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La mundialización del delito. Redes de tráfico y trata de personas en México

Aunque desde hace algunos años suele asociarse a México con el narcotráfico, otro fenómeno de globalización delictiva se desarrolla en paralelo: el tráfico de migrantes y la trata de personas. Este artículo pone de relieve la forma en que la delincuencia organizada ha encontrado y desarrollado un nicho de mercado delictivo en los migrantes internacionales, en un entorno mundial propicio. La existencia de ese nicho es posible gracias a la evolución reciente de las redes de tráfico, a las prácticas de trata de personas y al marco migratorio –anacrónico e insuficiente– de México, así como a los errores estratégicos cometidos por los gobiernos mexicanos.

La mundialización del delito. Redes de tráfico y trata de personas en México

En años recientes, México ha cobrado una triste notoriedad debido a graves problemas de inseguridad pública. No solo se trata de los carteles de la droga, del embate gubernamental en contra de sus infanterías y sus cuadros medios y operativos, que es lo más difundido por los medios de comunicación, sino también del auge del tráfico y la trata de migrantes internacionales, con menos espacio en la discusión pública; auge que tiene conexiones con algunas redes delictivas globales. El asesinato de 72 transmigrantes en agosto de 2010 encendió las luces de alerta, porque era la primera vez que había noticias de un hecho de tal magnitud1. Entre los asesinados también había nacionales de la India, y no solo de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador y Brasil, como informaron las fuentes gubernamentales. Ese hecho era evidencia innegable de que redes de tráfico de migrantes de distintas geografías estaban trabajando juntas. Pero había algo más que no se decía públicamente: en el tráfico y secuestro masivo de migrantes había prácticas de trata de personas. ¿Cómo se llegó a este escenario de degradación social y de implosión de las políticas gubernamentales? En este artículo presento algunas reflexiones sobre trata de personas y tráfico de migrantes, fenómenos que aunque están vinculados son diferenciables, como se mostrará en los siguientes apartados2.

Breve nota sobre las migraciones en el contexto mundial

En México hay distintos flujos migratorios internacionales: a) inmigración extranjera, con escasa incidencia en la población total; b) emigración mexicana, fundamentalmente a Estados Unidos, que representa al menos 10% de la población mexicana total, de 112 millones de habitantes según el Censo Nacional de Población de 2010; c) transmigración de diversas nacionalidades (mayoritariamente guatemaltecos, hondureños y salvadoreños) que cruzan el territorio mexicano para intentar llegar a EEUU; d) retorno de mexicanos desde EEUU, en la mayoría de los casos contra su voluntad; y e) desplazamientos (interno e internacional) por problemas de inseguridad pública.

Por su parte, Centroamérica registra otros flujos migratorios internacionales que se vinculan con lo que ocurre en México: a) migración intrarregional; b) emigración extrarregional; c) inmigración intra- y extracontinental; y d) transmigración extracontinental.

La región andina, el Cono Sur y el Caribe juegan un papel importante en la lógica de la transmigración extracontinental como plataformas legales de llegada de flujos asiáticos y africanos que tienen como meta ingresar en EEUU por fuera del marco legal mexicano-estadounidense. Así, México se ha constituido en la antesala de acceso en dirección Sur-Norte de incontables flujos migratorios indocumentados de diferentes partes del mundo3. De esta manera, ocurre una vinculación de personas y organizaciones a lo largo del origen, tránsito y destino migratorios.

La creación y el desarrollo de redes de tráfico de migrantes ha sido un proceso de lenta maduración que presenta varias complejidades, como por ejemplo: a) hasta hace unos años, las redes de traficantes de centroamericanos no se mezclaban con las de cubanos y las de asiáticos y africanos, pero hoy realizan traslados de indocumentados multinacionales en los que comparten eslabones de sus cadenas delictivas; esto no significa que las distintas redes se estén fusionando o que realicen todos sus traslados de manera compartida, pero sí que comparten una porción de ellos; y b) el crimen organizado encontró en la transmigración un nuevo nicho de mercado delictivo. El secuestro masivo de migrantes es expresión de esa nueva fase. Por su parte, las redes de trata de personas para explotación sexual también han sido resultado de un proceso de prolongada gestación y desarrollo, básicamente asentado en el comercio sexual.

El antecedente inmediato del secuestro masivo es el secuestro exprés de transmigrantes centroamericanos. Este tipo de secuestro se empezó a practicar durante los últimos años de la administración de Vicente Fox (2001-2006). Secuestrar transmigrantes no era un acto desesperado de alguien que estaba o se sentía acorralado, sino todo lo contrario: se había descubierto un nuevo nicho de mercado delictivo, que en la administración de Felipe Calderón (2006-2012) alcanzó su máxima expresión.

Para el inicio del gobierno de Calderón, los Zetas –una red de redes delictiva– ya practicaban el cobro del derecho de paso a traficantes de migrantes y a los propios migrantes que viajaban solos. Como para ese entonces los transmigrantes centroamericanos solían recibir envíos electrónicos para costear su paso por México, vía Western Union-Elektra, los cobros de los Zetas de derecho de paso y rescate por secuestros exprés, y luego masivos, terminaron haciéndose por vía electrónica internacional sin mayor problema4. Esa mina de oro se consolidó con rapidez como nuevo nicho de mercado. Los conflictos entre carteles de la droga y Zetas y entre todos estos grupos y el gobierno alimentan el secuestro y asesinato masivo de migrantes y les dan otra dimensión: la de control de actividades sociales y espacios territoriales en los que se necesita supervisar el desplazamiento de las personas. La búsqueda de inmigrantes para secuestrar, así como las acciones para evitar la entrada a territorios controlados de quienes representaban un peligro potencial para las organizaciones ilegales, condujeron a secuestros indiscriminados, a asesinatos en masa y a miedos colectivos que produjeron huidas masivas desde las localidades afectadas. Pero estos hechos contribuyeron también a someter a régimen de trata de personas a quienes caían en las redes y pagaban, literalmente con el cuerpo, los mandatos o intercambios de sus secuestradores. Ese es un efecto sistémico que afecta a distintos sectores sociales y no solo a transmigrantes y sus redes sociales porque, para ocurrir, demanda la participación, voluntaria o forzada, de lugareños mexicanos en distintos tramos del territorio nacional. También tiene efectos que dañan la gobernabilidad en las localidades en que ese conflicto ocurre.

Quienes delinquen evolucionan, innovan y así surgen nuevos tipos de macroorganizaciones, como la de los Zetas, la más peligrosa para los migrantes internacionales. Los Zetas subsumen o subordinan a sus intereses a personas y organizaciones tradicionales de tráfico de migrantes y les cobran derecho de paso a los traficantes. Así, los traficantes tradicionales siguen victimizando a los migrantes y son, a la vez, víctimas de estructuras delictivas más agresivas y mortales.

La pérdida de brújula gubernamental y algunos de sus efectos

La eficiencia delictiva tiene una contraparte: qué hace o deja de hacer la autoridad competente. El gobierno federal limitó o negó la participación de otras dependencias públicas auxiliares del Instituto Nacional de Migración (INM) en la detención de indocumentados (como policías municipales, Ejército y Marina), para evitar violaciones de derechos humanos. En términos prácticos, esa disposición significó el retiro de instituciones auxiliares a la migratoria. Los agentes de seguridad desplazados, en consecuencia, quedaron libres de control de sus instancias de mando, por lo que se pudieron relacionar con los actores delictivos sin dificultad. Eso facilitó la corrupción y el tráfico de migrantes. También la impunidad, que goza de cabal salud.

El retiro de instituciones auxiliares significó mayor porosidad institucional en la frontera Sur de México, que es la gran puerta de entrada de todos los migrantes indocumentados del mundo, aunque la problemática de la frontera Norte no es nada despreciable. Hay mayor dinamismo del tráfico paralelo al administrado por el Estado y una lógica reducción en los números oficiales de indocumentados detenidos; la cifra mayor fue en 2005, con poco más de 240.000, para luego caer en 2008 a cerca de 40.000 y repuntar en 2001 a casi 70.0005.

Adicionalmente, se decidió que desde 2007 el INM dejara de realizar operativos en los albergues y casas de migrantes, acuerdo contrario al mandato legal del momento6. Así, los albergues humanitarios pasaron a ser espacios de impunidad en los que traficantes y secuestradores pueden entrar y hacer de las suyas sin riesgo alguno7.

Al pretender disminuir violaciones de derechos humanos y mejorar la relación entre el gobierno y las redes asistenciales de migrantes, la estrategia oficial llevó a resultados contrarios a los esperados. Las estadísticas muestran, en consecuencia, una disminución relativa en el número de violaciones de derechos humanos de los migrantes (por parte del Estado), pero un crecimiento exponencial del total de las agresiones por parte de las mafias, incluyendo los secuestros y asesinatos masivos.

En los hechos, hubo una especie de ausencia/retiro de la autoridad de los espacios dinámicos de la migración indocumentada. Se mezclaron condiciones y circunstancias que facilitaron la colaboración de distintas redes de tráfico y trata de migrantes. Así es como llegan a organizarse, en años recientes, los trabajos compartidos en el tráfico de indocumentados centroamericanos, cubanos, asiáticos y africanos (incluyendo chinos, indios, iraquíes, eritreos, etíopes y somalíes) y trata para explotación sexual, principalmente entre adolescentes y mujeres jóvenes extranjeras. El error estratégico del gobierno de México facilitó que a las redes de tráfico les resultara más beneficioso compartir algunos eslabones de sus cadenas operativas en suelo mexicano, y de ahí generar más eslabones y colaboraciones en sus extremos Norte (EEUU) y Sur (Centroamérica, en lo inmediato). Por eso hay transmigrantes que son pasados de un actor operativo de la cadena delictiva a otro de distintas cadenas, hasta llegar a su destino; rara vez el transmigrante sabrá qué red le causó daño, las autoridades gubernamentales, menos aún.

Las autoridades eventualmente llegan a detener a agentes operativos del tráfico, pero es difícil que alcancen las instancias de mando, invisibles o de exposición pública limitada, que residen en algún lugar de Asia, África, Centroamérica, México o EEUU. No hay un solo informe gubernamental que dé cuenta de ello. Son difíciles de ubicar, pero quien sí sabe de ellos, o al menos de algunos de ellos, son los Zetas. Cuando los traficantes necesitan protección o pagar el derecho de paso de un grupo determinado, negocian con quienes deben hacerlo, así sea a través de un delegado. También puede ocurrir que los Zetas detengan a un grupo de migrantes, que el guía haga el enlace telefónico con su instancia de mando y que acuerden el monto y forma de pago por el grupo en tránsito (alrededor de US$ 600 por migrante). No es necesario que los participantes se conozcan personalmente para hacer sus negociaciones y cumplirlas.

Para tener una idea de costos del traslado a EEUU, según nacionalidad: los cubanos pagaban US$ 6.500 en 2009 y US$ 12.000 en 2010; los indios, US$ 7.000 en 2009 y US$ 13.000 en 2010; los chinos, US$ 45.000 en 2009 y US$ 60.000 en 2010; mientras que los centroamericanos pagaban US$ 4.500 en 2009 y en 2010, entre US$ 6.000 y US$ 7.0008. En 2012, en el mejor de los casos, se respetan los montos de 2010. En el tráfico internacional de migrantes, los precios por nacionalidad se establecen sobre la base de los obstáculos objetivos para el traslado y también considerando las posibilidades económicas con que cuentan los migrantes según el país.

Lo dicho anteriormente tiene más importancia si se considera que México, al igual que EEUU, aplica una política migratoria restrictiva, en particular hacia quienes desean ingresar en este último país pasando por territorio mexicano9. En 2012, el INM cuenta con 48 estancias migratorias10 y un esquema de control prácticamente desplegado por todo el país y no solo en fronteras. En las estadísticas del INM destacan las detenciones (en el lenguaje gubernamental, «aseguramientos») de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, atraídos por la posibilidad de una vida más satisfactoria en EEUU.

Por otra parte, se puede hacer otra distinción entre estas tres nacionalidades: para los efectos más diversos, los salvadoreños han mostrado mayor capacidad de organización y acompañamiento, lo que de alguna manera les brinda mayor protección en la transmigración y disminuye el número de detenidos por la autoridad migratoria en México. En contrapartida, Honduras tiene menos desarrollada su cultura de la organización social; quizá por ello es la nacionalidad que más engrosa los registros de detenidos por migración. Por su fisonomía, las adolescentes hondureñas son las más solicitadas para el comercio sexual fronterizo, mientras que las indígenas guatemaltecas son más requeridas para trabajar empleadas domésticas, lo que no las libra del abuso sexual; por una razón u otra, mujeres jóvenes de ambas nacionalidades son las víctimas más frecuentes del comercio y la trata sexual y laboral en la frontera Sur de México.

Disposiciones legales y resultados

Además de los dos protocolos que hacen referencia al tráfico y la trata de personas impulsados por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (conocida como la Convención de Palermo), México cuenta con una ley sobre trata desde noviembre de 2007, sustituida por una nueva norma en mayo de 2012. En el ínterin, la mayoría de las entidades federativas hicieron adecuaciones a sus constituciones estatales o códigos penales.

¿Cómo justipreciar los logros presentados por las autoridades mexicanas? Si se toma en cuenta la reciente formulación de las adecuaciones legales, podría decirse que hay un avance normativo importante. Lo cual implicaría capacitar al personal del Poder Judicial y al de migración y que las dependencias cuenten con presupuesto para la realización de las labores que la nueva encomienda significa, además de generar las coordinaciones intrainstitucionales que correspondan.

Empero, si la mirada analítica se dirige hacia la problemática social antes expuesta, puede entonces decirse que las respuestas del Estado (puesto que al legislar, se involucra necesariamente al Poder Legislativo) son, cuando menos, tardías, y que evidencian problemas de mayor magnitud. Menciono dos, ya que su exposición y análisis merecen texto aparte:

a) en uso de su soberanía, cada entidad federativa legisló según su propio parecer o incorporó a su Código Penal los elementos que consideró pertinentes. El resultado ha sido que para 2012 existe un cúmulo diverso de disposiciones en cuanto a la cantidad y diversidad de conductas delictivas incluidas, en los medios comisivos y en el régimen de sanciones, de suerte tal que se llega a una especie de impunidad desde la ley11. En efecto, puede darse el caso de que una conducta sea sancionable en una entidad federativa y en otra no; o que la sanción posible sea menor en una entidad federativa que en otra, lo cual daría lugar a un posible traslado del expediente al lugar más benigno para el victimario, o que simplemente sea enviado a una entidad que no sancione esa conducta y quede en consecuencia libre. Esos riesgos, presumiblemente, pueden quedar superados con la ley aprobada en 2012, pero aún falta un largo proceso para que esta entre en vigencia;

b) en el fondo, lo que está emergiendo es la gran dificultad para lograr el acuerdo entre fuerzas políticas diferentes. Ese es un viejo problema que data, al menos, del siglo XIX, planteado entre federalistas y centralistas, pragmáticamente «resuelto» en el siglo XX con el largo mandato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y vuelto a resurgir, sin encontrar el cauce adecuado, durante las dos administraciones federales del Partido Acción Nacional (PAN), de diciembre de 2000 a noviembre de 2012. Mientras no ocurra un rápido avance de la madurez política, difícilmente podrá encontrarse una fórmula que, sin negar la diferencia de proyectos políticos, permita acuerdos que inhiban las interpretaciones equívocas de soberanías relativas.

Una síntesis apretada

El panorama de procesos sociales, actuaciones gubernamentales y resultados no es alentador. De seguir las cosas como van, no hay elementos para imaginar un panorama distinto, y queda fuera de este artículo el análisis de la respuesta que emana de la sociedad. Desde un punto de vista sociológico, es importante observar la capacidad de generación de tejidos sociales alternos, subordinados, así exista en ellos una cuota de ilegalidad jurídica. En efecto, Georg Simmel advierte que, sin restar importancia al valor negativo que desde lo jurídico tiene la conformación de redes delictivas, no debe obnubilarse la importancia sociológica positiva de la conformación de ciertas relaciones sociales concretas de sectores subalternos ante situaciones generales adversas12.

En estos momentos, frente a la incapacidad de respuesta ante lo nuevo que desborda los estrechos e inflexibles marcos de la ley, hay fuertes tentaciones de emplear la mano dura, que niega y golpea sin saber dialogar ni innovar. ¿Por qué siempre la vulnerabilidad social tiene que ser el caldo de cultivo de lo delictivo? Como van las tendencias de la vulnerabilidad, pronto faltarán las ciudades-cárcel. ¿Es eso lo que se quiere? Por lo pronto, las redes de tráfico y trata de personas en México experimentan evoluciones importantes y constantes, aunque mantienen inalterable la estructura de dominación del varón sobre la mujer; se extienden como prácticas que desarrollan nichos diferenciables por estrato social, pero ejercen su dominio a partir de las vulnerabilidades y los riesgos de las personas de cada estrato; se posicionan como actores relevantes, con una presencia generalizada en el país mal disimulada; reconfiguran para sus propios objetivos las fronteras territoriales de las entidades federativas, sin alterarlas en lo administrativo-gubernamental; desarrollan un papel importante en la economía informal, pero también en la formal; penetran las estructuras políticas y sociales y ponen en tensión los avances alcanzados en la construcción del Estado y el sistema democráticos. Su presencia, aunque diferenciada y desigual a lo largo y ancho del territorio nacional, se encuentra prácticamente en todas las entidades federativas del país. Llegan a constituir un reto importante para gobiernos estatales que oscilan entre fórmulas tradicionales de adecuación de sus códigos penales, incluso dictando leyes específicas para la trata, e intentan otros caminos complementarios a los ajustes legales, por ahora inciertos o que aún no presentan resultados verificables, dada la limitada inversión en política social y preventiva; aparte de que revertir procesos socioculturales equívocos es una tarea que tarda tiempo en mostrar sus frutos.

Ciertamente, no en todos los lugares en que ocurren la trata y el tráfico de migrantes (que siguen siendo competencia federal) el grado de conocimiento por parte de las autoridades competentes es igual, ni motiva el mismo nivel de actuación pública, que sigue sin ser prioritaria. También resulta difícil que estas actividades sean percibidas desde otra conceptualización jurídica y tratadas con más complejidad. Los dinamismos sociales van seguidos de ajustes jurídicos a destiempo, y no siempre certeros.

  • 1. Rodolfo Casillas R.: profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso)-México. Correo electrónico: <rodolfo.casillas@flacso.edu.mx>. Palabras claves: tráfico de migrantes, transmigrantes, trata de personas, narcotráfico, México.. Ver R. Casillas: «Masacre de transmigrantes» en Foreign Affairs Latinoamérica vol. 10 No 4, 2010.
  • 2. En este texto se presentan hallazgos recientes de investigación empírica, tanto sobre el tráfico de migrantes como sobre trata de personas en territorio mexicano, de ahí que no se presente una amplia consulta bibliográfica.
  • 3. «Indocumentado» hace referencia al migrante que transita por México sin el permiso migratorio (visa) correspondiente. Ello, para hacer hincapié en que, de acuerdo con la ley, ese migrante no es un delincuente sino, en el peor de los casos, un infractor administrativo, que en tanto tal no debiera ser encarcelado.
  • 4. V. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh): Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso de secuestro en contra de migrantes, México, df, 15 de junio de 2009.
  • 5. Se recomienda ver las series estadísticas del Instituto Nacional de Migración de México en su página web: www.inm.gob.mx, o bien consultar el dossier del Centro de Estudios Migratorios: «Flujo de entradas de extranjeros por la frontera sur terrestre de México registradas por el Instituto Nacional de Migración», inm, México, df, marzo de 2005.
  • 6. México cuenta con una nueva Ley de Migración, aprobada en mayo de 2011.
  • 7. Ver R. Casillas: «La labor humanitaria y los organismos civiles: la experiencia de los albergues y casas de migrantes, realidades y desafíos» en Leonir M. Chiarello (coord.): Las políticas públicas sobre migraciones y la sociedad civil en América Latina. Los casos de Argentina, Brasil, Colombia y México, Scalabrini International Migration Network, Nueva York, 2011.
  • 8. Datos obtenidos por el autor a partir de trabajo de campo y entrevistas a informantes claves en México y Centroamérica.
  • 9. Ver Raúl Benítez Manaut: «México, Centroamérica y Estados Unidos: migración y seguridad» en Natalia Armijo (ed.): Migración y seguridad: nuevo desafío en México, Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, México, df, 2011.
  • 10. Reciben este nombre los locales en los que se concentra a los extranjeros indocumentados detenidos por las autoridades mexicanas; desde allí son enviados a la frontera para ser deportados.
  • 11. Ver Sadot Sánchez: «Legislación nacional contra la trata de personas» en R. Casillas R. (coord.): La trata de personas en México. Situaciones presentes y potenciales de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, Cámara de Diputados, México, df, 2009. V., también, Raquel Pastor: «Obstáculos y propuestas para el acceso a la justicia de víctimas de trata con fines de explotación sexual» en Rosi Orozco (coord.): Trata de personas, Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, df, 2011.
  • 12. Ver G. Simmel: El secreto y las sociedades secretas, Sequitur, Madrid, 2010.