Coyuntura

La «excepcionalidad» costarricense en crisis Contienda electoral y alternativa progresista

Las recientes elecciones presidenciales en Costa Rica produjeron fuertes realineamientos políticos. El Partido Acción Ciudadana (PAC) desplazó al tradicional Partido de Liberación Nacional (PLN) y se hizo con la Presidencia luego de que el candidato «liberacionista» renunciara a participar de la segunda vuelta. Estos resultados, junto con la emergencia de una alternativa progresista representada por el Frente Amplio (FA), son el reflejo del malestar ciudadano frente a un modelo político y económico históricamente marcado por el «consenso», alterado con las reformas neoliberales y erosionado por el aumento de la corrupción y el debilitamiento de la «excepcionalidad costarricense».

La «excepcionalidad» costarricense en crisis Contienda electoral y alternativa progresista

Los últimos meses de 2013 y el primer bimestre de 2014 fueron testigos del inédito ascenso de José María Villalta, candidato del progresista Frente Amplio (FA) a las elecciones presidenciales en Costa Rica. En un contexto dominado por los poderes institucionales y fácticos de la derecha nacional, semejante repunte (y los procesos que lo acompañan) constituye un fenómeno digno de atención y estudio. En los comicios del 2 de febrero de 2014, Johnny Araya Monge del Partido de Liberación Nacional (PLN, en el gobierno) y el historiador Luis Guillermo Solís del Partido Acción Ciudadana (PAC, centroizquierda) resultaron punteros en la elección presidencial de donde surgió el sucesor de Laura Chinchilla Miranda. De este modo, se produjo una doble «sorpresa»: el PAC –una fuerza centrista y pragmática forjada por disidentes del PLN, que irrumpió en 2001 como alternativa frente al bipartidismo dominante– quedó en primer lugar (contra los pronósticos de las encuestas) y tras la renuncia de Araya, se hizo con la Presidencia de la República. La izquierda, de la mano del FA, obtuvo un histórico 17,4% y multiplicó su presencia parlamentaria. En un país conocido por su sorprendente estabilidad política y relativa igualdad y progreso socioeconómicos, la emergencia de una alternativa progresista –a la izquierda del campo político costarricense– da cuenta de las grietas en el sui géneris Estado de Bienestar tico, en la legitimidad de la clase política local y en los consensos que sobre el modelo de participación política y ascenso social existen entre la población costarricense.

En el contexto centroamericano, sacudido por la violencia armada, la desigualdad socioeconómica y las dictaduras militares, el caso de Costa Rica resalta por su peculiaridad. Desde su etapa colonial, el relativo aislamiento geográfico del Valle Central y la atención europea a otras zonas productoras de materias primas (México, el Caribe, Sudamérica) favorecieron en lo que hoy es Costa Rica la virtual inexistencia del latifundio y el despunte de una economía de pequeños productores orientados al mercado interno. Este escenario fue el entorno propicio para un conjunto de disímiles fenómenos, extendidos a partir de la Independencia, favorecedores de una reducción de las diferencias y los conflictos sociales: entre ellos, la proliferación de acuerdos «patrón-peón» con claros ribetes clientelares, el apoyo social generalizado a una institucionalidad amortiguadora de la violencia y la existencia de elites proclives al consenso social con otros actores.

Un parteaguas en este desarrollo político-institucional lo constituyó, tras el fin de la guerra civil de 1948, la consolidación de una década de reformas centradas en la defensa y promoción de las «garantías sociales» impulsadas por el presidente Rafael Ángel Calderón Guardia entre 1940 y 1944. Semejante desarrollo tuvo en el carismático líder (y también mandatario) José Figueres Ferrer (1948-1949, 1953-1958, 1970-1974) un impulsor clave; combinando en un mismo proceso un conjunto de reformas sociales, la nacionalización selectiva de sectores públicos y una retórica prodemocrática y anticomunista capaz de instaurar –entre los años 50 y 80– un «estilo nacional de desarrollo» proveedor de niveles de modernización, igualdad y movilidad social superiores a los de las naciones vecinas. En paralelo, se consolidó un régimen de democracia representativa con moderado pluralismo partidario, en cuyo seno la correlación de fuerzas se reproducía establemente a través de la socialización política de sucesivas generaciones, con una cultura política que reivindica el diálogo y el gradualismo y un respeto cuasi religioso al fenómeno electoral desde que se aprobó el voto directo para los ciudadanos varones (1913) y mujeres (1949).

Sin embargo, desde principios de la década de 1980, la oleada neoliberal que se abatió sobre la región tuvo un efecto peculiar en el escenario costarricense. Aun sin conocer las peores variantes de ajuste estructural recetadas por el Consenso de Washington –y aunque el Estado preservó importantes funciones reguladoras y redistributivas–, se fue produciendo una transformación paulatina de la estructura social que incrementó la desigualdad y la pobreza y afectó a amplios sectores de las clases medias y populares. De este modo, se resquebrajó el orden establecido tras 1948. En la arena política, partidos tradicionalmente reformistas como el PLN y el Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), otrora vehículos de socialización política de sectores medios y populares, evidenciaron un vaciamiento programático, torsiones conservadoras, un desdibujamiento de sus agendas específicas y la conversión en maquinarias más interesadas en preservar cotos de poder institucional que en representar las demandas de los ciudadanos y proteger el Estado de Bienestar. Dentro de este contexto, se fortalecieron en los programas de los partidos tradicionales los intereses de una coalición conformada por el capital extranjero, la burguesía comercial y el sector financiero nacional, en estrecha alianza con los grandes medios privados de comunicación.

El proyecto impulsado por estos sectores puede ser definido, de forma bastante precisa, como una modernización neoliberal y selectiva que, si bien ha permitido el crecimiento exportador y la innovación en ciertos rubros (tecnología, servicios, turismo ecológico), no se ha conectado sustantivamente con sectores tradicionales, con la economía local y con una fuerza laboral bajo condiciones de empleo y protección social desiguales, con particular afectación para los trabajadores del agronegocio, los pequeños productores agrícolas y los inmigrantes nicaragüenses. Pese a ello, los indicadores sociales costarricenses –incluidas las tasas de cobertura educativa y sanitaria y los porcentajes de pobreza–, así como la gobernabilidad democrática y el funcionamiento institucional, se mantienen entre los mejores del continente. El nivel relativamente tolerable en que se expresan localmente los grandes males que aquejan a la región –crimen organizado, desigualdad, autoritarismo de los políticos– parecería ofrecer un mejor escenario para una eventual renovación y ampliación de la democracia en esta nación centroamericana.