Opinión

Jimmy Morales: dos años sin rumbo y sin el cambio prometido

El gobierno de Jimmy Morales es discutido y la corrupción sigue estando presente en el panorama político guatemalteco. El cambio prometido no se ha hecho realidad. La falta de rumbo resulta evidente.

Jimmy Morales: dos años sin rumbo y sin el cambio prometido

Hace dos años, la llegada de Jimmy Morales a la Presidencia de Guatemala, renovaba las esperanzas de los votantes en la lucha contra la corrupción y en la depuración del sistema político tradicional. El nuevo presidente no era un político. Bajo el lema de campaña: «ni corrupto, ni ladrón», Morales captó el voto del ciudadano cansado de los de «siempre», pero su ingenuidad y poca experiencia en la gestión pública y política no tardaron en evidenciar su incapacidad para aglutinar a todos los sectores de la sociedad y llevar a cabo las reformas urgentes del Estado. En cambio, se dejó guiar por los poderes oscuros y retiró su apoyo al combate de la corrupción para salvar su cuello y el de su familia.

Campaña

Aunque Morales era un novato en la política, no lo era intentando llegar al poder. Para cuando lo alcanzó en 2015 con ayuda del Frente de Convergencia Nacional (FCN), un partido relativamente nuevo fundado por militares veteranos, ya había competido para la alcaldía de Mixco, uno de los municipios más cercanos del área urbana.

Previamente se había dedicado al mundo del entretenimiento y había logrado una importante popularidad por ser una figura pública ampliamente reconocida en la televisión con su programa «Moralejas». Pero su victoria también fue resultado del «castigo» que la población impuso a la clase política tradicional, especialmente porque sus antecesores, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, fueron acusados de integrar varias estructuras paralelas con el fin de saquear fondos del Estado y enriquecerse ilícitamente.

El excomediante prometió durante su campaña política trabajar para garantizar el acceso a la educación, el abastecimiento de medicamentos, el apoyo a microempresarios, y se sumó a la lucha contra la corrupción. Hasta ahora, el papel de Morales ha sido pasivo. Su agenda consiste en asistir a eventos como firmas de convenios, inauguración de pequeños proyectos carreteros, y dar discursos encendidos. Sus ocupaciones como presidente recuerdan su campaña política: visitar, saludar y tomarse fotos.

«Novatos»

El primer año del presidente tuvo varios desaciertos. Su primer strike fue no asegurarse de la honorabilidad de algunos miembros de su gabinete. Aunque la mayoría eran profesionales con experiencia y trayectoria, no se salvó de ser criticado porque la entonces ministra de Comunicaciones, Sherry Ordoñez, le debía dinero al fisco. Ésta renunció un mes después. Otro desacierto fue aceptar donaciones de insumos médicos, entre ellos medicinas vencidas, que repartió a los centros de salud de todo el país.

En tanto, la bancada FCN en el Congreso, fue enviada a la banca pues no logró ni un solo puesto en la Junta Directiva y tampoco la Presidencia de alguna de las Comisiones de Trabajo. Javier Hernández, jefe del bloque, tenía un «as» bajo la manga: aceptar a los diputados transfugas en sus filas para tener peso en el Poder Legislativo. Un revés que le sigue pasando la factura al Presidente, pues su bandera de ser parte del cambio se caía al aceptar su partido a diputados señalados de corrupción.

A mediados de 2016, la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) señalaron a José Manuel y a Sammy Morales, hijo y hermano mayor del Presidente, como responsables del delito de fraude por haber extendido facturas a terceros que sirvieron para simular una compra de alimentos al Estado, compra que el Registro General de la Propiedad (RGP) avaló. Esta situación lo llevó a tener su primer roce con la Fiscal General y la comisión, con quienes hasta ese momento mantenía un diálogo abierto en pos de la transparencia.

Morales también abanderó las reformas a la Constitución Política de Guatemala para fortalecer al sector justicia, pero los cambios propuestos no fueron bien recibidos por diversos sectores políticos y empresariales del país que encontraron eco en la oposición de diputados. Poco a poco, las reformas salieron de la agenda legislativa y el tema quedó en el olvido.

Si no puedes contra ellos, úneteles.

Para el inicio del segundo año, la bancada oficial logró la presidencia de las comisiones más importantes: las de Finanzas y Moneda (donde se maneja el Presupuesto General). Pese a ello, el 2017 le deparaba más reveses al gobierno.

Morales permanecía firme en que no intervendría a favor de sus familiares en el caso #BotínRegistroPropiedad, pero muy pronto la CICIG y el MP lo llevaron a escoger un bando entre los sectores interesados en mantener su status quo y los sectores sociales que exigían justicia.

El presidente no contaba con que ser secretario general de FCN le traería implicaciones penales. El partido oficialista fue acusado, junto a otros, de financiamiento electoral ilícito al no aclarar el origen de más de 585 mil dólares usados durante la campaña política de 2015.

Para el 19 de septiembre de 2017, el papel de Morales frente a la lucha contra la corrupción ya estaba definido. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, anunció que el gobierno de Guatemala estaba revisando el acuerdo de creación de la CICIG, para «evitar la persecución selectiva» y la injerencia internacional.

En agosto, el presidente transmitió un mensaje en cadena nacional para declarar «non grato» al jefe de la CICIG, Iván Velásquez, y exigir su inmediata expulsión del país. La ciudadanía salió a las calles para apoyar la permanencia de Velásquez y la renuncia de Morales. Amparos interpuestos por la oposición y organizaciones sociales, lo impidieron. Pero los intentos para solicitar el relevo del comisionado no han cesado de parte de la Cancillería guatemalteca.

Entonces, los diputados dieron su golpe. Debido a las investigaciones y solicitudes de antejuicio en contra de funcionarios y diputados, éstos últimos crearon una alianza que aprobó una reforma al Código Penal y así evitar ser investigados por financiamiento electoral ilícito. Un día después, los diputados dieron marcha atrás ante la amenaza de manifestaciones ciudadanas.

A lo largo del año, Morales fue denunciado entre seis y ocho veces, tanto por la CICIG y el MP, como por organizaciones sociales y bancadas. Ninguno de las solicitudes pasó en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para lograr el retiro de su inmunidad y ser investigado, debido a los aliados que allí posee.

En rescate de Morales también apareció el alcalde capitalino y expresidente de Guatemala, Álvaro Arzú (también firmante de los Acuerdos de Paz en 1996), declarando la guerra a todos sus opositores. Arzú fue recientemente acusado de haber pagado con dinero de la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala la campaña electoral del partido Unionista que tiene a su hijo, Álvaro Arzú Escobar, como jefe.

Ambos años del Gobierno fueron precedidos por manifestaciones pacíficas para exigir el cese de la corrupción y la renuncia de Morales.

Oscuridad y más oscuridad

En el tercer año, tanto el Congreso como el Ejecutivo tienen más experiencia y conocimiento de las jugadas políticas, por eso los diputados que apoyaron la reforma al Código Penal se unieron nuevamente para presentar una planilla para ocupar la Junta Directiva del Legislativo en 2018. Las fuerzas oscuras hablaron. Arzú Escobar fue electo como presidente del Congreso. Su planilla está integrada también por diputados con señalamientos de corrupción y evasión al fisco.

La votación, sin embargo, tendrá que ser repetida por orden de la Corte de Constitucionalidad (CC). ¿Los motivos? Todo se debe a que la planilla de Arzú Escobar incluyó entre sus miembros a una diputada con antecedentes de transfuguismo, aspecto que la ley no permite. La nueva votación incluirá a una segunda planilla conformada por diputados de bancadas minoritarias.

Por su parte, el Ejecutivo hizo limpieza en su casa y destituyó a tres ministros: los de Gobernación, Desarrollo Sociales y Economía. Destaca el nombre del nuevo ministro de Gobernación, Enrique Antonio Degenhart Asturias, quien es nombrado como intermediario de la empresa Westbend Management, S.A. en los #PanamáPapers.

Los cambios no acabaron allí. El jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa, fue destituido por no haber rebasado la meta de recaudación del 2017, pero los motivos de su despido podrían tener que ver con haber intervenido empresas de personas poderosas señaladas de defraudación fiscal.

Oposición progresista

En Guatemala no existe la «oposición progresista» per se. De las 16 agrupaciones políticas existentes en el Congreso, ni una sola puede ser denominada como tal. La mayoría de las bancadas han asumido fuertemente el papel de la fiscalización de los recursos del Estado, y solo una de ellas mantiene una agenda en temas de derechos humanos, pueblos indígenas, entre otros. Se trata de Convergencia.

Esta bancada de centro-izquierda, tiene tres diputados de los 158 que integran el Parlamento. Convergencia no tiene fuerza políticamente hablando, no cuentan con el respaldo del sector empresarial y tampoco de los han políticos más conservadores, pero enfocado sus recursos en detener y/o denunciar las acciones del Presidente como la expulsión del jefe de la CICIG.

Otros partidos, como la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), hacen oposición al Gobierno. El problema es que varios de sus diputados tienen señalamientos de corrupción por parte del MP y la CICIG.

La situación del país es, sin duda, compleja. El gobierno de Jimmy Morales es discutido y la corrupción sigue estando presente en el panorama político. El cambio prometido no se ha hecho realidad. La falta de rumbo resulta evidente.

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