Tema central

La búsqueda de una ciudad justa, democrática y sustentable

Con casi 18 millones de habitantes, la Región Metropolitana de San Pablo, integrada por 39 municipios, combina pujanza económica con altos índices de pobreza, en un contexto marcado por la precariedad urbana y los riesgos socioambientales. En una ciudad segmentada, los déficits de infraestructura y servicios se combinan con una distribución desigual de la población, que tiende a concentrarse en la periferia y a generar un despoblamiento del cuadrante sudoeste, donde se ubican las oportunidades laborales, la infraestructura y los servicios. La gestión municipal de Marta Suplicy hizo algunos avances en la solución de estos problemas mediante la elaboración de un plan rector y la implementación de diferentes mecanismos para mejorar la situación de las zonas más relegadas, pero es mucho lo que aún resta por hacer.

La búsqueda de una ciudad justa, democrática y sustentable

Introducción

En 2008, la mitad de la población mundial vivirá en conglomerados urbanos. Esto coloca el espacio urbano en el centro de la atención de numerosos actores políticos, instituciones e investigadores. En muchos países, sobre todo en los más pobres del Hemisferio Sur, la creciente urbanización de la vida social ocurre junto con graves procesos de degradación de los recursos naturales y con la producción –y reproducción– de pésimas condiciones de vida que afectan a millones de habitantes de asentamientos precarios, desprovistos de servicios y de la infraestructura urbana más básica.

La discusión sobre la sustentabilidad socioambiental del planeta no puede cerrar los ojos a lo que sucede en los conglomerados urbanos. En las ciudades, la imbricación entre artefactos humanos y naturaleza hace necesario superar la visión antagónica que contrapone, de modo simplificado, la urbanización a las cuestiones ambientales. Los territorios de las ciudades deben verse como sistemas complejos en los cuales interactúan procesos naturales y artificiales. La producción del espacio urbano y las dinámicas socioeconómicas transforman profundamente el medio ambiente y este, a su vez, interfiere y afecta los patrones de urbanización.

La Segunda Conferencia del Hábitat, organizada por las Naciones Unidas en Estambul en 1996, consideró la interdependencia entre el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección ambiental como un factor indispensable para el desarrollo sustentable. Sin embargo, de acuerdo con David Satterwaite, es errónea «la suposición de que la preocupación por la calidad ambiental en las ciudades es el único factor que es preciso atender en relación con el ambiente en las metas de desarrollo sustentable». Para este autor, tales metas exigen algo más que eso: entre otras cosas, señala «el control de enfermedades contagiosas y parasitarias, la reducción de peligros químicos y físicos en el hogar, en el lugar de trabajo y en la ciudad en general, la universalización de un ambiente urbano de buena calidad para todos, la minimización de la transferencia de costos ambientales hacia los habitantes y ecosistemas en el entorno de la ciudad y el incentivo al consumo sustentable».

El informe de 2007 sobre el cambio climático elaborado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) confirma la responsabilidad humana en la emisión de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global. Esta conclusión refuerza la importancia de analizar el papel de las ciudades en la construcción de la sustentabilidad socioambiental, con una mirada que vaya más allá de la simple protección de los recursos naturales. Las ciudades deben impulsar transformaciones de las formas de producción, los patrones de consumo y los estilos de vida, que hagan frente a los grandes desafíos del calentamiento global. Con casi 18 millones de habitantes distribuidos en aproximadamente 1.500 kilómetros cuadrados de áreas urbanizadas, la Región Metropolitana de San Pablo (RMSP) es una megaciudad que combina pujanza económica, altos índices de pobreza, precariedad urbana y serios riesgos socioambientales. La RMSP está integrada por 39 municipios, donde se evidencian los déficits de sustentabilidad urbana y socioambiental que son resultado de una urbanización desigual, clientelar y de riesgo. El propósito de este artículo es, en la primera parte, analizar las marcas de esa urbanización en la RMSP y en la segunda, reflexionar sobre las innovaciones introducidas por la gestión de Marta Suplicy, del Partido de los Trabajadores (PT), entre 2001 y 2004, cuando ocupó el cargo de intendente (prefecta) de San Pablo. Estas innovaciones, directa e indirectamente, intentaron lidiar con algunos problemas urbanos estructurales.

La urbanización desigual

La urbanización desigual que estructura el territorio de la RSMP se relaciona estrechamente con los patrones excluyentes de distribución de la renta y la riqueza que prevalecen tanto en el ámbito local como en el nacional. Las desigualdades socioterritoriales que caracterizan a esta gran metrópoli son resultado de los procesos de concentración y creciente desigualdad en la distribución de la renta y el poder. Por un lado, existen grupos con privilegios y riquezas, que habitan los mejores espacios, los más valorizados y de interés para el capital inmobiliario; y, por otro lado, sectores que viven en situaciones de pobreza y miseria, en espacios con pésimas condiciones habitacionales y con escaso o ningún acceso a buenos servicios de salud, educación, cultura y transporte, entre otros.Los patrones desiguales de urbanización generan situaciones tensas y conflictivas como consecuencia de la convivencia de favelas, loteos clandestinos, conjuntos habitacionales populares, edificios, centros empresariales modernos y vigilados, hoteles de lujo, condominios residenciales autosegregados, barrios exclusivos de mansiones, shopping centers destinados a diferentes grupos de consumidores, áreas comerciales y de servicios sofisticados, áreas de comercio y servicios populares, terrenos industriales abandonados, industrias nuevas de alta tecnología, casas y edificios de departamentos ocupados por habitantes de clase media, etc.

En este contexto, buena parte de las áreas periféricas, donde en general se concentra la población de menores ingresos, se han desarrollado a partir de cuatro factores: ocupación de terrenos vacíos por sectores pobres; loteos irregulares e ilegales; conjuntos habitacionales para la población de bajos ingresos construidos por el Estado, y favelas. El abastecimiento insuficiente de agua y la falta de desagües sanitarios e infraestructura comunitaria de educación, salud y esparcimiento son el rasgo común de estos espacios, que no fueron pensados con una concepción de ciudad en el sentido material, político y civilizatorio de la palabra.

La mayor parte de las viviendas ubicadas en estas zonas fueron construidas por sus propios habitantes, con poca o ninguna asistencia técnica, de ahí su estado inacabado permanente. Estas viviendas informales sufren ampliaciones y arreglos en función de las necesidades familiares, que cambian de acuerdo con los ciclos de vida de sus miembros: cuando los hijos y las hijas se casan, por ejemplo, es común que las familias agranden las viviendas para dar lugar a la nueva pareja, y esas ampliaciones a menudo perjudican la ventilación y la luminosidad y generan situaciones insalubres que provocan enfermedades respiratorias.