Coyuntura

Izquierda y política en tiempos recientes

La crisis por las denuncias de corrupción en Brasil permanece abierta. En la raíz del problema está la forma en que el PT conquistó el poder por medio de la figura mítica de su líder, con una visión autosuficiente y desvalorizando el sistema partidario. En su pragmatismo, Lula y su partido apelaron a esta estrategia de movilización de aliados parlamentarios y creyeron que bastaba con el mero voluntarismo para llevar adelante su gestión. Los escándalos revelaron cuán frágil ha sido la evolución del gobierno petista hacia la aceptación plena de la política democrática.

Izquierda y política en tiempos recientes

Introducción

Las denuncias de corrupción que envuelven al gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva revelan un rasgo de la vida política brasileña poco recordado: en los últimos 50 años, los presidentes outsiders al sistema partidario encontraron dificultades para imponer sus populismos. Jânio Quadros, Fernando Collor de Melo y ahora el propio Lula –si bien fueron elegidos con gran aceptación popular– terminaron muy debilitados al enfrentarse con el mundo aparentemente frágil de la política. En contraste, se observan gobiernos de estilo democrático –con un sector reformista y un ala conservadora– que fueron exitosos, en buena medida por haberse sustentado en coaliciones de partidos. El gobierno de Juscelino Kubitschek, a mediados de la década de 1950, constituye un ejemplo. El caso crítico fue cuando, a comienzos de los años 60, el vicepresidente João Goulart asumió el gobierno y se propuso iniciar «reformas de base», en una difícil negociación con el mundo político. Esta tentativa reformista no tuvo continuidad, y el hecho de que Goulart no hubiera obtenido un apoyo partidario consolidado fue señalado como una de las principales causas del golpe de 1964. La resistencia al régimen militar, periodo durante el cual fueron impuestos presidentes generales, mostró dramáticamente la vitalidad del mundo político brasileño. Ésta sería la raíz de la movilización de grupos de resistencia al «proceso de fascistización», como lo llamaban los comunistas de esa época, quienes sustentaban la tesis de que el golpe de 1964 no significaba una simple sustitución de un gobierno por otro, sino un cambio en la «forma estatal de poder» que se contraponía con la vida compleja que ya tenía el país.

En el seno del sistema político que no fue destruido por los militares (Congreso, clase política, elecciones), se reanimaron núcleos variados que sobrevivirían convergiendo en una oposición legalizada, el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), transformado en un frente en defensa de las libertades por medio del cual las izquierdas clandestinas buscarían salir a la superficie. Posteriormente, estos espacios partidarios desarrollaron una especie de «guerra de posiciones» gramsciana, en una época en la que no se creía mucho que la política fuese el medio capaz de enfrentar al régimen de 1964.

Para interpelar a los más diversos intereses económicos, sociales y culturales, estos agrupamientos necesitaban revivir la política en un espacio de márgenes estrechos (Congreso vaciado de poderes, bipartidismo otorgado y elecciones controladas; revocaciones de mandatos, cercenamiento de las libertades y represión). Terminaron por estructurar un amplio movimiento democrático que al principio resistió y luego llevó al régimen militar al aislamiento, para derrotarlo finalmente, veinte años después. En 1984, luego del fracaso de la movilización «Directas ya», que reclamaba elecciones directas e inmediatas, los protagonistas de aquella «guerra de posiciones» retomaron la iniciativa participando de los comicios (indirectos) en el Colegio Electoral que los militares habían creado para reproducir el régimen de 1964. El resultado fue la derrota del candidato civil oficialista, Paulo Maluf, y la elección de Tancredo Neves y José Sarney. Desde la amnistía de 1979, incluso «sin gobierno de transición», como observara Armênio Guedes a principios de 1981, ya se había iniciado una transición en el país, que se amplió con la victoria de Tancredo-Sarney y abrió paso a un nuevo curso político.En años más recientes, Fernando Henrique Cardoso constituye un nuevo ejemplo de estabilidad y de varios éxitos, incluso el de la transición pacífica a la Presidencia de una izquierda que no valoraba demasiado el sistema político. Una izquierda que se afirmó mediante el asociativismo disidente, se rehusó a participar en el Colegio Electoral y no firmó el texto de la Constitución de 1988. Antes del gobierno de Cardoso también tuvimos un presidente que, por haberse originado en el impeachment de Collor de Melo de 1992, lideraría en principio un gobierno precario. Es el caso del vicepresidente Itamar Franco quien, sin embargo, asumió el gobierno sustentado por una concertación pluripartidaria que viabilizaría un gobierno bien diferenciado del populismo del presidente destituido.

El dilema de la izquierda social

La crisis de corrupción en que cayó el gobierno de Lula muestra que el Partido de los Trabajadores (PT) no se planteó el problema de la correlación entre diversidad sociocultural y pluripartidismo como un valor de la política nacional. Si hubiera nacido con vocación propiamente política, el PT habría fundamentado mejor su combatividad en la defensa de los intereses sociales, en lugar de asociarla a la cuestión moral; parámetros estos –interés y pureza ética– con los cuales se construyó el PT bajo la vigencia plena del estado democrático de derecho en Brasil. Cuando decidió empeñarse a fondo en la conquista de la Presidencia, e incluso abrirse a las alianzas, el PT no percibió todavía que el mencionado campo reformista democrático de centro-izquierda de la tradición brasileña era mucho más que un mero espacio para maniobras tácticas. No comprendió que la apuesta de la izquierda histórica por aquel reformismo había significado la adaptación de un agrupamiento de formación marxista-leninista a la diversidad y el pluralismo de la vida nacional. Si hubiera reflexionado acerca de la trayectoria recorrida por los comunistas hacia a la valorización de la política, el PT quizás habría superado la abstracción a través de la cual evaluaba la política brasileña, abstracción que cargaba al pretenderse expresión directa de lo social. Un ejemplo importante de esta abstracción es la definición de la fórmula Lula-Alencar en términos de una «alianza entre trabajo y capital»; expresión con la que Lula revelaba la visión de su partido sobre el mundo político brasileño.

El PT llegó a la Presidencia sin tener una formulación aggiornada que le permitiese adaptarse a su nueva circunstancia. En primer lugar, no conquistó el gobierno federal como coronación de una socialdemocratización transversal del conjunto de la sociedad, o por medio de una ruptura que, como en los procesos revolucionarios, habilitara a su gobierno un margen amplio de voluntarismo. Aun exhibiendo el punto de vista de la defensa generalizada de los intereses sociales, el PT continuaba siendo la manifestación de sectores organizados no mayoritarios. Ganó las elecciones de 2002, pero sólo consiguió las gobernaciones de algunos estados fuera de las regiones de mayor peso económico, y apenas logró mayoría en la Cámara de Diputados mediante una alianza precaria. Por su cultura de raíz corporativa, con candidaturas propias y excluyentes, el PT no se había preparado para ser un partido de función nacional, capaz de ir con agilidad más allá de sus propios intereses y los de algunos grupos afines y habilitarse así para liderar medidas factibles de reforma democrática de la sociedad.

No es una casualidad, entonces, que la crisis del gobierno de Lula se haya originado en su propio terreno. Por el contrario, los grandes partidos de la oposición coincidieron con el gobierno en la reforma constitucional de la Seguridad Social y vienen apoyando las líneas generales de la actual política económica. Las dificultades se han derivado del mismo gobierno y sus aliados, y no faltó desde el comienzo la oposición de corrientes del propio PT. Así se llega ahora a la corrupción de los partidos gobernantes más frágiles, que ha afectado, hasta aquí, a los grandes líderes del PT (los escándalos pueden alcanzar al presidente) y también a parlamentarios e instancias del partido que recibieron dinero del esquema Marcos Valério-Delúbio Soares. Los escándalos se han originado en el pragmatismo, adoptado como el camino más corto y cuya naturaleza riesgosa se ha revelado ahora. Cada vez que el presidente moviliza su postura outsider las cosas se complican aún más: un ejemplo es la entrevista de París donde banalizó el uso por parte del PT de la Caja 2 y convalidó la versión oficial de que, en lugar del pago de un soborno mensual (Mensalão) a los parlamentarios, la conexión Valério-Delúbio operaba con recursos financieros destinados a gastos electorales no contabilizados en la Justicia Electoral.

Si, por un lado, la cantidad aplastante de votos obtenidos confirmaba el éxito de los estrategas de Lula, por otro revelaba una paradoja a la que también conducía la trayectoria del PT como «partido-movimiento». Nacido de la victoria de un candidato construido como símbolo de lo social, en la medida en que su gobierno procurase debilitar el sistema partidario, conocería sus mayores dificultades. Las denuncias de corrupción revelaron un proceso de debilitamiento del sistema partidario en cuyo centro se colocaban el PT y Lula, en tanto dependían crecientemente de él para llevar adelante el gobierno.

La incomprensión de una nueva circunstancia

Al no interpelar una segunda escena discursiva, el PT tampoco definía una nueva orientación económica a partir de la política, aspecto relevante en la conexión MDB-PCB-PMDB y punto débil de los gobiernos de Cardoso. El PT no supo evaluar los tiempos de la globalización ni percibir, a los efectos de la formulación política, el hecho de que el Partido de la Social-Democracia Brasileña (PSDB) había optado por una vía de «incorporación social selectiva», como la llamara el sociólogo brasileño Luiz Werneck Vianna, aludiendo al «reformismo débil» de los gobiernos de Cardoso. En la medida en que las izquierdas cuyo referente es el PT no valoraban la democracia representativa como la mejor fuente de la transformación social, la política tampoco les parecía un lugar privilegiado para consolidar las reformas modernizantes implantadas en la época de Fernando Henrique Cardoso ni para modificarlas mediante un nuevo gobierno que colocase, entre sus criterios de acción, la idea de una incorporación social más amplia.

El PT no se detuvo en aquella debilidad de los gobiernos de Cardoso y fue en busca de un nuevo economicismo: mantendría la política económica y esperaba yuxtaponerle su ideología social, mediante programas como Hambre Cero y Bolsa Familia, aspirando a un segundo mandato centrado en la figura de Lula. No se conoce una formulación del PT sobre el modo en que pensaba operar la herencia de Fernando Henrique bajo el signo de «otra globalización». En este sentido, no puso la debida atención en las experiencias europeas de configuraciones de centro-izquierda y ex-comunistas que habían intentado incidir constructivamente en los ajustes a la globalización, algo que en Brasil, si bien en el registro de la incorporación selectiva ya mencionada, decía representar Fernando Henrique Cardoso. La propia postulación de José Serra en 2002 expresaba esa tendencia: su candidatura era «oficial», pero venía a corregir a Cardoso. La nueva candidatura del PSDB no consiguió, sin embargo, respaldo efectivo en el centro político, y parece incluso probable que, en caso de triunfo, Serra no fuese aceptado por el PT ni por la mayoría de los movimientos sociales organizados. A propósito de eso, recuérdese que después de las derrotas de 1989, 1994 y 1998 se observó una tendencia a la radicalización en las áreas bajo influencia del PT. En 2002, esa tendencia podría volver en función de la elevada cantidad de promesas hechas por Lula durante la campaña electoral.

Por el camino del pragmatismo

Proclamado Lula, el PT se lanzó al mundo de la política, apostando demasiado a la voluntad mesiánica del presidente. Así, el PT y el gobierno intensificaron la cooptación en las bancadas del Congreso y fomentaron la fractura de los partidos llegando, como ahora han demostrado las Comisiones Parlamentarias Investigadoras (CPI), a la compra de votos de legisladores, antes despreciados por Lula, quien cuando era diputado llegó a decir que el Congreso albergaba a “300 pícaros”.

El resultado de esa estrategia pragmática sería la erosión del sistema partidario, al mismo tiempo que se tornaba evidente que no basta interpelar al país sólo a partir de la magnitud y la justicia de las demandas populares, en la creencia de que es posible movilizar a otros partidos a partir de la legitimación social de la figura del presidente. Al no comprender la tradición brasileña de reformismo democrático pluriclasista, las izquierdas petistas no evaluaron que solamente con la política –y un apoyo relevante del sistema partidario– sería posible llevar adelante un gobierno que también tomara en cuenta el interés de la amplia mayoría de la población. El PT se ha desorientado por no disponer de una sólida cultura política en base a la cual pudiese suscitar –con métodos diferentes del pragmatismo– fuerzas convergentes, y también negociar con la oposición mejores condiciones para sus propuestas. Al no analizar debidamente su circunstancia de ser gobierno, ha sido llevado hacia un pragmatismo que ahora lo obliga a abdicar de un «reformismo fuerte», siempre vivo y siempre posible en un país tan diversificado social y políticamente como Brasil.

En junio de 2004, antes de las denuncias de corrupción, el caso Waldomiro Diniz (el importante asesor del ministro José Dirceu que fuera sorprendido pidiendo coimas al dueño de una lotería) ya había alertado acerca de los peligros que el estilo autosuficiente del PT podía provocar. La elección de Severino Cavalcante como presidente de la Cámara, en febrero de este año, expuso los últimos límites políticos de aquel estilo del PT. El diputado del Partido Popular (PP) alcanzó el cargo valiéndose de la lucha interna que el PT trasladó al Congreso cuando presentó dos candidatos en el primer turno de aquella elección. La derrota del PT en el segundo turno no solo significó desperdiciar la oportunidad de elegir al presidente de la Cámara por tener la mayor bancada, sino que agregó un elemento más a la crisis que ya vivía la institución, tanto por la extravagancia de la conocida personalidad de Severino Cavalcante como por su participación en el cobro de coimas a una concesionaria de servicios de la Cámara cuando era miembro de la Mesa Directiva de la Casa, antes de convertirse en su presidente.

Las denuncias de un Mensalão destinado a conseguir el apoyo parlamentario para el gobierno tuvieron efectos devastadores. Erosionaron al PP, al Partido Liberal (PL) y al Partido del Trabajo de Brasil (PTB), partidos gobernantes que habían crecido mediante la incorporación –propiciada por el Palacio del Planalto– de diputados de otros agrupamientos partidarios. Desde su inicio, el gobierno también introdujo tensiones y fracturas en el Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) y el Partido Popular Socialista (PPS), cooptando a algunos de sus líderes para el ministerio y apoyo parlamentario. La participación de la cúpula petista en la organización del Mensalão y el hecho de que varios parlamentarios e instancias partidarias hubieran recibido dinero de la conexión Marcos Valério-Delúbio Soares resquebrajaron la credibilidad del PT. Pero las alianzas no eran la causa del desvío del PT; la crisis reveló el modo en que ellas eran procesadas y mostró los rasgos de la mentalidad con la cual Lula había conformado un gobierno con un desmedido predominio petista. En el desarrollo de ese proceso autorreferido, los estrategas del PT y el gobierno perdieron el control de los hechos, al no tener en cuenta que, bajo formas democráticas, la política de alianzas no constituye el objeto de meras operaciones sin la debida atención a los valores de la representación partidaria.

La erosión de la política

El mayor impacto de la crisis de corrupción fue un aumento del descrédito en la política, situación que se agrava por la postura del gobierno luego de la revelación de las denuncias. Primero, intentó impedir la formación de las CPI, después buscó atribuir las responsabilidades por la corrupción a los partidos e hizo todo lo posible por concentrar los escándalos en el Congreso. Buscó ocultar su participación en la crisis a medida que los hechos investigados se fueron extendiendo a otras fuerzas políticas y se diversificaron las acciones de la Policía Federal contra la corrupción. Un ejemplo de las más recientes de ellas es la prisión del ex-prefecto y ex-gobernador de San Pablo, Paulo Maluf, y de su hijo.

La Central Única de los Trabajadores (CUT), el Movimiento de los Sin Tierra (MST) y la Unión Nacional de los Estudiantes (UNE) organizaron movilizaciones, y el PT también realizó algunas reuniones en apoyo al gobierno. En la crisis, Lula emitió señales contradictorias: envió cuadros del gobierno para reforzar al grupo hegemónico del PT, al tiempo que se mostró dispuesto a sacrificar a su propio partido para salvar su mandato. Mientras tanto, el desplazamiento de Tarso Genro del gobierno hacia la dirección petista insinuó un movimiento de refundación partidaria, que luego se desvaneció cuando el ex-ministro desistió de disputar la presidencia del PT al no conseguir formar un núcleo dirigente diferenciado del Campo Mayoritario, el grupo que, liderado por José Dirceu y José Genoino, llevó tanto a la victoria de 2002 como a la crisis actual. El triunfo en esas elecciones del también ex-ministro Ricardo Berzoini, candidato a la presidencia del PT apoyado por el Campo Mayoritario, aumentó la ambigüedad en el partido y continuó provocando la pérdida de militantes. El gobierno no supo reconocer el sentido que la sustitución de Severino Cavalcante tenía para el Congreso en tanto oportunidad para mejorar su imagen. Lula y el PT menospreciaron la posibilidad de negociar con el PMDB y la oposición un nombre de transición institucional y lanzaron un candidato oficial a la presidencia de la Cámara. Dispuestos a ganar a cualquier precio, estimularon la división del PMDB y repitieron el estilo del Mensalão en el seno de sus partidos aliados. Al vencer con un cuadro propio, los operadores del Palacio del Planalto comenzaron a creer en la posibilidad de una contraofensiva para limitar la crisis al ámbito del Congreso (recursos jurídicos dilatorios por parte de los diputados petistas envueltos en el esquema Valério-Delúbio, apoyo de Lula a esos parlamentarios). Estos últimos hechos han creado la expectativa de que la Cámara de Diputados, bajo control oficial, no actúe con la firmeza necesaria en la cuestión de las inhabilitaciones de los parlamentarios investigados.

Consideraciones finales

En ese marco, las autocríticas ensayadas por el PT difícilmente asumirán la cuestión esencial de la valorización de la política por parte de la izquierda. Hasta ahora, se han limitado a contestar a cuestiones morales, al tiempo que los equívocos son considerados consecuencia de debilidades organizativas y de un desvío de conducta de Delúbio Soares. Incluso el reclamo que sectores radicalizados hacen al PT por lo que sería la pérdida de una oportunidad histórica para las izquierdas debido a los escándalos minimiza la expectativa que muchos, dentro y fuera del gobierno, tenían en el poder de la máquina gubernamental obtenida en 2002 y en el voluntarismo del presidente. Las autocríticas no reconocen que el gobierno de Lula ha llegado ahora a una impasse, en gran medida debido a la postura de una izquierda que no supo plantearse el problema fundamental: los intereses sociales que ella movilizó por más de dos décadas no pueden configurar por sí mismos un gobierno reformista bajo condiciones democráticas si la política no se coloca en el centro de esta construcción.

La crisis reveló el callejón sin salida al que condujo la pretensión de ejercer potencia mesiánica en un país complejo y con un robusto sistema de partidos como Brasil. Los escándalos no solo exhibieron la debilidad del proceso que, con todas las dificultades del gobierno de Lula, progresivamente venía colocando a la Presidencia de la República bajo la lógica de la política; tal vez también hayan comprometido esa evolución, en la medida en que Lula y el PT continúen apostando a una salida basada en el debilitamiento del Congreso y los partidos. Puede estar configurándose un contexto pasivo de neutralización de las agrupaciones partidarias en la medida en que las denuncias de corrupción erosionen con más fuerza a todos los partidos. En ese clima, por cierto crecerá el fantasma del salvacionismo mítico que el sindicalista del moderno ABC también pasó a encarnar, particularmente a partir del uso por parte del PT de los medios masivos de comunicación en la campaña electoral de 2002. En el caso de que las aguas continúen revueltas hasta 2006, Lula puede terminar siendo un candidato a la reelección todavía fuerte, aunque lidere un gobierno en buena medida debilitado.