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Hannah Arendt y el matrimonio igualitario. La lucha por los derechos LGBT en Argentina

La aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario el 15 de julio de 2010 constituyó un punto de inflexión en las luchas por los derechos de las llamadas «minorías sexuales». A la apertura ideológica del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se sumó una estrategia definida que hizo de la demanda «innegociable» del matrimonio el eje de la lucha de las organizaciones lgbt. Ese camino modificó discursos y formas de acción y generó un amplio apoyo social (político, cultural y mediático). En ese sentido, no se trató solo de la ley, sino de un proceso previo que consiguió que la discriminación por razones de orientación sexual se volviera políticamente incorrecta.

Hannah Arendt y el matrimonio igualitario. La lucha por los derechos LGBT en Argentina

Desde que la Ley de Matrimonio Igualitario fue aprobada en Argentina y publiqué el libro Matrimonio igualitario1, contando cómo lo conseguimos –porque hoy parece un derecho casi obvio, pero hace siete años, cuando lanzamos la campaña para conquistarlo, parecía imposible, casi una locura–, me han invitado a dar charlas y talleres para hablar de esa historia en distintos lugares del continente y ayudé, inclusive, a organizar la campaña por el matrimonio igualitario en otros países de América Latina. Algo se repite siempre. Una de las primeras cosas que me preguntan en cada reunión, charla o debate es por qué el matrimonio; por qué esa reivindicación se transformó, en buena parte del mundo, en la principal bandera del movimiento gay e, inclusive, LGBT.

Para responder a esa pregunta, me gusta recordar un viejo texto de la filósofa Hannah Arendt titulado «Reflexiones sobre Little Rock»2. Partiendo de una imagen, publicada en los diarios de la época, que mostraba a una niña negra saliendo de la escuela perseguida por una turba de niños blancos y protegida por un amigo blanco de su padre, Arendt analiza la repercusión de la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos que acabó con la segregación entre blancos y negros en las escuelas y, aun reconociendo su importancia y obvia justicia, la considera una manera equivocada de encarar el problema del racismo. La decisión acababa con la segregación por la fuerza, pero los niños y niñas «de color» que comenzaban a integrarse a las mismas escuelas donde estudiaban los blancos terminaban sufriendo más violencia y humillaciones que antes, educándose en territorio enemigo, rechazados por los demás alumnos y sus familias.

El caso de «los nueve de Little Rock», que da lugar al título del artículo, muestra la dimensión del conflicto: el 24 de septiembre de 1957, el presidente Dwight D. Eisenhower tuvo que enviar tropas militares a esa ciudad, capital de Arkansas, para escoltar a nueve estudiantes negros para que pudieran entrar en el Central High School, donde debían estudiar junto a 1.900 alumnos blancos cuyas familias rechazaban su ingreso. Una niña negra había sido linchada por un grupo de blancos por tratar de entrar en la escuela; así estaban las cosas. Entre insultos e intentos de agresión, los niños fueron escoltados por guardaespaldas y el colegio tuvo que ser rodeado por 1.000 soldados para que pudieran ingresar por primera vez. Arendt señala que una encuesta realizada en otro estado, Virginia, revelaba que 92% de la población era contraria a la integración escolar (el artículo no aclara si encuestaron a blancos y negros o solo a los blancos, y esa duda dice mucho sobre el clima de época) y 65% estaba dispuesto a renunciar a la escuela pública para evitarla3.

Dice Arendt:

Mi primera pregunta fue: ¿qué haría yo si fuese una madre negra? La respuesta es que en ninguna circunstancia expondría a mi hijo a condiciones que darían la impresión de querer forzar su entrada en un grupo en el que no era deseado (...) Si yo fuese una madre negra del Sur, sentiría que la decisión de la Suprema Corte, involuntaria pero inevitablemente, colocó a mi hijo en una posición más humillante que aquella en la que ya se encontraba antes.4

El error, para la filósofa, fue la reivindicación elegida para ganarle la batalla al racismo. La prioridad, dice, debería haber sido otra: el matrimonio.

Expliquemos el contexto. Hasta el fallo «Loving v. Virginia», dictado el 12 de junio de 1967 por la Corte Suprema de Justicia de EEUU, en 16 estados norteamericanos –entre ellos, Arkansas y Virginia– era ilegal que una persona de piel negra se casara con una persona de piel blanca. Apenas siete estados nunca lo habían prohibido: Minnesota, Wisconsin, Nueva York, Connecticut, Vermont, New Hampshire y Nueva Jersey, y los primeros en permitirlo habían sido Pennsylvania (1780) y Massachusetts (1843). El resto fue cayendo como piezas de un dominó, hasta aquellos últimos 16 a los que la Corte tuvo que darles el empujón final.

Como sucede ahora en distintas partes del mundo con el matrimonio gay, el matrimonio entre negros y blancos era considerado «antinatural e inmoral» y su prohibición se justificaba también con fundamentos religiosos, como lo prueba el siguiente fragmento de una sentencia que avaló la prohibición, citado por la jueza Gabriela Seijas en el histórico fallo que autorizó por primera vez un matrimonio civil entre dos hombres en Argentina, en 2009: «Dios Todopoderoso creó las razas blanca, negra, amarilla, malaya y roja, y las colocó en continentes separados. El hecho de que Él separase las razas demuestra que Él no tenía la intención de que las razas se mezclasen» (sentencia de 1966 de un tribunal de instancia del estado de Virginia). En 1998, una carta publicada por la Universidad Bob Jones (de Carolina del Sur), de orientación cristiana y conservadora, decía que «Dios ha separado a las personas por un propósito» y que «pese a que no existe verso en la Biblia que dogmáticamente estipule que las diferentes razas no deberían casarse entre sí, todo el plan de Dios como él lo ha diseñado para las razas a través del tiempo indica que el matrimonio interracial no es el mejor para el hombre»5. Sí, en 1998.La lista de los estados norteamericanos que nunca prohibieron el matrimonio interracial o que estuvieron entre los primeros en abolir la prohibición se asemeja mucho a la de los estados que luego fueron pioneros en la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, como por ejemplo Massachusetts, que fue el primero en abolir la segregación matrimonial de los homosexuales (2004) y había sido el segundo en abolir la de los negros (1843). Según una encuesta de Gallup realizada en 2013, 87% de los estadounidenses aprueba hoy los matrimonios entre personas negras y blancas (y ojo: fue recién en 1991 cuando la mayoría, por 48% a 42% según Gallup, pasó a aprobarlos), frente a apenas 4% que estaba de acuerdo en 1958, un dato que habría que tener en cuenta cada vez que algún político demagógico de América Latina asegura que el matrimonio igualitario debería resolverse mediante una consulta popular. Los derechos humanos de las minorías no se plebiscitan (parece mentira que haya que explicarlo) y la historia da lecciones sobre cómo serán recordados y qué poca estima recibirán en el futuro quienes se oponen a ellos. Los alumnos de las escuelas del futuro leerán en una clase de Historia la carta del ahora papa Jorge Bergoglio llamando a la guerra santa contra el matrimonio igualitario6 y sentirán lo mismo que hoy sentimos al leer un panfleto del Ku Klux Klan sobre los negros.

Arendt escribió «Reflexiones sobre Little Rock» en 1958, casi diez años antes de «Loving v. Virginia», cuando los derechos matrimoniales de los negros eran tan cuestionados como lo son hoy los derechos matrimoniales de los homosexuales. Sostenía entonces que acabar con la prohibición de los matrimonios interraciales debería ser la prioridad de la lucha contra la segregación racial en EEUU. El derecho a casarse con quien uno quiera es un derecho humano elemental comparado al cual «el derecho a frecuentar una escuela integrada, el derecho a sentarse donde uno quiera en un autobús, el derecho a entrar en un hotel, una zona de recreo o lugar de diversión independientemente de la piel o de la raza» son minucias. Incluso los derechos políticos, como el derecho de voto y casi todos los demás derechos enumerados en la Constitución son secundarios frente a los derechos humanos inalienables «a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad» proclamados en la Declaración de la Independencia; y a esta categoría pertenece incuestionablemente el derecho al hogar y el matrimonio.7

Cuando la Federación Argentina LGBT (FALGBT) decidió lanzar, en 2007, una campaña nacional por el matrimonio igualitario, lo hizo no solo por la importancia de los derechos materiales concretos que el matrimonio reconoce (herencia, pensión por viudez, patria potestad compartida de los hijos, adopción conjunta, seguridad social, derechos migratorios, beneficios impositivos, etc.), que sin duda eran importantes para la vida de miles de personas, sino fundamentalmente porque estábamos convencidos de que el debate social que la posibilidad de ruptura de la exclusividad heterosexual del matrimonio traería era fundamental para derrotar la hegemonía del discurso homofóbico. Lo que se puso sobre la mesa no era, apenas, una disputa por el derecho a casarnos, sino la oportunidad de producir un cambio radical en la percepción social sobre la homosexualidad y otras diversidades de índole sexual; un cambio cultural que también transformaría, como consecuencia, las relaciones sociales que nos colocaban en un lugar parecido al de esos nueve niños negros de Little Rock. Así, nuestros matrimonios son, hoy, en Argentina, una fiesta a la que van todos.

En ese sentido, el debate de la ley fue inclusive más importante que la ley. Y la estrategia política y comunicacional de la Federación sirvió para que fuese así. Desde el primer día, cuando fuimos con María y Claudia8 al Registro Civil de la calle Montevideo, en la ciudad de Buenos Aires, para que les dijeran que no, que no se podían casar, y poder llevar el reclamo a los tribunales para, con un recurso de amparo, llegar un día a la Corte Suprema, todo fue pensado para instalar el debate en la sociedad. Elegimos el día (14 de febrero, Día de los Enamorados), la forma de hacerlo (teatralizando en el propio Registro Civil una escena nunca antes pensada en Argentina, que mostraba la posibilidad del casamiento entre dos mujeres), las protagonistas (no fue casual que las primeras fueran dos mujeres y no dos hombres, y que fueran ellas, porque hacía falta que se tratara de activistas con formación, bien preparadas para representarnos en los medios, como no fue casual tampoco la elección de las siguientes parejas que presentaron sus amparos). Elegimos también ir simultáneamente a la justicia, al Congreso y al Poder Ejecutivo, presionando a la vez a los tres poderes del Estado, aprovechando el contexto político que el kirchnerismo había instalado y buscando siempre a los medios de comunicación y a los referentes públicos, sobre todo del arte y la cultura, como aliados. Todo tenía una razón de ser.

El primer paso, sin embargo, fue mucho antes de que María y Claudia salieran en vivo y en directo, casi en cadena nacional, reclamando por su derecho a casarse en un Registro Civil de Buenos Aires. Antes de llegar ahí, pasamos meses estudiando, elaborando estrategias, organizándonos. Analizamos cómo había sido el debate en cada uno de los países donde ya se había dado, recopilamos y clasificamos todos los argumentos en contra (para lo cual leímos transcripciones de sesiones de los parlamentos de otros países, diarios extranjeros, sentencias judiciales, documentos del Vaticano y de iglesias evangélicas o de universidades católicas) y preparamos respuestas claras, concisas y didácticas a cada uno. Armamos una guía de preguntas y respuestas. Nos entrenamos para el debate que vendría, porque no podíamos perderlo, y planificamos cada una de las acciones de la campaña pensando en cómo generar empatía, impacto mediático, identificación de diferentes públicos y en mostrar que quienes se oponían a nuestros derechos no tenían argumentos, sino apenas odio y prejuicios. Buscamos aliados por izquierda, centro y derecha, hablando con todos y explotando las contradicciones entre el oficialismo y la oposición, y también buscamos aliados dentro de las diferentes religiones y estudiamos un poco de teología, derecho, historia, psicología, lingüística y todo lo que hiciera falta, para tener una respuesta para cada cuestionamiento.

Cuando, finalmente, el debate por el matrimonio igualitario se instaló en la agenda pública, pasó lo que tenía que pasar, algo que probablemente no hubiese pasado si el eje hubiese sido otro y no el matrimonio (lo que no pasa en Brasil con la criminalización de la homofobia, por ejemplo, tema sobre el que volveremos). Durante meses, los diarios hablaban todos los días sobre el tema, los noticieros hablaban sobre el tema, los programas de radio y televisión hablaban sobre el tema, «la gente» hablaba en la fila del colectivo o del supermercado, en el trabajo, en la escuela, en la cena familiar. Parejas de gays y lesbianas iban a los programas de televisión, los políticos de todos los colores eran obligados a tomar posición, y lo mismo hacían artistas, periodistas y otros referentes sociales. El tema apareció hasta en algunas telenovelas (y hubo casos en los que nosotros mismos colaboramos con los guionistas, como cuento en mi libro); era muy difícil, casi imposible, vivir en Argentina y no tener opinión sobre el matrimonio gay, que ya había dejado de ser «gay» para ser, en una resignificación muy importante para el debate, una reforma que transformaría la institución del matrimonio en «igualitaria».

Mientras todo eso sucedía, miles de gays y lesbianas de todas las edades y clases sociales salían del armario con sus familias, compañeros de estudio o de trabajo y con sus vecinos; o inclusive con todo el país, yendo a defender la ley en un programa de televisión. Nunca tanta gente salió del armario en tan poco tiempo –era imposible, en esos días, ser gay o lesbiana y escuchar en tu casa, tu lugar de trabajo o tu barrio a personas conocidas que discutían sobre esa ley de la que todo el mundo hablaba y callarte la boca, u opinar sin decir, con todas las letras, que eras gay o lesbiana– y nunca tanta gente –y sobre todo tantos jóvenes– empezó a militar en alguna organización LGBT o fundó una donde no la había, sobre todo en las provincias más clericales, porque por fin había llegado el momento de hacer historia y había una lucha relacionada con su identidad sexual –que quizás nunca hubiesen pensado en términos políticos– que los convocaba y los hacía sentir parte. Era «ahora o nunca».

Volvamos a Arendt. Cuando critica la manera en que EEUU resolvió la integración racial en las escuelas en la época de los «nueve de Little Rock», la filósofa resalta el concepto de «orgullo», pero lo hace partiendo de una situación negativa. Aquellos niños, obligados a integrarse en un grupo que no los deseaba, fueron heridos en su orgullo de forma mucho más lesiva que cuando estaban segregados porque, dice Arendt, «psicológicamente, la situación de no ser querido (una situación apurada típicamente social) es más difícil de soportar que la persecución abierta (una situación apurada de carácter político) porque se ve afectado el orgullo personal»9. Aclara que no se refiere al «orgullo de ser negro», judío, o lo que fuese, sino al «sentimiento innato y natural de identidad con lo que somos por acaso del nacimiento». Faltaban 11 años, cuando Arendt escribió ese artículo, para que los sucesos de Stonewall, en Nueva York, dieran nacimiento al «orgullo gay» y a todas las teorizaciones que le siguieron, pero me parece interesante analizar cómo esa forma de combatir el racismo que, como ella bien señala, producía como «efecto colateral» una profunda lesión del orgullo de aquellos niños y sus familias, contrasta con una reivindicación –la del matrimonio– en la que la reafirmación del orgullo personal y familiar se coloca como elemento central y empodera a miles de gays y lesbianas que no eran activistas, llevándolos a salir del armario para poder hablar y defenderse en primera persona cuando los demás debaten sobre sus derechos, los derechos de esos otros que antes no eran invitados a opinar.

El debate público de la Ley de Matrimonio Igualitario movilizó a miles de personas a favor y en contra, generó actos, marchas, posicionamientos de las principales organizaciones políticas y sociales, expresiones de apoyo de artistas y personalidades públicas, y ocupó un lugar protagónico en el escenario político y mediático del país durante meses. A nadie le pasó inadvertido y muchos que jamás habían pensado en ello, o que tenían muchos prejuicios, se formaron una opinión que quizás jamás habrían imaginado. El silencio era aliado del prejuicio, y empezamos a hablar en voz alta. Lo que cambió en Argentina luego de todo eso fue mucho más que una ley. Hay una percepción social diferente sobre la diversidad sexual. Ello no significa que no haya más homofobia –ese proceso es mucho más lento–, pero se redujo brutalmente y, sobre todo, se volvió políticamente incorrecta. Los homofóbicos están empezando a encerrarse en el armario como antes lo hacíamos los gays y el sentido común ahora está, en muchos más ámbitos sociales, de nuestro lado.

La diferencia entre el modelo impulsado por el movimiento LGBT brasileño, que defiende una ley para mandar presos a los homofóbicos (la «criminalización de la homofobia») y el modelo adoptado en Argentina y otros países (la lucha por el matrimonio igualitario) es enorme: en vez de usar el Código Penal para punir a los homofóbicos, optamos por convencerlos de que estaban equivocados y disputar la hegemonía de ese «inconsciente colectivo» que los hacía sentirse confortables en su posición y nos condenaba a nosotros a agachar la cabeza. Y muchos de ellos, ahora, vienen a nuestra fiesta de matrimonio, porque se convencieron de que estaban equivocados, y bailan borrachos el carnaval carioca con la tía y la abuela que años atrás votaban a Álvaro Alsogaray10. O, si no se convencieron, al menos se callan la boca, porque está mal visto ser homofóbico.

El caso de Brasil, en contraste con Argentina, merece una atención especial. La criminalización de la homofobia implica no solo el agravamiento de penas para los crímenes de odio, que es razonable en un país donde más de 300 personas LGBT son asesinadas cada año por su sexualidad, sino también penas de prisión para la injuria y la discriminación homofóbica. Y la mayoría del activismo –sobre todo los más ligados al gobierno homofóbico del Partido de los Trabajadores (PT)– defiende esa bandera como la lucha más importante de sus vidas.

En mi opinión, están equivocados por dos razones.

En primer lugar, porque en vez de elegir como eje para disputar el lugar de lesbianas, gays, bisexuales y trans en la sociedad una pauta afirmativa, que reivindique el orgullo de nuestra comunidad, que movilice esperanzas de conquista de derechos, que sea capaz de generar empatía en la población mayoritariamente cisgénero y heterosexual, que pueda reivindicar valores positivos como igualdad, libertad, dignidad, respeto; en vez de todo eso, la criminalización de la homofobia encara el problema de forma inversa: es una pauta negativa. (La campaña en Argentina se basó en la convicción de que, en definitiva, cualquier persona, de cualquier orientación sexual, puede entender por qué otros y otras quieren casarse y puede sentirse identificada con una pareja aunque sea del mismo sexo, dos personas que se aman y quieren conquistar los derechos y el reconocimiento que el matrimonio ofrece, porque cualquier persona, sea cis o trans, sea homo o hétero, ya se enamoró alguna vez y pensó en casarse).

En vez de defender derechos para sí, en Brasil se piden puniciones, castigos para otros. No se puede decir, como decíamos nosotros: si ganamos, nadie pierde y seremos todos mejores. En un ejercicio retórico deshonesto, pero muchas veces efectivo, los fundamentalistas religiosos reivindican «libertad de opinión» y «libertad de creencias» para no ser punidos por sus conductas homofóbicas. Aunque parezca mentira, ellos terminan colocándose en un hipócrita lugar de víctimas perseguidas por no aceptarnos.

En segundo lugar, combatir la homofobia con el derecho penal es ineficaz, inútil y equivocado. Como activistas de derechos humanos, sabemos eso. Sabemos cómo funciona el sistema penal y a quiénes selecciona para punir, y sabemos que la amenaza punitiva no disuade, porque si fuera así, las altísimas penas para el homicidio harían que las personas dejaran de matar. Sabemos que en Brasil las cárceles están llenas de jóvenes (52% de los presos tiene entre 18 y 29 años), negros y mestizos (57%) y, en general, pobres. Y si la homofobia es criminalizada, quien irá preso por decirle a otro «puto de mierda» será quien se encaje en ese perfil. No van a ir a la cárcel los multimillonarios pastores evangélicos fundamentalistas que salen por televisión, ocupan bancas en el Congreso y son aliados de Dilma Rousseff, ni los obispos católicos que pregonan la homofobia en sus misas, sino algún joven negro y pobre de una favela que insultó a un gay blanco de clase media. Como activistas de derechos humanos que (al menos mayoritariamente dentro del movimiento LGBT) se oponen a la criminalización del aborto, a la criminalización del consumo de drogas, a la baja de la edad de imputabilidad penal y a todas las consignas facilistas de «mano dura» del discurso demagógico punitivo, no podemos ser tan hipócritas de archivar nuestras convicciones, de forma corporativa, cuando lo que está en discusión es algo que nos afecta a nosotros.

Como les digo siempre a mis amigos brasileños: ¡menos Hobbes y más Gramsci!

Lamentablemente, son pocos, en Brasil, los que se animan a decir esto y a contradecir el discurso histórico del movimiento, que por otro lado le viene muy bien al PT, que se hace el sonso y no habla de matrimonio. Mi amigo y compañero Jean Wyllys, primer diputado gay fuera del armario en el Parlamento brasileño, defiende esa posición por la que es atacado por líderes del movimiento que, en el mundo real, no son representativos. Así, impulsa también la campaña por el matrimonio igualitario, que ya conquistamos en la justicia y es legal en todo el país, pero que aún queremos incluir, con todas las letras, en el Código Civil, provocando ese debate social que una mera decisión judicial no alcanza para generar.

El movimiento se encierra en sí mismo y parece ignorar los cambios de época. Y eso me recuerda lo difícil que fue decir «matrimonio» en Argentina, cuando quienes tenían la marca registrada de la putez (y solo de la putez, porque las letras L y T estaban de adorno en la sigla LGBT) llevaban años diciendo «unión civil». Fue difícil, porque sabíamos de entrada (porque ya había pasado en España, pasó luego en Portugal y sigue pasando en otros países) que en algún momento la Iglesia católica (off the record) y la derecha (explícitamente) empezarían a defender la unión civil como un «mal menor» para impedir el matrimonio. Y la tentación sería grande, porque las necesidades materiales de las parejas que llevan muchos años de convivencia eran muchas: algunos dirían «aceptemos esto o nos quedamos sin nada», y los sectores políticos que navegaban por el medio, tratando de quedar bien con Dios y con el Diablo, verían en la «unión civil» una salida para no comprometerse con la discusión de fondo.

Hubo que decirles al gobierno y a la oposición (yo recuerdo habérselo dicho al entonces ministro Aníbal Fernández, que siempre fue uno de nuestros aliados, en una reunión en Casa Rosada), que si el Congreso aprobaba una ley de unión civil nosotros la impugnaríamos judicialmente y llegaríamos hasta la Corte Suprema para declararla inconstitucional por segregacionista y discriminatoria. No había plan B. Y para que no lo hubiera, era necesario que estuviera claro que, como dije al principio, no se trataba apenas de una disputa por el derecho a casarnos, sino de la oportunidad de producir un cambio radical en la percepción social sobre la homosexualidad, es decir, disputar valores, derrotar la hegemonía del discurso homofóbico. Qué ves cuando me ves. Y la «unión civil» no servía para eso, porque aunque nos reconociera algunos derechos civiles, o inclusive todos («todos» era improbable, y el proyecto de unión civil aprobado por la comisión presidida por Liliana Negre de Alonso en el Senado lo demuestra), continuaría trazando una frontera entre dos clases de ciudadanos: homosexuales por un lado, heterosexuales por el otro (uno de los proyectos de ley, del senador radical Luis Petcoff Naidenoff, hacía esa distinción de forma expresa). Sería una versión empeorada de la doctrina «iguales pero separados», que sirvió para que los negros tuvieran que sentarse en los asientos de atrás de los buses hasta que Rosa Parks dijo «no». Era matrimonio o nada. Otra vez: Gramsci.

Y falta algo más. Dije también al principio de este artículo que el matrimonio se transformó, en buena parte del mundo, en la principal bandera del movimiento gay e, inclusive, LGBT, y esa última frase merece una explicación.

Cuando, con un pequeño grupo de activistas que podía contarse con los dedos de la mano, empezamos a planificar la campaña por el matrimonio igualitario tomando mate en la casa de María Rachid, muchos dijeron que estábamos locos. Que era imposible, que jamás lo íbamos a conseguir, que era una pérdida de tiempo, que mejor defender la «unión civil». Algunos dijeron, también, con malicia, que sabíamos que no lo íbamos a conseguir (beijo no ombro, como canta Valesca Popozuda), pero que éramos oportunistas que queríamos salir en los diarios. Otros nos criticaron porque el matrimonio «es una institución burguesa y patriarcal» y nosotros queríamos «normalizarnos» –imaginen esa misma crítica a las parejas «interraciales» que, en los EEUU de mediados del siglo pasado, lucharon por su derecho a casarse, y verán cuán estúpida es–. Pero también hubo algunos pocos que decían que el movimiento LGBT debería preocuparse por cuestiones más urgentes, como el derecho a la identidad de género de las personas trans. Esa crítica sí valía la pena, era honesta y merecía ser considerada, porque aunque la Federación impulsó desde el primer día ambas leyes (matrimonio e identidad de género), hubo una decisión política de dar la batalla por el matrimonio primero.

Esa decisión no obedecía a ningún tipo de jerarquización interna al movimiento, ni a la idea de que el matrimonio fuese más importante que la Ley de Identidad de Género, sino a la convicción, discutida con el segmento T de la Federación, de que era estratégicamente más conveniente dar, primero, la batalla en la que podíamos producir ese cambio cultural –porque, por diversas razones, que tienen que ver con la posición diferenciada que homos y trans ocupan en el mapa de las opresiones y de la alteridad de la sociedad contemporánea, era más fácil generar empatía, conseguir que muchos heterosexuales se identificaran con nuestro reclamo, atraer la atención de los medios de comunicación, involucrar a más sectores sociales y políticos, movilizar más gente, etc.–, y ello facilitaría, después, conquistar el resto de las leyes con menor dificultad. En España había sido así y aprendimos la lección.

La experiencia mostró que fue un acierto. La imagen de la presidenta Fernández de Kirchner entregando a un grupo de travestis y transexuales sus nuevos documentos de identidad en la Casa Rosada y pidiendo perdón en nombre del Estado por cadena nacional era inimaginable pocos años atrás. Vale reconocer que gran parte del mérito es, sin dudas, de la propia presidenta, que hizo más de lo que era estrictamente necesario, porque entendió la trascendencia simbólica, política e histórica de ese acto, pero si llegamos hasta ahí y si pudimos convencerla de todo lo que la convencimos fue porque antes habíamos ganado la batalla cultural del matrimonio igualitario, que era mucho más que una discusión sobre casarse.

Argentina tiene hoy la ley de identidad de género más avanzada del mundo, y el movimiento trans de diferentes países la toma como base para redactar proyectos en otras lenguas. Y esa ley, que pocos años atrás no habría sido siquiera considerada en una reunión de bloque de un partido de centroizquierda, fue aprobada por unanimidad en el Senado, la más conservadora de las instituciones de la República. Negre de Alonso, senadora del Opus Dei y exponente de la derecha más cavernícola, luego de haber llorado en la sesión en la que se aprobó el matrimonio igualitario, prefirió faltar al debate de la Ley de Identidad de Género para no ser la única que votase en contra. Y muchos que, como ella, no estaban de acuerdo en el fondo de su corazón, tragaron saliva y votaron «sí», porque no les quedaba otra, porque no querían perder votos. Porque ahora era piantavotos votar en contra.

Argentina avanzó en pocos años lo que a menudo cuesta décadas y hasta el ex-arzobispo Bergoglio, que ahora es papa y se llama Francisco, prefiere olvidarse de cuando, hace apenas cuatro años, llamaba públicamente a la «guerra santa» contra el matrimonio homosexual y decía que era un plan del Demonio para destruir la creación de Dios. Los malabarismos retóricos que el papa argentino hace para –sin cambiar nada concreto ni mover una coma en el perverso catecismo homofóbico de la Iglesia católica ni en su repulsiva doctrina sobre el matrimonio y la familia– dar a entender que ahora son más buenitos y no nos odian tanto –quién lo hubiera dicho– muestran la magnitud de la derrota que sufrió a las 4:20 de la mañana de aquel 15 de julio de 2010, cuando el tablero de votación del Senado probó que no estábamos locos, que no era imposible, que lo habíamos conseguido, y la plaza repleta, olvidándose del frío que hacía, cantó: «Y ya lo ve / y ya lo ve / para Bergoglio que lo mira por TV».

«Hagan lo que quieran, pero no se metan con el matrimonio», le dijo un cura a María Rachid a principios de la década pasada, en un programa de televisión. «Matrimonio» era una palabra que todavía casi nadie pronunciaba entre nosotros. Y a ella, como a muchos otros, le cayó la ficha.

Hannah Arendt tenía razón.

  • 1. Bruno Bimbi: periodista, máster en Letras y doctorando en Estudios del Lenguaje en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (puc-Rio). Es autor de Matrimonio igualitario (Planeta, Buenos Aires, 2010) y ex-secretario de Prensa y Relaciones Institucionales de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (falgbt). Fue uno de los responsables políticos de la estrategia que llevó a la conquista del matrimonio igualitario en Argentina. Actualmente, trabaja en el canal argentino Todo Noticias, coordina la campaña por el matrimonio igualitario en Brasil, es asesor del diputado Jean Wyllys e integra la mesa ejecutiva estadual del Partido Socialismo y Libertad (psol) del estado de Río de Janeiro.Palabras claves: homofobia, lgbt, matrimonio igualitario, Hannah Arendt, Cristina Fernández de Kirchner, Argentina.. Planeta, Buenos Aires, 2010. Hay edición en portugués: Casamento igualitário, Garamond, Río de Janeiro, 2013.
  • 2. En H. Arendt: Responsabilidad y juicio, Paidós, Barcelona, 2007, pp. 187-202.
  • 3. Ibíd., p. 193.
  • 4. Ibíd., p. 187.
  • 5. «Letter from Bob Jones University re: Interracial Dating» en The Multiracial Activist, http://multiracial.com/site/content/view/1023, 31/8/1998.
  • 6. «En medio del debate del proyecto que legaliza el casamiento entre dos personas del mismo sexo, Bergoglio dio a conocer una carta de repudio dirigida a los cuatro monasterios de Buenos Aires: ‘No seamos ingenuos: no se trata de una simple lucha política; es la pretensión destructiva al plan de Dios’. Agregaba: ‘No se trata de un mero proyecto legislativo (este es solo el instrumento) sino de una movida del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios’. El cardenal fue por más al decir: ‘Aquí también está la envidia del Demonio, por la que entró el pecado en el mundo, que arteramente pretende destruir la imagen de Dios: hombre y mujer que reciben el mandato de crecer, multiplicarse y dominar la tierra». V. «Jorge Bergoglio, un acérrimo opositor al matrimonio igualitario y al aborto» en La Nación, 14/3/2013, disponible en www.lanacion.com.ar/1562762-jorge-bergoglio-un-acerrimo-opositor-al-matrimonio-igualitario-y-al-aborto. V. tb. B. Bimbi: ob. cit., pp. 492-493.
  • 7. H. Arendt: ob. cit., p. 194.
  • 8. María Rachid –en ese momento presidenta de la falgbt– y su pareja Claudia Castro se presentaron el 14 de febrero de 2007 en el Registro Civil porteño y solicitaron turno para su boda, acompañadas por la entonces presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Maria José Lubertino. Ante la negativa de las autoridades, la pareja presentó un recurso de amparo en la Justicia Nacional en lo Civil de Familia, patrocinada por los abogados de la falgbt.
  • 9. H. Arendt: ob. cit., p. 187.
  • 10. Álvaro Alsogaray (1913-2005) fue un referente histórico del liberal-conservadurismo en Argentina [N. del E.].