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Honduras: de la crisis política al surgimiento de un nuevo actor social

El golpe de Estado en Honduras desnudó la fragilidad democrática oculta tras casi tres décadas ininterrupidas de elecciones y las dificultades para la consolidación institucional en un país golpeado por la desigualdad y la pobreza. Pero también permitió el surgimiento de un inédito movimiento de resistencia que, aunque germinal, heterogéneo y sin un único liderazgo, ganó fuerza y capacidad de articulación en la lucha contra el gobierno de facto. Tras repasar las tendencias profundas que salieron a la luz a partir del 28 de junio, el artículo sostiene que los actores sociales que ganaron protagonismo tras el golpe deben dejar de ser perseguidos políticamente para dar paso a su inclusión en el sistema institucional. De lo contrario, se corre el riesgo de negar la representación a una parte importante de la sociedad hondureña y, con ello, profundizar la inequidad social y política.

Honduras: de la crisis política al surgimiento de un nuevo actor social

El 28 de junio de 2009, la imagen del presidente hondureño en pijama en la capital costarricense, secuestrado y expatriado por un comando militar, daba la vuelta al mundo para recordar que los procesos democráticos no suelen ser tan firmes como las apariencias muestran. Después de Costa Rica, Honduras era el país centroamericano con el periodo más largo de gobiernos constitucionales ininterrumpidos. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué un país en apariencia estable se salió de órbita y se introdujo en un laberinto de ingobernabilidad? ¿Por qué sucedió esto cuando todo, políticamente hablando, parecía ir bien?

Quizás el espejismo del periodo 1981-2009 hace olvidar que la historia de Honduras se distinguió por la inestabilidad política, las guerras intestinas, las dictaduras y los golpes de Estado. El ethos democrático no ha ido al mismo ritmo que los cambios en el marco jurídico institucional. Por otra parte, el espejismo político electoral ha ido a contramano de una realidad en la que siete de cada diez habitantes viven en la pobreza, con uno de los indicadores de concentración de la riqueza más escandalosos de América Latina. La democratización formal, si bien otorgó estabilidad, no se tradujo en un proceso de empoderamiento político de los sectores excluidos que alterase la matriz de inequidad; al contrario, la desigualdad, durante el periodo, tendió a incrementarse. El país, acostumbrado desde larga data a la dependencia del capital extranjero, agudizó a partir de los años 90 esa condición, a costa de cuantiosas exoneraciones fiscales, sin que los sectores dinámicos de la economía se ligasen virtuosamente con la base mayoritaria del tejido productivo.

En los últimos 15 años, el gran respiradero del default económico hondureño ha sido la salida de aproximadamente un millón de migrantes, que con sus remesas –equivalentes a casi una cuarta parte del PIB– estabilizan monetariamente la economía. Recién en el lustro 2003-2008, al influjo del crecimiento regional y mundial, Honduras registró tasas de crecimiento de entre 3% y 6% que, si bien contribuían a la estabilidad macroeconómica, se vinculaban poco a una reconversión productiva que elevara de manera sostenida su competitividad.

En el nivel comparado, las correlaciones planteadas desde Lipset en adelante han indicado que la democracia perdura y gana calidad cuando se asocia a un buen desempeño socioeconómico: Honduras daba muestras de una fragilidad democrática escondida tras la continuidad electoral.

¿Qué mantuvo entonces por casi 30 años la continuidad de gobiernos constitucionales sin golpes de Estado ni asonadas militares? Hay que excluir, en principio, cualquier variable que aluda a la existencia de un poderoso sujeto emancipatorio capaz de luchar y defender la democracia como forma de gobierno. El retorno al orden constitucional en los años 80 obedeció más bien a dos factores: el fin de la hegemonía de los regímenes militares que detentaron el poder desde 1963 y la conveniencia geopolítica de Estados Unidos de esgrimir regímenes democráticos en la subregión frente a la toma del poder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua y la acumulación de fuerzas del Frente Farabundo Martí (FMLN) en El Salvador1. Habría entonces que sopesar un conjunto de factores que explicarían este inédito periodo de continuidad democrática: inercia, condicionalidad internacional, consolidación de un elitismo competitivo, entusiasmo ciudadano con el acto electoral y –por qué no– también el rol de un sector de la sociedad civil que, desconectado de las carestías estructurales que aquejan a la mayoría, se sentía a gusto con la fachada democrática, impulsando reformas al Estado de derecho por aquí y por allá, aunque sin reflexionar suficiente acerca de las bases sobre las que se estaba construyendo. Mientras tanto, el reto cotidiano de más de dos tercios de la población sigue siendo la supervivencia en un país neocolonizado económicamente y asfixiado por la corrupción en la administración pública.

Diagnósticos como el hondureño prefiguran la hipótesis de que, aun bajo la supuesta calma institucional mostrada antes del 28 de junio, el país sufría una profunda polarización social que no había encontrado expresión política.

Zelaya y el golpe

Democracia sin desarrollo incluyente es una entelequia. El empoderamiento de los sectores marginalizados es una condición sine qua non para redefinir el trazo de las políticas públicas. A leguas se ve que las instituciones públicas no han cumplido el papel de articuladoras de un pacto social que otorgue legitimidad a la acción estatal. De ahí el acentuado protagonismo de los liderazgos personalistas que, en Latinoamérica, muchas veces han ocupado el papel de aquellas, con todos los riesgos y posibilidades que esto supone.

Ya había advertencias sobre la fragilidad hondureña y el riesgo de una crisis política: faltaba, apenas, el detonante2. En ausencia de movimientos sociales fuertes (aunque existía una base de articulación germinal) y mucho menos de partidos y elites políticas dispuestas a oxigenar debidamente el sistema, el factor que vino a gatillar la crisis fue el liderazgo carismático de Manuel Zelaya Rosales, hacendado con una larga trayectoria de militancia en el Partido Liberal, quien basándose en las estructuras duras del partido alcanzó la Presidencia tras su triunfo electoral en noviembre de 20053. Las elites políticas y económicas pronto se verían sorprendidas por los gestos de un mandatario que, con el perfil de un político tradicional, comenzaba inopinadamente a salirse del redil. No obstante, para quienes lo conocían de manera más cercana, tal comportamiento no resultaba del todo extraño. No es que el gobierno de Zelaya haya marcado un parteaguas en la forma de administrar los recursos públicos, puesto que persistían condiciones para la improvisación y el acecho de la corrupción. Más bien, el rasgo distintivo de su gestión ha sido el desenfado para retar a las elites en algunos rubros estratégicos de la economía y el contacto permanente con los sectores más excluidos de la sociedad, especialmente en el medio rural y en las ciudades intermedias, sin que se tenga forzosamente que encorsetar estos rasgos en el término «cajón de sastre» en que ha devenido el populismo.

  • 1. Ver Rachel Sieder: Elecciones y democratización en Honduras desde 1980, Colección Cuadernos Universitarios, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, 1998.
  • 2. Luis González y Gonzalo Kmaid: Honduras 2008-2009. Desafíos, riesgos y oportunidades, Programa de Análisis Político y Escenarios Posibles (papep) Honduras, pnud, 2008, disponible en www.gobernabilidaddemocratica-pnud.org/archivos/1256074135kmaid.pdf.
  • 3. El Partido Liberal y el Partido Nacional conforman el formato bipartidista hondureño y capturan alrededor de 90% de los votos válidos en las elecciones generales. Desde 1981 hasta 2005, el Partido Liberal, que ha reflejado un espectro ideológico más amplio que el Nacional (reputado como más conservador), había logrado un predominio electoral claro, con cinco triunfos en siete elecciones presidenciales.