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La despenalización del aborto en México

Aunque la sociedad es mayoritariamente católica y pese a que la Iglesia conserva un rol político importante, México ha dado pasos notables en la liberalización de las leyes de aborto. De hecho, en abril de 2007 la Ciudad de México aprobó la despenalización y comenzó a ofrecer el servicio en hospitales públicos e instituciones de salud. El artículo argumenta que esto fue posible gracias al impulso de los grupos feministas, la polarización electoral y el triunfo del Partido de la Revolución Democrática (prd) en el df. Este logro es parte de un largo camino que ubica a México a la vanguardia de América Latina en el tratamiento humanitario del aborto.

La despenalización del aborto en México

En abril de 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la reforma al Código Penal que introduce en la Ciudad de México el sistema de plazos en materia de aborto. Esta despenalización es única en su tipo en América Latina, donde la Iglesia católica continúa siendo el principal obstáculo para que las mujeres puedan interrumpir legalmente los embarazos no deseados. Solo en dos países –Cuba y Guyana–, además de Puerto Rico, esta práctica está plenamente garantizada. Tal vez lo más impactante de la situación latinoamericana sea el hecho de que incluso en sociedades con gobiernos democráticos y de izquierda ha sido imposible despenalizar el aborto. Es el caso de Uruguay, cuya sociedad es una de las más laicas de la región, pero cuyo presidente, el socialista Tabaré Vázquez, acaba de vetar la despenalización aprobada por el Congreso. En otros países, como Chile, El Salvador, Honduras y, recientemente, Nicaragua, la presión de la jerarquía católica ha logrado un retroceso de las legislaciones, que permitían el aborto terapéutico, y así ha cancelado la posibilidad legal de interrumpir un embarazo para salvar la vida de la mujer o cuando es producto de una violación.

Con este panorama, ¿cómo fue posible que en una sociedad mayoritariamente católica como la mexicana se fracturara la hegemonía de la Iglesia en ese tema? Tres elementos fueron determinantes: el trabajo profesional de los grupos feministas, el triunfo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México y la polarización postelectoral. En este marco, el artículo consta de tres secciones: la primera es un rápido sobrevuelo por la histórica lucha feminista por el aborto gratuito y legal; la segunda expone el giro hacia la profesionalización de un grupo de activistas, que resultó clave para concretar esta demanda; y la tercera describe el contexto político que favoreció la decisión y relata brevemente en qué consiste la despenalización aprobada.

Más de 70 años de lucha

Heredero de la tradición católica española, desde mediados del siglo XIX México se esforzó por separar el Estado de la Iglesia católica. El complejo proceso de limitar el poder económico y político de esta institución costó mucha sangre. En 1910, cuando en México se concretó la primera revolución social del siglo XX, se prohibió la existencia legal de la Iglesia. A lo largo de los años 20 y hasta mitad de los 30, hubo violentos enfrentamientos con grupos católicos, conocidos como la Guerra Cristera, hasta que se llegó a un «acuerdo de caballeros» que permitía la existencia de conventos, monasterios y escuelas religiosas mientras no se exhibieran públicamente.

Hasta principios de los 90, la Constitución no reconocía a la Iglesia personalidad jurídica alguna. En 1991, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari realizó una serie de reformas constitucionales dirigidas a garantizar la libertad de creencias. Esto benefició especialmente a la Iglesia católica, pues permitió una mayor presencia pública de sus representantes. Al establecer relaciones diplomáticas con el Vaticano, sus voceros encontraron una nueva libertad de acción y de discurso: salieron de sus púlpitos y confesionarios para manifestarse en los medios masivos de comunicación.

El derecho a decidir sobre el propio cuerpo es una de las demandas básicas y más antiguas del movimiento feminista. En 1936, se realizó la Convención de Unificación del Código Penal para subsanar las diferencias entre los ordenamientos de las entidades federativas y la capital, donde existía desde 1931 un Código Penal avanzado. En aquella oportunidad, Ofelia Domínguez Navarro presentó una ponencia titulada «Aborto por causas sociales y económicas», basada en el trabajo de la doctora Matilde Rodríguez Cabo. Ambas eran conocidas activistas marxista-feministas, fundadoras del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, creado en 1935. Su propuesta consistía en que el Estado controlara y regulara la práctica del aborto dentro de los tres primeros meses del embarazo con el argumento de que «la legalización del aborto tiene la significación de lucha contra el mismo».

Treinta y cinco años después, a partir de la segunda ola feminista surgida en la década de 1970, la demanda de despenalización adquirió una presencia pública más fuerte a partir de un discurso distinto. La necesidad de modificar la legislación vigente fue planteada públicamente desde sus inicios por Mujeres en Acción Solidaria (MAS) y por el Movimiento Nacional de Mujeres (MNM). Las primeras conferencias públicas sobre el tema (realizadas en 1972, 1973 y 1974) enfrentaron a las feministas con sus compañeros de la izquierda, que las acusaron de ser «agentes del imperialismo yanqui» y de promover una medida tan maltusiana, una exigencia del Primer Mundo «ajena a la realidad mexicana».

Las feministas mexicanas plantearon el derecho al aborto como un asunto de justicia social, como una cuestión de salud pública y como una aspiración democrática. No obstante la contundencia de sus argumentaciones, tardaron otros 35 años en lograr la tan anhelada despenalización ¡y solo en la Ciudad de México!

Lo primero fue el trabajo de difusión de la propuesta. En 1972, en una de las primeras conferencias públicas, se difundió por primera vez la expresión «maternidad voluntaria», que implicaba cuatro ejes: educación sexual amplia en todos los niveles, que realmente llegara a los niños, a las mujeres de las zonas rurales e indígenas y a los jóvenes; acceso amplio a anticonceptivos baratos y seguros; el aborto visto como una excepción, como el último recurso; y la no esterilización de las mujeres sin su consentimiento.

En 1976 había ya seis grupos feministas organizados en la Ciudad de México, que se unieron en lo que se llamó la Coalición de Mujeres Feministas. Los tres requisitos para formar parte de esta confluencia eran: luchar por el derecho a la maternidad voluntaria (que implicaba el aborto); defender la libre opción sexual (con el reconocimiento de la opción homosexual); y rechazar la violencia hacia las mujeres. En ese año se realizó la Primera Jornada Nacional sobre Aborto. En aquella oportunidad, la Coalición de Mujeres Feministas presentó un proyecto de ley que fue llevado en una manifestación a la Cámara de Diputados. En 1978, se instauró uno de los actos rituales del feminismo mexicano: una marcha de mujeres enlutadas, cargadas de coronas fúnebres, hasta el Monumento a la Madre, en memoria de las madres muertas por abortos mal practicados. En 1979 se creó el Frente Nacional de Lucha por la Liberación y los Derechos de las Mujeres (FNALIDM), que convocaba a miembros de partidos y sindicatos universitarios y que se sumó al proceso de lucha por la despenalización del aborto. A pesar de sus diferencias, la Coalición y el FNALIDM trabajaron conjuntamente para reformar el proyecto presentado por las organizaciones feministas en 1976. La reforma política de los 80, que por primera vez legalizó el Partido Comunista, creó el clima adecuado para presentar la iniciativa de ley, que conservó el nombre de Proyecto de Ley de Maternidad Voluntaria.

Aunque la iniciativa fue congelada en el Congreso, su presentación por parte de la diputación comunista dio pie a una tremenda campaña de la Iglesia en contra del partido y de sus aliados. El lema de la campaña fue: «Estos son los asesinos». Bajo carteles del tipo «Recompensa, se busca a Fulanito», aparecían fotos de los diputados impulsores del proyecto. También se desplegaron carteles alusivos a las feministas y a los médicos que practican abortos, bajo el mismo lema de «Estos son los asesinos», con fotos de un médico de bata blanca y una feminista estereotipada.La respuesta de la derecha y el silencio parlamentario sobre el proyecto de ley generaron una situación de decepción, frustración y miedo, que desembocó en el desaliento y la desmovilización generalizados. Eso en parte explica el silencio feminista en 1983, cuando el presidente Miguel de la Madrid y el procurador de Justicia Sergio García Ramírez intentaron reformar la ley de aborto de la Ciudad de México para equipararla a los avances conseguidos desde fines de los 70 en muchos estados de la República, donde el aborto fue despenalizado en casos de malformaciones graves y daño a la salud. El único Código Penal que no había sido modificado desde 1931 era el de la Ciudad de México. Sin embargo, la Iglesia generó un escándalo y, ante la falta de una respuesta social positiva, la iniciativa gubernamental fue desactivada.

La situación se mantuvo hasta que en 1989 un evento público volvió a despertar la atención sobre el tema del aborto: la policía judicial llegó a una clínica clandestina y arrestó a enfermeras, médicos y pacientes, sin orden judicial y violando todo tipo de garantías individuales. Los policías iban por dinero; era un caso de pura corrupción. Después de haber estado encerrada ilegalmente durante tres días, una de las mujeres detenidas decidió presentar una denuncia, lo que generó una reacción social de indignación en defensa de las víctimas de la policía. Los grupos feministas publicaron un comunicado en la prensa firmado por funcionarias gubernamentales, políticas, artistas e intelectuales.

En diciembre de 1990, el Congreso de Chiapas, con mayoría priísta, amplió las razones por las que el aborto no ha de ser punible: si lo solicita una pareja con el fin de planificación familiar, si lo pide una madre soltera o por razones económicas. Además del apoyo de intelectuales y científicos de primer nivel, se produjeron pronunciamientos inesperados a favor de la despenalización, como el del Congreso del Trabajo. Sin embargo, la Iglesia católica reaccionó con una manifestación de protesta en Tuxtla Gutiérrez, convocada por todas las parroquias de Chiapas y liderada por el obispo Samuel Ruiz, quien presidió la marcha y condenó a las feministas que «promovieron la ley». El Congreso local, finalmente, congeló la nueva iniciativa.

Como respuesta a lo ocurrido en Chiapas, el 8 de enero de 1991 la Coordinadora Feminista del Distrito Federal –junto con 62 organizaciones sociales, sindicales y femeninas– fundó el Frente Nacional por la Maternidad Voluntaria y la Despenalización del Aborto (FNMVDA). El 13 de enero, el PRD aprobó por unanimidad una resolución favorable a la despenalización. El 15 de enero se realizó el primer acto público del FNMVDA: una marcha de protesta ante la suspensión de las reformas chiapanecas, bajo la consigna «Yo he abortado». Decenas de mujeres se acercaron a la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se entregó un escrito en el que, por primera vez en México, las feministas reivindicaban los derechos reproductivos, incluido el aborto, como derechos humanos de las mujeres.

Ese mismo año tuvieron lugar foros, manifestaciones, conferencias y un acto en el Monumento a la Madre en la Ciudad de México, donde se colocó una placa debajo de donde se encuentra grabada la leyenda «A la que nos amó aun antes de conocernos» en la que podía leerse «Porque su maternidad fue voluntaria». Paralelamente, como ya se señaló, Salinas de Gortari reformó el artículo 130 de la Constitución que impedía la existencia jurídica de las iglesias y les dio la posibilidad de operar abiertamente.

El giro a la profesionalización

Cuando se creó el GIRE, el discurso feminista sobre el aborto tendía a inflar las cifras. Se decía, por ejemplo, que morían 100.000 mujeres al año por abortos ilegales, cuando en realidad esa cifra correspondía a las muertes de mujeres por todas las enfermedades. Los grupos feministas –alianzas, frentes y coaliciones– formulaban denuncias, pero no había un trabajo de lobby con los políticos; tampoco se informaba a los periodistas. No existía un centro de documentación sobre el tema ni se contaba con información sobre los procesos de despenalización en otros países. Todas esas carencias contribuían a que la sociedad mexicana, que mostraba un pujante impulso democratizador, mantuviera un eje anticuado en el discurso sobre el aborto: a favor o en contra.

El GIRE se constituyó como una asociación civil con el objetivo de lograr la despenalización del aborto mediante el fortalecimiento de una cultura de respeto a los derechos sexuales y reproductivos. Su misión inicial fue introducir una nueva perspectiva de análisis, una nueva argumentación política y una nueva forma de abogar por el cambio en la ley. Se partía de la necesidad de contar con información seria, manejada con rigor. Además, teniendo en cuenta que en México coexisten varios credos religiosos, junto a una cantidad creciente de personas no creyentes, agnósticas y ateas, había que insistir en el derecho de cada uno a tomar decisiones personales de acuerdo con sus creencias, religiosas o no. La única alternativa democrática en una sociedad diversa es el derecho a decidir.

Se trataba, pues, de superar discursivamente la disyuntiva «aborto sí»/«aborto no». El GIRE pretendía descartar el tradicional «a favor o en contra» y reemplazarlo por la pregunta: ¿Quién debe tomar la decisión de una interrupción del embarazo? En 1992, una de las primeras acciones públicas del GIRE fue la presentación de la primera encuesta nacional sobre el aborto, elaborada por Gallup. A la pregunta central: ¿Quién debe tomar la decisión de un aborto?, 78% respondió que la mujer, sola o con su pareja. En 1993 se realizó una segunda encuesta, que arrojó resultados similares, y en 1994 la tercera, que confirmó la tendencia. Además de conferencias de prensa, el GIRE distribuyó carpetas con información especializada a diputados y periodistas, con quienes realizó foros de discusión. Teniendo en cuenta que otros grupos del movimiento feminista ya trabajaban de cara a la sociedad y con organizaciones de base, el GIRE se dirigió especialmente a tomadores de decisión en el campo mediático, en el espacio político y en el Estado, y rápidamente se convirtió en un punto de referencia en el debate sobre el aborto.

No obstante el peso del catolicismo en el tejido cultural mexicano, ciertas transformaciones, entre las que destaca el cambio en los comportamientos reproductivos, introdujeron un discurso diferente. En este sentido, resultó crucial la coincidencia de objetivos entre el feminismo y ciertos organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que comenzó a utilizar términos como «género» y «empoderamiento» (empowerment) para referirse a la situación de las mujeres. Además, el hecho de que demandas acalladas en el orden nacional se convirtieran en el centro de foros internacionales obligó a la toma de posiciones en el plano local. Así, la despenalización del aborto se filtró al ámbito del debate político y abrió fisuras en su fachada monolítica. Dos conferencias de la ONU, la de Población y Desarrollo (realizada en El Cairo en 1994) y la de la Mujer (realizada en Beijing en 1995), contribuyeron a ubicar el aborto como objeto discursivo en los medios de comunicación. Esto llevó al secretario de Salud, Juan Ramón de la Fuente, a declarar que el debate sobre el aborto no estaba cerrado, ya que era un serio problema de salud pública que debía ser revisado por el conjunto de la sociedad. Norberto Rivera, arzobispo primado de México, reaccionó tildando de «equivocada» y «errónea» la decisión del gobierno mexicano de abrir la discusión sobre el tema, con el argumento de que «va a dividir y confrontar a los mexicanos», e impulsó marchas a la Basílica de Guadalupe.

Pero ya empezaba a notarse una nueva manera de hablar sobre el aborto. En 1997, las plataformas del PRD y del Partido del Trabajo (PT) incluyeron la despenalización como uno de los elementos centrales de la «maternidad voluntaria». Además, en mayo de ese año el candidato del PRD al gobierno del DF, Cuauhtémoc Cárdenas, y las integrantes de la Red por la Salud de las Mujeres del Distrito Federal –una de las corrientes más activas del movimiento feminista mexicano– se reunieron para acordar ciertas medidas que el candidato se comprometía a cumplir en caso de resultar elegido: entre ellas, una consulta pública por la reforma de las leyes sobre el aborto.

En 1997, Cárdenas ganó las elecciones del DF con 42% de los votos, lo que le otorgó al PRD mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa local. Los legisladores tenían la responsabilidad de redactar un nuevo Código Penal para la Ciudad de México antes de que transcurriera el periodo de tres años para el que habían sido elegidos, en septiembre de 2000. El Código Penal del DF databa de 1931 y, aunque había sido reformado muchas veces, las cláusulas referentes al aborto habían permanecido intactas. Como ya se señaló, en este punto la legislación del DF era más restrictiva que la del resto de las entidades federativas.

En 1998, las organizaciones feministas se reunieron en la Campaña de Acceso a la Justicia para las Mujeres (CAJM), para proponer reformas en cinco áreas: derechos de las víctimas, violencia doméstica, derechos de niños y jóvenes, derecho a la no discriminación y aborto voluntario. El GIRE se ocupó específicamente del tema del aborto. Una de sus estrategias fue publicar desplegados (inserciones pagadas en la prensa) firmados por personalidades de gran prestigio intelectual y científico. El 28 de mayo de 1998, Día Internacional por la Salud de las Mujeres, el GIRE publicó un desplegado titulado «Por un cambio imprescindible», firmado, entre otros, por el Premio Nobel Octavio Paz. Así, con el sostén de personas reconocidas, se fue tejiendo una red de apoyo a la despenalización en diversos sectores de la sociedad mexicana.

En enero de 1999, Karol Wojtyla viajó a México y ante un auditorio de dos millones de personas en el estadio Azteca difundió proclamas contra el aborto: «¡Que ningún mexicano se atreva a vulnerar el don precioso y sagrado de la vida en el vientre materno!». Esta declaración y su repercusión en los medios de comunicación influyeron en las discusiones en la Asamblea Legislativa del DF. Los partidos recordaron el gran poder de la Iglesia católica y los riesgos de enfrentarse a ella durante el crítico periodo previo a las elecciones. Finalmente, el PRD decidió congelar la reforma. Preocupado por la negativa de los legisladores a enfrentar el problema, el GIRE encargó una encuesta que mostró que, de aprobarse las reformas, el PRD contaría con el apoyo de 71% en caso de malformaciones fetales y 63% en caso de riesgo para la salud de la mujer. No obstante estos datos, el PRD no quiso acicatear la ira de un enemigo político tan poderoso como la Iglesia meses antes de una elección presidencial en la que tenía grandes esperanzas de ganar. Optó por el silencio.

Pese a ello, una serie de circunstancias hicieron de 2000 un año clave en el debate sobre el aborto. La primera fue el «caso Paulina», una adolescente de 13 años violada en Mexicali, Baja California, que dos horas después del suceso presentó una demanda ante el Ministerio Público, acompañada de su madre y su hermano. El examen ginecológico que se le practicó comprobó que tenía el himen desgarrado. Paulina quedó embarazada a raíz de la violación y solicitó, con el apoyo de su madre, el aborto legal al que tenía derecho. Treinta y cuatro días después de la comisión del delito, el Ministerio Público giró la orden al Hospital General de Mexicali para que se realizara el aborto. Dos meses y medio después de la violación, Paulina ingresó al Hospital General de Mexicali, donde estuvo toda una semana mientras el director realizaba maniobras dilatorias. En ese tiempo, a Paulina le mostraron el grotesco filme de Pro Vida El grito silencioso, haciéndola concentrarse después en una imagen de Cristo. Posteriormente, el procurador general del estado de Baja California llevó a Paulina y a su madre a visitar a un sacerdote, quien les explicó que el aborto es un pecado y constituye motivo de excomunión. Pero Paulina y su madre siguieron insistiendo en su derecho al aborto legal. Minutos antes de la intervención programada, el director del hospital llamó aparte a la madre de Paulina y exageró los supuestos riesgos de la intervención, la alertó sobre la posibilidad de que su hija muriera y la hizo responsable de su muerte. La atemorizó hasta el punto de hacerla desistir.

El caso llegó a la prensa en enero de 2000 y se mantuvo a lo largo de todo el año. El GIRE, junto con el grupo Alaíde Foppa de Baja California, impulsó una campaña por la reparación del daño a Paulina, que culminó, seis años después, en un «acuerdo de solución amistosa» entre el Gobierno Federal y Paulina, firmado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.

Además del caso Paulina, en 2000 hubo otros dos incidentes relevantes: el intento panista de eliminar el aborto por violación en Guanajuato y las reformas en el DF conocidas como Ley Robles. El primero sucedió un mes después de las elecciones presidenciales de 2000, la tarde del 3 de agosto, cuando los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) en Guanajuato –donde había nacido el presidente electo Vicente Fox– aprobaron una enmienda al Código Penal orientada a castigar el aborto en casos de violación, con penas y multas para la mujer y para la persona que realizara la operación, a quien se le suspendería la licencia para su práctica médica. Esta reforma debía entrar en vigor en cuanto la suscribiera el gobernador, quien tenía diez días para tomar la decisión a partir de la fecha en que la Legislatura entregara el nuevo texto. Frente a la oposición de diversos voceros de la sociedad guanajuatense, el gobernador interino comisionó a la Universidad de Guadalajara para que realizara una encuesta en 15 regiones del estado, de modo de conocer la opinión de la población sobre el tema. Preocupadas por la validez de esa encuesta y por su posible uso político, diversas organizaciones no gubernamentales encargaron rápidamente otra, que fue realizada la misma semana, para tomar como punto de referencia y control. El 29 de agosto de 2000, el gobernador de Guanajuato anunció su veto a la reforma.

El aborto se convirtió en un tema central en el DF en agosto de 2000. Luego de que el PRD perdiera las elecciones presidenciales de julio, las feministas ejercieron una fuerte presión y la gobernadora interina de la Ciudad de México, Rosario Robles, convocó a una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa para reformar el Código Penal en materia de aborto. Esta reforma, conocida como la Ley Robles, incluyó tres ampliaciones: de peligro de muerte se pasó a grave riesgo a la salud de la mujer; se autorizó el aborto por malformaciones del producto; y se planteó la invalidez de un embarazo por una inseminación artificial no consentida. Además, se estableció en el Código de Procedimientos Penales del DF que el Ministerio Público sería el encargado de autorizar el aborto cuando este fuera legal. El 18 de agosto, la mayoría perredista aprobó la reforma. Como era de esperarse, el arzobispo de México y otros dirigentes de la Iglesia católica aseguraron que todas las personas que estuviesen implicadas en la promoción del aborto serían excomulgadas de manera sumaria. Sin embargo, cuando se le preguntó directamente si la misma disposición se aplicaría a la gobernadora, el jerarca respondió negativamente. Poco después, el 25 de septiembre de 2000, 17 diputados del PAN y cinco del PVEM interpusieron un juicio de inconstitucionalidad contra la Ley Robles. Un año y cuatro meses después, con una votación de siete a cuatro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que no existía tal inconstitucionalidad, por lo que la reforma fue ratificada y la Ley Robles entró en vigor. A partir de ese momento, tanto la Procuraduría General de Justicia como la Secretaría de Salud del DF emitieron diversas normas para regular los procedimientos, servicios y obligaciones de los servidores públicos respecto a la realización del aborto legal. En 2002, la Ciudad de México se convirtió en la entidad federal con los procedimientos más claros en materia de interrupción legal del embarazo.

En diciembre de 2003, la Asamblea Legislativa votó nuevas reformas en materia de aborto. La propuesta del PRD incluyó desde un incremento del castigo para quien hiciera abortar a una mujer sin su consentimiento hasta la regulación de la objeción de conciencia de los médicos, de manera tal que –resguardando el derecho individual del médico– se garantice el servicio a la mujer que solicita un aborto legal. También se modificó la Ley de Salud estableciendo que las instituciones públicas debían, en un plazo no mayor de cinco días y de manera gratuita, realizar la interrupción legal del embarazo.

Pero la reforma más importante, que pasó totalmente inadvertida, fue la supresión del delito del aborto que se realiza en ciertas causales legales. Antes, la ley establecía que no se castigaría el delito del aborto bajo ciertas circunstancias: grave riesgo para la salud de la mujer, violación, inseminación artificial no consentida, malformaciones graves del producto e imprudencia de la mujer. La reforma quitaba la condición de delito al aborto cuando su realización se sustentara en alguna de las causas mencionadas. Tan técnica fue esta modificación de los términos jurídicos («se excluye la responsabilidad penal en el delito de aborto») que hasta los panistas, encantados con el reconocimiento a la objeción de conciencia, votaron a favor. La ley entró en vigor el 27 de enero del 2004 sin que la derecha planteara una acción de inconstitucionalidad.n El camino de la despenalización

Tres años después se realizaron las elecciones presidenciales de 2006. La diferencia entre Felipe Calderón, del PAN, y Andrés Manuel López Obrador, del PRD, fue, según datos oficiales, de 0,65%. La negativa de Calderón a aceptar un recuento de los votos llevó al país a una brutal polarización. En ese marco, en noviembre, dos partidos (el Partido Revolucionario Institucional –PRI– y Alternativa) presentaron en la Asamblea Legislativa del DF una iniciativa de reforma para despenalizar el aborto en todos los casos. Desde que inició el periodo de sesiones, el 15 de marzo de 2007, el PRD asumió su papel protagónico y alentó un gran debate público sobre el tema. La Asamblea Legislativa organizó foros de discusión de los que participaron organizaciones conservadoras y progresistas, así como expertos jurídicos y médicos.

Ante la certeza de que los grupos contrarios presentarían una acción de inconstitucionalidad, la estrategia buscó no arriesgar los logros anteriores. Después de un arduo trabajo de análisis y debate para conciliar las iniciativas y tomando en cuenta el precedente de la Suprema Corte en la materia, las Comisiones Unidas aprobaron, por mayoría de votos de sus integrantes, el dictamen que planteaba la despenalización del aborto en los siguientes términos:

1. Reformular la definición jurídica penal del aborto: «Aborto es la interrupción del embarazo después de la décimo segunda semana de gestación». Por lo tanto, el aborto únicamente puede penalizarse a partir de la semana 13 de gestación, siendo lícitos los abortos consentidos o procurados dentro de las primeras 12 semanas de gestación (artículo 144 del Código Penal del DF, CPDF).2. Definir el embarazo, para efectos del Código Penal, como «la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio». Con esto, se refrenda la legalidad de los métodos anticonceptivos poscoitales, como la anticoncepción de emergencia (artículo 144 CPDF). 3. Reducir las sanciones para las mujeres que se practiquen un aborto (artículo 145 CPDF).4. Proteger a las mujeres que fueran obligadas a abortar. Se estableció la figura del «aborto forzado», que se define como «la interrupción del embarazo, en cualquier momento, sin el consentimiento de la mujer embarazada» (artículo 146 CPDF).5. Reformar la Ley de Salud del DF (LSDF) para ofrecer servicios de asesoramiento y contención (pre- y postaborto) y brindar información objetiva a las mujeres que soliciten la interrupción legal del embarazo (artículo 16 bis 8 LSDF).

Los grupos conservadores y la jerarquía católica exigieron un referéndum y argumentaron que la vida del producto de la concepción debía prevalecer sobre los derechos humanos de las mujeres. No obstante, el 24 de abril de 2007 el pleno de la Asamblea Legislativa aprobó las reformas por 46 votos a favor (PRD, PT, Convergencia, Alternativa, PRI y Partido Nueva Alianza). Se opusieron 19 legisladores –del PAN y el PVEM– y hubo una abstención (del PRI). La ley fue publicada el 26 de abril de 2007 en la Gaceta Oficial del DF y entró en vigor al día siguiente.

Inmediatamente, los hospitales dependientes de la Secretaría de Salud del DF comenzaron a ofrecer el servicio. El entonces secretario de Salud, Manuel Mondragón y Kalb, se comprometió firmemente con el tema y se dedicó a visitar los hospitales para detectar los problemas que pudieran surgir. Al mismo tiempo, el grupo fundamentalista católico autodenominado Pro Vida presionaba a algunos médicos para que se declararan objetores de conciencia. Las tensiones derivadas del nuevo servicio, cargado de conflictos ideológicos, se hicieron sentir. Aunque se habían actualizado los Lineamientos de Operación de los Servicios de Salud relacionados con la interrupción legal del embarazo, estableciendo reglas precisas, las presiones lograron complicar la prestación en algunos hospitales. A un mes de aprobada la reforma, el Secretario de Salud dio a conocer los datos sobre las mujeres que recibieron el servicio: 56% tenía entre 20 y 29 años de edad y 54% contaba con estudios de nivel medio, técnico o universitario. Y, dato elocuente, 81,4% se definían como católicas.

El 24 y 25 de mayo de 2007, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR) interpusieron una acción de inconstitucionalidad. El escenario había sido previsto por el gobierno del DF y por las organizaciones civiles que apoyan la despenalización del aborto. La argumentación, más ideológica que jurídica, revelaba un total desconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, consideradas exclusivamente como entes reproductores y cuyo único derecho era consentir las relaciones sexuales.

Después de un año y cuatro meses de intensa deliberación y de la realización de audiencias públicas sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia resolvió que la despenalización del aborto legislada en el DF era constitucional. Esta resolución representó un hito para todo el país: el concreto derecho a decidir de las mujeres fue priorizado sobre un abstracto derecho a la vida, al tiempo que la votación favorable de ocho magistrados sobre 11 sentó jurisprudencia sobre el tema.

Como es de imaginar, el proceso estuvo acompañado de expresiones a favor y en contra. Mientras la jerarquía de la Iglesia católica profería amenazas de excomunión y salía a la calle con estandartes que representaban a la Virgen de Guadalupe cargando unos fetos y exclamando «¡Ya me mataron a un hijo! ¿Me van a matar más?», en una de las audiencias públicas un sacerdote dominico hablaba a favor de la despenalización. Mientras los abogados católicos amenazaban con la debacle moral, Jesús Zamora Pierce, ex-presidente de la Academia Mexicana de Derecho Penal, argumentaba públicamente por qué el aborto no puede ser considerado un delito. Mientras las fuerzas conservadoras hacían peregrinaciones, los intelectuales y los científicos del país manifestaban su apoyo con comunicados en la prensa. Mientras las mujeres conservadoras rezaban en las iglesias, las feministas marchaban acompañadas de sindicalistas y estudiantes cantando «Quiten sus rosarios de mis ovarios».

La intervención de la Iglesia católica, aferrada a la cantinela de la defensa de la vida para atacar y amenazar a quienes no comparten sus creencias, fue impresionante. Richard Hare, un filósofo inglés que trabajó sobre las valoraciones morales desde la racionalidad, formuló una definición que calza como un guante a los obispos católicos. Para Hare, el fanatismo es «la actitud de quien persigue la afirmación de los propios principios morales dejando que estos prevalezcan sobre los intereses reales de las personas de carne y hueso, al mismo tiempo que permanece indiferente frente a los enormes daños que su actuación ocasiona a millones de seres humanos».

En efecto, el Vaticano y sus seguidores insisten en afirmar sus principios morales por encima de la salud y la vida de millones de mujeres. Por suerte, las actitudes de los curas y las monjas de las organizaciones de base estuvieron lejos de esta postura. Sin negar que el aborto implica un conflicto ético, subrayan que este tipo de dilemas, cuando conciernen a los derechos de la persona que está llamada a resolverlos, deben de ser dejados a su autodeterminación. Varios sacerdotes jesuitas y dominicos, así como algunas monjas, distinguieron entre el carácter moral del aborto y su estatuto legal. Estas figuras excepcionales compartieron la sabiduría de quien fuera obispo auxiliar de Madrid, monseñor Alberto Iniesta: «Mi conciencia rechaza el aborto, pero mi conciencia no rechaza la posibilidad de que la ley no lo considere un delito».

Más allá de los debates y las posturas, lo cierto es que la reforma ubicó a la Ciudad de México a la vanguardia de América Latina en el tratamiento penal del aborto, con argumentos que calan hondo en el imaginario colectivo y con una experiencia de organización ciudadana que puede ser llevada a otras latitudes. Vale la pena recordar que, aunque varios elementos confluyeron hasta lograr la aprobación de la despenalización (el carácter liberal del DF, los cambios normativos anteriores a las leyes locales en la materia, las tendencias internacionales hacia la liberalización, etc.), fue fundamental el esfuerzo de las organizaciones feministas y de derechos humanos, intelectuales, científicos, artistas, jóvenes, académicos, analistas políticos y periodistas. Y en este sentido cabe destacar que la lucha feminista por la despenalización del aborto ha conformado esa «minoría consistente» de la que habla Serge Moscovici, quien subraya la importancia de un comportamiento consistente y la adopción de un estilo adecuado, junto al peso del prestigio, como factor de influencia eficaz.

Para que el aborto fuera legislado desde una perspectiva progresista, fue crucial la victoria del PRD en la Ciudad de México y también la polarización postelectoral. La mayoría de la Coalición de Izquierdas en la Asamblea Legislativa del DF –integrada por el PRD, el PRI, Convergencia, el PT y Alternativa–, junto con la pertenencia al PRD del jefe de gobierno, fueron factores políticos decisivos para lograr estos cambios normativos. La Coalición de Izquierdas supo aprovechar la oportunidad política derivada de su amplia mayoría parlamentaria para impulsar un tema tan controvertido y, al mismo tiempo, subrayar un proyecto de nación en contraposición al proyecto panista. Además, el carácter integral de las reformas fue muy positivo, ya que permitió argumentar que las modificaciones no solo proponían la despenalización del aborto, sino también una amplia estrategia de prevención de embarazos no deseados y de prestación de servicios de salud sexual y reproductiva. Esto contribuyó a generar opiniones favorables en el debate público.

El marco jurídico del DF es, entonces, una referencia para seguir avanzando en el reconocimiento del aborto como un derecho reproductivo en el resto de los estados. La despenalización representa un paso más en el esfuerzo por disminuir la mortalidad materna provocada por el aborto inseguro y es imprescindible para contrarrestar la injusticia social que implica esta práctica. Además de ser un importante reconocimiento a la libertad reproductiva de las mujeres y sus derechos fundamentales, guarda concordancia con el carácter laico del Estado mexicano, que respeta la diversidad ideológica y reconoce la libertad de conciencia de las personas. Finalmente, se trata de una reforma congruente con la opinión de la sociedad mexicana, tal como reflejan diversas encuestas.

No obstante la descarada presión de la jerarquía católica, e incluso de Joseph Ratzinger, la apropiación de la ley, la prestación del servicio por parte de las instituciones de salud y la decisión de las mujeres de ejercer su derecho a elegir implican un signo de maravillosa vitalidad democrática.

Bibliografía

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