Coyuntura

La geografía de un conflicto

En el referendo revocatorio del 10 de agosto, Evo Morales obtuvo un 67% de aprobación nacional, con buenos resultados incluso en algunos departamentos autonomistas. Para entender el resultado, es necesario descartar la visión lineal que opone un bloque popular-indígena a una oligarquía reaccionaria. Desde siempre, Bolivia ha sido un territorio difícil de ocupar, cuya particular geografía ha generado todo tipo de conflictos. En las últimas décadas, el poder político ha permanecido en el Occidente, mientras que el económico se ha trasladado al Oriente. Allí reside una de las claves del conflicto, aunque las profundas transformaciones demográficas que atraviesan los departamentos autonomistas, resultado de la migración desde el Occidente, hacen pensar que las cosas volverán a cambiar en el futuro próximo.

La geografía de un conflicto

Al interpretar el proceso boliviano, hay que tener cuidado de verlo como si fuera exclusivamente un conflicto entre clases sociales. La imagen manida que opone, de un lado, a las masas indígenas históricamente excluidas y ahora dirigidas por Evo Morales, y, del otro, a una oligarquía egoísta y retrógrada, es un esquema demasiado basto que, al fin y al cabo, solo genera confusión. En este artículo hablaremos de otros factores de la crisis, que no solo nos permitirán verla de una forma más exacta, sino que resultan fundamentales para entender su eventual resolución, cuyas condiciones de posibilidad fueron creadas por el referendo revocatorio del 10 de agosto, que Morales ganó con 67% de los votos.

La difícil ocupación de Bolivia

Para empezar, debemos tomar en cuenta que la ocupación territorial de Bolivia nunca ha sido fácil. Se trata de un país compuesto por porciones de los tres grandes paisajes sudamericanos: el andino, espacio colonial por excelencia porque en él se concentraban las riquezas minerales que ambicionaba la metrópoli; el amazónico, tan tórrido y selvático que también puede considerarse un área extractiva, aunque no de minerales sino de maderas y frutos forestales valiosos, como la mara, el caucho, la castaña, etc.; y, finalmente, el sistema platense, sobre el cual gravita la ciudad de Santa Cruz y en cuyo subsuelo se han encontrado importantes yacimientos de gas. Esta diversidad, aunque común a muchos países sudamericanos, se complica en Bolivia por una orografía descomunal y por la inexistencia de un río navegable axial (como el Magdalena en Colombia o el Orinoco en Venezuela) o de una amplia costa (como la de Ecuador, Perú o Chile) que haga posible la articulación de los distintos ámbitos geoeconómicos. Como consecuencia de ello, cada una de estas regiones ha tratado de integrarse al mundo por distintas vías. El Occidente se orientó hacia el Pacífico (lo que se complicó desde los tiempos de la fundación de la república, cuando la salida altoperuana al mar, Arica, quedó en manos del Perú; y se enredó todavía más cuando la costa meridional fue conquistada por Chile en la Guerra del Pacífico, 1879-1884). En cambio, el sudeste de Bolivia, vía Asunción y Buenos Aires, y el noreste, por el Amazonas, se orientaron hacia el océano Atlántico.

Cada región –y, por consiguiente, cada geopolítica– ha sido defendida por intelectuales que trataron de convertir las necesidades de su zona en imperativos de la nación. Todo esto, por supuesto, ha generado fuerzas centrífugas que tensionaron la historia de Bolivia, en especial cuando una región se enriquecía y pretendía imponer su hegemonía, o cuando los países vecinos alentaban el regionalismo en su propio interés. En el fondo, se trata de conflictos en torno de la posesión de los recursos naturales o dinerarios que cada región (esto es, cada sector de la clase dominante nacional) quería emplear en su exclusivo provecho.

En esta perspectiva, el siglo XIX puede estudiarse como una lucha entre el norte y el sur que concluyó en 1899 con el triunfo de los liberales paceños sobre los conservadores sucrenses. Desde entonces, La Paz es la sede de gobierno (aunque la capital simbólica sigue estando en Sucre) y también la cabeza económica del país. Fueron, por consiguiente, los intereses norteños los que modelaron las principales decisiones del siglo XX, entre ellas el arreglo con Chile de 1904, por el que Bolivia renunció a su enorme litoral sobre el Pacífico a cambio de que se le garantizara el comercio a través del puerto de Arica, perdido a su vez por Perú. Fue el norte, también, el escenario principal de las vicisitudes políticas de la centuria pasada: las revueltas contra los gobiernos liberales y, paralelamente, la formación de un nacionalismo radical que tuvo su primer fracaso en la Guerra del Chaco (fracaso que, sin embargo, este supo convertir en su mito fundacional); y la Revolución Nacional de abril de 1952, que creó el Estado interventor y productor que favorecía a La Paz, pues centralizó en esta ciudad –y aún más, en el Palacio Quemado– la toma de las principales decisiones económicas.

Es en este punto donde se produce la intersección entre el conflicto social y el regional. Si bien La Paz predominó durante el siglo pasado, sus elites fueron cambiando a lo largo de él: entre 1930 y 1985, las clases medias nacionalistas fueron sustituyendo paulatinamente a las elites mineras tradicionales, hasta transformarse ellas mismas –es decir, los segmentos más favorecidos– en una nueva elite minera (que el eufemismo llamaba «mediana» para no contradecir la propaganda oficial sobre la expropiación de la oligarquía del estaño).

La centralidad del norte durante la era nacionalista se explica por la presencia en esta región de las bases materiales del poder: aquí se aprovechaba el más importante bolsón de riqueza, creado por la minería de Llallagua, y en torno de ella orbitaban las organizaciones sociales más politizadas: los sindicatos mineros. Además, en esta zona se hallaban tanto un mercado como una sede de negocios de primera importancia, situados en la ciudad de La Paz, que desde su creación en la Colonia había funcionado como un centro comercial entre Lima y Charcas, y que terminaría convertida, en nuestros días, en la urbe más poblada de esta parte de los Andes. Había, asimismo, una población plebeya muy politizada, que se ocupaba de labores artesanales e incipientemente industriales. Finalmente, casi la totalidad de la burocracia del país vivía en La Paz, así como dos camadas de propietarios mineros adinerados y con vocación política. La descomposición de los fundamentos de este poder alcanzó su punto crítico en 1985, año en que se produjeron dos fenómenos de la mayor importancia. Primero, la caída de los precios del estaño y otros minerales y, por lo tanto, la debacle de la minería industrial nativa (en las dos décadas siguientes, únicamente sobreviviría un puñado de empresas transnacionales). Segundo, el desmantelamiento del Estado fundado por la Revolución Nacional, proceso iniciado con el objetivo de contener la hiperinflación que asolaba al país debido a la ineficiencia y el sobreendeudamiento de las empresas estatales.