los sectores medios y altos. Las encuestas coinciden en que Cambiemos obtiene sus mejores resultados entre los grupos con estudios terciarios o universitarios (indicador de clase social media y alta) y los peores entre aquellos con primaria completa, del mismo modo que su performance mejora en los barrios y zonas más acomodados. La proporción se invierte en el peronismo¹. En segundo lugar, el macrismo consigue sus principales apoyos entre los que, a falta de una expresión más elegante, llamaremos «adultos mayores»: las encuestas revelan que Cambiemos mejora sus resultados entre los mayores de 50 años², lo que podría explicarse por su capacidad para captar el tradicional voto antiperonista conservador, así como por las apelaciones al orden social y la seguridad que hoy están en el centro de su programa de gobierno y que constituyen valores más populares entre los mayores que entre las nuevas generaciones.

Si el primer eje es de clase y el segundo etario, el tercero es territorial. La adhesión al gobierno se concentra especialmente en la «zona núcleo», aquellas provincias de perfil agropecuario en las que prosperan la economía de la soja y su cadena de valor. Como se sabe, Argentina es el tercer exportador de soja del mundo, consecuencia de la generosidad de los suelos pampeanos, pero también de un fabuloso proceso de incorporación de tecnología, maquinaria e innovación, que ha hecho que el régimen de creación de riqueza, que tradicionalmente giró alrededor de la propiedad de la tierra, esté centrado hoy en la tecnología, que es no solo la mediación que habilita los cambios productivos sino también el principal vector de acumulación capitalista³.

El campo argentino, más cercano a una economía de servicios que al agro tradicional, cada vez más poblado de técnicos, profesionales e ingenieros y menos de peones y terratenientes, imbricado con las finanzas, el comercio y los medios de comunicación, fue construyendo una narrativa acerca de su rol como el verdadero protagonista del desarrollo nacional: competitivo, desprovisto de reclamos proteccionistas, generador de divisas y adaptado como ningún otro a las exigencias del capitalismo globalizado. Esta autopercepción, que comenzó con la «revolución verde» de los años 60, continuó con la introducción de la denominada siembra directa en los años 90 y se terminó de consolidar con el boom de los commodities del nuevo siglo, sintoniza con ciertos tópicos del discurso macrista: el progreso concebido como modernización, el emprendedorismo como antítesis de la dependencia estatal y una inserción en el mundo que no cuestiona el rol subordinado en la división internacional del trabajo.

Los grupos sociales más acomodados, los adultos de perfil conservador y la economía de la soja constituyen el corazón del rechazo al kirchnerismo y el germen a partir del cual el macrismo logró expandir su respaldo social. Por motivos complejos que van de las reformas redistributivas y estatistas implementadas por los gobiernos kirchneristas al estilo prepotente con que fueron impuestas, pasando por el rechazo a los episodios de corrupción y al antirrepublicanismo, junto con querellas históricas que remiten al clásico sentimiento antiperonista e incluso al racismo de las clases altas hacia el mundo plebeyo peronista, lo cierto es que el antikirchnerismo se fue afianzando como un sujeto social cada vez más presente. Esta «identidad fuerte» nació en 2008, cuando el gobierno de Cristina Fernández quiso incrementar las retenciones (gravámenes a la exportación) a los productos agropecuarios y desató una resistencia bajo la forma de un lock out patronal que terminó con la derrota del gobierno en la votación en el Congreso y en las elecciones legislativas de 2009. Aunque después de aquella crisis el kirchnerismo logró recomponer su legitimidad e imponerse en las presidenciales de 2011, lo cierto es que allí se fortaleció un núcleo irreductible de antikirchnerismo que sobrevive hasta hoy.

El macrismo, que había ganado las elecciones presidenciales de 2015 por menos de 2% de los votos en el balotaje, inició su gobierno con una serie de decisiones de política económica que generaron un importante costo social: la eliminación de los controles cambiarios produjo una devaluación que elevó el precio del dólar en 40%, lo que a su vez disparó la inflación y produjo una pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones de entre 5% y 10% en su primer año de gestión. Los recortes a subsidios que habían escalado hasta niveles fiscalmente insoportables generaron un aumento de las tarifas de los servicios públicos urbanos (energía eléctrica, agua corriente y gas). La eliminación (en el caso de la minería, los productos industriales y el trigo y el girasol) o la baja (en el caso de la soja) de los impuestos a las exportaciones (retenciones) produjeron un aumento de los precios en el mercado interno. Adicionalmente, la apertura económica presionó sobre las ramas industriales más sensibles y derivó en un aumento del desempleo. 2016 fue un año decisivamente malo. Pese a ello, el gobierno de Macri logró superarlo apelando al apoyo de esta «minoría intensa» antikirchnerista, dispuesta a apoyar cualquier opción que evitara una restauración, a lo cual contribuyó la perspectiva de la candidatura de Cristina Fernández en las elecciones del año siguiente. Esto le garantizó también el apoyo de los principales medios de comunicación, del poder económico e incluso de sectores del sindicalismo. En el contexto de una explosión de denuncias de corrupción contra ex-funcionarios kirchneristas, la estrategia de polarización con la ex-presidenta, basada en la idea de evitar una «vuelta al pasado», le permitió al gobierno afirmar este respaldo en los duros meses de 2016. El macrismo lograba desconectar la situación socioeconómica inmediata de muchos de sus electores de su comportamiento político.

Una vez concluida la agenda de «normalización» de la economía y a medida que las elecciones de 2017 se acercaban peligrosamente, el gobierno le agregó a su política económica ortodoxa algunos toques keynesianos. Comenzó a desplegar, en primer lugar, un plan de infraestructura orientado a dinamizar el mercado interno. Para evitar un ajuste drástico del gasto público, siguió tomando deuda, aprovechando los niveles de endeudamiento extremadamente bajos heredados del kirchnerismo y las buenas condiciones del mercado internacional. La lenta disminución de la inflación, las expectativas de una baja mayor en el futuro y la acción decidida de los bancos públicos, junto con nuevos instrumentos financieros como los créditos de capital ajustable, produjeron una multiplicación de los préstamos hipotecarios que reimpulsaron la construcción privada. El pib crecerá 2% en 2017, dinamizado especialmente por el sector agropecuario, la construcción, la minería y la energía.

Esto le permitió al gobierno expandir su círculo de apoyos. Para ello fue decisiva la capacidad de atraer a la clase media baja, un sector integrado por trabajadores formales de las industrias modernas (metalmecánica, automotriz), pequeños comerciantes, integrantes de los tramos más favorecidos del sector servicios (camioneros) y cuentapropistas con algún capital (un taxi, por ejemplo), entre otros. Este sector había crecido de manera significativa durante el kirchnerismo y, sin embargo, se había ido alejando paulatinamente en rechazo a la dificultad del gobierno anterior para dar respuesta a dos preocupaciones básicas: por un lado, la inseguridad urbana, y por otro, el impuesto a las ganancias, que en Argentina grava con un porcentaje considerable los salarios medios y altos. Luego de apoyar al peronismo disidente de Sergio Massa, la clase media baja terminó votando masivamente al macrismo, que dispuso una rebaja, menor a la esperada pero significativa, del impuesto de la discordia, y desplegó una política de clara orientación punitivista en relación con la inseguridad y la protesta social, que el discurso oficial mezcla confusa pero deliberadamente. Junto con el giro punitivista, que incluyó la represión de movilizaciones sociales, una política de «manos libres» a la policía y la falta de respuesta a los reclamos internacionales por la liberación de la militante social Milagro Sala, el macrismo acentuó la apelación meritocrática de su discurso, con diversas alusiones a la necesidad de recuperar la cultura del trabajo (tema especialmente sensible en una sociedad de fuerte tradición inmigrante) y cuestionamientos a los «atajos» y las «avivadas», detrás de los cuales no es difícil detectar una crítica implícita a quienes subsisten gracias a la asistencia estatal o a los planes sociales o directamente trabajan en el sector público.

Esta línea argumental resulta curiosa al menos por dos motivos: por un lado, el macrismo prolongó el generoso entramado de protección creado por el kirchnerismo, que incluye cobertura jubilatoria garantizada por el Estado para más de 4 millones de personas (jubilaciones y pensiones contributivas, incluyendo moratorias), 1,5 millones de pensiones no contributivas, 4 millones de asignaciones familiares y un plan de transferencia de ingresos (Asignación Universal por Hijo y por Embarazo) que llega a 4 millones de personas, junto con 150.000 beneficiarios de programas de cooperativas. Por otro, la referencia meritocrática llama la atención porque el macrista es un gobierno integrado en su mayoría por funcionarios provenientes de los sectores más acomodados de la sociedad. Pero más allá de las contradicciones, lo central es que este tipo de apelaciones resultó eficaz para ganar la adhesión del «trabajador meritocrático», el sujeto social que el macrismo logró, a partir de su llegada al poder, sumar a su coalición social, cada vez más policlasista.

En suma, la película que concluyó en las elecciones de octubre nos muestra a un gobierno que asumió el poder en condiciones de relativa debilidad, con minoría en ambas cámaras legislativas y el fantasma de la ingobernabilidad que acechaba a la vuelta de la esquina, y que logró afirmarse primero sobre su base mínima de apoyos para, a partir de ahí, en sincronía con una cierta recuperación económica (los «brotes verdes»), obtener un triunfo nítido.

Pero para que eso ocurriera debía darse una segunda condición: la fragmentación peronista.

Astillas

El peronismo demoró en acomodarse a las nuevas condiciones políticas que emergieron de su derrota en las presidenciales de 2015. La mayoría de los representantes institucionales del peronismo (incluyendo a 14 gobernadores) se resignaron a llegar a acuerdos de convivencia más o menos explícitos con el gobierno de Macri. Aunque la buena imagen del presidente puede haber pesado, la explicación pasa básicamente por una cuestión de supervivencia: la política argentina ha adquirido un sesgo esencialmente territorial, que obliga a sus líderes a asegurar la gobernabilidad local como condición para proyectarse hacia el ámbito nacional. Al mismo tiempo, salvo unos pocos distritos con economías relativamente diversificadas y mecanismos de recaudación impositiva locales, en general dependen de las transferencias del Estado nacional (en el caso de los gobernadores) y del Estado nacional y provincial (en el de las autoridades municipales). Las transferencias automáticas apenas alcanzan en la mayoría de los casos para pagar los salarios de los empleados estatales.

La dependencia fiscal se traduce en relativa subordinación política, que a su vez se refuerza por un diseño institucional en el que la mayoría de los gobernadores tienen mandatos de cuatro años con posibilidad de una reelección consecutiva, igual que el presidente, que también puede aspirar a ocho años. Como muchos de ellos fueron elegidos al mismo tiempo que Macri, esta sincronicidad genera incentivos para que los mandatarios provinciales convivan pacíficamente con el jefe del Ejecutivo nacional: su horizonte inmediato es la reelección provincial más que el salto a la escena nacional⁴. De este modo, utilizando los mismos mecanismos que cuestionaba cuando estaba en la oposición (la discrecionalidad en la asignación de la obra pública, el financiamiento de las deudas y los adelantos de la coparticipación federal), el gobierno macrista logró que su programa legislativo avanzara sin mayores problemas a pesar de no contar con mayoría en ninguna de las dos cámaras, donde los gobernadores «controlan» a los legisladores de sus respectivas provincias, lo que incluyó leyes impopulares como el acuerdo con los «fondos buitres» para salir del default de la deuda externa. Por necesidad o convicción, la oposición blanda fue la opción elegida por la mayoría de los líderes del peronismo.

Frente a este panorama, el kirchnerismo se fue recortando desde el inicio del nuevo gobierno como una oposición dura. Como el kirchnerismo, en particular en el último gobierno de Cristina Fernández, construyó una relación tensa con los líderes territoriales del peronismo que le impidió contar con liderazgos provinciales potentes y a la vez expresivos de su vibración ideológica, su representación se limitó, una vez que salió del poder, a un conjunto de legisladores nacionales. Y así, liberado de las urgencias de la gestión cotidiana de municipios y provincias, pudo mantener una posición de resistencia al gobierno macrista, a la espera de hacer valer su verdadero capital político: la fuerza de su militancia territorial, preponderantemente urbana, de clase media y juvenil, el influjo que conserva en sectores importantes de la sociedad –en especial en los más pobres, que con toda razón valoran los avances de sus 12 años de gobierno– y el liderazgo inigualable de Cristina Fernández.

Lo notable es que todas las variantes del peronismo fueron sometidas al test incontestable de las urnas y todas perdieron. Los líderes territoriales moderados fueron, salvo un par de excepciones, derrotados, incluyendo los de las provincias más grandes y aquellos con perfil (y ambiciones) presidenciales. La fuerza disidente liderada por Massa, que se había separado del kirchnerismo hace ya cuatro años y había formado una coalición con sectores progresistas, también perdió. Y, por último, Cristina Fernández terminó derrotada en la provincia de Buenos Aires por un candidato oficialista mediocre y de bajo perfil.

En suma, la «ola amarilla» macrista los arrasó a todos. Ninguna estrategia, de todas las disponibles, resultó exitosa, lo que hoy priva a sus dirigentes de una brújula que los oriente. Pero quizás más grave sea la intuición de que detrás de esta situación desesperada pueda haber algo más que la combinación del desgaste de los últimos años del kirchnerismo, los éxitos tácticos del macrismo y la fragmentación del espacio peronista. En una mirada más estructural, la debacle remite a una crisis del «mundo popular» sobre el que tradicionalmente se sustentó la identidad peronista. La heterogeneización del mercado laboral –histórica columna vertebral del peronismo–, la segmentación incluso dentro de los propios asalariados y la heterogeneización de los conurbanos pusieron en crisis la base social peronista. ¿Cómo articular en un mismo espacio político los intereses, los valores y las aspiraciones de, por ejemplo, un trabajador formal con sindicato y obra social, y un excluido que vive de «changas» y depende de la asistencia estatal?

Durante sus 12 años en el poder, el kircherismo había logrado, mediante una enérgica determinación estatal, suturar la piel blanda de la base peronista, pero fue una costura provisoria que comenzó a aflojarse no bien se alejó del poder. Sucede además que, dotado de una identidad, una serie de estructuras territoriales y un folclore, pero no de una ideología definida, el peronismo es un dispositivo plástico que importa su sentido desde afuera, sea este el neoliberalismo globalizante de los 90 o el izquierdismo nacional y popular del siglo xxi. Si la crisis de 2001 demolió primero al radicalismo, hoy son sus efectos retardatorios los que se sienten en el peronismo⁵, a punto tal que cabe interrogarse por la inevitabilidad de la vieja creación de Juan Domingo Perón y preguntarse si esta vez el fénix resurgirá nuevamente de sus cenizas.

Hegemonía

La coyuntura política argentina es inédita por varios motivos. Por primera vez gobierna un presidente que no es radical ni peronista (ni militar); por primera vez en 25 años, este controla los distritos más importantes del país; por primera vez una fuerza promercado, liberal y conservadora fue elegida democráticamente; por primera vez no solo fue elegida sino que ha demostrado capacidad para ejercer el poder y hablarle de igual a igual al peronismo; por primera vez, en un país con una amplia y orgullosa clase media, una fuerte memoria de reivindicaciones plebeyas y una intensa pulsión igualitarista, llegó al poder un gobierno de elite (Macri es, por ejemplo, el primer presidente democrático egresado de una universidad privada). Y también por primera vez esa elite está desplegando, con aval popular, un «neoliberalismo posibilista» que al clásico menú de metas de inflación, apertura y desregulación le añade políticas sociales, la decisión de no operar un recorte drástico del gasto público y un plan de infraestructura. Neoliberalismo con protección social y obra pública: tal es la fórmula del éxito macrista.

Por supuesto, los efectos de este programa ya se sienten: Argentina se encamina a transformarse en una sociedad más desigual, menos solidaria, con servicios públicos aún más segmentados, con una policía más «brava», con menos margen para la protesta social, con sindicatos a la defensiva y empresarios fortalecidos. Pero la ola, por ahora, lo disimula.

Si la hegemonía es, en la definición clásica que Gramsci elabora a partir de Lenin, la capacidad de un grupo de asumir la conducción político-moral de la sociedad y transformar sus valores en los valores dominantes, la experiencia reciente demuestra que este «consenso espontáneo» se empieza a construir desde la oposición pero se afianza una vez que se asume el gobierno. Tras un primer año en el que se refugió en su minoría intensa para aplicar la parte más dolorosa de su plan económico, el macrismo logró sumar nuevos grupos sociales a su coalición y –en conjunto con un peronismo dividido y grogui– revalidar su respaldo en las elecciones del 22 de octubre. Su verdadero gobierno, en cierto modo, comienza ahora, fortalecido políticamente pero ya sin la excusa de seguir descargando sobre el pasado las penurias del presente.