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La lucha por la democracia en América Latina

El Estado no solo es la representación jurídica de la Nación o un conjunto de estructuras administrativas sino, sobre todo, su máxima representación política. Por eso, una de sus funciones más importantes y menos estudiadas consiste en garantizar un espacio vacío de poder estatal, una zona propiamente política, que es donde se resuelven las disputas y los conflictos entre los partidos que buscan acceder al Estado. El problema es que en América Latina, históricamente, la disputa ha tenido como protagonistas a una izquierda ideológica y a una derecha económica incapaces de dialogar o confrontar entre sí. Hoy, el riesgo es que las experiencias populistas, nacionalistas y hasta militaristas que han surgido en algunos países de la región consoliden un «Estado antipolítico» que ponga en riesgo la democracia.

La lucha por la democracia en América Latina

A inicios del siglo XXI, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IIEE) de Londres publicaron sendos informes en los cuales se diagnosticaba un bajo nivel de desarrollo político democrático en las naciones latinoamericanas. Según el informe del BID, el panorama político en América Latina se caracteriza por la existencia de «partidos políticos débiles, apatía respecto a la democracia, un sistema judicial débil, bajos niveles de interés político y bloqueo entre los poderes Legislativo y Ejecutivo». A su vez, para el IIEE, «con notables excepciones, la democracia en la mayor parte de los países de América Latina no ha respondido. Por el contrario, se ha visto asociada con la corrupción, la delincuencia y la violencia». Del mismo modo, para el IIEE existe una paradoja política: «Los mismos ciudadanos que hace 10 años derrocaron a los gobiernos militares y protagonizaron marchas, elecciones o plebiscitos, están desengañados por la corruptela y la inestabilidad social y económica». Más desalentadora fue la constatación del BID: solo 35% de los latinoamericanos, frente a 47% de los europeos, está satisfecho con la democracia.

El desencanto en la democracia

Por cierto, los informes señalan que el desarrollo democrático en la región ha sido desigual. Hay naciones como Chile, Argentina, Uruguay y México (hoy podríamos agregar Brasil) en las que se observa un proceso de consolidación democrática, tanto en lo que se refiere al enraizamiento institucional, como en el crecimiento y el desarrollo de una conciencia ciudadana. No obstante, constatan los informes, se observa también, en otros países, una recaída de la política en los más bajos niveles «populistas». Algunos años después de haber sido publicados esos informes, sería posible agregar que no solo se observa una recaída en el populismo, sino también en el ultranacionalismo, el autoritarismo e, incluso, el militarismo.

Como todos los informes, los que estamos comentando deben ser analizados con sumo cuidado. Por ejemplo: si quienes están disconformes con la democracia lo están con el gobierno democrático en vigencia, la respuesta no puede ser considerada en absoluto antidemocrática; todo lo contrario. Si se trata de una crítica a las instituciones públicas, tampoco. Si se trata de criticar la demagogia partidista, la ineficiencia del Estado, la inoperancia de algún parlamento, la venalidad de la justicia, la autonomización de «la clase política», la corrupción de los destacamentos policiales, etc., la crítica a la democracia existente y real no solo no es antidemocrática: es parte del derecho a emitir opiniones contrarias a las del gobierno. Y ése es un ejercicio político democrático. Más problemático habría sido, en verdad, que los encuestados hubieran manifestado su acuerdo absoluto con quienes ostentan los mecanismos del poder estatal.

Por lo demás, en el informe no queda muy claro si el pronunciamiento en contra del orden democrático lleva automáticamente a tomar partido por la alternativa dictatorial. Así como democracia no significa simplemente ausencia de dictadura, una dictadura significa mucho más que ausencia de democracia. Hay algo, empero, que sí parece claro en ambos informes: el hecho de que el establecimiento de relaciones democráticas en casi todos los países de la región no se ha traducido, salvo algunas excepciones, en una solución rápida de los problemas sociales que acucian a gran parte de la población latinoamericana. De ahí viene una de las principales razones del desencanto.

Pero la verdad es que dicha solución rápida no podía ocurrir. Hay ya un consenso en que el desarrollo económico nunca es sincrónico con el desarrollo político, y no existe ninguna razón para aceptar un determinismo automático que postule que, a una mayor expansión de las libertades democráticas, debe corresponder necesariamente un mayor desarrollo económico. Esa tesis «politicista» no es sino el reverso de la tesis «economicista» –muy común en el pasado reciente– que postulaba que la democracia política debería resultar no solo del desarrollo sino, sobre todo, del crecimiento económico. Esa tesis, como es sabido, fue convertida en doctrina por las dictaduras militares de los años 70 y 80, aunque, en diversas formas, fue compartida por las derechas económicas y por las izquierdas ideológicas, particularmente las de inspiración marxista-leninista. Para estas últimas, la democracia siempre fue un subproducto superestructural del desarrollo de las fuerzas productivas.

En cierto modo, el «economicismo» sigue siendo una impronta ideológica, no solo de las elites políticas, sino de una gran parte de las elites intelectuales de la región. En muchas ocasiones el precario desarrollo económico es esgrimido como «causa» de la insuficiencia democrática.

La crisis del Estado político

Es innegable que las expectativas respecto a un mejoramiento radical de las condiciones de vida deben dirigirse, en primer lugar, al Estado; muchos ciudadanos esperan, y con razón, que las instituciones públicas atiendan sus demandas. Para muchos ciudadanos, el Estado es una especie de «súper empresario»; junto al voto van ligadas múltiples esperanzas que nunca ningún gobierno logrará atender en su totalidad. En ese sentido, los gobernantes son víctimas de sus propias promesas electorales y de la sobrevaloración de los mecanismos políticos en la gestión económica. Así se explica que, en estas condiciones, la hora del desencanto con la política no tarde en llegar.

Son muy pocos los gobernantes latinoamericanos que logran conservar su nivel de popularidad en un plazo superior a tres años. Ese desencanto puede traducirse no solo en una crisis política, sino, lo que es mucho peor, en una crisis de la política. Si ese momento ha llegado, no tardarán en darse a conocer los caudillos encendidos y los militares mesiánicos, o ambos a la vez. En algunos países del continente ya han aparecido.

Es imposible, por supuesto, negar que todo Estado, aun hoy, en los llamados tiempos de la globalización, cuando se supone que los Estados nacionales han perdido gran parte de sus atribuciones en la gestión económica (lo que no siempre es verificable), dispone de diversos mecanismos para canalizar inversiones, distribuir ingresos y limitar las áreas de propiedad privada y pública. Pero, por muy grandes que sean las atribuciones económicas de un Estado, no debemos olvidar que éste es, antes que nada, la máxima instancia de la política. El Estado no solo es la representación jurídica de la Nación, como se enseña en las escuelas de derecho, sino que es, por sobre todo, su representación política. Y la política, lo dijo Max Weber, tiene que ver con la lucha por el poder.