Opinión

Horacio Cartes y una agenda poco convincente Encrucijadas de la política en Paraguay

El gobierno liderado por Horacio Cartes sostiene una agenda política discutida por distintos sectores de la opinión pública paraguaya.

Horacio Cartes y una agenda poco convincente / Encrucijadas de la política en Paraguay

Horacio Cartes ha cumplido tres años como presidente de Paraguay. Sus antecedentes poco claros de enriquecimiento, su falta de historia política (habría votado por primera vez en su vida cuando lo hizo por sí mismo) y su gestión al frente del país, motivan diversos debates. Gobernante por la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado), es decir, por el partido de la dictadura que se extendió entre 1954 y 1989, de la Guerra Fría contra el comunismo y de la Operación Cóndor, Cartes se propone una agenda política de reformas y contrareformas.

Administración y malestar

La agenda económica del gobierno liderado por Cartes incluye cierta austeridad en las contrataciones que se evidenció con el despido de 1.000 empleados de la administración pública. A su vez, se exhiben mayores inversiones en infraestructura a través del incremento en la contratación de construcción de carreteras. Se trata de un gobierno de ministros técnicos, es decir, de la llamada «selección nacional» diferenciada de los «políticos» que lideran el Partido Colorado.

Si bien el gobierno ha desarrollado políticas que han otorgado mayor poder al empresariado, también ha sostenido políticas de asistencia para los sectores más vulnerables, transferencias condicionadas para las madres (plan Tekoporá) y no condicionadas para los mayores (plan Adultos Mayores). Este proceso se produce en el marco del apuntalamiento del modelo agroganadero exportador, que se ha demostrado incapaz de crear puestos de trabajo, a la vez que genera una deforestación acelerada y compite con la agricultura familiar, pero genera las divisas que ofrecen capacidad de compra al sector adinerado y permite un auge financiero e inmobiliario.

El país no crece con celeridad pero, en relación con el continente -–y con el mundo– mantiene tasas de crecimiento mayores a 3%, en los últimos tres años. La pobreza no solo no ha aumentado sino que ha descendido levemente, pese a la caída de los precios de las principales exportaciones paraguayas (soja y carne). Algunos sectores dinámicos de la economía, como las finanzas, los agronegocios, la construcción y la comunicación, se aceleraron. Sin embargo, descendió el ingreso para la mayor parte de los quintiles poblacionales, cuya prosperidad decreció y cuya precariedad aumentó. La percepción de la ciudadanía, expresada tanto en mediciones de opinión como en la Encuesta Permanente de Hogares, verifican que el crecimiento beneficia a pocos. Y demuestran, asimismo, que un creciente endeudamiento público amenaza y amortiza el futuro.

Esto motiva que la serie de logros de la administración de Cartés –alabados por el Banco Mundial– no hayan tenido un beneplácito generalizado. Aunque la macroeconomía paraguaya parece marchar bien, los conflictos económicos de la población son evidentes.

Nada de esto sonaría extraño ni nuevo en un país de históricas desigualdades, donde solo 20% de la población cuenta con seguro social, salud y jubilación y en donde el resto es trabajo informal. Un país en el que buena parte de los patrones no cumplen con los pagos del seguro social, donde 2% de los propietarios rurales detenta 89% de la tierra y esa minoría está acaparando aún más superficie rural del país, sólido dato registrado en los censos agrícolas y denunciado por la centrales campesinas. Sin embargo, el desagrado con el actual gobierno, se origina cuando se lo contrasta con tiempos mejores.

El de Cartes es un gobierno conservador y antireformista, muy diferente al del derrocado Fernando Lugo (2008-2012), que había emprendido acciones para reformar un país cuyo índice de Gini de ingresos oscila entre 0,47 y 0,51. En la memoria colectiva, la situación actual reviste un carácter muy diferente al de aquel tiempo en el que Lugo encaraba políticas sociales para los más vulnerables, un tiempo con expansión de la salud pública, de una educación más incluyente, de mayor gasto en la agricultura familiar campesina y sin menoscabo de la ganancia para los empresarios. «El gobierno se ocupaba más de los pobres y no tanto de los ricos», es el comentario general expresado en conversaciones cotidianas, pero también en las redes sociales y en las diversas encuestas. La convicción generalizada es que el de Cartes es un gobierno de ricos y para los ricos, continuación de un golpe parlamentario contra un gobierno más interesado por justicia social.

Reacio a cobrar impuestos para no molestar a los más ricos –Paraguay tiene una presión tributaria entre 12 y 13% del PIB, de las menores de América Latina– el gobierno actual incrementa los ingresos públicos con endeudamiento, sobre todo con la emisión de bonos soberanos. De esta manera se está fabricando una deuda que dejará un legado negativo. No porque sea muy alta (ronda el 30, que es bajo) sino porque hay pocos recursos estatales para honrarla sin comprometer los gastos fijos, es decir, los gastos salariales y demás obligaciones rígidas del Estado. Pero si la economía tiene aspectos buenos y malos, la política tiene más aspectos negativos.

El fantasma de la reelección

Surgido de elecciones perfectamente libres en 2013, Cartes experimenta ahora la cercanía al término de su mandato, ya que, en el Paraguay, según lo establece la Constitución Nacional (de 1992, articulo 229), no hay reelección «en ningún caso». Eso lo llevó a preparativos para cambiar la Constitución Nacional a través de una enmienda. El procedimiento es sencillo: el Parlamento la vota y un plebiscito la ratifica. Pero ese intento fue bloqueado por el Senado.

La otra alternativa constitucional para volver a presentarse sería el cambio de la Constitución Nacional a través de una reforma. Es decir, de la convocatoria a una Convención Nacional Constituyente. Pero todos temen a esta alternativa, incluso el presidente Cartes. Con una popularidad de apenas 23% –recién medida por una empresa brasilera, el IBOPE– el presidente tiene lealtades efímeras. El trámite de la reelección resulta incierto. Y las tentativas fueron dándose de a poco.

Formalmente, Cartes no ha manifestado deseos reeleccionistas personales. Sin embargo, dio signos inequívocos de hacer que otros lo hagan por él. Un ministro acá, gobernadores allá, seccionales oficialistas acullá. En el aniversario de la Asociación Nacional Republicana (vinculada al Partido Colorado) reivindicó explícitamente la propuesta.

El fantasma de la reelección invocó «demonios» en contra del presidente. El proceso de reforma que exige una Convención Nacional Constituyente requiere mucha premura para cumplir los plazos y cada cual tiene motivos para pensar que una Constituyente en las actuales condiciones políticas, podría tener resultados imprevisibles para las dirigencias partidarias.

El presidente Andrés Rodríguez (1989-93), elegido con 74% de los votos en unos comicios convocados por él mismo luego de derrocar al dictador Alfredo Stroessner, se atrevió a reunir una Convención Nacional Constituyente sin el menor temor. Pero un presidente como Cartes, cuya popularidad es tan exigua, quizás no se atreva a hacerlo. Y cabe aclarar que no es el único que tiene resquemores con el proceso. Los sectores más conservadores temen que el aspecto social de la Constitución –que caratula al régimen político como democracia representativa y participativa, a la vez que define el Estado como democrático y social– pueda profundizarse. Por el contrario, los sectores más progresistas temen que estos aspectos puedan ser cancelados. Y las iglesias temen, en cambio, perder sus batallas históricas: es decir, que se apruebe la despenalización del aborto o se autorice el matrimonio igualitario.

La última Constitución fue desarrollada con la conciencia antidictatorial de los tiempos posteriores a Stroessner. En ella coincidieron militares, colorados mayoritarios –que no estaban en el gobierno de los últimos tiempos del dictador– y la oposición. Pero la reelección no tiene el consenso que tenía la democratización iniciada en el proceso que comenzó el 3 de febrero de 1989. Dentro de la clase política, existen numerosos candidatos que no quieren batirse contra un ex-presidente, y menos contra un presidente en ejercicio de su mandato, cuando pueden ahorrarse hacerlo. Prefieren batirse con candidatos sin poder de mando.

Para bloquear el cambio constitucional vía enmienda, los adversarios de Cartes presentaron el proyecto para votar luego por su rechazo y evitar que este pueda ser presentado otra vez en el plazo de un año. Una acción legal que huele a golpe de astucia. Un tema trascendente, de rango constitucional, se decidió sin que las contrapartes se encontraran advertidas. Para el presidente Cartes –que por lo general logra lo que se propone en el Parlamento– suena a una insubordinación del sector colorado disidente y a la deserción de sus aliados liberales.

Los protagonistas de esta medida fueron el Partido Democrático Progresista (izquierda no luguista), los liberales, los colorados disidentes del oficialismo y sectores del Frente Guazú. Esta coalición mínima logró el triunfo de su propuesta apenas por un voto. Sin embargo, al momento de votar la medida, muchos otros parlamentarios se retiraron del recinto, dejando hacer la tarea a los otros. Este es un indicador del consenso existente contra la reelección de Cartes, quien antes tenía un poderío sobre el Parlamento más importante que los Ejecutivos anteriores. El fantasma de la reelección, sin embargo, está presente. Y tiene aún más complicaciones, ya que de permitirla también sería posible que Fernando Lugo volviese a candidatearse. Hoy, con más de 40% de aprobación, es un candidato temible. Cualquier alianza entre el liberalismo y Lugo llevaría a una probable derrota electoral del Partido Colorado.

Escenarios de la izquierda

Si el adversario del coloradismo es el liberalismo, y viceversa, juntos tienen la inmensa mayoría de los votos y los militantes. Pero no hay que descartar ni menospreciar a la izquierda, el otro protagonista de la batalla política. En Paraguay, la izquierda se encuentra dividida, en la actualidad, entre los luguistas y los no luguistas. La primera, situada alrededor del ex-presidente y actual senador Fernando Lugo, está conformada por muchos pequeños partidos con representación parlamentaria. Sin embargo, el verdadero poder de los votos está en manos del propio Lugo. La segunda tendencia de izquierda se agrupa alrededor de Mario Ferreiro, quien detenta la alcaldía de la capital, y también está conformada por varios pequeños partidos. La llegada de Ferreiro a la alcaldía de Asunción se produjo en alianza con los liberales.

El carisma del ex-obispo Lugo convoca más a la población rural o alejada de la capital. Con más de 40% de aceptación, carece de una institucionalidad política propia. Su triunfo presidencial de 2008 se produjo en alianza con el Partido Liberal, el mismo partido que después lo traicionó y convocó al golpe parlamentario del 2012 que lo depuso. El Frente Guazú (FG) está conformado por grupos políticos que mantienen una mesa conjunta (Partido País Solidario, Partido Frente Amplio, Bloque Social y Popular, Partido de Participación Ciudadana, Partido Popular Tekojoja, Partido Comunista Paraguayo, Partido Convergencia Popular Socialista, Partido del Movimiento Patriótico y Popular, Frente Social y Popular, Frente Patriótico Popular, Partido de la Unidad Popular), sin que entre ellos haya habido una política común, padrones unificados ni un comando. Los grupos más numerosos son País Solidario, liderado por Carlos Filizzola, que tiene bases más solidas en espacios urbanos, y Tekojoja (Justicia), liderado por Sixto Pereira, cuyo anclaje mayoritario se produce en el mundo rural. Lugo renunció a la dirigencia del FG en vísperas de las elecciones municipales de 2016, lo que conllevó a un fracaso electoral notorio en la capital. El desacuerdo alentó a una parte de la coalición del FG a independizarse y a formar la organización Avanza País, que disputó y conquistó la alcaldía de la capital.

Avanza País, con bases urbanas, está integrado por pequeñas entidades como el Partido Movimiento al Socialismo (P-mas), el Partido Revolucionario Febrerista (PRF), el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Partido Paraguay Tekopyahú (PPT), el Movimiento 20 de Abril (M-20A) y el Movimiento Unidad Democrática para la Victoria (MUDV). Formalmente, Mario Ferreiro se presentó como candidato del Partido Revolucionario Febrerista, una agrupación socialdemócrata más antigua, cuyos antecedentes provienen de 1936. En la alianza electoral, los liberales (Partido Liberal Radical Auténtico) tienen la mayor fuerza electoral y el Partido del Movimiento hacia el Socialismo (PMAS) ha tenido la mayor iniciativa organizativa. La incapacidad de estas dos izquierdas para generar unidad y conformar organismos mayores que ese archipiélago de micro partidos se fundamenta en la escasa cultura socialista paraguaya y en la poca tradición democrática. Los partidos tradicionales de la derecha tienen más institucionalidad, aunque sus articulaciones sean intensamente conflictivas.

Intrigas de la política tradicional

El juego entre los partidos tradicionales ha sido comúnmente una serie de alianzas y rupturas abruptas entre los partidos y sus facciones a pesar de lo cual -–o quizás al revés, gracias a ello-– los partidos tradicionales ocupan la mayor parte del espacio político paraguayo. Son partidos centenarios, aglutinantes y conservadores. Si el oficialismo del gobierno estuvo formado por el coloradismo y el liberalismo cercano al gobierno, las dos oposiciones a Cartes son una de ellas interna a su propio partido, y la otra externa, proveniente del Partido Liberal.

La contestación colorada a Cartes perdió las elecciones en la interna oficialista de 2015, en la que los recursos de campaña del presidente fueron cruciales. La minoría disidente colorada se opone a la reelección de Cartes. Juega junto al liberalismo y otros grupos políticos.

Con el liberalismo ocurre algo similar. Desde el inicio del gobierno cartista, los liberales que habían colaborado en el proceso contra Lugo, fueron cercanos al gobierno de Cartes. Ese liberalismo aliado se desmarcó del oficialismo colorado al oponerse a la reelección. La oposición liberal a la reelección no es solo contra Cartes, es también contra la posible candidatura de Lugo ya que para las elecciones del 2018 de no haber reelección, a ellos les tocará sin alternativa presidir una posible alianza.

Mafia y otras corrupciones

Un punto ciego en la política paraguaya es el de la corrupción. El mundo de la mafia ha sido desde hace décadas el de la frontera con el Brasil, desde Ciudad del Este (tres fronteras: argentina, paraguaya y brasilera) hasta Pedro Juan Caballero, donde existen fronteras secas y ciudades espejo de cada lado de los países limítrofes. Entre Pedro Juan Caballero (Paraguay) y Ponta Porá (Brasil) sólo una calle deslinda la efímera frontera de una urbanización binacional. Este territorio conforma un amplio mundo donde reina el hampa y en el que los lugareños se suelen expresar de la siguiente manera: «Si usted no se mete con la mafia, ella no lo molestará. Si se acerca a ella, acepte sus reglas». En esos espacios, la existencia del Estado es nula. La mafia es su reemplazo: es ella quien protege, emplea o mata. En el nordeste de la región oriental, el Estado es solo un protagonista más. Se trata de una zona de tráfico y de cultivo de marihuana.

Los rumores y los dichos sobre la corrupción y la vinculación gubernamental con algunas de estas redes no tienen fundamentos probatorios, pero forman parte de las ideas generadas entre la población. Entre ellos, se destacaba la sospecha de que el presidente llegó a tener contactos con la mafia a través del banco Amambay, del cual es propietario. Los crímenes contra personas anónimas, periodistas, medios de prensa y también autoridades locales se han venido incrementando. En esa zona fronteriza, las muertes por cien mil habitantes por año van desde 12,5 en Alto Paraná hasta 70,4 en Amambay y según estimaciones del Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, son varias veces mayores que las del promedio del país: 8,6 por cada 100.000 habitantes, una cifra esta aceptable en relación a las estadísticas de América Latina.

Mientras el gobierno ha disciplinado la pequeña corrupción a través de leyes contra los funcionarios públicos, a la vez que ha habilitado la información de sus cargos y sus ingresos, hay más ruido que nueces. Ni evasores, ni contrabandistas, ni mafiosos, ni narcos fueron castigados al punto de desmovilizar su acción. Los índices de criminalidad del oriente no disminuyeron. Y más que asesinatos hay un incremento de los robos. Si bien el pequeño crimen parece controlado, no lo está el de los grandes delincuentes que protagonizan batallas entre sus pandillas o asesinan personalidades locales. La violencia mafiosa convive, también en el noroeste, con la violencia política.

Insurrectos

La aparición de movimientos insurreccionales crónicos es un fenómeno nuevo y poco entendible en un país escasamente poblado, con una geografía llana y falta de resguardos. Una buena parte de la ciudadanía «no cree» que exista ese fundamentalismo e ira campesinos que generan brotes de violencia en el norte de la región oriental (Concepción, San Pedro). Se trata de una zona donde colisionan la hacienda ganadera y sojera con la economía familiar campesina, donde el Estado no merece la confianza ciudadana, y donde el gobierno está demasiado lejos de la ciudadanía. Los pequeños grupos -–sobre todo el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)-– activos en la zona cobran un «impuesto revolucionario» a los hacendados y matan policías y militares cuando las fronteras de los insurrectos y las de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) se entremezclan. Si bien no pasan de ser unas decenas de personas armadas, esos movimientos tienen 19 años de existencia y se han mostrado capaces de escapar a los ataques de las FTC. Al EPP se le atribuye haber matado 38 uniformados desde el inicio del gobierno de Cartes. Tienen una narrativa de guerra rural inspirada en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El reciente atentado que dejó ocho muertos entre los uniformados, sin bajas entre los insurrectos, provocó un efecto de perplejidad y de deterioro del discurso público. La oposición acusó de corruptas o ineptas a las FTC. Evidentemente, los voceros oficiosos del gobierno se dedicaron a culpar a la izquierda o a la oposición de la existencia de esos grupos. Y, aunque la movilización social se deslinda de esta izquierda radical, los movimientos sociales tienen sus propias dificultades.

Movimientos sociales

Si bien el gobierno ha negociado bien con los movimientos sociales, adoptó medidas drásticas con los sindicatos de docentes y su política de rigor no facilita las relación con los sindicatos del Estado. Buena parte de la narrativa oficialista se fundamenta en la necesidad de cuidar el dinero del contribuyente, invirtiéndolo en obras y no dilapidándolo en salarios del funcionario público.

Actualmente, se han vuelto a reactivar otras luchas sociales. Entre ellas, se destacan las huelgas estudiantiles de la Universidad Nacional de Asunción. Los estudiantes rechazan la contrareforma propuesta por las autoridades universitarias quienes, después de haber sufrido una contestación de meses, volvieron al modelo de universidad burocrática, clientelista, sin crítica ni excelencia, del mismo signo de las que predominaban en tiempos de la dictadura. «El 3 de febrero [la fecha en la que fue derrotado el dictador Stroessner] nunca llegó a la universidad», afirman los jóvenes. Y es que la institución que fue el alma mater del estronismo se conduce como antes. En ella no se avizora el progreso. Y su posicionamiento en los rankings internacionales deja mucho que desear.

Pese a que la lucha estudiantil no constituye una reacción contra el gobierno –que realiza esfuerzos para levantar la academia con becas, recursos para las investigaciones y financiando proyectos– si lo afecta de manera decisiva. El gobierno disiente con esta universidad partidista y clientelista, pero, no quiere hacerle frente. Otros frentes de lucha si lo afectan directamente. El malestar con los maestros y las huelgas de médicos del servicio público que enfrentan la política de austeridad y rigor de la administración pública, complican más su gestión.

La narrativa sin retórica

El gobierno está lejos de una crisis política. Su narrativa no convence, pero tampoco genera un descenso abrupto de su imagen. Ni el crecimiento económico –que se concentra, en lugar de gotear–, ni el auge de divisas, ni el aumento de las obras de infraestructuras, ni las transferencias que benefician a una creciente cantidad de personas en situación de pobreza, ni los esfuerzos y logros de transparencia resultan suficiente fuente de legitimidad. La narrativa está en crisis y la realidad así lo demuestra. No se trata solo de los actos fallidos de Cartes. Los viejos temas centrales de la cultura colorada –el nacionalismo, la lucha contra el comunismo, el agrarismo, el desarrollismo y el clientelismo partidario– tienen escasa recepción. Se trata de un discurso obsoleto e ineficaz en el actual contexto. Las condiciones de la economía mundial, el estilo distante de liderazgo presidencial, el congelamiento de las reformas necesarias para que el país avance en la acumulación de capital y la capitulación ante un empresariado voraz que no quiere hacer su parte constituyen los más serios problemas del gobierno de Cartes. El nuevo discurso «técnico» del gobierno no fortalece al propio Partido Colorado. Pero el poderío tan dinamizado con recursos materiales para las campañas da la sensación de un oficialismo comprado, un liberalismo opositor extorsionado y una izquierda amenazante.


  • 1.

    El Gini, medida de la desigualad que oscila entre sus extremos: el mínimo: 0,0: todos son completamente iguales; y el máximo: 1,0: uno lo tiene todo y los demás, nada.