La lucha revolucionaria por la toma del poder político a partir del “foco armado insurreccional”, que se extendió a muchos países de América Latina en la década de los años sesenta, bajo el impacto de la revolución cubana y las tesis del “Che” Guevara y Regis Debray, encontraron en Colombia un terreno muy abonado para su desarrollo. Si bajo esa influencia era probable que algunos pocos países del continente escaparan al surgimiento de movimientos guerrilleros, éste no era el caso de Colombia ni podía serlo. Todas las condiciones eran favorables para la emergencia de focos insurreccionales en el país.

Por ello, si bien el factor externo, gracias al efecto de demostración producido por la entrada triunfal del Movimiento 26 de Julio a La Habana, sirvió de detonante para encender en la voluntad de determinados sectores la iniciativa guerrillera, sólo la existencia de una gama compleja de factores de orden interno permitieron su consolidación.

La emergencia del movimiento guerrillero

En primer término, y esto es indispensable subrayarlo, la guerrilla de inspiración comunista nace en Colombia una década antes de la revolución cubana. El Partido Comunista tuvo, desde sus orígenes, una importante implantación en ciertas regiones rurales (Sumapaz, Viotá, sur del Tolima), que serían muchas de ellas testigos del nacimiento de los primeros núcleos armados orientados por el partido en los inicios de los años cincuenta. El 22 de octubre de 1949, el Comité Central del PCC en un llamamiento clandestino que, sin embargo, circuló extensamente, plantea “(...) al proletariado y al pueblo la necesidad de defenderse, replicando a la violencia de los bandidos fascistoides con la violencia organizada de las masas”. En este año se constituyeron los “comités de resistencia” contra la dictadura conservadora, compuestos tanto de liberales como de comunistas. Y al año siguiente, nacerán las primeras guerrillas de orientación comunista que cesarán de actuar con ocasión del proceso de pacificación del general Gustavo Rojas Pinilla en 1953. Dos años más tarde se reinicia, no obstante, la violencia oficial que tendrá en esta ocasión como objeto extirpar las regiones donde se había diluido el movimiento guerrillero comunista: se trata de la llamada “guerra de Villarica”, a consecuencia de la cual el movimiento agrario asume una vez más la modalidad de guerrilla móvil. Esta modalidad de resistencia cesará en 1958 gracias a la amnistía que dicta el primer presidente del Frente Nacional, Alberto Lleras Camargo. Pero, como veremos más adelante, nuevamente las formas de “autodefensa campesina” retomarán, y esta vez en forma definitiva, el perfil guerrillero a partir de 1964 cuando los enclaves comunistas (Marquetalia, Río Chiquito, El Pato) serán otra vez agredidos por el Estado.

En segundo término, la guerrilla de inspiración revolucionaria no comunista, que nace imbuida por la revolución cubana, encuentra un terreno fértil para implantarse debido a la persistencia de la violencia desatada en el país a partir de 1946. Esta subsiste bajo la modalidad del “bandolerismo social”, que constituye el último coletazo de esa sangría nacional. La emergente violencia antisistema se superpone en el tiempo y en el espacio a las secuelas de la violencia liberal-conservadora. Personas, regiones y tradiciones que se vieron transformadas por la conflagración serán el caldo de cultivo para la nueva violencia que emerge. Estos grupos se crean con la clara voluntad de “integrar el sentimiento revolucionario urbano con la violencia rural, a fin de emprender acciones guerrilleras” (1). Muchos dirigentes de las guerrillas liberales se integran a los nuevos proyectos, facilitan el acceso a regiones con tradición de violencia y sensibilizan a las poblaciones que influyen para que acepten estos nuevos focos insurgentes. El (caso) de Julio Guerra, antiguo dirigente guerrillero liberal y luego miembro del Ejército Popular de Liberación (EPL), quien facilitó su implantación en el noreste antioqueño, es un caso ilustrativo entre muchos otros.

Otro factor decisivo para facilitar la consolidación de estos núcleos armados es la llamada “cultura de la violencia”. Colombia, país de paradojas, tiene la más larga tradición de gobiernos civiles en el subcontinente latinoamericano junto a un persistente empleo de la violencia como modalidad específica en el ejercicio del quehacer político. De las innumerables guerras civiles en el siglo XIX a la violencia latente o abierta en este siglo, en muy pocas etapas el país ha vivido un clima de convivencia pacífico y duradero. Esto ha hecho permeable y legítima esta modalidad de acción en capas no despreciables de la población.

Finalmente, el factor decisivo será la instauración del Frente Nacional que, si bien permitió superar la crisis política más grave sufrida por el sistema político en este siglo (sólo comparable a la Guerra de los Mil Días y la subsiguiente pérdida de Panamá), creando un clima de convivencia entre los dos partidos tradicionales, produjo un “efecto perverso” al recrear otras modalidades de confrontación ya no burocráticas (por el control del Estado), sino revolucionarias (por el cambio de sistema). La fórmula ideada por los dos máximos dirigentes de los partidos tradicionales, Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez, la alternación presidencial y la paridad burocrática, es decir, un monopolio bipartidista excluyente que, acompañado de otras herramientas [...] autonomía de las fuerzas militares en el manejo del orden público interno e hipercentralización de las decisiones en el poder ejecutivo) dio lugar a una democracia restringida. Así, al decretar como “ciudadanos de segunda categoría” a quienes no pertenecían a estos partidos, al congelar la vida política (“democracia del bostezo”, apatía generalizada, altas tasas de abstención electoral), al impedir la crítica y la fiscalización de la gestión pública, al mantener aplazadas las demandas populares mediante medidas autoritarias de estado de emergencia, se produciría el rasgo más notable del sistema político colombiano actual: las formas institucionales de acción política y social (elecciones, huelgas) se han ido reduciendo a niveles preocupantes en beneficio de las formas no institucionales (paros cívicos, guerrilla, huelgas ilegales) que han ido ganando niveles insospechados. Una crisis de legitimidad generalizada que, si bien no se traduce en una crisis de dominación inminente, muestra la débil representación del Estado y de sus partidos-apoyo.

La guerrilla sería en este contexto el único instrumento viable para expresar demandas y expectativas ante este sistema cerrado y por ello nacería cobijado de un no despreciable margen de legitimidad.

Etapas del movimiento guerrillero

La guerrilla contemporánea en Colombia ha vivido tres etapas distintas: la etapa de emergencia y consolidación de los grupos guerrilleros de la “primera generación”; una etapa de crisis y división de estos núcleos iniciales a lo largo de los años setenta y, finalmente, una tercera etapa en la cual despuntarán los grupos guerrilleros de la “segunda generación”, se presentará una reactivación de los grupos primigenios y, ante todo, la guerrilla alcanzará un protagonismo político central en el proceso político que vive hoy el país.

Etapa de emergencia: en nuestro país, el debut de las primeras organizaciones político-militares (con la sola excepción de las comunistas), se hará a partir de la concepción foquista que florecía silvestre en todo el continente: el Movimiento Obrero Estudiantil Campesino (MOEC, 1959), el Ejército Revolucionario de Colombia (ERC, 1961) y las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL, 1963) que constituyeron los grupos pioneros frustrados, así como a partir de 1964, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), grupos hoy consolidados. Los cinco focos tenían en común su concepción de vanguardia, su origen eminentemente urbano, su intento de alcanzar sólidos contactos con regiones y protagonistas de la violencia anterior y, sobre todo, su origen en una decisión política previa signada por un voluntarismo político radical de capas medias.

En esta etapa de emergencia de la “primera generación” de grupos guerrilleros nacen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, 1966), como consecuencia de la agresión militar señalada anteriormente. Estas no nacen –como es el caso de las primeras experiencias foquistas– de una decisión estrictamente voluntarista y como una transposición mecánica de la revolución cubana. Por el contrario, al igual que en 1949 y 1955, emergen como una respuesta a la violencia oficial y a la agresión militarista. Esto constituye una clave central para comprender el papel que jugarán más adelante cuando se inicie el proceso de paz y negociación con el Estado.

Etapa de crisis y división: los años setenta serán un período de declive del movimiento guerrillero. La reorganización de los movimientos populares y sindicales, tras su desarticulación en los años de la violencia y las dictaduras, y la emergencia de grupos políticos urbanos legales (trotskystas, maoístas, socialistas) con un protagonismo significativo en la vida nacional, colocarán al movimiento guerrillero en un plano secundario.

Su concepción foquista, su aislamiento de las grandes movilizaciones populares de esta década, su discurso rígido y estereotipado, los éxitos alcanzados por las fuerzas armadas en sus campañas de exterminio, son algunos de los factores que explican este declinar.

El Partido Comunista Marxista-Leninista y su brazo armado, el EPL, estuvieron al borde de la total extinción. De una parte, a consecuencia de dos gigantescos cercos de aniquilamiento militar en los años 1967, 1968 y 1969 y, de otra, debido a las graves escisiones que los afectaron internamente, en especial la separación de grupos tales como la Liga Marxista-Leninista, la Tendencia Marxista-Leninista y el grupo terrorista urbano Pedro León Arboleda (PLA).

El ELN, inmerso en la estrechez de su foquismo a ultranza y su ausencia de implantación regional, vivió una crisis total en estos años a causa de la llamada por el Ejército “Operación Anorí”, en la cual perdió su columna vertebral (1973-1974), y la etapa siguiente de divisiones, recriminaciones y conflictos internos.

En el caso de las FARC, estas fueron consideradas por el Partido Comunista colombiano entre el X y el XIII Congreso como una “simple reserva estratégica” para el caso eventual de que accediera al poder en el país una dictadura militar.

Etapa de auge y reactivación: con la sola excepción del Movimiento 19 de Abril, el cual comienza a estructurarse en el año 1973, es en estos últimos cinco años que surgen los grupos guerrilleros de la “segunda generación” cuyos métodos, perspectivas y lenguaje conducirán a una “subversión de la subversión”, crearán un espacio para la reactivación del movimiento armado y, ante todo, lo colocarán como un actor político frente al Estado.

El Movimiento de Izquierda Revolucionaria Patria Libre (MIR Patria Libre), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el grupo indigenista Quintín Lame constituyen al lado del M-19 esta nueva corriente guerrillera cuyos rasgos han sido estudiados por analistas como César D. Sereseres y otros:

1. Los grupos guerrilleros de la “segunda generación” han buscado consolidar su presencia en núcleos de la población (sindicatos, barrios, veredas) con mayor eficacia y amplitud que sus antecesores;

2. frente a las tácticas tradicionales de la guerrilla de los años sesenta, fundadas en las tesis del foco guerrillero, estos nuevos grupos insurgentes se fundan en la perspectiva de la guerra prolongada y la conformación de frentes populares de masas (tales como el Frente Sandinista o el Frente Farabundo Martí), que desbordan la concepción de la vanguardia leninista;

3. a la amplitud de su influencia interna se añaden redes de relaciones “diplomáticas” que se extienden ampliamente en el contexto internacional;

4. una amplia gama de actores internacionales les brindan su apoyo en distintos planos (propagandístico, financiero, político, logístico): partidos, Iglesias, sindicatos;

5. estos movimientos han vivido un proceso progresivo de “latinoamericanización”, simultáneamente con una visión crítica de los polos de poder comunista (Moscú, Pekín, Tirana), y ligan su estrategia más al conflicto centroamericano y caribeño que a las disputas en el bloque socialista;

6. igualmente, presentan una ruptura con un marxismo hirsuto y un “internacionalismo” que los hace simples apéndices de un ajedrez global que los desborda, para asumirse como parte de una historia nacional: Bolívar, los símbolos patrios, las tradiciones culturales no son concebidas como “símbolos burgueses”, sino como patrimonio de la revolución.

Este reencuentro con las raíces nacionales ha sido de una enorme eficacia en tanto le permitió al movimiento guerrillero adquirir una nueva dimensión nacional (“actores políticos”) y un gran protagonismo social. Hoy por hoy, para bien o para mal, la guerrilla se ha fortalecido en el número de hombres, en el número de frentes, en la sofisticación de las armas y en la técnica militar. Incluso, paradójicamente, los últimos grupos armados surgieron en medio de las negociaciones de paz. Queramos o no, en el futuro el país tendrá que contar con la guerrilla o enfrentarla en una confrontación generalizada, pero ya no es posible ignorarla.

¿Qué factores adicionales y externos a la guerrilla, explican su revitalización, a pesar de la política de paz y reconciliación nacional?

En primer término, la creciente autonomía entre, de una parte, una opinión mayoritariamente favorable a una solución negociada (como lo muestran las encuestas) y, de otra, la capacidad de reclutamiento militar de la guerrilla aun en sus versiones más radicales (por ejemplo, el ELN que pasó de una extinción virtual en 1974 a convertirse hoy en el segundo grupo en número de hombres). Es evidente que un cúmulo de factores tales como la crisis del sistema educativo, las mayores tasas de desempleo jamás registradas en el país y que afectan ante todo a los jóvenes, la marginalidad creciente y otros, hacen que capas o segmentos de la población sean muy susceptibles de encontrar en la guerrilla una opción política.

En segundo término, existen factores de orden regional que alimentan la inserción del movimiento guerrillero. La ausencia total del Estado en las zonas de colonización (Caquetá) o su presencia traumática como fuerza simplemente represiva o perceptora de impuestos; la violencia latifundista con complicidad de la fuerza pública (Magdalena Medio); los conflictos en zonas indígenas que llevaron a las comunidades a estimular su propio movimiento de autodefensa (el Quintín Lame y, más recientemente aún, el grupo Juan Lama).

En tercer término, la crisis de la izquierda legal, incluido el Partido Comunista (quien cuenta hoy con una débil presencia urbana), por lo cual el joven de ideas radicales no encuentra otro camino para expresar su descontento o su utopía que mediante su ingreso a los grupos guerrilleros que en la actualidad son el único polo de oposición revolucionaria existente. “Más que cualquier otra cosa, afirma Hernando Gómez Buendía, la actual violencia política en Colombia (...) es un monumento a la impotencia de la izquierda democrática, a su incapacidad de expresar, dar coherencia y ofrecer salida al descontento acumulado de los estratos medios y bajos de ciudades y campos” (2).

Y, finalmente, la ausencia de un auténtico reformismo social que acompañe las propuestas de reforma y apertura democrática, divorcian el plano de la democracia política de su necesario complemento, la democracia social. Por el contrario, en numerosas ocasiones, las justas demandas de la población se responden en forma autoritaria generando en la conciencia de múltiples sectores el escepticismo con respecto a la formulación de estas exigencias por las vías institucionales.

El proceso de reconciliación nacional

Al iniciarse la administración de Julio César Turbay Ayala (1978-1982), el país vivía un clima de fuertes tensiones y conflictos sociales de diversa índole que se añadían al riesgo de la extensión del conflicto centroamericano a nuestras fronteras. Es decir, que la confrontación interna desbordara su marco local y se insertara en el marco regional. El gobierno buscó una salida a esta situación mediante una respuesta autoritaria interna, gracias a un draconiano Estatuto de Seguridad y a una total autonomía de las fuerzas militares en el manejo del orden público interno (masificación de la tortura, detenciones arbitrarias, asesinatos políticos). Y ante la amenaza externa se diseñó una política internacional fundada en la constitución de un eje conservador Washington-Bogotá, de contención militar a la expansión del conflicto y de inmersión de Colombia en el protector paraguas militar norteamericano. Esta actitud gubernamental tuvo como efectos, de una parte, una legitimación masiva en amplios sectores de la opinión pública a la acción guerrillera que enfrentaba a un gobierno condenado mundialmente por su olímpico desprecio de los derechos humanos y, de otra, al culminar su mandato sólo había conseguido un agravamiento de las condiciones políticas internas, encontrándose el país en el umbral de una confrontación generalizada.

Ante el vacío político producido por un gobierno que sólo encuentra soluciones militares para conflictos de orden social y político, la guerrilla salta al primer plano y de la noche a la mañana adquiere un protagonismo sólo comparable al fugaz paso por la política del padre Camilo Torres Restrepo y su Frente Unido. El M-19 producirá una revolución en el seno de la guerrilla a partir de la toma de la Embajada de la República Dominicana: es el paso de la guerrilla como protagonista en el plano armado (frente a las fuerzas militares), al de protagonista político frente al Estado. La guerrilla cambia así de interlocutor central: es el empleo de la capacidad militar para obligar al gobierno a negociar propuestas políticas formuladas desde la oposición.

En este escenario se ubica el proyecto reformista de Belisario Betancur (1982-1986), quien trató de desactivar la bomba de tiempo sobre la cual se asienta tanto el país como la región centroamericana. Para ello, el gobierno intentó articular –como era estrictamente necesario– la política de apertura democrática con la política de paz, y ambas con una nueva estrategia internacional. El ideario belisarista habría de desarrollarse en cinco pasos: al inicio de su mandato, el presidente buscó, mediante la convocatoria de una cumbre política multipartidista (8 de septiembre de 1982), discutir un programa de reformas políticas. Posteriormente, se constituiría una Comisión de Paz (19 de septiembre de 1982), se dictaría una Ley de Amnistía (19 de noviembre de 1982), se firmarían los acuerdos de tregua con los principales movimientos guerrilleros (marzo y agosto de 1984) y, finalmente, se presentaría una serie de proyectos de ley al Congreso de la República, orientados a concretar la apertura democrática (a lo largo de los años 1984 y 1985).

Frente a este proyecto gubernamental se fueron delineando dos estrategias diferentes por parte de las dos organizaciones guerrilleras centrales, en ese momento: la “politización de la guerra” por parte de las FARC y la “militarización de la política”, por parte del M-19.

La estrategia de las FARC consistió en aprovechar el clima de apertura democrática y tregua militar para implementar un proyecto partidista, la Unión Patriótica, que debía constituir su expresión en el escenario político nacional.

Por el contrario, el M-19, debido a la conjunción de su propia inhabilidad para gestar un proyecto partidista y a un hostigamiento militar permanente que buscó aniquilarlo a pesar de los acuerdos de paz, terminó declarando rota la tregua e impulsando la unidad de las fuerzas insurgentes en torno a la Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG).

Al término del gobierno de Betancur, los logros del proceso de paz se resumían en la creación de la Unión Patriótica y en la tregua que continuaba todavía con las FARC, que representa un 40 por ciento del conjunto del movimiento guerrillero.

El nuevo gobierno, bajo la conducción del dirigente liberal Virgilio Barco, buscó continuar la política de paz de la anterior administración, pero cambiando las líneas centrales de su estrategia: no se trataba ya de buscar la paz mediante la negociación con los grupos guerrilleros, sino de atacar las llamadas “causas objetivas” de la subversión (ausencia del Estado en zonas de colonización, mala distribución de la tierra, desprotección de las minorías nacionales, pobreza absoluta). Es decir, el Estado buscaba cambiar de interlocutor: pasar de la guerrilla, a quien se le desconoce su representatividad, a dialogar directamente con las comunidades afectadas por la miseria y el abandono estatal. Para ello, las políticas de rehabilitación de las zonas afectadas por la violencia y la lucha contra la pobreza absoluta se constituyen en los pilares del proceso de paz. Este deja de ser un objetivo inmediato, para convertirse en un resultado tras la recuperación de la legitimidad estatal. De otra parte, se buscaba re-institucionalizar el proceso de paz cambiando las comisiones ad hoc del anterior gobierno (Comisión de Paz, Comisión de Verificación de los Acuerdos de Cese al Fuego, Comisión de Diálogo Nacional, Altos Comisionados de la Paz), por entidades del Estado y asesores directamente vinculados con el gobierno. La actual Comisión de Rehabilitación, Normalización y Reconciliación, dependiente directamente del ejecutivo, tiene a su cargo la conducción del proceso de paz y la jerarquía de sus funciones pone en evidencia la estrategia vigente.

En cuanto a la política externa, existe continuismo en relación al anterior gobierno: se considera conveniente estimular una salida negociada al conflicto centroamericano (Grupo de Contadora), para evitar su expansión hacia nuestras fronteras y, ante todo, para generar credibilidad interna con respecto a la voluntad gubernamental de encontrar soluciones políticas a nuestros propios conflictos. La política externa refuerza la política interna.

Sin embargo, en los meses que lleva en el gobierno esta administración se ha evidenciado que la estrategia interna de paz ha sido un grave error. No sólo ha sido regresiva, en comparación con la de Betancur, sino inadecuada para alcanzar sus objetivos. No sólo por los ingentes recursos que se requieren para solucionar los problemas, acumulados por décadas de desidia oficial, en las zonas afectadas por la violencia sino, principalmente, porque aun cuando existieran esos recursos su impacto sería a largo plazo. Y el país no da espera.

Ni la “política sin economía” de Betancur, ni la “economía sin política” de Barco son consistentes como fórmulas de solución. En la primera, debido a la mayor crisis fiscal y recesión industrial que haya sufrido el país en décadas se produjo una disociación entre el reformismo político y las medidas económicas, que ahondaron los desequilibrios sociales. En la segunda, se pretende liquidar la insurgencia, que tiene una dimensión eminentemente política y una composición y dirección de origen urbano, con medidas de corte tecnocrático. De ahí que, en estos últimos días, el gobierno de Barco se encuentre en la búsqueda de nuevas fórmulas de orden político que permitan oxigenar de nuevo el proceso de paz.

El dilema actual

La guerrilla en Colombia ha jugado un rol eminentemente contradictorio en relación con la democracia y la participación ciudadana. De una parte, en determinadas circunstancias, como ocurriera bajo la administración Turbay, la guerrilla encabezó la lucha contra un gobierno autoritario, colocando en el centro del debate nacional la necesidad de la apertura democrática y la reconciliación. Igualmente, como está ocurriendo en forma cada vez más amplia, la guerrilla viene estimulando marchas campesinas de envergadura en demanda de sentidas y urgentes reivindicaciones agrarias. Pero, de otra parte, la persistencia de un movimiento guerrillero ha permitido a las clases dirigentes legitimar en nombre del orden público turbado el estado de excepción permanente y, ante todo, la “criminalización de la sociedad civil popular”. Es decir, dar una respuesta policíaca a cualquier demanda o movilización popular percibidas siempre como de origen subversivo. En este aspecto, ha sido muy negativa una confrontación en donde tanto el ejército como la guerrilla han reconocido la imposibilidad de una solución militar y, por tanto, la persistencia de un desangre fratricida sin perspectivas.

Aun cuando la guerrilla ha logrado un protagonismo político real frente al Estado, es evidente que su eficacia política no se corresponde con la enorme extensión de sus frentes armados. Este divorcio refleja un problema de legitimidad frente al movimiento popular (salvo las capas y regiones en donde se reproducen) y, ante todo, la negativa de las inmensas mayorías nacionales a aceptar la solución militar a los conflictos que afectan al país.

En este sentido, la total ausencia de un polo de izquierda democrática organizada y con capacidad de negociación, ha tenido un enorme costo. Ante un país que día a día se polariza, en donde sectores cada vez más numerosos de la clase dirigente (encabezados lamentablemente por los expresidentes Carlos Lleras Restrepo y Alfonso López Michelsen) llaman a la solución militar del conflicto interno, la inexistencia de esa corriente que podría servir de amortiguador para despolarizar el conflicto, de apoyo al proceso de paz y de alternativa para los sectores de izquierda, dramatiza las opciones.

El dilema nacional es claro: o se encuentran nuevas fórmulas para hacer avanzar el proceso de paz o definitivamente Colombia se desliza hacia un conflicto de proporciones incalculables.

Notas

(1) Ramsey, Russell W.: Guerrilleros y soldados, Ediciones Tercer Mundo, Bogotá, 1981, p. 297.

(2) Gómez, Hernando: “Procesos de reconciliación nacional en América Latina. Colombia: un punto de vista liberal”. Instituto de Estudios Liberales, Bogotá, 1985, mimeo, p. 22.