Entrevista

Honduras: entre la corrupción y el fraude Entrevista a Hugo Noé Pino

Hugo Noé Pino explica la renuncia del jefe de la misión anticorrupción de la OEA en Honduras. Este destacado analista político apunta contra el fraude electoral en las últimas elecciones del país. Además, afirma que la clase política mantiene pactos de impunidad.

Honduras: entre la corrupción y el fraude / Entrevista a Hugo Noé Pino

Hace pocos días el jefe de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) dimitió de su cargo asegurando que no contaba con respaldo político para desarrollar sus investigaciones. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? ¿Por qué faltó respaldo para que se desarrollaran investigaciones tan importantes como las que encaraba Juan Jiménez Mayor?

La renuncia de Juan Jiménez Mayor obedece a falta de respaldo político, tanto de las autoridades políticas del país como de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que lo propuso en su cargo. La falta de respaldo obedece a que el gobierno de Juan Orlando Hernández apostó al establecimiento de la MACCIH como una salida a la presión pública que exigía que se organizara una comisión contra la corrupción y la impunidad similar a la Cicig de Guatemala. En 2015, y durante casi medio año, la población marchó por las calles en diferentes ciudades exigiendo que se aclarara un resonante caso de corrupción que involucraba al Instituto Hondureño del Seguro Social. En este caso, la pérdida económica estimada fue de alrededor de 300 millones de dólares. Dado que la OEA un organismo que depende de los gobiernos de la región, el gobierno hondureño consideró que instalar la comisión era el menor de los males.

Sin embargo, aunque el convenio que crea la MACCIH no le otorgaba atribuciones tan amplias como la Cicig, sí permitía la labor de investigación y judicialización de casos a través de la fiscalía general de la República. Lo que el sistema político hondureño no tuvo en cuenta es que la MACCIH, dirigida por Jiménez Mayor, se tomaría en serio su papel y comenzaría a investigar denuncias de corrupción relacionadas con las elites políticas, empresariales y de otros sectores de la sociedad.

Mientras que la MACCIH fue recibida con esperanzas por un sector de la población, otros reaccionaron con escepticismo debido a su origen. Transcurridos dos años de trabajo, la MACCIH ha presentado denuncias contra diputados al Congreso Nacional (la mayoría ahora ex diputados) sobre el destino de fondos públicos a través de organizaciones de la sociedad civil. En estas investigaciones también han estado involucrados más de 60 diputados, incluido el presidente del Congreso Nacional, según declaraciones públicas de Jiménez Mayor. La primera dama del gobierno anterior también está siendo investigada por desvío de fondos públicos a sus cuentas personales.

Obviamente, estas investigaciones preocupan a los políticos y a otros sectores de la sociedad involucrados en actos irregulares. Jiménez Mayor se animó incluso a investigar el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, y ha afirmado que podría involucrar a la cúpula de una importante empresa privada. Esto generó reacciones de mucho enfado entre los sectores de poder. No es ninguna sorpresa, por lo tanto, que hayan existido presiones internas, amenazas a muerte e investigaciones sobre la vida privada del jefe de la Misión con el objetivo de desprestigiarlo.

Pero no son solo los diputados quienes obstaculizan el trabajo de la MACCIH. Varias propuestas de la Misión contaron con la oposición del sector político dominante. La ley de colaboración especial promovida por la MACCIH no ha sido aprobada, pese a varias promesas en sentido contrario. Y, para colmo, la elección de los magistrados al Tribunal Superior de Cuentas se hizo repartiendo cargos entre partidos políticos.


Poco tiempo antes de la renuncia de Jiménez Mayor, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) había denunciado un pacto de impunidad en el Congreso Nacional de Honduras para blindar la corrupción. ¿Qué hay de cierto en estas denuncias?

Las denuncias son totalmente ciertas. En un acto irregular el Congreso Nacional incluyó en la aprobación del presupuesto nacional de 2018 una norma en la que solicitaba que el ente de contralor nacional (Tribunal Superior de Cuentas) iniciara una auditoría desde 2006 en adelante sobre todos los fondos públicos recibidos por los diputados del Congreso . A esta decisión administrativa se le añadió que dicha auditoría duraría tres años y que, mientras tanto, no procedía ninguna acción administrativa, civil o penal. Esto sirvió no solo de para que una jueza archivara el caso de seis diputados que ya habían sido acusados, sino también para blindar al resto de cualquier acción judicial que la fiscalía (respaldada por la MACCIH) pudiera hacer en el futuro cercano. Un agravante de lo sucedido en el Congreso fue que el párrafo adicional no fue aprobado en la Cámara de Diputados, sino que fue agregado, supuestamente, en la Comisión de Estilo. Ante la protesta pública, el agregado fue retirado de la Ley de Presupuesto y se ha ordenado una investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.

El cambio en la Ley de Presupuesto para restringir la actuación del Ministerio Público y de los jueces anticorrupción en la investigación resulta verdaderamente escandaloso. ¿Qué está pasando entre la clase política de Honduras? ¿Existe un verdadero pacto para impedir investigaciones a diputados? ¿Este proceso alcanza a todas las fuerzas políticas importantes del país?

Un primer aspecto a destacar es que el Congreso Nacional después del golpe de Estado ha estado controlado por una «alianza por la gobernabilidad» de los dos partidos tradicionales del país, es decir, el Partido Nacional en el poder y el Partido Liberal. En el gobierno pasado (2014-2018), irrumpieron dos partidos emergentes: Libertad y Refundación (LIBRE) conducido por el expresidente Manuel Zelaya Rosales, y el Partido Anticorrupción liderado por Salvador Nasralla. Varios de los diputados de ambos partidos votaron a favor de «la alianza por la gobernabilidad» en las elecciones de la Corte Suprema de Justicia del año pasado. Ha habido acusaciones de que dichos diputados fueron comprados con dineros públicos. Es sabido que diputados de todos los partidos recibieron fondos del gobierno por los que no se rindieron cuentas. Por lo tanto, no es extraño que varios de los acusados se opongan individualmente a medidas anticorrupción, sin que esta sea, necesariamente, una posición de sus partidos. Es más, el Partido Liberal, LIBRE, el Partido Innovación y Unidad, y Salvador Nasralla en su calidad de candidato a la presidencia en las últimas elecciones, han pedido al presidente de la OEA, Luis Almagro, que mantenga a Juan Jiménez Mayor al frente de la MACCIH. También lo ha solicitado a nivel personal el presidente Juan Orlando Hernández. Lógicamente, buena parte de la opinión pública observa a Hernández como uno de los principales interesados en obstaculizar el trabajo de la MACCIH, al considerársele como protagonista clave en la actual ola de corrupción de la élite política. Siendo un personaje de probada vocación absolutista, ¿cómo puede no estar al tanto o al menos imaginar algo sobre la corruptela de sus subordinados?

La asunción de Juan Orlando Hernández como presidente del país luego de una elección que los opositores calificaron de fraudulenta parece aumentar más la tensión política. ¿Cómo se vincula este contexto político con la situación de la corrupción y con la renuncia de Jiménez Mayor a la MACCIH?

El gobierno de Honduras nunca creyó en la MACCIH. Juan Orlando Hernández no hizo pronunciamientos públicos acerca de los avances. Su control sobre el Congreso Nacional y sobre casi toda la institucionalidad pública, conduce a pensar que muchas de las presiones y boicots a las leyes propuestas por la Misión llegaron desde la Casa de Gobierno. En una entrevista, Juan Jiménez Mayor señaló que lo estaban investigando con fondos que se podían utilizar para el bien de la población (es decir, con fondos públicos) y que no iban a encontrar nada. Es más, podríamos señalar que, en buena medida, la renuncia de Jiménez Mayor se debe a que Hernández sigue dirigiendo los destinos del país. Los obstáculos que encontraría para continuar su trabajo luego de una elección fraudulenta y del control de casi la totalidad de la institucionalidad del país por parte del actual presidente, le exigiría una labor titánica. De hecho, es posible inferir que Jiménez Mayor llegó al convencimiento que la elección del nuevo fiscal del Estado para el presente año sería a favor de mantener la impunidad y corrupción y no de combatirla. La gota que rebasó el vaso es el escaso apoyo recibido por parte del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien, en una famosa carta dirigida a Hernández, acusa a la MACCIH de resultados pobres durante sus dos años de vigencia. No existió, no existe y no existirá voluntad política del presente gobierno de luchar contra la corrupción. El fraude electoral fue realizado bajo el profundo temor de que un cambio de gobierno pondría en evidencia amplios campos de corrupción. Por supuesto, la élite política que ha manejado el poder en Honduras no estaba dispuesta a permitirlo. El instrumento para impedirlo en 2009 fue el golpe de Estado, y en 2013 y 2017 lo fue el fraude electoral. En estas últimas elecciones, la política del fraude rebasó todos los límites de lo imaginable.

¿Cuál cree usted que será el futuro de la MACCIH y que tipo de políticas públicas cree que deben implementarse en el país para emprender un verdadero combate contra la corrupción política?

La MACCIH enfrenta un futuro incierto y lleno de dificultades. Un primer elemento a considerar es quién sustituirá a Jiménez Mayor y cuáles serán sus cualidades profesionales. En segundo lugar, será importante saber quién será el nuevo fiscal general del Estado y cuál será su compromiso con la lucha contra la corrupción. En tercer término, es importante saber que sucederá con la MACCIH una vez que concluya su mandato (en 2020 según lo firmado por el gobierno y la OEA). Ninguno de los tres elementos permite augurar un buen futuro. Sin embargo, y como debe ser, la última palabra la tiene el grado de tolerancia que la sociedad hondureña manifieste hacia la corrupción y la impunidad. Parte del agotamiento de la paciencia de los hondureños debería reflejarse en el comienzo de una lucha frontal y más decidida para reducir drásticamente la corrupción y su falta de castigo.

Un elemento final a considerar es que los últimos escándalos relacionados con la MACCIH se producen en medio de la batalla contra la imposición fraudulenta de Hernández. Varios analistas comparten la opinión de que todo esto forma parte de una operación bien montada para desviar la atención de los principales componentes de la crisis política actual, el fraude electoral y el inicio de una dictadura militar disfrazada.


Hugo Noé Pino es licenciado y magíster en Economía por la Universidad Autónoma de Honduras, con un doctorado en economía por la Universidad de Texas en Austin. Fue presidente del Banco Central y Ministro de Finanzas en Honduras. Ha sido embajador ante las Naciones Unidas y en los Estados Unidos. Fue Director Ejecutivo por Centro América en el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Asesor Principal del Director por Centroamérica en el Banco Mundial. Ha sido profesor en economía y director del Postgrado Centroamericano en Economía de la Universidad Autónoma de Honduras. Ha publicado artículos y editado libros sobre política económica en Honduras y en el extranjero. Fue presidente del Colegio Hondureño de Economistas y de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras. Es Director Ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Sociales.

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