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La despenalización del aborto en México

Aunque la sociedad es mayoritariamente católica y pese a que la Iglesia conserva un rol político importante, México ha dado pasos notables en la liberalización de las leyes de aborto. De hecho, en abril de 2007 la Ciudad de México aprobó la despenalización y comenzó a ofrecer el servicio en hospitales públicos e instituciones de salud. El artículo argumenta que esto fue posible gracias al impulso de los grupos feministas, la polarización electoral y el triunfo del Partido de la Revolución Democrática (prd) en el df. Este logro es parte de un largo camino que ubica a México a la vanguardia de América Latina en el tratamiento humanitario del aborto.

La despenalización del aborto en México

En abril de 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la reforma al Código Penal que introduce en la Ciudad de México el sistema de plazos en materia de aborto. Esta despenalización es única en su tipo en América Latina, donde la Iglesia católica continúa siendo el principal obstáculo para que las mujeres puedan interrumpir legalmente los embarazos no deseados. Solo en dos países –Cuba y Guyana–, además de Puerto Rico, esta práctica está plenamente garantizada. Tal vez lo más impactante de la situación latinoamericana sea el hecho de que incluso en sociedades con gobiernos democráticos y de izquierda ha sido imposible despenalizar el aborto. Es el caso de Uruguay, cuya sociedad es una de las más laicas de la región, pero cuyo presidente, el socialista Tabaré Vázquez, acaba de vetar la despenalización aprobada por el Congreso. En otros países, como Chile, El Salvador, Honduras y, recientemente, Nicaragua, la presión de la jerarquía católica ha logrado un retroceso de las legislaciones, que permitían el aborto terapéutico, y así ha cancelado la posibilidad legal de interrumpir un embarazo para salvar la vida de la mujer o cuando es producto de una violación.

Con este panorama, ¿cómo fue posible que en una sociedad mayoritariamente católica como la mexicana se fracturara la hegemonía de la Iglesia en ese tema? Tres elementos fueron determinantes: el trabajo profesional de los grupos feministas, el triunfo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México y la polarización postelectoral. En este marco, el artículo consta de tres secciones: la primera es un rápido sobrevuelo por la histórica lucha feminista por el aborto gratuito y legal; la segunda expone el giro hacia la profesionalización de un grupo de activistas, que resultó clave para concretar esta demanda; y la tercera describe el contexto político que favoreció la decisión y relata brevemente en qué consiste la despenalización aprobada.

Más de 70 años de lucha

Heredero de la tradición católica española, desde mediados del siglo XIX México se esforzó por separar el Estado de la Iglesia católica. El complejo proceso de limitar el poder económico y político de esta institución costó mucha sangre. En 1910, cuando en México se concretó la primera revolución social del siglo XX, se prohibió la existencia legal de la Iglesia. A lo largo de los años 20 y hasta mitad de los 30, hubo violentos enfrentamientos con grupos católicos, conocidos como la Guerra Cristera, hasta que se llegó a un «acuerdo de caballeros» que permitía la existencia de conventos, monasterios y escuelas religiosas mientras no se exhibieran públicamente.

Hasta principios de los 90, la Constitución no reconocía a la Iglesia personalidad jurídica alguna. En 1991, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari realizó una serie de reformas constitucionales dirigidas a garantizar la libertad de creencias. Esto benefició especialmente a la Iglesia católica, pues permitió una mayor presencia pública de sus representantes. Al establecer relaciones diplomáticas con el Vaticano, sus voceros encontraron una nueva libertad de acción y de discurso: salieron de sus púlpitos y confesionarios para manifestarse en los medios masivos de comunicación.

El derecho a decidir sobre el propio cuerpo es una de las demandas básicas y más antiguas del movimiento feminista. En 1936, se realizó la Convención de Unificación del Código Penal para subsanar las diferencias entre los ordenamientos de las entidades federativas y la capital, donde existía desde 1931 un Código Penal avanzado. En aquella oportunidad, Ofelia Domínguez Navarro presentó una ponencia titulada «Aborto por causas sociales y económicas», basada en el trabajo de la doctora Matilde Rodríguez Cabo. Ambas eran conocidas activistas marxista-feministas, fundadoras del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, creado en 1935. Su propuesta consistía en que el Estado controlara y regulara la práctica del aborto dentro de los tres primeros meses del embarazo con el argumento de que «la legalización del aborto tiene la significación de lucha contra el mismo».

Treinta y cinco años después, a partir de la segunda ola feminista surgida en la década de 1970, la demanda de despenalización adquirió una presencia pública más fuerte a partir de un discurso distinto. La necesidad de modificar la legislación vigente fue planteada públicamente desde sus inicios por Mujeres en Acción Solidaria (MAS) y por el Movimiento Nacional de Mujeres (MNM). Las primeras conferencias públicas sobre el tema (realizadas en 1972, 1973 y 1974) enfrentaron a las feministas con sus compañeros de la izquierda, que las acusaron de ser «agentes del imperialismo yanqui» y de promover una medida tan maltusiana, una exigencia del Primer Mundo «ajena a la realidad mexicana».

Las feministas mexicanas plantearon el derecho al aborto como un asunto de justicia social, como una cuestión de salud pública y como una aspiración democrática. No obstante la contundencia de sus argumentaciones, tardaron otros 35 años en lograr la tan anhelada despenalización ¡y solo en la Ciudad de México!

Lo primero fue el trabajo de difusión de la propuesta. En 1972, en una de las primeras conferencias públicas, se difundió por primera vez la expresión «maternidad voluntaria», que implicaba cuatro ejes: educación sexual amplia en todos los niveles, que realmente llegara a los niños, a las mujeres de las zonas rurales e indígenas y a los jóvenes; acceso amplio a anticonceptivos baratos y seguros; el aborto visto como una excepción, como el último recurso; y la no esterilización de las mujeres sin su consentimiento.

En 1976 había ya seis grupos feministas organizados en la Ciudad de México, que se unieron en lo que se llamó la Coalición de Mujeres Feministas. Los tres requisitos para formar parte de esta confluencia eran: luchar por el derecho a la maternidad voluntaria (que implicaba el aborto); defender la libre opción sexual (con el reconocimiento de la opción homosexual); y rechazar la violencia hacia las mujeres. En ese año se realizó la Primera Jornada Nacional sobre Aborto. En aquella oportunidad, la Coalición de Mujeres Feministas presentó un proyecto de ley que fue llevado en una manifestación a la Cámara de Diputados. En 1978, se instauró uno de los actos rituales del feminismo mexicano: una marcha de mujeres enlutadas, cargadas de coronas fúnebres, hasta el Monumento a la Madre, en memoria de las madres muertas por abortos mal practicados. En 1979 se creó el Frente Nacional de Lucha por la Liberación y los Derechos de las Mujeres (FNALIDM), que convocaba a miembros de partidos y sindicatos universitarios y que se sumó al proceso de lucha por la despenalización del aborto. A pesar de sus diferencias, la Coalición y el FNALIDM trabajaron conjuntamente para reformar el proyecto presentado por las organizaciones feministas en 1976. La reforma política de los 80, que por primera vez legalizó el Partido Comunista, creó el clima adecuado para presentar la iniciativa de ley, que conservó el nombre de Proyecto de Ley de Maternidad Voluntaria.