Coyuntura

La «excepcionalidad» costarricense en crisis Contienda electoral y alternativa progresista

Las recientes elecciones presidenciales en Costa Rica produjeron fuertes realineamientos políticos. El Partido Acción Ciudadana (PAC) desplazó al tradicional Partido de Liberación Nacional (PLN) y se hizo con la Presidencia luego de que el candidato «liberacionista» renunciara a participar de la segunda vuelta. Estos resultados, junto con la emergencia de una alternativa progresista representada por el Frente Amplio (FA), son el reflejo del malestar ciudadano frente a un modelo político y económico históricamente marcado por el «consenso», alterado con las reformas neoliberales y erosionado por el aumento de la corrupción y el debilitamiento de la «excepcionalidad costarricense».

La «excepcionalidad» costarricense en crisis Contienda electoral y alternativa progresista

Los últimos meses de 2013 y el primer bimestre de 2014 fueron testigos del inédito ascenso de José María Villalta, candidato del progresista Frente Amplio (FA) a las elecciones presidenciales en Costa Rica. En un contexto dominado por los poderes institucionales y fácticos de la derecha nacional, semejante repunte (y los procesos que lo acompañan) constituye un fenómeno digno de atención y estudio. En los comicios del 2 de febrero de 2014, Johnny Araya Monge del Partido de Liberación Nacional (PLN, en el gobierno) y el historiador Luis Guillermo Solís del Partido Acción Ciudadana (PAC, centroizquierda) resultaron punteros en la elección presidencial de donde surgió el sucesor de Laura Chinchilla Miranda. De este modo, se produjo una doble «sorpresa»: el PAC –una fuerza centrista y pragmática forjada por disidentes del PLN, que irrumpió en 2001 como alternativa frente al bipartidismo dominante– quedó en primer lugar (contra los pronósticos de las encuestas) y tras la renuncia de Araya, se hizo con la Presidencia de la República. La izquierda, de la mano del FA, obtuvo un histórico 17,4% y multiplicó su presencia parlamentaria. En un país conocido por su sorprendente estabilidad política y relativa igualdad y progreso socioeconómicos, la emergencia de una alternativa progresista –a la izquierda del campo político costarricense– da cuenta de las grietas en el sui géneris Estado de Bienestar tico, en la legitimidad de la clase política local y en los consensos que sobre el modelo de participación política y ascenso social existen entre la población costarricense.

En el contexto centroamericano, sacudido por la violencia armada, la desigualdad socioeconómica y las dictaduras militares, el caso de Costa Rica resalta por su peculiaridad. Desde su etapa colonial, el relativo aislamiento geográfico del Valle Central y la atención europea a otras zonas productoras de materias primas (México, el Caribe, Sudamérica) favorecieron en lo que hoy es Costa Rica la virtual inexistencia del latifundio y el despunte de una economía de pequeños productores orientados al mercado interno. Este escenario fue el entorno propicio para un conjunto de disímiles fenómenos, extendidos a partir de la Independencia, favorecedores de una reducción de las diferencias y los conflictos sociales: entre ellos, la proliferación de acuerdos «patrón-peón» con claros ribetes clientelares, el apoyo social generalizado a una institucionalidad amortiguadora de la violencia y la existencia de elites proclives al consenso social con otros actores.

Un parteaguas en este desarrollo político-institucional lo constituyó, tras el fin de la guerra civil de 1948, la consolidación de una década de reformas centradas en la defensa y promoción de las «garantías sociales» impulsadas por el presidente Rafael Ángel Calderón Guardia entre 1940 y 1944. Semejante desarrollo tuvo en el carismático líder (y también mandatario) José Figueres Ferrer (1948-1949, 1953-1958, 1970-1974) un impulsor clave; combinando en un mismo proceso un conjunto de reformas sociales, la nacionalización selectiva de sectores públicos y una retórica prodemocrática y anticomunista capaz de instaurar –entre los años 50 y 80– un «estilo nacional de desarrollo» proveedor de niveles de modernización, igualdad y movilidad social superiores a los de las naciones vecinas. En paralelo, se consolidó un régimen de democracia representativa con moderado pluralismo partidario, en cuyo seno la correlación de fuerzas se reproducía establemente a través de la socialización política de sucesivas generaciones, con una cultura política que reivindica el diálogo y el gradualismo y un respeto cuasi religioso al fenómeno electoral desde que se aprobó el voto directo para los ciudadanos varones (1913) y mujeres (1949).

Sin embargo, desde principios de la década de 1980, la oleada neoliberal que se abatió sobre la región tuvo un efecto peculiar en el escenario costarricense. Aun sin conocer las peores variantes de ajuste estructural recetadas por el Consenso de Washington –y aunque el Estado preservó importantes funciones reguladoras y redistributivas–, se fue produciendo una transformación paulatina de la estructura social que incrementó la desigualdad y la pobreza y afectó a amplios sectores de las clases medias y populares. De este modo, se resquebrajó el orden establecido tras 1948. En la arena política, partidos tradicionalmente reformistas como el PLN y el Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), otrora vehículos de socialización política de sectores medios y populares, evidenciaron un vaciamiento programático, torsiones conservadoras, un desdibujamiento de sus agendas específicas y la conversión en maquinarias más interesadas en preservar cotos de poder institucional que en representar las demandas de los ciudadanos y proteger el Estado de Bienestar. Dentro de este contexto, se fortalecieron en los programas de los partidos tradicionales los intereses de una coalición conformada por el capital extranjero, la burguesía comercial y el sector financiero nacional, en estrecha alianza con los grandes medios privados de comunicación.

El proyecto impulsado por estos sectores puede ser definido, de forma bastante precisa, como una modernización neoliberal y selectiva que, si bien ha permitido el crecimiento exportador y la innovación en ciertos rubros (tecnología, servicios, turismo ecológico), no se ha conectado sustantivamente con sectores tradicionales, con la economía local y con una fuerza laboral bajo condiciones de empleo y protección social desiguales, con particular afectación para los trabajadores del agronegocio, los pequeños productores agrícolas y los inmigrantes nicaragüenses. Pese a ello, los indicadores sociales costarricenses –incluidas las tasas de cobertura educativa y sanitaria y los porcentajes de pobreza–, así como la gobernabilidad democrática y el funcionamiento institucional, se mantienen entre los mejores del continente. El nivel relativamente tolerable en que se expresan localmente los grandes males que aquejan a la región –crimen organizado, desigualdad, autoritarismo de los políticos– parecería ofrecer un mejor escenario para una eventual renovación y ampliación de la democracia en esta nación centroamericana.

La agenda democratizadora y el accionar de la sociedad civil

Ante semejante cambio socioeconómico y político partidario, el orden institucional ha comenzado a mostrar fallas y retrocesos. Aunque las señales aparecieron desde mediados de los años 90, no fue hasta los procesos eleccionarios (nacionales y locales) de 2006 cuando quedaron en evidencia los cuestionamientos a un sistema electoral y partidario (incluido el Tribunal Supremo de Elecciones) limitados para hacer valer los reclamos ciudadanos de fiscalización, transparencia y simetría en el juego político. Todo lo cual erosionó la participación y confianza popular en los mecanismos de democracia representativa.

Frente a estos cuestionamientos al de-sempeño de la democracia representativa, la aprobación de mecanismos de democracia directa (como el referéndum) y la redefinición de la forma de gobierno como representativa y participativa dentro del artículo 9 de la Constitución Política constituyeron respuestas parciales al descontento ciudadano. Aunque en el Poder Legislativo se ha experimentado con comisiones mixtas en las que deberían introducirse las opiniones de la sociedad civil, en la práctica dichos espacios parecen haber sido capturados, casi en exclusiva, por los grupos de presión del empresariado. El incipiente desarrollo de nuevas formas de participación en las decisiones políticas (audiencias públicas, contralorías de servicios, comités de vecinos) y en la rendición de cuentas no ha sido obstáculo para que en el ámbito local existan críticas sobre el desempeño y las imprecisiones de los marcos legales y operativos de las instancias creadas, como los consejos de distrito, los presupuestos municipales participativos y los planes participativos de desarrollo local. Todo ello, en el contexto de un sistema político que acota la participación ciudadana a los procesos electorales en el marco del esquema partidario establecido.

Desde la sociedad civil, los movimientos feminista y ecologista son los actores que más han intervenido en la agenda política a lo largo del último cuarto de siglo. Desde fines de la década de 1980, desarrollan acciones tanto de articulación interna de las organizaciones que los conforman, como de incidencia en la agenda legislativa a través de la propuesta y el cabildeo por leyes. Así, el movimiento ecologista intervino en el desarrollo de la Ley Forestal (1996), la Ley Orgánica del Ambiente (1995) y la Ley de Biodiversidad (1998). Las organizaciones feministas, por su parte, apoyaron la Ley de Igualdad Real de las Mujeres (1990) –que fue una de las consecuencias de la firma de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (1984)–, la reforma del Código Electoral que garantiza cuotas de participación de las mujeres (de 40% en 1996 y paridad en 2007), la Ley contra la Violencia Doméstica (1996) y la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres (2007). También el Movimiento de Diversidad Sexual ha puesto sobre la mesa el tema del matrimonio igualitario y la «Ley de Convivencia» y ha obligado a todos los partidos que fueron a la última elección a posicionarse al respecto y tomar postura ante el proyecto de ley.

Aunque, en general, el predominio de la política institucionalizada como forma de gestionar las crisis sociales redujo las posibilidades de desarrollar la acción colectiva y los movimientos sociales «a la tica», eso no fue óbice para que en la memoria colectiva se preservaran las experiencias de coyunturas de movilización y protesta nacidas en los márgenes del poder estatal y partidista, que impactaron sobre el sistema político nacional y obligaron a las clases dominantes a escuchar el reclamo popular y actuar en consecuencia. Compuestos en buena medida por sectores de la clase media, los movimientos sociales adscritos al sector público se han manifestado especialmente bajo la forma sindical clásica. Su accionar ha sido particularmente beligerante desde mediados de los años 90, como lo corroboran las protestas contra las reformas del régimen de pensiones del magisterio (1995) y la lucha contra la tentativa privatizadora de las telecomunicaciones en 2000. Por otro lado, se observó una politización juvenil, tanto dentro de las organizaciones estudiantiles como en agrupamientos comunitarios y organizaciones sectoriales. La importancia de la articulación entre diversos movimientos y sus integrantes quedó demostrada entre el Frente Interno de Trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el movimiento estudiantil y docente de las universidades públicas, y esta se constituyó en una experiencia imprescindible para las luchas sucesivas.

Durante 2007, en el marco de la polarización sociopolítica aparejada a un referéndum sobre el tratado de libre comercio (TLC), se incrementó el involucramiento de la sociedad civil en acciones de propaganda, concientización y movilización ciudadanas sobre las implicaciones de este TLC, mediante la participación en audiencias legislativas, investigaciones sobre los impactos del tratado, la conformación y el fortalecimiento de alianzas inter- e intrasectoriales y manifestaciones públicas, entre otras. La coyuntura del referéndum del 7 de octubre de 2007 dividió y enfrentó a dos grandes bloques de la sociedad civil. El «Sí» contó con escasas estructuras participativas de base (los casi invisibles comités cívicos) y recurrió a un equipo de activistas pagos, aglutinando al gran empresariado transnacionalizado, el gobierno y las maquinarias partidarias (con excepción del vacilante PAC y los exiguos FA y Accesibilidad sin Exclusión) y dispuso de la maquinaria propagandística de los medios masivos, especialmente las páginas del diario La Nación. El «No» unió al sindicalismo combativo, amplios segmentos del cooperativismo, movimientos campesinos, ecologistas y feministas, algunas figuras del pequeño y mediano empresariado nacional, colectivos de intelectuales y empleados de las universidades públicas.

Las movilizaciones de 2007 contribuyeron, sin proponérselo, al fortalecimiento futuro de la institucionalidad electoral. Las protestas evidenciaron la importancia de la capacitación y observación ciudadana en jornadas electorales y la necesidad de acotar (mediante restricciones legales a las contribuciones privadas y con asignaciones transparentes y legales de financiamiento público) la asimetría de recursos de diversos actores (institucionales o fácticos) que inciden y participan en la contienda político-electoral. Se trata de temas que el referéndum puso en la palestra nacional, pero que aún están en disputa en la arena política local.

Con tales antecedentes, mientras ciertos índices sitúan el estado de la democracia costarricense en un nivel favorable y casi estacionario durante la etapa 2008-2013, otros muestran un resultado diferente, con señales de alarma. Para algunos, Costa Rica se ubica en un puesto récord entre los siete países donde, desde 2009, ha disminuido el apoyo a la democracia, pues si en esa fecha 74% de los entrevistados indicaba su apoyo al sistema democrático, para 2013 lo hacía apenas 53%. En estrecha relación con ese juicio, la aceptación de una vía autoritaria crece de 9% a 17%, mientras que la indiferencia frente a cualquier forma de gobierno sube de 8% a 21%.

En ese escenario, las elecciones de 2014 encontraron una inédita tendencia ascendente de la protesta social a lo largo del gobierno de la presidenta Laura Chinchilla Miranda, en lo que ha sido el ciclo de acción colectiva más intenso de lo que va del nuevo milenio. Si bien es cierto que, tendencialmente, la protesta disminuye durante los años electorales, esta campaña se inició en medio de un ciclo de movilizaciones diversas y dispersas. La gran cantidad de temas que motivan la protesta –la corrupción e incompetencia gubernamentales, las obras en construcción en la frontera con Nicaragua, el deterioro de los servicios sociales, entre otros– tiene como correlato posturas variadas de las organizaciones y los movimientos ante los candidatos y el proceso mismo.

La coyuntura política y el proceso electoral de 2014

El 2 de febrero de 2014 los costarricenses fueron a las urnas en un clima político caracterizado por una profunda desconfianza ciudadana hacia «los políticos», derivada de la suma de escándalos de corrupción y de percepción de mal desempeño gubernamental de los últimos 20 años; sensaciones que se profundizaron durante la actual administración. Estos factores incidieron en que los indicadores de estabilidad democrática estén en su punto más bajo desde el inicio de su medición en 1979. Semejante caída de la valoración de «los políticos» se inscribe en una cultura ciudadana fuertemente delegativa, que –a diferencia de otros países, donde el acento del carácter delegativo ha estado en la acción discrecional de los gobernantes– deposita colectivamente en funcionarios, parlamentarios y dirigentes partidistas la responsabilidad de llevar a buen puerto la gestión de gobierno y los descalifica si no lo logran. Con una Presidencia relativamente débil y una Asamblea Legislativa tradicionalmente dominada por los principales partidos, es comprensible que los procesos de desafección ciudadana tengan como foco a la clase política. Estos partidos buscaron preservar sus privilegios y posicionamiento al no aprobar la propuesta de rebajar el monto de la contribución estatal –que había estado suspendida por un recurso de inconstitucionalidad, lo que complicó este tipo de financiamiento público– sin la correspondiente compensación de autorizar la contribución privada, abriendo así la puerta a la entrada de dinero e intereses espurios.

A lo largo de los últimos 15 años, se pasó de un sistema bipartidista a uno pluripartidista moderado. A inicios del milenio, uno de los partidos del sistema se desplomó (PUSC), mientras que el otro (el PLN) sobrevivió como el único partido que conserva lealtades estables, a pesar de que sus adherentes han disminuido respecto al pasado. Mientras tanto, los partidos que emergieron en el nuevo milenio no lograron consolidar adhesiones estables en el electorado. En suma, quienes simpatizan con algún partido son cada vez menos: cálculos optimistas hablan de 50% de la ciudadanía, mientras que los pesimistas identifican apenas un tercio. De esta cifra, alrededor de la mitad simpatizan con el PLN, mientras que la otra mitad se distribuye entre los demás partidos, sin predominios importantes ni estables. Además, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones, casi 42% de los votantes empadronados son menores de 35 años, han nacido en el contexto de políticas neoliberales, sus formas de participación y socialización políticas son diferentes y resultan refractarios a la seducción de los partidos tradicionales, cuyas candidaturas están fundamentalmente integradas por personas mayores de 35 años.

Esto explica que, desde julio de 2013, la candidatura presidencial del diputado Villalta del FA calara, allende la izquierda, en importantes sectores de la ciudadanía desencantados con la política dominante (particularmente jóvenes de sectores urbanos e ingreso medio), que alguna vez apostaron por el PAC, así como en zonas costeras particularmente azotadas por la desigualdad y la exclusión. En su programa de gobierno, Villalta hizo hincapié en el impulso a la democracia participativa, capaz de incorporar consultas, audiencias e iniciativas ciudadanas, presupuestos participativos locales y participación para la aprobación de grandes proyectos de obra pública y funcionamiento de las instituciones autónomas. Además, el FA llamó a vincular a la agenda de un hipotético gobierno de izquierda la lucha por la defensa del territorio y la recuperación de una ley de participación ciudadana en los asuntos ambientales –vetada por los gobiernos de Oscar Arias– para apoyar a las comunidades afectadas por los megaproyectos. Una cuestión sin duda neurálgica –dado el hastío ciudadano con el tema– la constituyó su insistente llamado a fortalecer los mecanismos de combate y denuncia a la corrupción, abogando por eliminar la inmunidad de funcionarios y políticos, equiparar los delitos de corrupción a crímenes de lesa humanidad y crear las condiciones que impidan el maridaje entre recursos públicos y beneficios privados que practica la clase gobernante. Para impulsar tal agenda, superando la resistencia de los poderes fácticos y de la partidocracia dominante, el FA señaló la necesidad de una legislación de medios que recupere el control social de estos y democratice la comunicación masiva.

En lo relativo al modelo de desarrollo, Villalta propuso incentivar el control comunitario de los medios de producción –cooperativas, empresas de trabajadores, etc.–, implementando medidas a partir de una Ley de Desarrollos Costeros comunitarios y otra de Autonomía Indígena y fomentando cooperativas de pescadores en zonas pobres y mineras en regiones ricas en minerales. En el rubro tributario, defendió la idea de reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta para aumentar la recaudación con el aporte de los sectores empresariales y financieros que más riqueza han acumulado bajo los gobiernos neoliberales. En cuanto a la política social, postuló la prioridad del combate contra la desigualdad, declarando la pobreza extrema como emergencia nacional, recuperando o preservando la titularidad y gestión públicas de aquellos servicios considerados estratégicos y de interés social, así como de diversos bienes comunes. Ello suponía la denuncia de aquellos tratados (por ejemplo, comerciales) lesivos a los objetivos de protección del empresariado local y de reforma social, la recuperación de una agenda de reforma agraria contraria al agronegocio y el rechazo a las formas de privatización del conocimiento, entre otros factores. En cuanto a la situación laboral, planteó la lucha contra las condiciones de virtual esclavitud vigentes en las empresas bananeras, piñeras y de la construcción, así como contra la precariedad del trabajo doméstico y de migrantes. Para ello, insistió en la potenciación de un Ministerio de Trabajo capaz de hacer cumplir los derechos laborales de la población, reformando el actual Código de Trabajo, revisando el monto de los salarios mínimos y los procedimientos para los despidos y fortaleciendo la emblemática Caja Costarricense de Seguro Social.

La temática ambiental es central en el imaginario costarricense. En esa dirección, el candidato frenteamplista propuso incluir en la Constitución un capítulo relativo a los derechos de la Madre Tierra –para lo que llamó a estudiar otras experiencias latinoamericanas–, revisar el actual modelo energético –sus costos ambientales y sociales y los problemas de demanda–, así como promover formas alternativas de generación –como la geotérmica– en los marcos de un acuerdo nacional con diversos sectores, incluido el movimiento ambientalista. En cuanto al marco legal y de respeto a los derechos humanos, Villalta señaló la intención de combatir las formas de violencia y discriminación por razones de género, orientación sexual y estatus migratorio, entre otros factores. Indicó la necesidad de enfrentar los problemas de salud reproductiva, educación sexual, feminización de la pobreza y desigualdades salariales, consolidando el estatus de laicidad del Estado. Ante la masiva presencia de nicaragüenses dentro del país, llamó a revisar la actual Ley de Migración, señalando su sesgo discriminatorio para unos trabajadores migrantes legalmente desprotegidos frente a sus patrones.

Ante semejante plan de gobierno, por lo ambicioso de sus metas, se presentaban dos riesgos principales: el de la resistencia de los poderes tradicionales y el de la viabilidad en su implementación. En cuanto al primer factor, el politólogo Manuel Rojas-Bolaño señaló que la polarización inducida por clase y medios dominantes frente al candidato del FA podía reagrupar a los votantes y generar resultados imprevistos –como a la postre sucedió–, lo que obligaría a negociaciones y al establecimiento de coaliciones basadas en propuestas consensuadas para la agenda y composición gubernamentales. Ante tal situación, el candidato del FA reconoció la necesidad de tender puentes a diversas tendencias y actores políticos, señalando la existencia en sus filas de personas con el mandato expreso para negociar acuerdos, a la vez que se defendería un programa mínimo innegociable.

Los resultados de la primera vuelta electoral revelaron que ninguna encuestadora acertó en sus pronósticos y que buena parte del electorado se asustó con el ambiente de polarización –basado en declaraciones de los candidatos y en su manipulación por los medios– y optó por la alternativa que le parecía inofensiva. El gráfico de la página siguiente representa la diferencia entre los pronósticos de las principales encuestadoras y los resultados reales de la primera vuelta.

Para el PLN, los resultados de esta primera ronda evidenciaron una derrota –por la enorme maquinaria puesta en juego–, pese a lo cual pudo contar con sus votos tradicionales y los de personas asustadas por el candidato frenteamplista. La campaña contra este último favoreció –a pesar del declive de su partido– al candidato del PAC, por quien votó parte del electorado «liberacionista» urbano y un segmento de la juventud indecisa residente en ciudades. Pese a no alcanzar la Presidencia, el FA emerge, de esta forma, como segunda fuerza en todas las provincias costeras, zonas principalmente rurales –antiguos baluartes «liberacionistas»– que padecen en mayor medida los efectos de la creciente desigualdad y exclusión económicas. Además, pasa de un solitario diputado –el propio Villalta– a ocho en la nueva Asamblea Legislativa y se convierte así en una fuerza política nacional.

El «peligro comunista» y la renovación política

Para concluir, solo unas palabras sobre la campaña desatada contra el supuesto «peligro comunista» representado por la candidatura del FA. Encabezada por el PLN y otras fuerzas conservadoras, esta se basó en una nueva versión de la Alianza del Sí de 2007, ahora llamada Alianza Costa Rica, que polarizó ideológicamente el debate, al peor estilo del anticomunismo de la Guerra Fría. Y es que si bien en la (vieja) izquierda política y social local y en algunos grupos radicales (juveniles, alternativos) costarricenses existen actores identificados –o, al menos, no críticos– con las políticas de regímenes como el cubano y/o el venezolano; estos no son representativos de la plural alianza y agenda progresista del FA. La base ideológica y electoral del progresismo tico podría caracterizarse, dentro de su heterogeneidad, por una mezcla de liberalismo y socialdemocracia, acompañados por representantes de nuevos movimientos sociales –fuertemente creativos y horizontales– y militantes/herederos de las viejas organizaciones de izquierda tradicional, todo lo cual dificulta su caracterización como socialista o izquierdista, al menos en los términos convencionales. Ciertamente, por su capacidad organizativa, disciplina ideológica y apoyo externo, los izquierdistas autoritarios habrían podido intentar controlar puestos claves en un gobierno del FA, pero la correlación de fuerzas internas –dentro y fuera del Frente–, la peculiar cultura política y jurídica de la ciudadanía costarricense y el contexto regional harían complicada tal apuesta.

A la ciudadanía costarricense –precisamente por el nivel de sus conquistas históricamente alcanzadas– le asiste todo el derecho –y la razón– de exigir más a su clase política y empresarial, sin resignarse al chantaje que intenta convencernos de que toda insatisfacción con la democracia representativa, canalizada en coyunturas electorales en favor de candidatos alternativos y fuerzas emergentes, conlleva sin remedio a retrocesos autoritarios. Si bien eso ha ocurrido en otros lugares (Venezuela, por ejemplo), tal decurso se debe a trayectorias nacionales, culturas políticas y apuestas polarizadoras de los actores políticos dominantes –del oficialismo y la oposición– en coyunturas críticas. También, al peso de las Fuerzas Armadas –y el pretorianismo como concepción de lo político– y a la presencia de un claro bloque autoritario (en la ciudadanía, la clase política y los ideólogos afines) que hoy parece inexistente –o, al menos, numéricamente irrelevante– en el caso de Costa Rica. Tras anunciarse el retiro de la contienda del candidato del PLN –movida que ha suscitado varias interpretaciones, pero que revelaría el convencimiento de su partido acerca de la previsible derrota en la segunda vuelta–, corresponderá a Luis. G. Solís enrumbar la política nacional durante la etapa 2014-2018. Al politólogo e intelectual de San José poco se le cuestionan sus credenciales para el manejo de la política e historia nacionales, así como el conocimiento del entorno diplomático regional; tampoco hay dudas sobre su real compromiso con agendas genésicas del PAC, como la lucha anticorrupción y la promoción de la participación ciudadana. Sin embargo, habrá que esperar para determinar su capacidad para establecer un liderazgo que mantenga los equilibrios intrapartidarios; en particular, entre tendencias conservadoras –como el llamado Grupo Amanecer, nucleado alrededor del fundador del partido, Ottón Solís– y otras más a la izquierda –el Grupo Germinal, con notable arraigo en segmentos de la juventud del partido–, potencialmente proclives a acuerdos con un FA reforzado y sus agendas. Y, en un mayor calado, deberá probar su capacidad como estadista para producir la mezcla de buena gestión, honestidad administrativa y reencantamiento con la democracia que la ciudadanía demanda y el país necesita. En cualquier caso y para el futuro inmediato, la agenda del progresismo costarricense pasa por neutralizar la agenda neoliberal de las derechas, construir democráticamente auténticas mayorías sociales e impulsar un rescate innovador de las políticas sociales y democratizadoras, las mismas que concedieron una vez el calificativo de «Suiza centroamericana» al país de la pura vida.