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La descomposición de la clase política latinoamericana: ¿el fin de un periodo?

En las últimas dos décadas, la hegemonía neoliberal y el auge globalizador produjeron diversos cambios en la clase política latinoamericana: la corrupción se hizo más visible, los partidos se «desideologizaron» en un contexto de fractura social, y la natural separación entre representantes y representados se ensanchó como nunca antes. Las consecuencias de ello son el giro a la izquierda registrado en algunos países, y el malestar y los estallidos sociales que se viven en la región. Si, como todo parece indicar, se consolidan nuevas formas de representación y de organización del Estado, la hora de la actual clase política –y de sus prácticas– podría estar llegando a su fin.

La descomposición de la clase política latinoamericana: ¿el fin de un periodo?

En las últimas dos décadas, la hegemonía neoliberal y el auge globalizador produjeron diversos cambios en la clase política latinoamericana: la corrupción se hizo más visible, los partidos se «desideologizaron» en un contexto de fractura social, y la natural separación entre representantes y representados se ensanchó como nunca antes. Las consecuencias de ello son el giro a la izquierda registrado en algunos países, y el malestar y los estallidos sociales que se viven en la región. Si, como todo parece indicar, se consolidan nuevas formas de representación y de organización del Estado, la hora de la actual clase política –y de sus prácticas– podría estar llegando a su fin.

La lucha facciosa y la corrupción constituyen elementos que, en diversos grados, cruzan la historia de la clase política en América Latina. La generalización de estas prácticas, su capacidad de atravesar organizaciones de las más variadas tendencias ideológicas y una mayor visibilidad social, en un contexto de extensión de los procedimientos electorales, marcaron la historia regional de las últimas décadas del siglo XX y el comienzo del XXI. A ello se sumó la tendencia de un amplio sector de la clase política a convertirse en una «franja disponible», lista para responder a proyectos de los más variados signos ideológicos, situación que, pese a ser particular, se vincula en muchos aspectos con el problema anterior. Fenómenos referidos a la crisis de la política y al desencanto con la democracia, destacados por estudios diversos, han sido atravesados por estas prácticas.

Aquí se ofrecen elementos para una explicación de fenómenos cuya recurrrencia nos habla de tendencias que rebasan las razones individuales. La exposición está dividida en cuatro apartados. En el primero, se plantean las causas que explican la mayor visibilidad de la corrupción en la actualidad. En el segundo, se abordan cuestiones teóricas referidas al proceso de la representación política, lo que nos ofrece un marco necesario para comprender qué posibilita la autonomía de los representantes, asunto que está en la base de los temas que aquí nos ocupan. En el tercer apartado, se analizan aspectos particulares referidos a la clase política latinoamericana y a la denominada «democratización», para regresar, en el cuarto apartado, a una visión de fenómenos más generales: ciertas tendencias de la mundialización y sus manifestaciones en América Latina. El artículo concluye señalando, en términos hipotéticos, que los cambios hacia gobiernos con un nuevo signo político registrados en los últimos años parecen marcar el fin de una etapa en la historia de la actual clase política latinoamericana.

La visibilidad de la corrupción

Es difícil obtener una respuesta convincente al interrogante acerca de si en las últimas décadas hay en América Latina más corrupción que antes. Lo que sí es posible afirmar es que en este periodo la corrupción alcanza una mayor visibilidad social y una nueva significación política. Esto no se explica solo por el peso de los medios de comunicación, particularmente la televisión, en la percepción social de ciertos fenómenos, aunque es difícil negar su relevancia. En rigor, el asunto es más profundo y tiene relación con los cambios en el patrón de legitimidad que tuvieron lugar en las últimas décadas.

Hasta la década de 1970, el Estado se legitimaba por su capacidad de proveer de empleos más o menos estables y salarios menos pauperizadores que los actuales a capas asalariadas (tanto obreras como de la pequeña burguesía) y, en algunos casos, también a franjas campesinas, además de facilitar ciertas prestaciones y beneficios en materia de seguridad social, educación, salud y vivienda. Sin embargo, desde las últimas dos décadas del siglo pasado América Latina asiste a la conformación de otro tipo de Estado –calificado como Estado mínimo–, que busca ganar la obediencia de la población no ya por su capacidad benefactora o protectora, sino en tanto representante de la voluntad ciudadana expresada en consultas electorales transparentes. Esto ocurre luego de una etapa caracterizada por gobiernos militares que cancelaron las elecciones o, en algunos países, gobiernos civiles emanados de consultas sin garantías. Y sucede, además, en el cuadro de cambios que redefinieron las alianzas sociales y políticas y el modelo económico y crearon economías volcadas al mercado exterior.

Antes, la corrupción alcanzaba menor relevancia, en tanto quienes obedecían reconocían el derecho de las autoridades a mandar no porque existieran leyes y reglas claras sobre cómo debían ser elegidas, o porque se dibujara con nitidez el marco legal que definía su gestión, sino por una ecuación que amalgamaba grados diversos de seguridad laboral y social, además de cierto sentido de pertenencia a una comunidad.

En los últimos años, con la incorporación de América Latina a la mundialización, los discursos sobre la austeridad estatal, la responsabilidad en el gasto público y la necesidad de acabar con el populismo y el paternalismo buscaron justificar la reducción –o directamente poner fin– a las políticas que otorgaban algún nivel de seguridad laboral y social. El resultado fue un incremento del empleo precario, la reducción de los salarios y el desempleo, así como un aumento de la pobreza. Este paso estuvo propiciado por las demandas del gran capital local y mundial de reducir los costos sociales de la política, para elevar sus ganancias y sus márgenes de acumulación. Producido en tiempos de una onda larga recesiva en el ámbito de la economía mundial, el cambio provocó fuertes reajustes en las alianzas sociales en los Estados latinoamericanos, con el deterioro de las franjas asalariadas, tanto de la pequeña burguesía como de amplios sectores obreros, lo que alcanzó incluso a los segmentos de la burguesía industrial y comercial más ligados al mercado interno.

Todo esto supuso la búsqueda y la construcción de nuevos mecanismos de legitimidad. La puesta en marcha de la llamada «transición» (y posterior consolidación) democrática, la ciudadanización, la multiplicación de las consultas electorales y el ingreso al reino de la ley constituyeron algunos de los núcleos del nuevo proyecto político e ideológico.