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La integración sudamericana como requisito para la independencia

La autonomía real de un Estado en el sistema internacional depende de diferentes factores: la cantidad de habitantes, su potencia económica y su capacidad para resolver conflictos y evitar la violencia interior, lo que a su vez está relacionado con los niveles de igualdad social. En el mundo de hoy, solo unos pocos Estados o bloques integrados –Estados Unidos, la Unión Europea, China e India– cumplen estas condiciones. En este marco, los países sudamericanos, con la posible excepción de Brasil, difícilmente logren su autonomía plena, por lo que la integración regional –a través de la articulación de los mercados, la construcción de instituciones supranacionales y la integración monetaria– es el único camino posible.

La integración sudamericana como requisito para la independencia

La autonomía real de un Estado en el sistema internacional depende de diferentes factores: la cantidad de habitantes, su potencia económica y su capacidad para resolver conflictos y evitar la violencia interior, lo que a su vez está relacionado con los niveles de igualdad social. En el mundo de hoy, solo unos pocos Estados o bloques integrados –Estados Unidos, la Unión Europea, China e India– cumplen estas condiciones. En este marco, los países sudamericanos, con la posible excepción de Brasil, difícilmente logren su autonomía plena, por lo que la integración regional –a través de la articulación de los mercados, la construcción de instituciones supranacionales y la integración monetaria– es el único camino posible.

La integración regional se ha convertido en un tema de la política internacional, sobre todo al considerar la Unión Europea (UE) como un ejemplo a seguir. De hecho, la misma UE prefiere relacionarse interregionalmente, por ejemplo con el Mercosur o con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLCAC-RD). La integración regional de Estados de dimensión pequeña puede ser considerada según dos objetivos: avanzar hacia un orden internacional equilibrado (entre Estados) o garantizar la igualdad de derechos de todos los seres humanos (entre individuos), tal como está reglamentado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

Existe un conflicto político de dimensión global que tiene su origen en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas. Esta comienza con la expresión «nosotros los pueblos» («we the peoples»). La pregunta sustancial es si «pueblos» significa «personas» o «Estados». El principio de la soberanía de los Estados parece igualar pueblos con Estados. Pero la misma Carta cuestiona la igualdad de los Estados, toda vez que privilegia a los cinco que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad. En otras palabras, se trata de preguntarse si, desde una perspectiva de política global, los 300 millones de ciudadanos de EEUU y los tres millones de ciudadanos de Uruguay tienen realmente los mismos derechos o, siendo aún más drástico, si los 1.330 millones de ciudadanos de China tienen los mismos derechos que los 400.000 habitantes de Luxemburgo.

Este tema abarca dos dimensiones contradictorias entre sí. Por un lado, los ciudadanos de los países más pequeños tienen una capacidad de participación relativamente importante en el sistema de Naciones Unidas: en las votaciones de la Asamblea General, cada Estado, representado por su gobierno, tiene un voto. Así, el voto de cada ciudadano uruguayo pesa cien veces más que el voto de cada estadounidense. Pero al mismo tiempo es evidente que el gobierno de EEUU, debido a su fortaleza, puede hacer valer los intereses de sus ciudadanos mucho más fácilmente que el gobierno de Uruguay.

Las condiciones para la autonomía de un Estado

En este contexto, a principios del siglo XXI quizás el único camino practicable para concretar la igualdad de derechos de los individuos y de los Estados sea la integración regional. Desde fines de la Segunda Guerra Mundial (es decir, luego de la creación de las Naciones Unidas), los Estados sudamericanos siguieron experiencias políticas y económicas que no se ajustaban a la noción ideal de soberanía estatal, al menos no como está reflejada en la Carta de la ONU. Se produjeron durante este tiempo visibles daños a la soberanía de los países de la región, que implicaron vulneraciones al derecho internacional público y que han resultado en una dependencia económica respecto de EEUU que se prolonga hasta hoy.

Entre otros episodios que lo demuestran, podemos mencionar el golpe militar contra Salvador Allende en 1973, que no fue posible sin el apoyo estadounidense (aun si Washington prefiere ahora no recordarlo, tal como revela el hecho de que en la biografía del ex-ministro de Relaciones Exteriores Henry Kissinger no se mencione este episodio).

Esta situación de debilitamiento de la soberanía nacional de los Estados de la región se manifestó también en la dependencia argentina del Fondo Monetario Internacional (FMI) entre 1990 y 2002, que llevó a una grave crisis de la que solo se pudo salir mediante el desacople de la moneda nacional del dólar y la renegociación de la deuda externa. Del mismo modo, Ecuador se hizo financieramente dependiente de EEUU y se ve obligado a acompañar la depreciación internacional del dólar desde que decidió adoptar la dolarización de su economía.

Todos los países sudamericanos, con excepción de Brasil, están condicionados por estructuras exportadoras insuficientemente diferenciadas. Eso, que puede ser una ventaja en caso de una creciente demanda de materias primas, conduce también a situaciones de dependencia. ¿Cuánto tiempo más las exportaciones de soja de Argentina podrán seguir sosteniendo su crecimiento?

Estas realidades de la política y la economía globales deben analizarse en el contexto de poderes políticos y económicos desbalanceados que operan en un mundo conectado, que también puede ser entendido como sociedad mundial. A principios del siglo XXI, la verdadera independencia de los Estados (y de las sociedades a las que ellos representan) descansa sobre tres cuestiones básicas: el número de habitantes; el desarrollo económico (y, por lo tanto, su poder económico); y la capacidad para la resolución de conflictos y prevención de la violencia interna.

1. Número de habitantes. El país más poblado del mundo es China, con 1.330 millones, seguido de la India, con 1.136 millones (el más grande de los estados que integran la India, Uttar Pradesh, posee 166 millones de habitantes, más que todos los países de Sudamérica juntos, excepto Brasil). Siguen, muy lejos, EEUU (304 millones), Indonesia (228 millones) y Brasil (191 millones). Comparado con China y la India, Brasil ya no es tan grande. En cuanto al resto de los países de Sudamérica, en todos los casos –desde los más poblados, como Colombia y Argentina, hasta Uruguay– su población representa menos de 1% del total mundial. Teniendo en cuenta estos datos, tal vez un buen parámetro para comparar comunidades de Estados integrados sea la UE, que cuenta con un total de 494 millones de habitantes, contra 385 millones de Sudamérica. La diferencia es que la UE está integrada hoy por 27 países, mientras que en Sudamérica hay solo diez (más Guayana y Surinam).