Coyuntura

La geografía de un conflicto

En el referendo revocatorio del 10 de agosto, Evo Morales obtuvo un 67% de aprobación nacional, con buenos resultados incluso en algunos departamentos autonomistas. Para entender el resultado, es necesario descartar la visión lineal que opone un bloque popular-indígena a una oligarquía reaccionaria. Desde siempre, Bolivia ha sido un territorio difícil de ocupar, cuya particular geografía ha generado todo tipo de conflictos. En las últimas décadas, el poder político ha permanecido en el Occidente, mientras que el económico se ha trasladado al Oriente. Allí reside una de las claves del conflicto, aunque las profundas transformaciones demográficas que atraviesan los departamentos autonomistas, resultado de la migración desde el Occidente, hacen pensar que las cosas volverán a cambiar en el futuro próximo.

La geografía de un conflicto

Al interpretar el proceso boliviano, hay que tener cuidado de verlo como si fuera exclusivamente un conflicto entre clases sociales. La imagen manida que opone, de un lado, a las masas indígenas históricamente excluidas y ahora dirigidas por Evo Morales, y, del otro, a una oligarquía egoísta y retrógrada, es un esquema demasiado basto que, al fin y al cabo, solo genera confusión. En este artículo hablaremos de otros factores de la crisis, que no solo nos permitirán verla de una forma más exacta, sino que resultan fundamentales para entender su eventual resolución, cuyas condiciones de posibilidad fueron creadas por el referendo revocatorio del 10 de agosto, que Morales ganó con 67% de los votos.

La difícil ocupación de Bolivia

Para empezar, debemos tomar en cuenta que la ocupación territorial de Bolivia nunca ha sido fácil. Se trata de un país compuesto por porciones de los tres grandes paisajes sudamericanos: el andino, espacio colonial por excelencia porque en él se concentraban las riquezas minerales que ambicionaba la metrópoli; el amazónico, tan tórrido y selvático que también puede considerarse un área extractiva, aunque no de minerales sino de maderas y frutos forestales valiosos, como la mara, el caucho, la castaña, etc.; y, finalmente, el sistema platense, sobre el cual gravita la ciudad de Santa Cruz y en cuyo subsuelo se han encontrado importantes yacimientos de gas. Esta diversidad, aunque común a muchos países sudamericanos, se complica en Bolivia por una orografía descomunal y por la inexistencia de un río navegable axial (como el Magdalena en Colombia o el Orinoco en Venezuela) o de una amplia costa (como la de Ecuador, Perú o Chile) que haga posible la articulación de los distintos ámbitos geoeconómicos. Como consecuencia de ello, cada una de estas regiones ha tratado de integrarse al mundo por distintas vías. El Occidente se orientó hacia el Pacífico (lo que se complicó desde los tiempos de la fundación de la república, cuando la salida altoperuana al mar, Arica, quedó en manos del Perú; y se enredó todavía más cuando la costa meridional fue conquistada por Chile en la Guerra del Pacífico, 1879-1884). En cambio, el sudeste de Bolivia, vía Asunción y Buenos Aires, y el noreste, por el Amazonas, se orientaron hacia el océano Atlántico.

Cada región –y, por consiguiente, cada geopolítica– ha sido defendida por intelectuales que trataron de convertir las necesidades de su zona en imperativos de la nación. Todo esto, por supuesto, ha generado fuerzas centrífugas que tensionaron la historia de Bolivia, en especial cuando una región se enriquecía y pretendía imponer su hegemonía, o cuando los países vecinos alentaban el regionalismo en su propio interés. En el fondo, se trata de conflictos en torno de la posesión de los recursos naturales o dinerarios que cada región (esto es, cada sector de la clase dominante nacional) quería emplear en su exclusivo provecho.

En esta perspectiva, el siglo XIX puede estudiarse como una lucha entre el norte y el sur que concluyó en 1899 con el triunfo de los liberales paceños sobre los conservadores sucrenses. Desde entonces, La Paz es la sede de gobierno (aunque la capital simbólica sigue estando en Sucre) y también la cabeza económica del país. Fueron, por consiguiente, los intereses norteños los que modelaron las principales decisiones del siglo XX, entre ellas el arreglo con Chile de 1904, por el que Bolivia renunció a su enorme litoral sobre el Pacífico a cambio de que se le garantizara el comercio a través del puerto de Arica, perdido a su vez por Perú. Fue el norte, también, el escenario principal de las vicisitudes políticas de la centuria pasada: las revueltas contra los gobiernos liberales y, paralelamente, la formación de un nacionalismo radical que tuvo su primer fracaso en la Guerra del Chaco (fracaso que, sin embargo, este supo convertir en su mito fundacional); y la Revolución Nacional de abril de 1952, que creó el Estado interventor y productor que favorecía a La Paz, pues centralizó en esta ciudad –y aún más, en el Palacio Quemado– la toma de las principales decisiones económicas.

Es en este punto donde se produce la intersección entre el conflicto social y el regional. Si bien La Paz predominó durante el siglo pasado, sus elites fueron cambiando a lo largo de él: entre 1930 y 1985, las clases medias nacionalistas fueron sustituyendo paulatinamente a las elites mineras tradicionales, hasta transformarse ellas mismas –es decir, los segmentos más favorecidos– en una nueva elite minera (que el eufemismo llamaba «mediana» para no contradecir la propaganda oficial sobre la expropiación de la oligarquía del estaño).

La centralidad del norte durante la era nacionalista se explica por la presencia en esta región de las bases materiales del poder: aquí se aprovechaba el más importante bolsón de riqueza, creado por la minería de Llallagua, y en torno de ella orbitaban las organizaciones sociales más politizadas: los sindicatos mineros. Además, en esta zona se hallaban tanto un mercado como una sede de negocios de primera importancia, situados en la ciudad de La Paz, que desde su creación en la Colonia había funcionado como un centro comercial entre Lima y Charcas, y que terminaría convertida, en nuestros días, en la urbe más poblada de esta parte de los Andes. Había, asimismo, una población plebeya muy politizada, que se ocupaba de labores artesanales e incipientemente industriales. Finalmente, casi la totalidad de la burocracia del país vivía en La Paz, así como dos camadas de propietarios mineros adinerados y con vocación política. La descomposición de los fundamentos de este poder alcanzó su punto crítico en 1985, año en que se produjeron dos fenómenos de la mayor importancia. Primero, la caída de los precios del estaño y otros minerales y, por lo tanto, la debacle de la minería industrial nativa (en las dos décadas siguientes, únicamente sobreviviría un puñado de empresas transnacionales). Segundo, el desmantelamiento del Estado fundado por la Revolución Nacional, proceso iniciado con el objetivo de contener la hiperinflación que asolaba al país debido a la ineficiencia y el sobreendeudamiento de las empresas estatales.

Al inscribirse dentro de las nuevas corrientes neoliberales, las elites paceñas, seriamente golpeadas por la desaparición de la «minería mediana», perdieron el otro pilar de sustentación que les quedaba: el Estado hipertrofiado. Es muy probable que, de no mediar la calamitosa situación de la hacienda nacional, hubieran resistido a su desmantelamiento. En todo caso, lo cierto es que el norte perdió parte de su poder durante el proceso de achicamiento del Estado. Los sectores más privilegiados de las antiguas elites obtuvieron a cambio la garantía de la estabilidad macroeconómica y algunos privilegios menores, como cargos bien pagados en el Poder Ejecutivo y en las empresas privatizadas. Sin embargo, las clases medias –y, en especial, las bajas– vieron reducidas sus oportunidades de empleo seguro y cómodo en las compañías estatales, sufrieron la desaparición de las tarifas subsidiadas y perdieron capacidad para influir sobre el curso de los acontecimientos mediante la actividad corporativa de sus sindicatos.

Fue en el seno de estas clases medias paceñas desplazadas donde fermentó el malestar contra el neoliberalismo a fines de los «felices 90». La fermentación ascendió paulatinamente hasta que los descubrimientos de gas crearon las condiciones para que el financiamiento de un Estado social capaz de garantizar el pleno empleo y la provisión de servicios baratos pareciera nuevamente posible.

Volvió a brotar entonces, en estas clases medias y bajas, en sus intelectuales de origen aymara y fuerte inclinación indianista, en sus barrios pobres de La Paz y El Alto, la ideología estatista que prefiere toda sociedad consagrada a la extracción de recursos naturales y que requiere por lo tanto de un Estado interventor y extendido, capaz de repartir los excedentes generados por tal actividad. Esta ideología guió a los rebeldes del Occidente, entre los que destacaban los campesinos cocaleros conducidos por Evo Morales. Pero la procedencia del presidente no debe confundirnos: su base social más importante no es la que conforman los campesinos, sino los belicosos vecinos de La Paz y El Alto.El principal efecto político del resurgimiento del estatismo fue el éxito de Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), en sucesivas elecciones, hasta que finalmente obtuvieron el poder en diciembre de 2005. El MAS ha ubicado la redistribución como eje de su propuesta económica y en torno de ella ha combatido a los gobiernos que lo antecedieron y ha proyectado su imagen y su mitología política.

Pero el compromiso del gobierno con la redistribución lo ha llevado a descartar cualquier ilusión de equidistancia entre las fuerzas en lucha (cultivada por las anteriores autoridades democráticas, que trataban de identificarse con el orden legal). Por el contrario, Morales toma partido constantemente, en particular contra el Oriente y el sur del país.

Al mismo tiempo, el estatismo procura generar beneficios mediante el énfasis en la redistribución a la mayoría (que a la vez es, claro, su base de sustentación). Pero, debido a las transformaciones culturales experimentadas por el mundo en las últimas décadas del siglo XX (que aquí daremos por supuestas), la mayoría ya no es más el «pueblo» de las primeras décadas de la pasada centuria, ni una «alianza de las clases nacionales», como proponía el nacionalismo de los años 50, ni tampoco el «bloque nacional-popular» de los 70. Hoy la mayoría es étnica, y se diferencia cultural y racialmente de sus enemigos. Por este motivo, es una mayoría muy mal distribuida por el territorio: se concentra abrumadoramente en las tierras altas, en las que predominan los aymaras y los quechuas. Es, desde el punto de vista geopolítico, una mayoría norteña.

De ahí que Morales se haya convertido en el nuevo héroe del predominio paceño (como prueba, por ejemplo, su rotunda oposición a considerar siquiera el cambio de la sede de gobierno a Sucre, que esta ciudad demanda desde hace un siglo, uno de los temas que generaron conflictos en los debates de la Asamblea Constituyente). El movimiento de Morales se caracteriza, aun más que el proyecto liberal de principios de siglo, por el andinocentrismo.

La marcha hacia el este

Los mismos hechos que determinaron el empobrecimiento de La Paz entre fines de los 80 y principios de los 90 propiciaron, simétricamente, el éxito económico de Santa Cruz y de los departamentos de la «media luna» ubicados en el oriente del país. La marcha hacia el este, diseñada por las tendencias nacionalistas pre-52 y culminada por la Revolución Nacional, ya había enlazado el Oriente y el Occidente, hasta entonces inconexos, y proporcionado al primero un mercado para su producción agropecuaria. También se había implantado la industria petrolera cruceña. El llano boliviano se desarrollaba a ojos vista.

Sin embargo, solo a partir de la crisis minera de 1985 esta región alcanzó la importancia crucial de la que ahora goza. Un país que, como resultado de la crisis minera, exportaba mucho menos, que estaba ávido de divisas extranjeras, depositó sus esperanzas en la agricultura intensiva cruceña. El Banco Mundial (BM) fomentó esta actividad, entre otras cosas mediante el controvertido proyecto «tierras bajas del este», el cual, al margen de sus devastadoras consecuencias ecológicas, transformó a la zona en un activo exportador de oleaginosas destinadas a la Comunidad Andina.

Hoy Santa Cruz posee una agroindustria que, aunque pequeña y poco competitiva en relación con la de otros países, es moderna y muy importante dadas las condiciones de Bolivia. Es la región de mayor crecimiento económico y la que muestra los mejores indicadores de desarrollo humano. Está dirigida por una elite agroindustrial menos extractiva que la elite minera del norte. Se trata de una clase enraizada en su terruño. Esto le otorga la capacidad de liderar a la población de la región, algo que ha hecho a través del comité cívico (la asociación de instituciones locales). El orden social cruceño es relativamente más sólido que el del resto del país, porque las cúpulas han actuado allí con mayor responsabilidad y, por lo tanto, cuentan con un cierto grado de confianza popular.

Por esta razón, y por el empuje económico de la zona, las clases adineradas de todo el país se han trasladado –si no física, al menos espiritualmente– al oriente. De ahí que el conflicto entre Santa Cruz y el proyecto andinocentrista se presente también como un enfrentamiento entre la «multitud» indígena y las elites económicas, locales y foráneas.

Sin embargo, la oposición de estas clases al proceso redistribuidor liderado por Evo Morales no tendría tanta importancia si no hubiera encontrado, al mismo tiempo, una base regional. Es la identidad regional, la movilización regional, la que da cuerpo y fuerza de masas al antievismo.

Pero también hay que aclarar que, aunque Santa Cruz se desarrolla más rápido que el resto del país, sigue siendo una región atrasada que comparte las limitaciones y las carencias estructurales de Bolivia. Se expone también a la influencia occidental; debe soportar el peso del atraso nacional, cuyo centro se ubica en el altiplano paceño, un ecosistema de puna que, más que cualquier otra cosa, produce oleadas de emigrantes indígenas muy laboriosos y desesperados, los cuales recalan en el Oriente, apoyan las luchas redistributivas y así socavan el orden trabajosamente construido por las elites cruceñas.

El sentimiento autonomista cruceño refleja de alguna manera la necesidad de librarse de la carga que representa el altiplano, de su pobreza, su gente y su tradición ideológico-política. El programa de las autonomías es más que una propuesta de descentralización: procura fundar una sociedad en base a una imagen especular, invertida, de la que se atribuye a la visión occidental. Una sociedad, por tanto, consagrada a la creación de riqueza –al punto de minimizar las posibles consecuencias ecológicas y sociales de esta actividad–, dispuesta a respaldar ampliamente la inversión extranjera y dotada de un prolijo orden político.

Estamos, ciertamente, ante una utopía, simétrica a la utopía del Estado puramente redistribuidor y andinocéntrico defendida por el gobierno. La mejor muestra de la índole ilusoria de este proyecto reside en que considera que el único «problema indígena» al que debe responder es el que representan los pueblos originarios de las tierras bajas, que son pocos y políticamente irrelevantes, y no toma en cuenta a los inmigrantes indígenas del Occidente, que ya constituyen casi la mitad de la población del Oriente y del sur del país. Las implicaciones político- geográficas del 10 de agosto

La victoria de Evo Morales en el plebiscito del 10 de agosto de 2008 fue importante no solo por el resultado nacional (que lo favoreció con 67% de los votos), sino por el importantísimo apoyo logrado en Santa Cruz (40%) y en el resto de los departamentos del Oriente: Beni (43%), Tarija (50%) y Pando (52%). Es decir, su buena performance en un área en la que siempre, incluso en los tiempos de crisis, predominó lo que Salvador Romero llama «el voto del orden».

Recordemos que la primera elección ganada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en 1951, antesala de la Revolución Nacional, concedió un triunfo al partido de Víctor Paz con 43% de la votación nacional, una cifra pequeña en comparación con las alcanzadas por Evo Morales. Además, el partido del orden de aquel entonces –Partido Unión Republicana Socialista (PURS)– no perdió su hegemonía en Pando, Tarija y Beni, donde obtuvo más de 50%; ganó en Chuquisaca, entonces mucho más aseñorada que ahora, con 42%, y también, aunque por poco, en Santa Cruz (37%). En suma, la mítica elección de 1951 fue menos contundente –aunque con un triunfo claro de la izquierda– que las victorias del MAS. O, para decirlo con más precisión: la de 1951 fue una victoria mucho más occidental que las de ahora.

En las elecciones de 1980, la Unión Democrática y Popular (UDP) –el frente de izquierda que se impuso con más de 50% en los departamentos occidentales, 60% en La Paz y algo menos en Cochabamba– no pudo vencer en Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija, donde los partidos de derecha lograron entre 66% y 75% de los votos. Después de este resultado, el mayor obtenido por la izquierda hasta la aparición del MAS, sobrevino un gobierno militar; cuando este acabó, en 1982, la UDP gobernó con el Parlamento elegido en las elecciones de 1980, sin decidirse a convocar a unos nuevos comicios que quizá la hubieran colocado en la posición en la que ahora está el MAS (algo que, claro, nunca podremos saber). Cuando la UDP abandonó el poder, en 1985, la izquierda estaba vencida: la derrota, como se adivinará, fue mucho mayor en el Oriente.

El norte –y en especial la capital real del país, La Paz– ha adoptado, ya desde fines del siglo XIX, posturas políticas innovadoras, mientras que el interior, más conservador, se opone a ellas. El voto que Salvador Romero bautiza como «voto de protesta», que favorece a la izquierda, proviene principalmente de las grandes concentraciones humanas de las provincias altas, desde siempre las más pobladas del país. Y en especial de La Paz, donde la izquierda ha obtenido sus más importantes victorias (aunque también, en algunas ocasiones, cuando su pensamiento dejó de apasionar a la gente, fue derrotada incluso allí).

La Paz está más cerca del mar y, por lo tanto, del mundo. Ha dependido siempre del comercio, es decir, del intercambio con el extranjero, y ha sido la ciudad más industrializada del país y por eso la más avanzada, la más vanguardista. El voto de protesta tiene correlación, además, con las lenguas autóctonas que predominan en esta zona y con el menor nivel socioeconómico y cultural de su población. Pero con el paso del tiempo –y en especial tras el plebiscito de 2008– se hace evidente que el diagrama electoral Oriente versus Occidente es cada vez menos cierto. En el siglo XXI, el voto de protesta adquirió una fuerza creciente en la gran área oriental y meridional de la «media luna». Las razones de esta transformación son, principalmente, demográficas: el enorme crecimiento poblacional ha impulsado, dentro de la «media luna», un aumento de las expectativas de redistribución, fenómeno en el que juega un papel fundamental el aporte ideológico de la inmigración occidental e indígena, que es la principal causa del crecimiento poblacional en esta área.

Podemos decir, entonces, que la brecha electoral entre el Occidente y el Oriente se va cerrando. En 2006 se especulaba con la hipótesis de que el MAS había introducido cabeceras de playa en la «media luna». En realidad, los resultados electorales de agosto de 2008 muestran que esta región ha cambiado estructuralmente, que casi la mitad de sus pobladores posee una psicología distinta de la tradicional. Estas personas no solo votaron por el MAS (lo que quizá podría considerarse como un fenómeno transitorio), sino que además lo hicieron por un presidente de La Paz –o en todo caso occidental– rechazado por el entorno imperante en la zona. Este gesto constituye una ruptura con el ambiente del Oriente e indica que, si bien la tendencia centrípeta se expresa ahora a través de Evo Morales, seguirá existiendo incluso si el MAS pasa a la historia. Y seguramente se volverá más fuerte.

Las transformaciones que atraviesan las sociedades orientales y sureñas producen grandes dolores. En algunos casos, los actores tradicionales de estas regiones reaccionan con una mezcla de negación y rechazo. Se producen arrebatos de racismo, por ejemplo. Y se ensayan políticas que se basan en el deseo reaccionario de retroceder en la historia, de devolver a los inmigrantes a sus lugares de origen, de parar los flujos de personas. Todo lo cual, lógicamente, está destinado al fracaso. Las transformaciones continuarán, inevitablemente, porque son resultado de los avances y de la creciente complejidad de la sociedad boliviana.

Esto significa que la política de la «media luna», que todavía es esencialmente antioccidental, deberá cambiar en los próximos años. Conforme aumente la presión poblacional, la lucha de clases interna se exacerbará. Las fuerzas de origen occidental obtendrán más triunfos locales, y esto estimulará una discusión intelectual e ideológica que hasta ahora no existía. Aparecerán, en consecuencia, nuevos grupos y nuevos líderes. Por ejemplo, es previsible la emergencia de una izquierda más consolidada que la actual.

Así, la zona más rica del país se preparará para conducirlo en el futuro. Nos acercamos a un largo periodo de preeminencia de las regiones que miran hacia el Atlántico, que poseen los recursos naturales valiosos y cuentan con posibilidades de crear una industria y un comercio sostenibles. Esto no necesariamente significará el eclipse de La Paz, pero sí puede implicar, en el mejor de los casos, un reequilibrio geopolítico del país.

Sin embargo, para liderar Bolivia, la «media luna» tendrá primero que sufrir un fuerte mestizaje demográfico y cultural; es decir, deberá incluir e integrar a su cada vez más numerosa población proveniente del Occidente. ¿Será diferente este proceso del mestizaje occidental, de tan inicuas características? En ello se cifra la clave de su éxito y de sus posibilidades para crear un liderazgo sostenible. Estas transformaciones seguramente serán la causa de varios movimientos románticos sustentados en una mirada puesta en el pasado, en el orden agrario-tradicional que antes mantenía en su sitio la estructura social. La «nación camba» es solamente el más extremo de ellos. La autonomía mal entendida también puede funcionar como un intento de evasión de la realidad. Por supuesto, la carga destructiva de estas manifestaciones, que se dan en todas las sociedades en procesos acelerados de transformación, constituye una fuente de inestabilidad política para las próximas décadas.

En cuanto al corto plazo, el fortalecimiento de la lucha de clases dentro de la «media luna» puede neutralizar, por lo menos durante algunos años, la contestación al Palacio Quemado. Aquí reside la oportunidad que tiene Evo Morales de construir, aunque solo por un tiempo, un nuevo orden político basado en el predominio del norte y, en este caso, de su proyecto andinocentrista.

Un orden que puede durar algunos años, pero que, indudablemente, carece de un verdadero futuro histórico. La marcha hacia el este ya se ha producido y, metafóricamente, se sigue realizando cada día, en los pies de los numerosos emigrantes occidentales. Es un fenómeno demográfico, económico y cultural tan importante que ha trastornado por completo al país. Como resulta lógico, los efectos más importantes se han dado en la propia Santa Cruz, que ya no es, ni nunca más será, la plaza fuerte del criollismo boliviano.