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Juventud, desarrollo y democracia en América Latina

Para los gobiernos progresistas y de izquierda, la ausencia histórica de políticas públicas de juventud vigorosas y pertinentes en la región no hace más que reforzar la ilusión vana de respuestas neoestatistas de imposible implantación efectiva. La construcción de alternativas exige repensar y reformular políticas educativas y de salud, con el objeto de procurar acercarlas a la cultura juvenil y apostar decididamente a la formación ciudadana, para brindar alternativas «terminales» más concretas en relación con el mundo del trabajo. Si esto no se logra, nuestras sociedades avanzarán muy poco hacia las nuevas tendencias culturales, más allá de las fuertes presiones corporativas de sectores conservadores que se niegan a reconocer esta realidad.

Juventud, desarrollo y democracia en América Latina

¿Una nueva era progresista?

Aunque se trata de tendencias con desarrollos desiguales en las diferentes regiones de nuestro continente, es un hecho que se va ampliando el acceso al gobierno de partidos políticos progresistas y de izquierda –muy diversos entre sí– que intentan desplegar una gestión pública sustentada en coordenadas diferentes de las que rigieron durante los años 90, al menos en buena parte de América del Sur. Nuevas sensibilidades frente a las desigualdades sociales, mayor firmeza en la búsqueda de respuestas menos dependientes respecto a los grandes centros de poder mundial, e intentos más sistemáticos de «representar» a los más desprotegidos y postergados parecen ser algunas de las claves de esta nueva «era progresista» (Rodríguez, Barret y Chávez 2005; Castro 2005).

Sin embargo, entre los postulados y la práctica efectiva sigue existiendo una gran distancia, explicable en buena medida por la inexperiencia en la gestión pública de muchos de los nuevos elencos gubernamentales, las serias dificultades del entorno (sobre todo en el terreno económico), la enorme dispersión de intereses y situaciones específicas en el campo de los «excluidos» y la ausencia de paradigmas pertinentes para guiar las nuevas prácticas políticas y sociales, tanto desde la gestión pública (nacional, regional y local) como en el campo de la dinámica de la sociedad civil. Definitivamente, no es lo mismo ser oposición que ser gobierno, y el aprendizaje correspondiente es muy doloroso.

A ello se suma la fragilidad de las instituciones democráticas (PNUD 2004), sobre todo en gran parte de los países andinos y algunos de los centroamericanos, donde las irrupciones sociales de los «excluidos» se manifiestan con la fuerza suficiente como para provocar la renuncia del presidente de la República (ya son varios los casos), pero no cuentan con la misma fuerza y convicción al momento de formular alternativas pertinentes y oportunas para guiar la construcción de nuevos modelos de gestión en el dominio de las políticas públicas. Sin dudas, el «que se vayan todos» expresa con sobrada evidencia el estado de ánimo reinante, pero no es capaz de construir casi nada realmente alternativo.

Los intentos de gestión alternativa oscilan entre «más de lo mismo» y la ilusión vana de respuestas neoestatistas de imposible implantación, incluyendo –en algunos casos– una peligrosa combinación con fórmulas autoritarias que guardan muy poca relación con los enfoques democráticos que se postulan como centrales en el campo de los discursos. La participación efectiva de la sociedad civil (que en muchos casos enfrenta ahora más dificultades que en el marco de gobiernos «neoliberales») sigue siendo una importante asignatura pendiente y, probablemente, una de las claves para la búsqueda de respuestas pertinentes a las trampas y los problemas que acechan por todas partes.

Las y los jóvenes latinoamericanos en este nuevo marco político

Las y los jóvenes no son ajenos a estas tendencias. Muy por el contrario, sufren más que cualquier otro sector las consecuencias de los estilos de desarrollo excluyentes vigentes en casi todos nuestros países, miran con gran recelo a las clases dirigentes y están en primera fila en las protestas sociales y políticas, pero al mismo tiempo carecen de espacios propios para la participación ciudadana y no cuentan con enfoques corporativos que permitan impulsar políticas públicas que procuren mejorar su calidad de vida y su protagonismo social y político. En este sentido, los movimientos y las organizaciones juveniles de la región, que se han transformado radicalmente en los últimos 30 años, no logran cumplir funciones de representación efectiva (y reconocida) de las y los jóvenes, y por tanto, no logran actuar como un «movimiento social», en el sentido clásico de la expresión (Rodríguez 2005a).

La histórica ausencia en la región de políticas públicas de juventud vigorosas y pertinentes no hace más que reforzar este estado de situación e impide la construcción de alternativas efectivas. Las políticas públicas de juventud se han caracterizado por su elevada fragmentación y su evidente irrelevancia, en un marco en que, además, las instituciones gubernamentales especializadas en estos dominios (salvo honrosas excepciones) no logran cambiar esa situación, en parte por falta de apoyos políticos y de recursos, pero también por el despliegue de estrategias equivocadas, centradas en la ejecución directa de programas y proyectos de muy escaso impacto efectivo y que resultan conflictivos con las diferentes agencias ejecutoras de políticas públicas, especialmente ministerios y alcaldías (Rodríguez 2004a).

Los gobiernos progresistas cuentan con el apoyo de las nuevas generaciones en términos electorales pero, al mismo tiempo, no logran diseñar escenarios alternativos atractivos que conciten la participación efectiva de las y los jóvenes en la construcción de sociedades más prósperas, más democráticas y más equitativas. Por esta razón, enfrentan serios riesgos de perder esos apoyos en el corto y mediano plazo y, con ello, las posibilidades de mantener en el tiempo el control de la gestión pública se acotan significativamente. Tres parecen ser los principales problemas por enfrentar: en primer lugar, la extendida vigencia –aun en la clase dirigente llamada «progresista»– del enfoque de riesgo que identifica a las y los jóvenes como un simple grupo vulnerable al que hay que proteger e integrar (extendiendo el «modelo» de trabajo con niñas y niños, sin percibir el abismo existente entre una etapa y la otra en la vida de cualquier persona); en segundo lugar, el peligroso argumento de las y los jóvenes organizados (sobre todo los más «politizados») que sostiene que las políticas de juventud son un asunto exclusivo de los propios jóvenes, en el que los adultos no tienen que inmiscuirse; y en tercer lugar, la falta de un acuerdo extendido sobre cuál es o cuál debe ser el rol de las y los jóvenes en la «nueva sociedad», que legitime positivamente la existencia de políticas públicas dirigidas a este sector.