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La descomposición de la clase política latinoamericana: ¿el fin de un periodo?

En las últimas dos décadas, la hegemonía neoliberal y el auge globalizador produjeron diversos cambios en la clase política latinoamericana: la corrupción se hizo más visible, los partidos se «desideologizaron» en un contexto de fractura social, y la natural separación entre representantes y representados se ensanchó como nunca antes. Las consecuencias de ello son el giro a la izquierda registrado en algunos países, y el malestar y los estallidos sociales que se viven en la región. Si, como todo parece indicar, se consolidan nuevas formas de representación y de organización del Estado, la hora de la actual clase política –y de sus prácticas– podría estar llegando a su fin.

La descomposición de la clase política latinoamericana: ¿el fin de un periodo?

En las últimas dos décadas, la hegemonía neoliberal y el auge globalizador produjeron diversos cambios en la clase política latinoamericana: la corrupción se hizo más visible, los partidos se «desideologizaron» en un contexto de fractura social, y la natural separación entre representantes y representados se ensanchó como nunca antes. Las consecuencias de ello son el giro a la izquierda registrado en algunos países, y el malestar y los estallidos sociales que se viven en la región. Si, como todo parece indicar, se consolidan nuevas formas de representación y de organización del Estado, la hora de la actual clase política –y de sus prácticas– podría estar llegando a su fin.

La lucha facciosa y la corrupción constituyen elementos que, en diversos grados, cruzan la historia de la clase política en América Latina. La generalización de estas prácticas, su capacidad de atravesar organizaciones de las más variadas tendencias ideológicas y una mayor visibilidad social, en un contexto de extensión de los procedimientos electorales, marcaron la historia regional de las últimas décadas del siglo XX y el comienzo del XXI. A ello se sumó la tendencia de un amplio sector de la clase política a convertirse en una «franja disponible», lista para responder a proyectos de los más variados signos ideológicos, situación que, pese a ser particular, se vincula en muchos aspectos con el problema anterior. Fenómenos referidos a la crisis de la política y al desencanto con la democracia, destacados por estudios diversos, han sido atravesados por estas prácticas.

Aquí se ofrecen elementos para una explicación de fenómenos cuya recurrrencia nos habla de tendencias que rebasan las razones individuales. La exposición está dividida en cuatro apartados. En el primero, se plantean las causas que explican la mayor visibilidad de la corrupción en la actualidad. En el segundo, se abordan cuestiones teóricas referidas al proceso de la representación política, lo que nos ofrece un marco necesario para comprender qué posibilita la autonomía de los representantes, asunto que está en la base de los temas que aquí nos ocupan. En el tercer apartado, se analizan aspectos particulares referidos a la clase política latinoamericana y a la denominada «democratización», para regresar, en el cuarto apartado, a una visión de fenómenos más generales: ciertas tendencias de la mundialización y sus manifestaciones en América Latina. El artículo concluye señalando, en términos hipotéticos, que los cambios hacia gobiernos con un nuevo signo político registrados en los últimos años parecen marcar el fin de una etapa en la historia de la actual clase política latinoamericana.

La visibilidad de la corrupción

Es difícil obtener una respuesta convincente al interrogante acerca de si en las últimas décadas hay en América Latina más corrupción que antes. Lo que sí es posible afirmar es que en este periodo la corrupción alcanza una mayor visibilidad social y una nueva significación política. Esto no se explica solo por el peso de los medios de comunicación, particularmente la televisión, en la percepción social de ciertos fenómenos, aunque es difícil negar su relevancia. En rigor, el asunto es más profundo y tiene relación con los cambios en el patrón de legitimidad que tuvieron lugar en las últimas décadas.

Hasta la década de 1970, el Estado se legitimaba por su capacidad de proveer de empleos más o menos estables y salarios menos pauperizadores que los actuales a capas asalariadas (tanto obreras como de la pequeña burguesía) y, en algunos casos, también a franjas campesinas, además de facilitar ciertas prestaciones y beneficios en materia de seguridad social, educación, salud y vivienda. Sin embargo, desde las últimas dos décadas del siglo pasado América Latina asiste a la conformación de otro tipo de Estado –calificado como Estado mínimo–, que busca ganar la obediencia de la población no ya por su capacidad benefactora o protectora, sino en tanto representante de la voluntad ciudadana expresada en consultas electorales transparentes. Esto ocurre luego de una etapa caracterizada por gobiernos militares que cancelaron las elecciones o, en algunos países, gobiernos civiles emanados de consultas sin garantías. Y sucede, además, en el cuadro de cambios que redefinieron las alianzas sociales y políticas y el modelo económico y crearon economías volcadas al mercado exterior.

Antes, la corrupción alcanzaba menor relevancia, en tanto quienes obedecían reconocían el derecho de las autoridades a mandar no porque existieran leyes y reglas claras sobre cómo debían ser elegidas, o porque se dibujara con nitidez el marco legal que definía su gestión, sino por una ecuación que amalgamaba grados diversos de seguridad laboral y social, además de cierto sentido de pertenencia a una comunidad.

En los últimos años, con la incorporación de América Latina a la mundialización, los discursos sobre la austeridad estatal, la responsabilidad en el gasto público y la necesidad de acabar con el populismo y el paternalismo buscaron justificar la reducción –o directamente poner fin– a las políticas que otorgaban algún nivel de seguridad laboral y social. El resultado fue un incremento del empleo precario, la reducción de los salarios y el desempleo, así como un aumento de la pobreza. Este paso estuvo propiciado por las demandas del gran capital local y mundial de reducir los costos sociales de la política, para elevar sus ganancias y sus márgenes de acumulación. Producido en tiempos de una onda larga recesiva en el ámbito de la economía mundial, el cambio provocó fuertes reajustes en las alianzas sociales en los Estados latinoamericanos, con el deterioro de las franjas asalariadas, tanto de la pequeña burguesía como de amplios sectores obreros, lo que alcanzó incluso a los segmentos de la burguesía industrial y comercial más ligados al mercado interno.

Todo esto supuso la búsqueda y la construcción de nuevos mecanismos de legitimidad. La puesta en marcha de la llamada «transición» (y posterior consolidación) democrática, la ciudadanización, la multiplicación de las consultas electorales y el ingreso al reino de la ley constituyeron algunos de los núcleos del nuevo proyecto político e ideológico.

Pero, luego de pasado un tiempo desde la puesta en marcha de este proceso, los datos disponibles ponen en evidencia la pobre percepción de la democracia que existe en la región y su débil capacidad legitimadora frente a las dificultades para responder a las demandas más sentidas, lo que puede arrojar nueva luz sobre esta suerte de izquierdización del electorado registrada en las más recientes elecciones.

En este contexto, lo que nos importa destacar es que el giro realizado para establecer nuevas formas de legitimidad permitió que el fenómeno de la corrupción se hiciera más visible, entre otras razones porque el nuevo discurso, que busca restablecer la relación mando-obediencia, ha insistido en que se ha ingresado en una etapa de respeto a la ley. De allí que la corrupción alcance una reprobación social mayor y que se activen mecanismos legales (y sociales) destinados a limitar en mayor grado la impunidad. Esto permite explicar la gran cantidad de personeros de la clase reinante latinoamericana que han sido sentenciados o enfrentan juicios por corrupción.

La representación política

Una de las características de la organización política en la modernidad capitalista es el fenómeno de la representación, en tanto la democracia de nuestro tiempo es representativa. Esto implica una relación entre representantes –sean de la nación, de la ciudadanía o de agrupaciones particulares como asalariados, franjas de trabajadores o empresarios– y los representados. Más allá de las diversas variantes que este fenómeno presenta a lo largo de la historia, lo que importa destacar es que la delegación de autoridad y soberanía implica la aparición de dos entidades sociológicas distintas: los representantes y los representados. Es, por lo tanto, inherente al proceso mismo de la representación la existencia de una distancia social entre estas entidades, y parte importante de la política y su desarrollo se vincula a la mayor o menor convergencia entre estos dos cuerpos políticos.

Esa distancia dependerá de los mecanismos que se establezcan para impedir que se extienda hasta alcanzar niveles en que se ponga en entredicho el proceso mismo de la representación, esto es, los vínculos que permiten que los representantes expresen la posición de los representados. Cuando ello sucede, como pareciera ocurrir hoy en América Latina, se pasa de una situación de autonomía relativa, inherente al fenómeno, a una autonomía a secas de los representantes, que permite que su accionar ya no se rija por los intereses de los representados.

Estos viejos problemas adquieren un peso significativo en las actuales circunstancias de transformación de los procesos de legitimación. El tema no ha escapado a la preocupación de los analistas teóricos, quienes señalan la necesidad de establecer mecanismos de «rendición de cuentas» de los gobiernos frente a los ciudadanos en los períodos entre elecciones. El asunto tiene sentido ante la situación muy común de candidatos que en la campaña electoral ofrecen programas que luego, a la hora de la gestión, terminan por relegar, impulsando incluso políticas en total oposición a sus propuestas iniciales. A esto se suma la poca efectividad del llamado «voto de castigo», mediante el cual los ciudadanos podrían hacer valer su malestar y sus desacuerdos con quienes gobiernan. Al mismo tiempo, la capacidad para reunir votos en coyunturas electorales desde el Estado, para crear mayorías volátiles con el apoyo de las técnicas de marketing y los medios de comunicación, hace posible la elección de candidatos, e incluso la reelección de presidentes, que pocos meses antes mostraban precarios niveles de aceptación.

En ese sentido, la ausencia de mecanismos reales de control cotidiano de la ciudadanía frente a sus representantes es uno de los factores que permite que éstos puedan operar con creciente autonomía, y que sus intereses, en tanto conglomerado social particular, ganen posiciones y terminen siendo privilegiados en un quehacer cuasi estamental.

Al elemento intrínseco de distancia (o de diferenciación sociológica) entre representantes y representados deben agregarse los ritos y el lenguaje, el modus operandi que se establece en la escena política. Esta verdadera liturgia tiene como uno de sus objetivos presentar la política como un asunto para iniciados, como una actividad que no está al alcance de los ciudadanos comunes. Este proceso, una más de las formas en que la política gana autonomía, tiene como contraparte grados diversos de expropiación a la ciudadanía.

Toda representación, insertada en los parámetros institucionalmente sancionados, cumple una función de filtro y, al mismo tiempo, de distorsión. De filtro, en tanto solo da cabida a aquellas demandas de los representados que se ajustan a leyes, reglas, normas y procedimientos establecidos en la escena política, acordes, en última instancia, con los intereses de quienes detentan el poder. De distorsión, porque los sujetos o agrupamientos sociales representados buscan defender sus posiciones a través de un cuerpo socialmente distinto (los representantes), que finalmente interpreta aquellas posiciones.

Este doble proceso se acentúa cuando la autonomía de los representantes gana terreno. De ello da cuenta la noción gramsciana de «crisis de representación»: parece ser una situación próxima, si no ya presente, en América Latina, que abarca a gobiernos y partidos políticos. En una situación de esta naturaleza, las disputas entre diversos representantes, que en situaciones normales deberían expresar (con grados moderados de filtro y distorsión) las disputas y diferencias existentes en el seno de los representados (clases, fracciones o sectores, por ejemplo), se convierten en luchas facciosas de camarillas por sus propios intereses.

La clase política, su origen y sus negocios

El proceso de reclutamiento de la clase política puede ofrecer valiosas pistas para el análisis que aquí nos ocupa. Un primer aspecto tiene que ver con su procedencia social. En una perspectiva general, puede señalarse que en América Latina –al menos desde la segunda mitad del siglo XX, luego de la debacle de los Estados oligárquicos– la pequeña burguesía constituye la base social en la cual se recluta al personal que ocupa los altos cargos, tanto del Estado como de los partidos políticos. Tras un proceso que duró algunas décadas, vista la región en su conjunto, la pequeña burguesía se entronizó en el aparato estatal. También, aunque en menor número, se sumaron personas de origen obrero y campesino.

Son conocidas las dificultades analíticas y sociológicas para considerar a la pequeña burguesía como una clase social, en gran medida debido a la enorme heterogeneidad de fracciones y sectores que la conforman y de intereses que la atraviesan, lo que alienta su fragmentación. Por el papel alcanzado en los últimos tiempos, vale la pena destacar a aquella franja de asalariados que, gracias a una alta especialización, asumen la condición de «expertos», ya sea en el manejo de la economía, de la política o de los asuntos sociales en general. Los tecnócratas encuentran condiciones propicias para ganar presencia al calor de una visión de los asuntos públicos como terreno propio de especialistas. El avance del paradigma neoliberal, el retorno a la visión positivista de las ciencias sociales (que, sostienen algunos, deberían seguir el camino de las ciencias naturales) y la aplicación de modelos matemáticos y estadísticos para definir políticas económicas y políticas públicas en general han generado espacios para un creciente peso de la tecnocracia en la gestión estatal y en los partidos políticos de todo signo, y han contribuido a la proliferación de despachos de consultoría. El otro sector de la pequeña burguesía con un peso significativo en el aporte de personal a la clase política latinoamericana no alcanza la calificación de «experto», pero ha hecho de su educación un camino para el ascenso social y el mantenimiento de sus prerrogativas de clase. Me refiero a los activistas: dirigentes estudiantiles, sindicales y gremiales, y el elevado número de representantes de organizaciones no gubernamentales surgidas en los últimos decenios.

Pero la procedencia de clase no es el único aspecto importante. Es necesario prestar atención a los mecanismos de reclutamiento de la clase política. La tecnocracia, como ya hemos señalado, gana espacios por el peso de los proyectos neoliberales en el Estado, partidos y universidades de América Latina, y su reclutamiento se funda principalmente en su condición de «experta», más que en su adscripción ideológica. De allí que pueda ser reclamada por organizaciones y gobiernos de los más variados signos políticos, aunque juega en realidad un papel político e ideológico importante para los actuales proyectos del capital mundializado.

En el caso de las demás franjas de la pequeña burguesía, el tema ideológico juega un papel de mayor relevancia en su reclutamiento. Pero ello ocurre, como veremos, en momentos en que se ha debilitado la significación de las ideologías políticas como referentes (lo que conduce recurrentemente a juicios simples, como la dilución de perfiles entre izquierda y derecha). Esto, a su vez, facilita la movilidad y el desplazamiento de miembros de la clase política entre diversas organizaciones y su acomodo bajo cualquier bandera ideológica.

Los ingresos de la clase política latinoamericana, particularmente de los segmentos que ocupan las posiciones en las cúspides de los partidos políticos y el aparato del Estado (presidentes, secretarios de Estado, altos funcionarios de la administración pública, parlamentarios, jueces, altos mandos militares), son iguales o superiores a los de los países más desarrollados. Este elemento constituye un gran incentivo y propicia serias disputas individuales y facciosas para incorporarse a la clase política, sobre todo en momentos en que el empleo y las remuneraciones de la población asalariada en general han sufrido serios deterioros, aspecto que ha afectado de manera significativa las condiciones de vida de la pequeña burguesía. Este proceso está en la base de muchos de los conflictos que internamente atraviesan a los partidos políticos y otras instancias de representación, así como en la de los enfrentamientos para acceder a las posiciones más importantes del aparato estatal. Ocupar puestos relevantes en el aparato estatal, los partidos políticos y otros dispositivos de representación no solo implica un nivel de ingresos elevado. Supone, también, la posibilidad de hacer uso de las redes de poder y de influencias para conseguir beneficios por la vía de pagos y comisiones para facilitar la obtención de contratos públicos a empresarios privados, destrabar trámites y ejercer labores de lobby en instancias gubernamentales. En los acelerados procesos de privatización y de apertura económica desarrollados en las últimas décadas del siglo XX y a comienzos del actual, importantes sectores de la clase política obtuvieron cuantiosos recursos por la vía de operar favorablemente hacia grupos económicos, de manera directa, al tener en sus manos la toma de decisiones, o indirectamente, gestionando que ciertas decisiones se orientasen en determinada dirección. La historia reciente en América Latina cuenta con un sinnúmero de ejemplos de esta naturaleza.

En la actualidad, la obtención de un cargo supone importantes gastos de campaña, que serán mayores mientras más elevado sea el puesto en disputa. A pesar de las leyes que limitan tales gastos, los controles suelen ser laxos, lo que permite que los partidos políticos y los candidatos reciban fondos de campaña que rebasan lo permitido por la ley, sin el debido control sobre las fuentes de financiamiento. Ganar mayores espacios en las grandes cadenas televisivas de la región en horas privilegiadas cuesta mucho dinero, así como cubrir las ciudades con propaganda o, en las viejas fórmulas que aún perviven, entregar canastas de víveres y otros bienes a la creciente masa de pobres. Más allá de los peligros referidos a la presencia de dinero «sucio» en las luchas electorales, la constitución de fondos de campaña favorece que los institutos políticos y los candidatos adquieran compromisos con los poderosos sectores económicos que aportan el dinero, lo que establece sesgos y obligaciones en su futura gestión.

Mundialización, corrupción y vaciamiento ideológico

La reorganización económica y social con predominio neoliberal llamada globalización o mundialización, emprendida desde las últimas décadas del siglo XX bajo la dirección del capital financiero transnacional, ha operado de manera activa en la descomposición de la clase política en las más diversas regiones del sistema capitalista, bajo formas y modalidades ad hoc en cada situación. En América Latina, millones de dólares han llegado a los bolsillos de altos funcionarios públicos, repartidos por pulcros conglomerados financieros, industriales o de servicios de los países centrales, a fin de hacerse de alguna de las tantas empresas públicas que han sido privatizadas bajo el paradigma del discurso que reclama menos Estado, pero más eficiente. Pero ésta es solo la punta del iceberg.La descomposición de la clase política latinoamericana forma parte de un proceso mucho más extenso, que presenta particularidades ligadas a las historias regional y nacional, y que está atravesado por tendencias globales en materia de corrupción, que abarcan tanto el centro como la periferia. La corrupción, en definitiva, también se ha mundializado.

Las ideologías que acompañaron el quehacer político desde mediados de los 50, cuyas principales corrientes podríamos identificar como conservadoras, liberales, socialdemócratas, socialcristianas y socialistas-marxistas, jugaban un papel clave en tanto identificación social de relevancia en los gobiernos, partidos políticos y otras instancias de representación, y en los colectivos e individuos que formaban parte de esos proyectos. Esas matrices ideológicas permitían que lo público, bajo la idea de un proyecto, jugara un papel de significación frente a los intereses privados e individuales.

Se ha intentado compensar el debilitamiento de estos referentes ideológicos y sus efectos identitarios con postulaciones de bases individualistas sin una función cohesiva, al menos en América Latina. Por ejemplo, la integración vía la participación en el mercado (consumismo) constituye una apuesta ideológica que opera en realidad como un factor de fractura de identidades sociales, entre otros aspectos, por los elevados niveles de exclusión del consumo que propician los patrones económicos. El debilitamiento de las matrices ideológicas antes mencionadas y el peso del individualismo tienen repercusiones directas en los partidos políticos, al diluir sus perfiles, y en la clase política, al alentar el pragmatismo ideológico y lo que se ha dado en llamar «realismo político». Esta suerte de vaciamiento ideológico favorece la movilidad de la clase política, y las diversas franjas que la conforman se constituyen en agrupamientos sociales «disponibles» para diferentes proyectos políticos, con una preeminencia de los objetivos individuales por sobre los sociales.

En ese debilitamiento, además de otros factores, juega un papel relevante la forma que ha asumido la lucha electoral, particularmente en situaciones de desmovilización: en su afán de ganar mayorías electorales, los partidos políticos terminan presentándose como fuerzas de «centro» y diluyendo sus perfiles diferenciadores. Esto constituye un factor contraproducente en casos de elecciones con procesos de movilizaciones sociales significativas. En tales situaciones, se reclaman en cambio posturas definidas sobre temas cruciales que interesan a la sociedad y no quedan dudas entre las posiciones de izquierda y de derecha.

En América Latina, la mundialización neoliberal propició una profunda ruptura de los tejidos sociales. El crecimiento del desempleo, el empleo precario, el subempleo, la pobreza y la miseria, la pérdida de beneficios sociales, el debilitamiento de los sindicatos y el desarraigo migratorio son algunos de los rasgos más visibles del rompimiento de nervaduras profundas, que se sumaron a las rupturas de los tejidos sociales propiciadas por los golpes militares y las medidas de contrainsurgencia aplicadas en la región, particularmente en el Cono Sur, en los años 70, y a las verdaderas guerras de contrainsurgencia llevadas a cabo, sobre todo en Centroamérica, en los 80. Todo esto conforma un cuadro en que la capacidad de respuesta del mundo del trabajo se vio seriamente afectada, lo que abrió el espacio para un accionar más expedito para el capital, de acuerdo con las tendencias antes señaladas.

A manera de conclusión: ¿hacia un nuevo escenario?

El panorama antes descrito pareciera comenzar a revertirse, al menos en parte. Los signos más inmediatos podrían percibirse en las recientes tendencias electorales que han permitido la conformación de gobiernos de nuevo tipo, apoyados en fuerzas políticas o sociales que, de manera general, podrían calificarse como de izquierda. También hay señales en procesos sociales y movilizaciones, como la de Argentina en 2001 y la de Bolivia en los últimos años, que ponen de manifiesto el creciente malestar de diversos sectores con el accionar sin control y sin escrúpulos de la clase política y con la modalidad de democracia procedimental en marcha.

La opción por nuevas alternativas pone de manifiesto el reclamo por formas novedosas de gestión gubernamental, transparencia, probidad y un mayor compromiso entre los actos de gobierno y las promesas electorales. Revela, asimismo, la necesidad de poner fin a la autonomía, la falta de representatividad y la corrupción de los partidos políticos y de la clase política.

De manera hipotética, podríamos señalar que la descomposición de la clase política latinoamericana en las últimas décadas, marcada por la corrupción y la volatilidad ideológica, respondió a un momento particular de la mundialización y de la reorganización capitalista en la región, signado por la subasta de los bienes públicos y una particular relación de fuerzas caracterizada por la desarticulación de las redes del mundo del trabajo y de las clases subordinadas. Ese periodo parece estar llegando a su fin. Es posible, entonces, que asistamos a la emergencia de nuevas formas de gestión de la política y de incidencia de la población en el quehacer público y, con ello, a la emergencia de nuevas representaciones y formas de organización del Estado y de la escena política. De ser así, la hora de la actual clase política y de sus prácticas podría estar llegando a caminos que se estrechan.

Bibliografía

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