Entrevista

«La corrupción es percibida como uno de los mayores males que impacta en la calidad de vida de la ciudadanía»

Pablo Secchi y Emilia Berazategui, directivos de la organización Poder Ciudadano, se expresan sobre la lucha contra la corrupción, analizan las políticas del G-20 en la materia, y reflexionan sobre la situación de la transparencia en América Latina.

«La corrupción es percibida como uno de los mayores males que impacta en la calidad de vida de la ciudadanía»

Entrevista de Claudia Detsch

Usted participó recientemente del encuentro del grupo de trabajo anticorrupción del G-20 en Berlín. ¿Podría comentarnos cuál ha sido el carácter y el tipo de trabajo de este grupo, y cuáles fueron las conclusiones a las que arribaron?

EL Grupo de Trabajo Anticorrupción, al igual que los restantes grupos de trabajo que integran el G-20, tiene como objetivo principal apoyar el trabajo de los jefes de Estado, ministros de Finanzas y sherpas (representantes personales de los jefes de Estado), en una temática específica, en este caso, la lucha contra la corrupción.

Los días 24 y 25 de enero se realizó en Berlín la primera reunión del Grupo de Trabajo Anticorrupción y la VI Conferencia de Alto Nivel de dicho grupo. Poder Ciudadano fue invitado a observar dicha reunión y a participar de la conferencia.

En la reunión del Grupo de Trabajo Anticorrupción, tanto los representantes del B-20 (sector privado) como del C-20 (sociedad civil) expusieron ante los representantes del G-20 sobre los principales desafíos que enfrentan los Estados en materia de lucha contra la corrupción. Desde la sociedad civil se hizo hincapié en puntos clave que conforman el Plan de Implementación Anticorrupción del G-20 para el bienio 2017-2018, entre los cuales se destacan: open data, contrataciones abiertas en el sistema de salud, lavado de activos, cadenas de suministro, bienes de lujo e inmuebles.

En los próximos meses se realizarán dos reuniones más del Grupo de Trabajo Anticorrupción, en las cuales se espera que el Grupo profundice en estas y otras temáticas vinculadas a la lucha contra la corrupción.

¿Ha habido avances reales en la lucha contra la corrupción gracias al trabajo del G-20? ¿Los Estados han adoptado políticas públicas efectivas en torno a esta materia a partir de las recomendaciones del Grupo de Trabajo?

Los estudios, recomendaciones, guías y principios de alto nivel, son algunas de las herramientas con las que cuenta el G-20 para instar a sus Estados miembros a adoptar políticas públicas vinculadas a la lucha contra la corrupción. Entre dichas herramientas y recomendaciones se destacan:

  • Principios de Alto Nivel sobre la divulgación de activos de funcionarios públicos (2012).
  • Principios Rectores para combatir el cohecho transnacional (2013).
  • Principios de Alto Nivel sobre transparencia en materia de beneficiario efectivo (2014).
  • Principios de Alto Nivel para promover la integridad en las contrataciones públicas (2015).
  • Principios de datos abiertos y anticorrupción (2015).
  • Declaración sobre la necesidad de que la totalidad de los países miembros del G-20 ratifiquen e implementen plenamente la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, por sus siglas en inglés).
  • Recomendación relativa a la necesidad de que los Estados que integran el G-20 cuenten con una norma de protección de denunciantes de casos de corrupción.

Si bien los principios del G-20 no son vinculantes y, aunque en términos generales, pueda afirmarse que la aplicación de los compromisos de los países miembros del G-20 es débil, es importante destacar que en el último tiempo se han evidenciado ciertos avances en materia de lucha contra la corrupción gracias al trabajo del G-20.

Así, se destaca el hecho de que, en consonancia con las recomendaciones efectuadas por el Grupo de Trabajo Anticorrupción, en los últimos tres años la India y Arabia Saudita ratificaron la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, por sus siglas en inglés), lo que significa que todos los Estados miembros del G-20, con la excepción de Japón, lo han hecho. Asimismo, los compromisos que alientan a los países miembros del G-20 a ratificar la Convención contra el Soborno Transnacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, por sus siglas en inglés) ha incrementado el número de países que ratificaron dicho instrumento internacional.

Por otro lado, por medio de las recomendaciones efectuadas por el G-20, varios de los Estados miembros, entre ellos Argentina, adoptaron o fortalecieron su legislación vinculada a whistleblower o colaborador eficaz, herramienta clave en la lucha contra la corrupción.

Además, como consecuencia de la adopción de los Principios de Alto Nivel sobre transparencia en materia de beneficiario efectivo, Reino Unido estableció su propio registro público de beneficiario efectivo y Francia, Sudáfrica y Australia se comprometieron a establecer o considerar la creación de dichos registros.

¿Cuáles son sus expectativas respecto de la cumbre del G-20 que se realizará en julio de este año en Hamburgo?

La cumbre va a reflejar toda la labor de los distintos grupos de trabajo. En este sentido, y teniendo en cuenta las temáticas que trabajamos desde Poder Ciudadano, espero que en la cumbre se evidencien avances sustanciales vinculados a la efectiva implementación por parte de los Estados del Plan de Implementación Anticorrupción del G-20 para el bienio 2017-2018.

Además, la cumbre tiene una especial relevancia para Argentina ya que el país ejercerá la presidencia del G-20 durante el próximo año. Los resultados de la cumbre serán un insumo de gran relevancia para la elaboración de la agenda del G-20 2018.

Durante la última década, se produjeron diversos procesos políticos en América Latina que pretendieron realizar importantes transformaciones. Sin embargo, la corrupción siguió siendo un lastre para la región. ¿Cree que ha habido avances en materia de lucha anticorrupción?,en ese caso, ¿Cuáles han sido?

En los últimos años, los países de América Latina han intentado realizar ciertos avances en materia de lucha contra la corrupción, como por ejemplo la sanción de leyes o la incorporación de estándares de gobierno abierto y gobierno electrónico. Sin embargo, la realidad muestra que esos esfuerzos no han sido suficientes y que aún queda un largo camino para recorrer en materia de lucha contra la corrupción.

Así, los casos de corrupción de la región que recientemente salieron a la luz, entre ellos, principalmente la operación Lava Jato, tuvieron y continúan teniendo un gran impacto en todos los Estados de América Latina ya que la gran mayoría de los mismos se ha visto envuelto en menor o mayor medida en este escándalo. Esta situación refleja la debilidad de los esfuerzos adoptados para luchar contra la corrupción.

Además, las diversas encuestas sobre percepción de la corrupción continúan demostrando que, tanto en Argentina como en el resto de los países de América Latina, la corrupción es percibida como uno de los mayores males que impacta en la calidad de vida de la ciudadanía. Así, el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional 2016 le otorgó una puntuación promedio al continente americano de 44 puntos sobre 100, en una escala en la cual un puntaje por debajo de los 50 puntos indica que los gobiernos están fallando en el abordaje de la lucha contra la corrupción.

¿Por dónde deberían comenzar a trabajar los Estados? ¿Qué recomendaciones daría usted, como experto en la materia, para arribar a soluciones reales y concretas a este respecto?

Los países de América Latina pueden y deben comenzar a implementar políticas públicas efectivas que tengan un impacto verdadero en la disminución de los niveles de corrupción en la región.En este sentido, es indispensable que se cuente con un Poder Judicial verdaderamente independiente que, ante las denuncias que recibe por hechos de corrupción, actúe de manera rápida, eficiente e independiente, ya que sin jueces y fiscales comprometidos en la lucha contra la corrupción, los corruptos quedarán impunes.

Por otro lado, es necesario que exista un marco normativo apropiado para luchar contra la corrupción, en el cual resultan esenciales leyes sobre acceso a la información pública, responsabilidad penal de las personas jurídicas, whistleblower o colaborador eficaz, entre otras.. Además, teniendo en cuenta que en América Latina existe una brecha entre la norma y la práctica, es indispensable que los Estados trabajen en la efectiva implementación de dichas leyes, garantizando el efectivo cumplimiento de las mismas.

El efectivo acceso a la información pública en temas que históricamente han estado asociados a la corrupción, tales como compras y contrataciones públicas u obras de infraestructura y servicios es clave para garantizar el control social sobre los recursos públicos y disminuir el riesgo de conflicto de interés. Además, la publicidad de los informes de los organismos, tanto internos como externos, de control de los Estados es indiscutible.

Finalmente, lo que se necesita es institucionalidad democrática, sumada a políticas públicas a largo plazo. La lucha contra la corrupción no puede observarse al margen de los fracasos de las demás políticas. No sería lógico que las políticas anticorrupción funcionen en países donde no funcionan las políticas educativas, sociales y de salud. El desafío es englobar la lucha contra la corrupción en un cambio que favorezca el fortalecimiento de las instituciones. Las instituciones tienen que brindar un marco sólido y previsible. Se precisa de una Justicia independiente, respetando estrictamente la Constitución. Es necesario un Poder Legislativo activo, firme con sus órganos de control, e independiente. Y por supuesto, será preciso contar con un Poder Ejecutivo limitado en sus discrecionalidades y exento de arbitrariedades.

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