En octubre del 2015 la presidenta Michel Bachelet formalizó el inicio de un proceso constituyente para cambiar la Constitución de 1980 que emanó de un plebiscito en plena dictadura de Pinochet.

El anuncio presidencial vino a zanjar una disputa entre diversos sectores de la coalición gobernante (Nueva Mayoría) respecto de la necesidad de dar cumplimiento al compromiso programático de generar un mecanismo institucional, democrático y participativo que pudiese sustituir la actual Constitución. Este punto no deja de ser importante toda vez que previamente el gobierno había impulsado tres reformas «estructurales» (Tributaria, Educacional y Laboral) que tensionaban la relación de la Nueva Mayoría con el empresariado, los medios de comunicación monopólicos, con sectores de clases medias y los partidos de derecha y centro derecha. En ese escenario, al interior de la coalición se volvieron a producir conflictos serios que amenazaban con posponer o renunciar al propósito de crear una nueva institucionalidad para el país, bajo el argumento que el crecimiento económico estaba siendo afectado por la incertidumbre o que la inseguridad jurídica podía arrastrar a una mayor debilidad gubernamental.

El actual proceso constituyente se estructura en diversas fases: la de educación cívica (octubre 2015-marzo 2016), que no tuvo un impulso importante del gobierno ni provocó interés en la ciudadanía; la fase de encuentros locales, provinciales y regionales (Abril-Agosto 2016) que implica la participación individual (por internet) o grupal con base a una pauta y apoyo de equipos de veedores. Esta etapa concluyó, en Junio, con un total de 9.200 encuentros locales realizados (unas 120.000 personas) y más 85.000 personas que respondieron en línea. Ahora se elaborará una síntesis y entrega a la presidenta del documento «Bases ciudadanas para una nueva constitución», escrita por el Consejo de Observadores de carácter plural, con fecha tope de Octubre de este año.

A fines del 2016, el Ejecutivo deberá enviar un proyecto de reforma constitucional para tener un mecanismo institucional que permita crear una nueva. Posteriormente, el mismo gobierno entra en una fase de elaboración de un proyecto de nueva constitución a presentarse al Parlamento a principios del segundo semestre del 2017.

El itinerario se estructuró de forma tal que traspasara al próximo gobierno y legislatura (Marzo 2018) una de las decisiones fundamentales, pues puede implicar incluso su contenido: que la forma de aprobación sea vía Asamblea Constituyente, Comisión Bicameral, Convención Constituyente mixta de parlamentarios y ciudadanos o Plebiscito. Esto implica que, al menos «la transición» entre la actual constitución y la nueva, durará 5 años.

El debate constitucional lleva décadas en la agenda política de los partidos. Desde que Pinochet impuso su constitución hace 36 años y que fue rechazada por los todos los partidos opositores a la dictadura durante todos esos años. Como es sabido, la derrota de aquel se produjo utilizando la propia constitución, a través del plebiscito de 1988, que a la vez la legitimó en tanto para ser derogada o reformada requería de quorum excesivamente alto con un Congreso distorsionado por el sistema electoral y los senadores designados. Así, la transición fue desarrollándose en el restrictivo marco constitucional que impedía democratizar la sociedad, fortalecer las atribuciones del Estado en la protección de los derechos sociales y en regular los mercados y la concentración económica.

La estrategia escogida por los gobiernos democráticos consistió en ir reformando, por consenso con las fuerzas de derecha, diversos artículos que hacían de la constitución una «democracia protegida». No se debe olvidar que la constitución permitió que Pinochet –y 9 senadores designados aliados– permaneciera como senador (auto) designado, luego de haber sido Comandante en Jefe del Ejército por 8 años después de dejar el gobierno.

Las mayores reformas a la constitución fueron las implementadas bajo el gobierno del presidente Ricardo Lagos en el año 2005 –luego de 5 años de negociaciones– obteniendo algunas concesiones importantes como la subordinación del poder militar al civil, pero no consiguió cambiar la ley electoral, ni el rol del Tribunal Constitucional, ni alcanzar el voto de los chilenos en el extranjero. Este esfuerzo le valió el reconocimiento de la elite política y empresarial, suponiendo que cerraba por un largo período el problema constitucional y su legitimidad.

Pero el resultado no duró mucho. Hacia el año 2006 las movilizaciones sociales en torno a la educación evidenciaron las deficiencias del acuerdo, pues hacían irreformables las «leyes orgánicas constitucionales», que aseguraban que el mercado funcionara sin trabas en el campo educacional, como en otras áreas, tales como el uso del agua, la protección medioambiental, el acceso a la salud; a la vez que los temas y abandono de las regiones evidenciaban el excesivo presidencialismo del régimen político.

Sería la campaña presidencial del año 2009, en la que el tema volvería a los programas electorales. Tanto del candidato oficialista Eduardo Frei Ruiz-Tagle, como los otros candidatos de izquierda Marco Enríquez-Ominami y Jorge Arrate (dos socialistas renunciados a su partido) abrazarían la cuestión constitucional como parte de los ejes de campaña. Esta integración a los programas de gobierno de candidatos de un arco de fuerzas desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista consolidó la idea que era necesaria una Nueva Constitución.

Con la derrota electoral de la Concertación por la Democracia y el ingreso al gobierno de la coalición de derecha encabezada por el empresario Sebastián Piñera, se produjo un hecho significativo: su partido Renovación Nacional (RN) llegó a un acuerdo con la Democracia Cristiana para producir nuevas reformas que permitieran cambiar el sistema electoral binominal y el régimen presidencialista. Este sorpresivo consenso contó con el apoyo del Partido Socialista y el Partido por la Democracia. Sin embargo, el gobierno lo deshechó presionando con éxito a su partido para que desistiera.

La elección presidencial de 2013 pondría, sin embargo, el tema nuevamente en agenda tras las demandas de organizaciones de la sociedad civil y de diversos partidos políticos. La plataforma de gobierno de Michelle Bachelet integró esta promesa a través de un programa de reformas. Las mismas generaron tensiones al interior de la coalición gobernante, sumandose a la tradicional disputa entre reformistas y conservadores. A esto se le ha sumado un contexto en el que los todavía débiles movimientos sociales pretenden impugnar el sistema político imperante, marcando los vínculos de los partidos políticos y el poder legislativo con grandes empresas, y la participación de las mismas en las campañas electorales (dos ex senadores de la Unión Democrática Independiente están imputados y procesados, mientras que otros parlamentarios de diversos partidos han sido llamados a declarar por diversos casos).

El proceso constituyente cuenta, en un marco como el actual, con no pocos inconvenientes. Es dable afirmar que este proceso se impulsa en un contexto diferente al de las experiencias constitucionales de los países de la región, en tanto no se produce luego de una aguda crisis institucional –Bolivia, Ecuador, Venezuela–, ni tampoco producto de la caída de la dictadura –Brasil– o de un proceso de amplia movilización social –Colombia–. Más bien su largo período de maduración y también de realización expresa una situación de inconformidad ciudadana que puede derivar en una crisis y que en el contexto de escasa legitimidad de la constitución pinochetista y mayor empoderamiento ciudadano sobre sus derechos, generan condiciones para un debate institucionalizado sobre el tema.

Lo cierto es que la derecha, representada fundamentalmente por la Unión Democrática Independiente ha decidido transformarse en el guardián del legado constitucional oponiéndose al proceso constituyente convocado, criticándolo activamente bajo el argumento que genera incertidumbre a los inversores, ralentiza la economía y cuestiona los pilares del principio de propiedad que están asegurados en la actual constitución. En cambio Renovación Nacional ha resuelto participar limitadamente –y no sin dificultades internas– con el objeto de disputar las posturas más radicales que emergen del proceso.

La coalición de gobierno y el propio gobierno, presionado por los múltiples conflictos políticos –denuncias de corrupción, deficiencias en la gestión, falta de acuerdos internos en los debates parlamentarios, caída en las encuestas, etc– han reducido su participación e impulso del proceso, quedando éste prácticamente en manos de la iniciativa de los ciudadanos interesados en participar.

Otro factor importante es que las fuerzas de izquierda que emergieron de las movilizaciones del 2011 (Revolución Democrática y Movimiento Autonomista que cuentan ambos con un diputado, Izquierda Libertaria, etc.) no han logrado un proceso de convergencia política y menos orgánica, lo que los mantiene como un sector fragmentado y sin peso político real como para incidir y decidir en el proceso.

Evidentemente, la pérdida de apoyo social de las reformas, sea porque son vistas como muy radicales y por otros como meros maquillajes, está drenando la amplitud del debate constitucional. Esto tiende a agudizarse producto que los partidos de izquierda en la coalición no lo han puesto en el centro de sus objetivos políticos, ni han intentado por esa vía rearticular el apoyo social al gobierno.

Como se aprecia, el proceso constituyente chileno puede derivar en un fracaso. Es decir, una demanda incubada en la sociedad pasa a ser desechada por ésta producto de la incapacidad de los partidos de izquierda y progresistas de ponerla en el centro de sus objetivos para este ciclo político. Abrir el proceso constituyente y no tener la convicción y propuestas para cerrarlo con una amplia participación y contenidos progresistas de garantizar derechos sociales, proteger la naturaleza, restituir la función social de la propiedad, abrir canales modernos de participación real de los ciudadanos, será una derrota más que pondría en cuestión el rol de la izquierda histórica en la transformación de la sociedad.

Lo anterior es posible pues el calendario electoral ya está sobre la mesa. Hay elecciones municipales en octubre de este año y luego de ello, comenzará el debate de los candidatos presidenciales, las primarias de junio y, finalmente, en Noviembre del próximo año se celebrarán las elecciones, por lo que las energías tenderán a orientarse a esa confrontación. El contexto de reformas inconclusas, particularmente la de educación superior, puede dar un sello distinto a las elecciones en tanto la fuerza social reunida en torno a la «educación pública, gratuita y de calidad» aún es relevante.