Opinión

La falta de democracia en el orden financiero internacional

Los flujos financieros ilícitos y el mundo offshore están perjudicando desproporcionadamente a los países en desarrollo.

La falta de democracia en el orden financiero internacional

Los «Paradise Papers», «Panamá Papers», «Lux Leaks» y «Swiss Leaks» han presentado datos insólitos sobre el turbio funcionamiento de las jurisdicciones secretas, la opacidad financiera y los facilitadores de flujos financieros ilícitos (FFI). Por ejemplo, los «Panamá Papers» revelaron cómo una empresa con sede en Jersey utilizó servicios offshore en un esfuerzo por evitar el pago de 400 millones de dólares estadounidenses en impuestos a Uganda. Ese monto es superior al que el gobierno de Uganda gasta en atención médica cada año.

Estas filtraciones han demostrado que los FFI representan una enorme amenaza para el desarrollo, la equidad y la justicia a escala mundial, y son uno de los máximos desafíos de nuestro tiempo. Los FFI se generan a partir de una gama de actividades, que incluyen la evasión y elusión fiscal por parte de empresas transnacionales y de la elite global, la apropiación indebida de activos estatales y el lavado de dinero producto de actividades delictivas, y causan pérdidas a los países en desarrollo (según un cálculo conservador) de entre 1 billón y 1,6 billones de dólares por año. Es ampliamente reconocido que los FFI son corrosivos para la legitimidad y la capacidad de actuar del Estado, ya que los países pierden cientos de miles de millones de dólares cada año.

Socavar los esfuerzos redistributivos

El sombrío mundo de las finanzas ilícitas recibe ayuda sistemática de una compleja red de paraísos fiscales y jurisdicciones donde rige el secreto. Los paraísos fiscales son países, o incluso regiones dentro de algunos países, que proporcionan una vía de escape a la tributación, una buena protección del secreto financiero y la posibilidad de eludir completamente leyes y regulaciones penales. Una industria encargada de facilitar la circulación de FFI, que incluye bancos, empresas de auditoría, estudios de abogados y proveedores de servicios offshore, ayuda a las empresas transnacionales y a los ricos a enriquecerse no mediante una mayor actividad económica, sino evitando pagar los impuestos que les corresponden en las jurisdicciones donde operan y crean valor.

Los paraísos fiscales fomentan la evasión y elusión de impuestos a escala industrial, la corrupción y la delincuencia con consecuencias severas para la materialización de los derechos humanos para la mayoría de la población mundial, especialmente en los países en desarrollo. Las estimaciones sugieren que las empresas transnacionales y la elite tienen aproximadamente 11,5% del PIB mundial (8,7 billones de dólares) en paraísos fiscales; y que, hacia 2010, entre 10% y 15%, o sea entre 21 y 32 billones de dólares, de los activos financieros privados se habían invertido en o a través de paraísos fiscales. Los paraísos fiscales permiten prerrogativas a la riqueza que afectan desproporcionadamente la soberanía del Estado, la política gubernamental, los entornos regulatorios y los sistemas impositivos en las regiones en desarrollo.

Los FFI, junto con los paraísos fiscales, agotan los ingresos de los gobiernos, socavan la materialización de los derechos humanos y subvierten la soberanía nacional. Los FFI obstaculizan la formación de capital nacional e impactan en el crecimiento orgánico, tienen importantes efectos inhibidores de la inversión privada y generan un creciente endeudamiento y una mayor dependencia de la ayuda externa. Debido al debilitamiento de los ingresos del Estado, los gobiernos se ven obligados a introducir impuestos regresivos e indirectos sobre el consumo, que terminan perjudicando desproporcionadamente a las personas vulnerables y a las mujeres. Las estructuras impositivas regresivas limitan la redistribución a la que apuntan los programas sociales, ya que terminan siendo financiados por las mismas personas a las que se proponen beneficiar. Existen vínculos indiscutibles entre los FFI y la persistencia de la pobreza y las desigualdades transversales. Los flujos financieros ilícitos obstaculizan el desarrollo humano a través de su impacto en las instituciones políticas, la cohesión social, la moral pública y los sistemas impositivos.

FFI: un símbolo del neocolonialismo

Debe enfatizarse que los FFI, la compleja red de paraísos fiscales y las jurisdicciones en las que el secreto facilita los FFI, y la pobreza y la desigualdad resultantes, no son algo inevitable. Los paraísos fiscales son, de hecho, un símbolo evidente y un producto sistémico del neocolonialismo. Cuando las colonias obtuvieron la independencia, sus amos coloniales tuvieron que idear formas alternativas para que la riqueza de otros países continuase fluyendo a las capitales financieras de los países desarrollados. Por lo tanto, países como Gran Bretaña se interesaron en crear y mantener una red de pequeñas jurisdicciones isleñas con secreto fiscal que se dedicarían al trabajo sucio de lavar activos provenientes de actividades ilícitas. Estos fondos luego llegarían a Londres.

Además, desde la década de 1970, hubo una inversión sistémica en el neoliberalismo como ideología, así como en el modelo de desarrollo neoliberal, lo que dio lugar a las llamadas reformas de «libre mercado». La posterior desregulación, privatización y reducción del Estado dio como resultado un menor gasto público, disminución de impuestos y menos protección para los trabajadores.

La relajación de los controles cambiarios –o las políticas gubernamentales de regulación del acceso a divisas extranjeras– produjo un auge de las finanzas offshore y los paraísos fiscales, lo que permitió a las empresas transnacionales y a la elite mundial explotar el sistema financiero internacional. Los vacíos en las leyes tributarias internacionales y la existencia de paraísos fiscales son, por lo tanto, de interés para los países desarrollados, que los utilizan en su beneficio a costa del continuo empobrecimiento de las regiones en desarrollo.

La comunidad internacional no da una definición coherente de los FFI

Después de la crisis financiera de 2007-2008, que fue en sí misma producto de las fallas del sistema impositivo internacional, hubo dos acontecimientos paradójicos. Hubo un frenético movimiento de dinero offshore y una proliferación de proveedores de servicios offshore. Simultáneamente, como los impactos devastadores de la crisis y las siguientes medidas de austeridad comenzaron a hacerse sentir, el G-20 asumió la responsabilidad de reformar el sistema financiero internacional y revisar los estándares de transparencia, regulación y supervisión financiera.

A pesar de que las cuestiones relacionadas con los FFI ocupan actualmente el centro de los debates sobre desarrollo mundial, la comunidad internacional y la mayoría de las instituciones financieras internacionales han definido, en su mayoría pobremente, los FFI como fondos que han sido «obtenidos, transferidos o utilizados ilegalmente» o, desde un punto de vista jurídico, como provenientes de actividades que son explícitamente ilegales. A pesar de que el freno a los FFI ha sido reconocido como uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, está pobremente redactado, sin una definición exhaustiva y sin un marco de monitoreo. Por lo tanto, esto hace que sea una de las últimas prioridades para los gobiernos nacionales.

La falta de democracia en el orden global

Han sido, en su mayoría, países desarrollados los que han impulsado y dado forma a los esfuerzos para enfrentar el lavado de dinero, la evasión de impuestos y las prácticas de transferencia de beneficios por parte de las empresas transnacionales y las medidas para lograr transparencia en el sistema financiero global. Las instituciones financieras internacionales que diseñan estándares financieros, impositivos y contables internacionales incluyen mayoritariamente a países ricos y desarrollados.

La agenda tributaria internacional es impulsada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y respaldada por el G-20: ambos son clubes de países con predominio del hemisferio norte. El proyecto Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) –un paquete de 15 Planes de Acción que proporciona los instrumentos nacionales e internacionales necesarios para hacer frente al aprovechamiento de vacíos y desajustes en las normas fiscales–, al igual que el estándar de Intercambio Automático de Información Financiera, fue diseñado por la OCDE. La arquitectura financiera internacional actual excluye, por ende, a la mayoría de los países en desarrollo y a la mayor parte de la población mundial. Se los deja mirar desde afuera el lugar donde se crea la agenda y se diseñan las normas.

Los países en desarrollo solo son invitados (léase geopolíticamente presionados) a implementar estas normas en cuyo diseño no han participado. La falta de un espacio democrático y de representación para todos los países –desarrollados y en desarrollo– para crear colectivamente normas financieras, tributarias y contables ha terminado en la exclusión de las realidades diferenciadas y los problemas de los países en desarrollo.

Es necesario reconocer los efectos desproporcionadamente dañinos que tienen los flujos financieros ilícitos sobre los derechos humanos y el desarrollo en los países en desarrollo. Enmarcar los FFI como una cuestión de derechos humanos haría notar las incoherencias que surgen de la distinción entre legalidad e ilegalidad. Una definición universal de los FFI que evalúe intenciones y consecuencias sobre la base de normas, prácticas e instituciones de derechos humanos podría darles carácter de urgencia a los esfuerzos nacionales e internacionales para abordar este tema. Esto debería incluir no solo la criminalidad, sino también los flujos resultantes de prácticas fiscales abusivas que puedan tener efectos nocivos sobre la materialización progresiva de los derechos humanos. Además, el establecimiento de un foro neutral, democrático y representativo para que todos los países participen en pie de igualdad en el diseño y la creación de impuestos internacionales también contribuiría en gran medida a garantizar un orden mundial justo y equitativo.


Fuente: http://www.ips-journal.eu/regions/global/article/show/the-lack-of-democracy-in-the-international-financial-order-2841/

Traducción: Carlos Díaz Rocca

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