Tema central

Impensar las crisis socioambientales Producción cooperativa de un hábitat inclusivo

La producción de viviendas ha desempeñado un importante rol en relación con la actividad económica, el empleo y el desarrollo del espacio urbano en Argentina. La crisis de 2001 intensificó el problema del déficit habitacional y a partir de 2003 se afrontó la problemática con soluciones públicas que, no obstante, no lograron superar la perspectiva economicista. La emergencia de alternativas asociativas abre nuevas oportunidades y la posibilidad de reformular las nociones de crisis y hábitat. El Polo Cooperativo de Innovación Inclusiva (PCII) en la ciudad de Rawson, ubicada en la provincia argentina de San Juan, aporta una experiencia empírica basada en la movilización social.

Impensar las crisis socioambientales / Producción cooperativa de un hábitat inclusivo

Introducción

La construcción de nuevas viviendas debe ser considerada no solo a partir de su rol como sostén de la actividad económica y de los niveles de empleo, sino también como factor de producción de espacio y hábitat urbanos. En Argentina, en el afán de atender los aspectos cuantitativos de este tipo de producción, se le ha dado prioridad a la vivienda –es decir, al habitáculo– por sobre el hábitat. Con ello, la definición de las políticas de vivienda ha tendido a perder de vista las posibilidades que otorga el hábitat como espacio sociocultural y como promotor de autorreproducción social.

La crisis política, social y económica de 2001 en Argentina intensificó el problema del déficit habitacional en amplios sectores de la sociedad. Una de las soluciones más recurrentes en ese campo a partir de 2003 fue la construcción de nuevos barrios periurbanos en diversas ciudades de todo el país para relocalizar lo que se denomina villas de emergencia. En este proceso, la perspectiva economicista aplicada a la producción pública de espacio urbano generó tres procesos concatenados: crecimiento de las periferias urbanas, segregación social y espacial de sectores de menores recursos y problemas asociados a la escasa oferta laboral disponible para la población relocalizada.

La subsistencia en el nuevo hábitat empujó a sus habitantes a la búsqueda de estrategias de protección social y condiciones para el empleo en zonas de alta vulnerabilidad. El proceso fluctuó entre la organización comunitaria a través de la formación de cooperativas y los impulsos otorgados a estas iniciativas por parte de la gestión local. Pero las precarias condiciones laborales de las nuevas cooperativas, el débil nivel de organización y la alta dependencia del Estado municipal para su subsistencia dificultaron un desarrollo sustentable de las iniciativas.

En este marco, cabe analizar el caso del Polo Cooperativo de Innovación Inclusiva (pcii) en el área metropolitana de la ciudad de San Juan. Esta experiencia de autogestión de empleo se destaca por la participación paulatina de una amplia constelación de actores, como universidades, entidades estatales, ong y empresas privadas que colaboraron para buscar respuestas a esos problemas y, al mismo tiempo, estimularon el surgimiento de relaciones sinérgicas entre la comunidad y las actividades productivas.

Nuestra hipótesis de trabajo es que el pcii se presenta como un proceso territorial de carácter mixto, en el que se revela un territorio emergente con ingreso de nuevos actores y se fortalece la idea de hábitat a partir de la construcción de lugares desde donde se buscan respuestas populares a la(s) crisis. Esta propuesta de producción y trabajo cooperativo revitaliza la noción del espacio urbano como una totalidad relacional y en permanente transformación socioambiental, a la vez que se plantea como una oportunidad para revisar los criterios con que se tiende a definir las políticas públicas de vivienda y hábitat.

Conceptualizar la noción de crisis: tensión, acumulación y movimiento

Las crisis pueden ser definidas como procesos en los cuales entran en tensión situaciones que no encuentran soluciones y que, de acuerdo con la intensidad de la tensión, pueden no solo dañar, sino también quebrar prácticas sociales, económicas y políticas establecidas, e incluso generar nuevas prácticas.

Esto permite entender que la sucesión de crisis no resueltas tienen un carácter acumulativo, lo cual dificulta su superación y choca contra los entramados de poder. Las crisis no son aisladas o de generación espontánea: tienen una génesis y se sustentan en una estructura que condiciona su resolución. Por ello, optamos por utilizar «la crisis» para referir a un momento agudo y «la(s) crisis» para referir al proceso por el cual deja de ser una, para convertirse en una multiplicidad acumulada (usamos los paréntesis para remarcar esta denotación)1.

La(s) crisis suponen simultáneamente peligros y oportunidades, así como temporalidades y territorialidades2 en pugna, y esto es así porque son procesos vinculados a conflictos de poder entre actores que luchan por hacer propio un territorio para su reproducción ampliada, ya sea social, económica, simbólica o política. Por un lado, la(s) crisis son un peligro porque todo lo construido socialmente (pasado) puede desmoronarse; lo que está en construcción (presente) puede demorarse; y todo lo que está por construirse (futuro) puede aplazarse. La historia es movimiento entre estas tres temporoterritorialidades3 que producen los actores sociales en su juego de apropiación del territorio4 y construcción del hábitat5. La primera muestra lo concretado; la segunda, lo que está en vías de concreción, una representación de la esperanza, del estar en movimiento; y la tercera refiere a lo deseado, a lo que se aspira. Cuando estas temporoterritorialidades entran en tensión, ponen en jaque deseos y aspiraciones sociales y ello ralentiza el devenir de una sociedad, allí se visualizan en toda su extensión la(s) crisis.

Por otro lado, la(s) crisis son una oportunidad porque abren puertas para pensar, buscar y encontrar soluciones no ideadas. Una oportunidad puede ser una invitación a impensar, que no es lo mismo que repensar. Al respecto, Immanuel Wallerstein6 señala que repensar es algo que normalmente se hace, mientras que impensar es desarraigar suposiciones engañosas y constrictivas. Impensar implica mirar desde lugares de rebeldía y transgresión, con el fin de recargar o rechazar conceptos y metodologías dados, y esto sirve, en el caso de las prácticas políticas y sociales, para regenerar estrategias en la producción social del espacio; momento en el cual las territorialidades construidas por los actores adquieren nuevas dinámicas7.

Según el movimiento elegido, si se repiensa surgirán territorialidades en direcciones ya transitadas para corregir circunstancias que llevaron a la crisis o para optimizar recursos mal utilizados. Son soluciones ortodoxas. En cambio, el impensar puede derivar en soluciones heterodoxas que transitan por nuevos caminos, en la búsqueda de superaciones creativas a partir de herramientas aún no utilizadas. Estas territorialidades pueden implicar un «borrón y cuenta nueva» y abrir paso a prácticas de resiliencia por parte de algunos actores que buscan la innovación.¿Quiénes plantean este borrón y cuenta nueva y cómo se encaran estos desafíos? La(s) crisis no son ciento por ciento un peligro o una oportunidad. Reflexionar cómo y por qué se llegó a ese estado no solo ayuda a corregir esa idea, sino que permite comprender que, aun en las situaciones más complejas, hay ganadores en una crisis, pues lo que para unos es crisis para otros no lo es. Y esto es así porque lo que está en disputa es la hegemonía y es en esos juegos de poder donde mejor se visualiza el peso específico de cada actor en la construcción de un territorio. La(s) crisis son situaciones variopintas en las que participa una amplia constelación de actores que juegan sus cartas de acuerdo con sus intereses y posiciones en el campo8, como así también motivados por razones y emociones9, todo lo cual caracteriza el territorio donde interactúan como un campo de fuerzas de velocidades y aceleraciones desiguales.

En el caso de la(s) crisis habitacionales, los juegos de poder aluden a conflictos por la apropiación de espacios para el hábitat. Y el resultado puede resultar en procesos territoriales diversos. Una posibilidad es la construcción de un hábitat fragmentado a partir de una apropiación desigual del territorio, en la cual aquellos actores con mayor peso específico (poder) imponen sus propias lógicas y condicionan los procesos de producción de vivienda pública, lo que limita las sinergias entre actores y menosprecia las capacidades de innovación de los actores dotados de saberes relacionados con el hábitat y el territorio. Otra resultante puede ser la construcción de un hábitat integrado a partir de una apropiación inclusiva del territorio, con actores dotados de autonomía relativa y emancipados que tienen una participación activa dentro de la constelación de actores involucrados en la construcción de un hábitat de calidad. Finalmente, estos juegos pueden derivar en la construcción de un hábitat mixto, donde la(s) crisis están siendo procesadas y surge la motivación como motor para impensar las políticas públicas y las propias prácticas de los actores involucrados.

Una muestra de este tercer tipo de conjugación es el que analizamos con el Polo Cooperativo de Integración Inclusiva (pcii); para comprenderlo en su real dimensión, es necesario contextualizar este proyecto desde su surgimiento.

Territorio, matriz estadocéntrica y crisis habitacionales

Para revisar los procesos sociales, políticos, económicos y culturales en Argentina y considerar sus impactos territoriales, es necesario comprender el carácter multifacético de la(s) crisis habitacionales. Si bien nuestro recorte pone el foco en los efectos de las políticas habitacionales, es necesario revisar cómo desde el análisis de las percepciones e intervenciones del Estado en la realidad pueden observarse causas y efectos en las temporoterritorialidades resultantes y también encontrarse indicios para impensar soluciones a partir de la consideración de limitaciones y potenciales.

Una forma de comprender la capacidad de hacer del Estado es indagar cómo se consideran los problemas sociales prestando atención a sus acciones u omisiones en materia de políticas públicas10, para analizar la complejidad de la relación Estado-sociedad como determinante estructural. Tales cuestiones adquieren relevancia si se consideran las restricciones que fueron imponiendo las sucesivas crisis económicas que obligaron a los gobiernos latinoamericanos a redimensionar los aparatos estatales y a atender innumerables demandas sociales insatisfechas.

La crisis estructural es la crisis del sistema de acumulación, promotora del debilitamiento del Estado y el deterioro de las condiciones de vida. En América Latina asistimos a modificaciones sustantivas en los modos de planificar y ejecutar las políticas públicas desde la «crisis del Estado de Bienestar». Esta crisis se intensificó con la aplicación del Consenso de Washington11, que produjo un escenario de apertura económica, privatización de servicios públicos y descentralización de servicios sociales hacia las provincias y los municipios12. Se promovió un ajuste estructural que operó tanto en el nivel macroeconómico como en la vida de las personas y agudizó una multiplicidad de crisis: de vivienda, de salud, de educación, etc. El crecimiento de la pobreza y la indigencia producto de las políticas neoliberales de los años 90 se tradujo en fragilidad y escasez de los medios de existencia y llevó a los sectores populares a encontrar en «lo cercano» un medio para mejorar su acceso a bienes. Así, los asentamientos precarios para la residencia o la realización de piquetes como modo de movilización y protesta caracterizaron el territorio en la crisis de 2001.

A partir de 2003, en clara respuesta al conflicto y al malestar social, se produce un cambio en la forma de concebir el rol del Estado. Tal era la gravedad de los índices de indigencia, pobreza y desempleo, que desde las políticas públicas se trató de poner el acento en aquellas inherentes a la propia supervivencia. Se otorgó prioridad a las políticas sociales de asistencia, cercanas a la idea de «protección» –con las limitaciones propias de estos abordajes–, aunque el objetivo era construir un proyecto de vida tendiente a la autonomía13.

El acceso a la vivienda continuó respondiendo a una matriz estadocéntrica. Esta lógica se amplifica en el reparto hacia los niveles provincial y municipal, en los cuales al avasallante proceso de «descentralización» de competencias sin correlato en recursos se le sumó la distribución arbitraria, o según «pertenencia partidaria» de los gobernadores, de los cupos de vivienda. Esta práctica dejó al descubierto la falta de discusión sobre los impactos en el territorio de esta forma de producir ciudad a través de la vivienda. Al revisar las capacidades de los gobiernos provinciales para afrontar y/o intervenir con alternativas de acción, se observa un proceso territorial, simultáneo y contradictorio, que mitiga o profundiza los efectos de la(s) crisis en lo local.

¿Qué lógica sustentó las políticas públicas de vivienda tras la crisis de 2001? ¿Qué actores participaron en su diseño, implementación y evaluación? ¿Cuál fue el grado de impacto de la localización de los nuevos barrios? ¿Se previeron los impactos? ¿Qué incidencia tuvieron los procesos comunitarios en la construcción de la estrategia de abordaje? Estos interrogantes muestran las limitaciones de los «instrumentos» de producción de hábitat; y, a la vez, las potencialidades para promocionar un hábitat inclusivo, capaz de hacer de la inversión pública un impulsor de entornos de innovación a partir de una articulación de múltiples actores.

Actividad económica, generación de empleo y producción de espacio urbano

Producción de viviendas en Argentina. Desde 2003, la producción de viviendas encontró su fundamento principal en la búsqueda de reactivación económica para hacer frente a la recesión y el desempleo14. Si bien durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández se construyó similar cantidad de viviendas que durante la década de 1990 (v. gráfico 1), con las políticas habitacionales y de infraestructura de este periodo se permitió una recuperación de la industria, el empleo y el consumo.

Hasta 2001, las viviendas se construían principalmente a través del Fondo Nacional de la Vivienda (fonavi) que administraban las provincias mediante los Institutos Provinciales de Vivienda (ipv). En 2004, el gobierno nacional dispuso un cambio en la asignación y administración de recursos provenientes del Tesoro Nacional, con la puesta en funcionamiento del Plan Federal de Viviendas como complemento del fonavi.

Los ipv quedaron subordinados a la política nacional y asumieron el rol de ejecutores financieros, proveedores de suelo, realizadores del proyecto urbano y encargados de la entrega de viviendas15. El nuevo sistema agilizó los plazos de ejecución, pero afectó la credibilidad respecto de los criterios políticos para distribuir los recursos hacia las provincias16. No obstante, los resultados crecientes de estos cambios en la política financiera de planificación urbana se pueden apreciar en el gráfico 1.

Producción de vivienda en la ciudad de San Juan. San Juan17, por su localización en el sistema urbano nacional, por sus características socioculturales, por sus particularidades ambientales y también por sus múltiples carencias estratificadas en el espacio a lo largo de las décadas, se asemeja en gran medida a una multiplicidad de ciudades del interior argentino, así como a muchas ciudades del cordón andino del Cono Sur.

Pero a diferencia de muchas de sus «ciudades pares», se ha destacado en los últimos 14 años por haber experimentado un rápido crecimiento económico, basado principalmente en la minería y sus servicios asociados. Este crecimiento, a la vez que ha puesto a disponibilidad una gran cantidad de recursos en sus arcas públicas, ha desnudado las debilidades de ciertas políticas para orientar sus estrategias efectivamente hacia objetivos de desarrollo. Al mismo tiempo, si se consideran las transferencias de recursos para vivienda, San Juan fue la octava provincia más beneficiada por las nuevas políticas nacionales. Esta conjunción tuvo alcances significativos en materia habitacional, ciertamente sobresalientes en términos históricos provinciales18.

En 2004 se declaró el estado de emergencia habitacional en la provincia y se lanzó el Programa «Vivienda Digna-Techo Seguro», para sectores sociales excluidos. Las relocalizaciones de asentamientos precarios se realizaron fundamentalmente en tres de los seis municipios que integran el área metropolitana de San Juan, lo que motorizó cambios en su composición demográfica y socioeconómica. En el municipio de Rawson, uno de los más afectados por estas políticas, la expansión urbana se produjo avanzando sobre tierras agrícolas hacia el oeste (siempre escasas en el oasis del Tulum), mediante la construcción de múltiples barrios.

La localización de esta población generó conflictos, tanto en el interior de los nuevos barrios como entre estos y su entorno rural-urbano. Se consolidaron redes de riesgo vinculadas al narcotráfico y a prácticas delictivas, que derivaron en violencia dentro de los barrios y en sus alrededores. Esto provocó el abandono de tierras por parte de agroproductores y el cierre de instalaciones recreativas. La fragmentación espacial y la separación del resto de la ciudad afectaron las posibilidades locales de desarrollo social y económico y dificultaron el acceso al empleo y a los servicios públicos. La deficiente calidad del espacio público condicionó la interacción social, la apropiación comunitaria y la emergencia de procesos organizativos.

Esta situación –similar a la acontecida en los últimos años en las periferias urbanas de diversas ciudades de Argentina– demuestra que, a pesar de los esfuerzos realizados y los logros obtenidos en términos cuantitativos y cualitativos con las políticas habitacionales, en el escenario posterior a la crisis de 2001 no hubo grandes cambios en la concepción pública acerca del valor, significado y potencial que encierran la producción de viviendas, la construcción de nuevos barrios y la complejidad urbana. Es decir que, lejos de solucionarse la(s) crisis habitacionales, continuaron acumulándose factores para su reproducción.

Acerca del pcii

Redes de riesgo y redes de contención. Los nuevos barrios en los que se relocalizó a una gran cantidad de personas, a pesar de ofrecer mejores condiciones edilicias, se presentaban como espacios fragmentados de sus entornos urbanos, con enormes dificultades de acceso al mercado laboral, a servicios públicos y a un sistema de transporte público pensado en función de los nuevos entramados periurbanos. Una de las primeras reacciones populares frente a esta situación desfavorable fue la autogestión de trabajo, a través de la proliferación en los entornos urbanos de puestos de comercialización de marcada informalidad, de prácticas de recolección de residuos para el reciclaje y de organización de cooperativas de trabajo y producción. El pcii surge como una de estas propuestas de organización cooperativa en los barrios periurbanos construidos desde 2007 en el municipio de Rawson. No se trata de una propuesta cuyos componentes se formularon espontáneamente, sino de una construcción derivada de un largo proceso que involucró a gran cantidad de actores.

Tras algunos años de convivencia de los distintos grupos trasladados al sector, el panorama social se advertía desalentador y en crisis, con un crecimiento significativo de las redes de riesgo19. En 2012, una nueva gestión municipal encabezada por el intendente Juan Carlos Gioja promovió una modalidad innovadora de interacción, junto con 11 referentes sociales del lugar, uno en representación de cada barrio y con la particularidad de representar liderazgos sostenidos desde antes de la relocalización. Esto requirió una multiplicidad de acciones de diferentes áreas municipales y fue el puntapié para construir redes de contención. Se avanzó en la construcción de ámbitos de intercambio y búsqueda de acuerdos entre los barrios, proceso en el cual el rol técnico de profesionales del área social del municipio facilitó talleres de participación, organización de jornadas recreativas y operativos integrales de asistencia en salud, registro de identidad, previsión social y asesoramiento nutricional.

El diagnóstico surgido de estas acciones dejó al descubierto el carácter múltiple de la crisis y reveló que las adicciones eran el principal problema y agente de descomposición del entramado social. Con el fin de abordar el problema, se creó un Centro de Prevención Local de Adicciones (cepla), para cuyo funcionamiento el municipio expropió el abandonado predio sindical de la Federación de Obreros Empleados de Correos y Telecomunicaciones (foecyt) y se vinculó con actores del gobierno provincial y nacional.

Nuevos actores, sinergias y un proyecto. Desde el cepla se delineó una estrategia laboral para los jóvenes desocupados, sus padres y otras personas en vías de recuperación de adicciones. El Centro de Estudios para el Desarrollo Inclusivo (cedi), una ong vinculada al proceso comunitario mediante tres profesionales (dos politólogos y una trabajadora social), contribuyó a crear la cooperativa Cruzando Límites, cuyo objetivo era instalar una fábrica de bloques y adoquines de hormigón. En los primeros pasos de la producción se evidenciaron fortalezas como el compromiso de los jóvenes con la comunidad y la buena organización de la producción. Como debilidades principales se reconocieron la baja calidad del producto, la poca eficiencia en los procesos productivos, un stock deficitario asociado a un aumento de costos y un reducido mercado acotado al barrio.

La idea de un proyecto productivo de carácter integral se gestó luego de captar el interés en comprar adoquines de hormigón por parte de una empresa inmobiliaria local, que requería el producto para una de sus urbanizaciones. Pero el grupo empresario, si bien podía adquirir el producto a bajo precio, reclamaba mejoras cualitativas que requerían asesoramiento especializado. En el marco de la búsqueda de soluciones técnicas de mediano y largo plazo para afrontar los desafíos comerciales y productivos, se establecieron relaciones con investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (faud) y la Facultad de Ciencias Sociales (facso) de la Universidad Nacional de San Juan (unsj).

El cedi y los equipos de investigación, como estrategia para afrontar la(s) crisis, comenzaron a liderar un proceso de transformación e impulsaron el proyecto del pcii. Sobre la base de esquemas iniciales, se discutieron los lineamientos del pcii en unas jornadas organizadas en el ámbito municipal junto con múltiples actores. En estas jornadas se puso énfasis en el desarrollo territorial y en el esfuerzo organizativo e institucional20, para lo cual se acordaron estrategias consensuadas de acción. En el proyecto del pcii se buscó otorgar a los procesos de innovación un matiz multidimensional, en el que los espacios de producción y de uso comunitario establecieran relaciones sinérgicas, mediados por espacios de capacitación y una agenda de actividades conjunta. A partir de entonces, se avanzó en el diseño y la creación de un órgano de gestión de la producción y la comercialización y en la definición de un perfil productivo especializado en fabricación de componentes de urbanización y provisión de servicios asociados, en el cual se destaca el rol jugado por la universidad. Un resultado inmediato fue la publicación de un anteproyecto consensuado, en el que quedaron definidos arquitectónicamente los espacios del pcii. Luego, el proyecto se presentó a la comunidad, en el mismo predio que ocuparía el pcii, con una amplia difusión en la prensa local21. Allí se formalizó el compromiso de trabajo entre todos los actores participantes y se dio inicio a las obras de construcción en el predio.

Simultáneamente, se iniciaron dos proyectos de extensión universitaria. Uno de la faud, denominado «Innovación Cooperativa», para diseñar y construir –junto con los integrantes de Cruzando Límites– un prototipo de baldosa destinado a personas no videntes, de aplicación en el espacio público. El proyecto incluye actividades de capacitación a cooperativistas e impresión de prototipos en 3d. El segundo, de la facso, nutre de fondos y equipos con expertos para el desarrollo de un modelo organizativo del pcii. También se consiguieron líneas de apoyo con fondos del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social de la provincia de San Juan y del municipio de Rawson para la compra de maquinaria e infraestructura destinada a las cooperativas. Las sinergias comenzaron a hacerse visibles y emergieron las primeras formas-contenidos de un hallazgo que podría configurar un incipiente territorio socioproductivo22, que la prensa ya denomina como «pueblo cooperativo», y que analíticamente creemos va configurando un posible modelo territorial (gráfico 2), aún en su faz incipiente.

Primeras evaluaciones. La evaluación del proceso es constante. Una primera reflexión refiere a la necesidad de ampliar la red de complementariedades y de fortalecer la capacidad de articulación entre los actores en función de las demandas de la implementación del pcii. A pesar de la celeridad, la conformación del pcii no está exenta de escollos. Algunos se van superando, otros se están procesando como cuestión inherente al propio desarrollo. Un impedimento fundamental es la escasez de recursos y las dificultades para acceder a financiamiento. Algo similar ocurre en el ámbito universitario, cuyos fondos solo alcanzan para cubrir necesidades mínimas. Otro tipo de dificultades se presentan en el intento de articular tareas, visiones y tiempos con las cooperativas. Su delicada situación económica y sus problemas organizativos internos las dejan supeditadas a los vaivenes de la conformación del pcii.

En cuanto al municipio, más allá de los encuentros y desencuentros propios de los intereses que se dirimen con otros niveles del Estado, se deben mencionar los temores al compromiso político que debe asumirse ante una propuesta que depende de múltiples actores, que adquiere una gran complejidad administrativa y que requiere de fondos públicos en un nuevo contexto de ajuste neoliberal como el presente. Por su parte, en la comunidad barrial compuesta por actores heterogéneos, es dificultoso lograr una visión común sobre la importancia de un modelo socioproductivo alternativo y visualizar sus potencialidades para satisfacer las demandas comunitarias. El problema de fondo es la falta de discusión en la comunidad sobre cómo concebir las políticas públicas más allá de las soluciones inmediatas de corto alcance. Falta construir un capital de sustentabilidad para el desarrollo de mediano y largo plazo del territorio socioproductivo, que a la vez permita impensar la crisis socioambiental.

Aproximaciones finales

Con las políticas habitacionales se contribuye a salir de la situación más grave de crisis. Sin embargo, bajo los criterios utilizados hasta la actualidad para definir tales políticas, se ha tendido a consolidar un estado permanente de crisis en el hábitat periurbano de aquellos actores que se pretendía favorecer. Al criticar estas políticas habitacionales como propulsoras de oportunidades de desarrollo para quienes habitan la vivienda y el barrio sin tener en cuenta sus estrategias cotidianas de supervivencia, cuestionamos la arraigada idea de que la formalidad habitacional, la calidad edilicia y el cumplimiento de las condiciones mínimas de habitabilidad son criterios fundamentales para proponer soluciones al déficit habitacional y a la(s) crisis socioeconómica(s).

Resulta prioritario impensar las concepciones subyacentes a estas políticas y contribuir a idear soluciones alternativas comunitariamente a fin de responder a las principales demandas que surgen de los vecinos del hábitat periurbano. Esas soluciones se exigen a través de recurrentes formas de manifestación que revelan el estado de crisis de amplios sectores de la población. La distancia física y social que separaba a estos actores de los espacios de producción y de otros espacios que complementan el residir en ese habitáculo llamado vivienda fueron factores determinantes para la creciente pauperización de la población que habita en y desde un estado de crisis. Todo esto produjo un espacio urbano que, lejos de incluir, fragmentó y segregó.

El proyecto de pcii se fue definiendo en el tiempo, en paralelo a acciones en el territorio y junto con el ingreso de organizaciones públicas y privadas. El proyecto adquirió cuerpo a partir de una abierta intención de sostener una cierta indefinición, con la pretensión de incluir variables difícilmente previsibles en una primera instancia. Esta práctica de apertura permitió captar la complejidad del entramado de conflictos y los intersticios de oportunidades de acción y superación desde el propio territorio. Sin embargo, es necesario profundizar los vínculos entre espacios de producción, apropiación comunitaria y desarrollo de capitales (económicos, políticos, de conocimiento) asociados a la participación de múltiples instituciones y sus actores para potenciar el territorio socioproductivo en construcción.

El pcii está mostrando la posibilidad de favorecer procesos de desarrollo comunitario mediante iniciativas de innovación social que integren el acceso al trabajo, la salud, la educación, el descanso y el ocio, la seguridad social, la infraestructura y el saneamiento ambiental, como complementos de la disponibilidad de una vivienda de calidad. Esta forma de impensar la innovación con criterios de solidaridad, cooperación y competitividad muestra que el pcii puede dinamizar la economía local, viabilizar oportunidades para actores marginados y facilitar la inserción y sustentabilidad del entramado cooperativo. El potencial de este naciente territorio socioproductivo es inmenso y el desafío es incrementar el capital de los actores beneficiarios del proyecto para que puedan liderar el proceso de transformación socioambiental que demanda la situación de la cual emergieron.

  • 1.

    Elsa Laurelli y Claudia Tomadoni trabajan el uso y sentido de los paréntesis para denotar el valor contrario de un término, la intensificación o la negación de su significado. Aquí se utilizan para remarcar la posibilidad de uso simultáneo en singular y plural aludiendo a que en la multiplicidad hay una continuidad del proceso. La crisis no es una sino múltiple. E. Laurelli y C. Tomadoni: «Posdisciplina una aventura metodológica en tiempos de nuevos paradigmas. Una mirada sobre el espacio público» en Gestión y Ambiente vol. 17 No 1, 11/2014.

  • 2.

    C. Tomadoni: «A propósito de las nociones de espacio y territorio» en Gestión y Ambiente vol. 10 No 1, 5/2007.

  • 3.

    El concepto de temporoterritorialidades alude a la dimensión simultánea y trialéctica de tiempo-espacio-sociedad inherente a la existencia del territorio. Ese concepto está siendo trabajado por Tomadoni en el marco de la investigación «Territorio como constructo de identidades, memorias, relaciones y saberes», desarrollado en el Centro de Estudios Transdisciplinarios / Arcosur de la Universidad Friedrich Schiller. V. concepto de trialéctica en Edward Soja: «El tercer espacio. Ampliando el horizonte de la imaginación geográfica» en Geographikós No 8, 2o semestre de 1997.

  • 4.

    Ibíd.

  • 5.

    C. Romero Grezzi: «Aportes conceptuales sobre la producción de hábitat: las redes de asociaciones socioespaciales como estrategia proyectual» en Iván Martínez (ed.): Otros proyectos posibles, faud-unsj, San Juan, 2017.

  • 6.

    I. Wallerstein: Impensar las ciencias sociales, Siglo xxi, Ciudad de México, 1998.

  • 7.

    Ibíd.

  • 8.

    Pierre Bourdieu: «Habitus, illusio y racionalidad» en P. Bourdieu y Loïc Wacquant: Respuestas por una antropología reflexiva, Grijalbo, Ciudad de México, 1995.

  • 9.

    Milton Santos: La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y emoción, Ariel, Barcelona, 2000.

  • 10.

    Oscar Oszlak: «Formación histórica del Estado en América Latina. Elementos teórico-metodológicos para su estudio» en Carlos Acuña (ed.): Lecturas sobre el Estado y las políticas públicas. Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual, Proyecto de Modernización del Estado, Jefatura de Gabinete de la Nación / Cepal, Buenos Aires, 2011.

  • 11.

    Juan Carlos Torre: El ingreso de las reformas estructurales en la agenda pública, Cepal, Santiago de Chile, 1997.

  • 12.

    María Schmuck y María Pía Vallarino: «Estado del desarrollo territorial de la Argentina» en Oscar Madoery y Pablo Costamagna (comps.): Crisis económica mundial y desarrollo territorial. Reflexiones y políticas, unsam Edita, San Martín, 2012.

  • 13.

    Richard Sennett: La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo, Anagrama, Barcelona, 2005.

  • 14.

    Delia Palero y Mercedes Lentini: «Política habitacional argentina al comienzo del nuevo siglo: perspectivas emergentes y cuentas pendientes» en Miguel Barreto y M. Lentini (comps.): Hacia una política integral del hábitat. Aportes para un observatorio de política habitacional en Argentina, Café de las Ciudades, Buenos Aires, 2015.

  • 15.

    Raúl Fernández Wagner: «El sistema de la vivienda pública en la Argentina. Revisión desde la perspectiva de los regímenes de vivienda» en M. Barreto y M. Lentini (comps.): ob. cit.

  • 16.

    Ibíd.

  • 17.

    Ciudad ubicada en la provincia del mismo nombre, en el oeste argentino.

  • 18.

    Entre 2004 y 2014 se construyeron en la provincia 19.229 viviendas: 5.633 con fondos del ipv y del fonavi y 12.997 a través de Programas Federales. Según la Revista del Consejo Nacional de la Vivienda, 2014, el proceso fue comparativamente de gran magnitud, pues en ese periodo el ipv alcanzó un 40% del total de las obras realizadas desde su creación en 1952. Todas estas viviendas fueron construidas en barrios nuevos dentro del área metropolitana de San Juan y reforzaron una expansión urbana dispersa y la producción de áreas residenciales en espacios agroproductivos. Ver Andrea Sarracina: «Producción de vivienda de interés social. Impactos en el territorio» en Estudios Socioterritoriales No 18, 2015.

  • 19.

    Denis Merklen: Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina 1983-2003), Gorla, Buenos Aires, 2005.

  • 20.

    O. Madoery: «Otro desarrollo», el cambio desde las ciudades y las regiones, unsam Edita, San Martín, 2008.

  • 21.

    V. ediciones digitales del Diario de Cuyo del 3/8/2016 y del 14/4/2017.

  • 22.

    C. Tomadoni: «Territorios socio-productivos y buen vivir: propuestas para un ordenamiento territorial inclusivo», informe del Seminario Internacional sobre Ordenamiento e Integración Territorial, Programa de Modernización 2013-2015, Cámara de Diputados de la Nación Argentina, Buenos Aires, 2015.