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Franquicias para el delito De la economía criminal a la economía legal en manos criminales

Las bandas mexicanas del crimen organizado se han convertido en franquicias criminales. Como parte de su proceso de expansión, diversificaron su «cartera» y hoy comercian con productos legales obtenidos vía la extorsión y el robo, principalmente commodities. Estas actividades predatorias han contribuido al aumento de la inflación y dieron pie al surgimiento de autodefensas para responder a los grupos del crimen organizado. Esto deja ver los diferentes espacios y facetas de actividad del crimen organizado y sus intentos de apropiarse de espacios de la economía legal. En muchos aspectos, estos grupos buscan economías de escala y de gama, como lo hace cualquier otra empresa capitalista.

Franquicias para el delito / De la economía criminal a la economía legal en manos criminales

Crimen organizado internacional: algunas definiciones

Al abordar el crimen organizado internacional, asumimos que estamos analizando un fenómeno que, por sus características, complejidad y multidimensionalidad, no ha logrado consensos en cuanto a su conceptualización entre los académicos que lo estudian. Desde una mirada jurídica, es la Convención de Palermo (2009) la que nos da la siguiente orientación: «por Grupo Delictivo Organizado se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material». Esta definición tipifica los siguientes delitos: «narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, tráfico de órganos, tráfico de bienes culturales, falsificación de monedas, delitos ambientales, delitos cibernéticos, lavado de dinero, y muchos más»1.

Sin embargo, la realidad del accionar del crimen organizado internacional ha sobrepasado las definiciones de este tipo unidimensional, y por lo tanto se requiere una ampliación de estas que considere los distintos tipos de organizaciones criminales existentes, sus diferencias organizacionales y las múltiples actividades y mercados ilegales en los que intervienen. Desde esta perspectiva se pueden adoptar nuevas e integrales definiciones que caracterizan el crimen organizado internacional como un «sistema de relaciones sociopolíticas perdurables, caracterizadas por el establecimiento de redes clientelares de cooperación entre criminales profesionales y funcionarios públicos, y que persigue el propósito de obtener ganancias económicas mediante el desarrollo de diversas actividades ilícitas, apoyadas en última instancia por el uso de la violencia»2.

De todas formas, y más allá de la necesidad de contar con definiciones que permitan entender de manera integral lo que supone el crimen organizado internacional, se debe tener en cuenta de forma general que «la Convención [de Palermo] o cualquier otro instrumento jurídico alcanzará sus metas si está guiada por una conciencia de que la delincuencia organizada puede atacarse mejor si el foco no está tanto sobre las actividades en las que la delincuencia organizada está involucrada en un momento dado, sino sobre sus estructuras y operaciones. (…) La Convención debería atacar y buscar destruir las organizaciones delictivas, independiente de sus actividades»3.

Crimen organizado en Bolivia y Argentina: el marco legal

Las legislaciones de Argentina y Bolivia cuentan con definiciones que sirven para tipificar los delitos del crimen organizado en la misma línea unidireccional que mantiene la Convención de Palermo, la cual finalmente es también producto de las discusiones y los acuerdos entre países signatarios que reflejaron en ella sus códigos penales. Es evidente que ambas definiciones «parciales» hacen mención solo de algunas de las características de la delincuencia organizada, ya que se centran principalmente en la comisión «asociada» de delitos como concepto y, en particular en la definición boliviana, en la identificación concreta de algunos de los delitos susceptibles de sanción; también incluyen la identificación de la «corrupción» a través de la participación de funcionarios públicos. Queda claro asimismo que estas conceptualizaciones no logran contener la mayoría de las características integrales antes descritas en cuanto al crimen organizado, y que las acciones en contra de estos grupos criminales están limitadas legalmente, o reguladas por un sinnúmero de normas legales fragmentadas y dispersas, aspecto que dificulta aún más el trabajo y los resultados de las organizaciones del orden y de las instituciones públicas.

Ciudades fronterizas, ciudades «gemelas»

De los 6.834 kilómetros de frontera que tiene Bolivia con sus diversos vecinos, 773 kilómetros (11,3%) corresponden a la frontera con Argentina. Esta comienza por el oeste en la Cordillera de los Andes en el cerro Zapaleri y va en dirección noroeste hasta el cerro Panizo, de allí hasta el cerro Malpaso, sigue hacia el norte por el río San Juan del Oro, después en dirección sureste hasta el Fortín Campero, en la confluencia de los ríos Bermejo y Grande de Tarija, llamada las Juntas de San Antonio; de allí sube por el río Grande de Tarija y por el río Itaú hasta la población de Yacuiba, y desde ahí sigue el paralelo 22º S hacia el este hasta el Fortín D’Orbigny sobre el río Pilcomayo; luego sigue el curso de este río hasta Esmeralda, que es el punto limítrofe tripartito entre Argentina, Paraguay y Bolivia. En esta extensa frontera entre los dos países, se encuentran tres pasos fronterizos formales: a) Bermejo (Bolivia)-Aguas Blancas (Argentina); b) Yacuiba (Bolivia)-Salvador Mazza (Argentina); y c) Villazón (Bolivia)-La Quiaca (Argentina)4.

En el mundo contemporáneo de principios del siglo xxi, los pasos fronterizos se han convertido en un importante tema para los Estados-nación, debido a los constantes cambios y disfuncionalidades que tienen lugar en ellos. En algunos casos, incluso, las dinámicas de estos pasos fronterizos van a contramano de los intereses de los gobiernos nacionales, regionales y locales. Esta característica se debe principalmente a la dicotomía conceptual entre «límite» y «frontera», vocablos que si bien suelen equipararse equivocadamente, son distintos y se refieren a diferentes cuestiones. Pues para los Estados y sus distintos niveles de gobierno o administración, los límites territoriales se constituyen en los espacios en los cuales ejercen de forma legal y legítima su soberanía y jurisdicción; es decir que la noción de linealidad originada en el límite se basa en una connotación jurídica que se hace tangible con la suscripción de tratados internacionales de límites y/o la delimitación político-administrativa dentro de un Estado5.

Sin embargo, sobre muchos de estos límites se encuentran las fronteras, que a diferencia de los primeros, de concepción jurídica, se originan en acepciones sociales y económicas relacionadas con procesos de interacción, en una porción determinada de territorio, de unas dotaciones iniciales de población e infraestructura y servicios que actúan de un lado y el otro del límite. Mediante el constante intercambio de personas, bienes y servicios, estas interacciones terminan generando solidaridades e intereses que dibujan o perfilan lo fronterizo.

Desde el punto de vista histórico, la evolución de las fronteras como centros importantes de integración regional ha sido influida por un conjunto de factores. Estos han determinado características generales de estas áreas, entre ellas: a) se trata de zonas aisladas o apartadas de los centros activos y dinámicos de los países; b) mantienen economías regionales propias; c) tienen un desarrollo deprimido, escaso y desigual en relación con otras regiones de los mismos países; d) tienen poca posibilidad de tomar decisiones para volverse más dinámicas y d) carecen de instituciones idóneas para impulsar las actividades locales.

En este marco, la frontera boliviano-argentina, en todos sus pasos fronterizos, supone la convivencia de una población con elevados índices de informalidad en la economía y en general en todos los aspectos de su vida, pues sus «normales» actividades diarias en dos ciudades no son percibidas como lo hace el legalismo de la política internacional «delineando un límite fronterizo»; para esta población fronteriza, la vida transcurre en una misma ciudad aunque esta se encuentre dividida por un río; vive en lo que se denomina una «ciudad gemela»6.

Estas ciudades suelen contar con elevados niveles de capital social, cultural, solidario y asociativo «fronterizo», producto precisamente de la propia informalidad. En consecuencia, se pueden evidenciar también elevados índices de tolerancia respecto de actividades ilícitas a las cuales la población está acostumbrada. Esta situación se constituye en la vida misma en las ciudades de frontera y la mayor parte de las actividades sociales, económicas y políticas se encuentran de alguna forma atravesadas por esta realidad. Es así como las principales problemáticas de frontera se derivan de las trabas existentes a la libre transitabilidad de personas, bienes y servicios, que no pueden ser analizadas ni resueltas desde una óptica no fronteriza. Las normas de las relaciones internacionales entre países funcionan para regular los límites fronterizos, pero no lo hacen del mismo modo cuando se trata de ciudades gemelas, debido a que la interacción social, política y económica en ellas es constante y difusa. Si las trabas a la transitabilidad cotidiana de personas, bienes y servicios se tratan como en cualquier otra frontera, como lo establecen los tratados y las convenciones, son mayores los incentivos para formalizar la ilegalidad en un entorno que desde ya se encuentra permeado por ella. Si esta estructural característica no se asume adecuadamente, no solo se incentiva una «informalidad positiva» de controles comerciales y migratorios fronterizos relajados que incentivan el contrabando, sino que también se acentúan actividades como la extorsión, la trata y tráfico de personas y el narcotráfico, que constituyen delitos complejos y demandan la presencia de bandas criminales organizadas, que simplemente hacen uso aventajado de las redes de actores ilegales existentes, de su funcionalidad y de su experiencia previa en esos territorios7.

La única diferencia en el comportamiento de las bandas criminales organizadas estará dada por el nivel de desarrollo del capital social preexistente en la frontera; es decir, cuán antiguas son las relaciones sociales, económicas y políticas en las ciudades gemelas. Cuanto mayores sean la antigüedad, el desarrollo, la densificación y el fortalecimiento del capital social de una ciudad de frontera, menores serán las posibilidades del crimen organizado de ser un actor central y, por el contrario, deberá adaptarse y utilizar, como el resto de los actores informales, las redes y los servicios ilícitos «locales» ya desarrollados y en funcionamiento8. Sin embargo, si se trata de ciudades de reciente creación, donde el capital social aún se encuentra en formación, las bandas criminales tienen la posibilidad de constituirse rápidamente en actores centrales, establecer las reglas del juego y moldear así la forma en que el capital social se desarrollará para su beneficio9.

Crimen organizado en la frontera boliviano-argentina

Los pasos fronterizos entre Bolivia y Argentina se caracterizan por tener un desarrollado capital social y, por lo tanto, las organizaciones criminales se constituyen en actores ilegales adicionales a los ya existentes en el ámbito local; de hecho, para la comisión de algunos delitos utilizan los servicios existentes y para otros han innovado en sus propias capacidades logísticas. Se podrían resumir en tres los principales delitos bajo control de las bandas criminales en este espacio fronterizo: a) narcotráfico, b) trata de personas y c) tráfico. Sin embargo, para caracterizar la presencia del crimen organizado en esta frontera, el análisis se centrará únicamente en el narcotráfico.

El caso del narcotráfico en la frontera analizada ha cobrado importancia en los últimos dos quinquenios debido a que Argentina es en la actualidad el tercer mercado más importante a escala mundial para los productos ilegales derivados de la hoja de coca (pasta base, base de cocaína, cocaína), tras Estados Unidos y Brasil. Por estar tan cerca de los países productores como Perú y Bolivia, el negocio se hace más rentable y menos riesgoso que aquel orientado a los mercados del Norte, donde Colombia cuenta prácticamente con un monopolio en la provisión de estas sustancias ilegales.

Si bien en el territorio analizado existen organizaciones criminales locales, estas han estado y están dedicadas a sus propios negocios, centrados básicamente en el contrabando. Sin embargo, muchas de estas organizaciones locales son subcontratadas por las bandas criminales internacionales para ejecutar diversas actividades por su menor costo y riesgo. Por ejemplo, la cocaína, que es introducida en Argentina a través de medios de transporte terrestre (incluidas las personas que actúan como «mulas») o fluvial, es un producto más en la masa de mercancías que de forma diaria se contrabandean en las ciudades de frontera; es decir que, para pasarla de un lado a otro, se subcontrata a los actores locales dedicados a esa actividad ilegal («bagayeros»), debido a que cuentan con ventajas comparativas y competitivas respecto de cualquier otra organización delictiva.

Sin embargo, el negocio del narcotráfico se encuentra en manos de organizaciones criminales internacionales, principalmente colombianas o mexicanas, aunque también se cuenta con presencia brasileña y peruana. Se ha evidenciado la existencia de bandas criminales vinculadas al narcotráfico, trata y tráfico de personas en la frontera, como por ejemplo los carteles de Juárez, Tijuana y Sinaloa, los Zetas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc), el cartel del Norte del Valle del Cauca, Los Urabeños (Colombia), el Primer Comando Capital, el Comando Vermelho (Brasil), además de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (mrta) (Perú)10. Estas organizaciones son las encargadas de desarrollar los negocios para la provisión, tráfico y posterior venta al menudeo en los mercados argentinos o para su envío por medio marítimo a los mercados de África y Europa; consecuentemente, se encargan de los grandes cargamentos que son introducidos en Argentina desde Bolivia o Paraguay por vía aérea a través de las denominadas «lluvias blancas» o a través de las más de 500 pistas clandestinas existentes en ese país.

Vinculación con actores locales y corrupción. Para el desarrollo de sus actividades en los tres tipos de delitos antes mencionados, las bandas criminales que actúan en la frontera boliviano-argentina han desarrollado relaciones clientelares con diversos actores, como funcionarios públicos (de aduana, migración, policía, alcaldías, juzgados, fiscalías, etc.); sociedad civil (organizaciones sindicales, gremios comerciales, gremios de transporte, asociaciones vecinales, deportivas y otros) y demás organizaciones presentes en el territorio (ong, organizaciones caritativas, agencias de empleo, etc.), sin las cuales se tendrían que asumir elevados costos de transacción financieros, logísticos y de riesgo ligados a la ilegalidad de las actividades.

Los artículos de prensa ejemplifican a diario la forma en que las bandas criminales erosionan instituciones, organizaciones y personas para cumplir con sus fines. Veamos algunos extractos:

Las conexiones políticas con narcotraficantes fueron graficadas ayer por el senador Arnaldo Giuzzio, durante la presentación de datos proveídos por la Senad en la sesión de la Cámara de Senadores.11

El juez federal Raúl Reynoso, de ser símbolo de la lucha contra el narcotráfico, pasó a ser sospechoso, el juez Bavio de Salta ordenó su declaración indagatoria. Se investiga si, a cambio de importantes sumas de dinero, excarceló a personas detenidas en causas de narcotráfico.12

Cada vez hay más policías involucrados en causas por narcotráfico. Durante los últimos 30 meses, 111 efectivos de las fuerzas de seguridad de 11 provincias y de la Policía Federal fueron procesados por cometer delitos castigados por la ley de drogas. Entre ellos, hay por lo menos media docena de oficiales jefes y superiores.13

Ayer, la detención del concejal de Profesor Salvador Mazza, Alejandro Maurín –quien estaba al frente del cuerpo legislativo en forma interina–, no solo causó revuelo político y social en todo el país. Fue el punto cúlmine del operativo Febrero Blanco que develó la dimensión de la red de narcotráfico a la que en cuatro meses le secuestraron más de media tonelada de cocaína, medio millón de dólares y diez vehículos.14

Uno de los principales implicados en la megacausa de narcotráfico conocida como Carbón Blanco comenzó a prender el ventilador y confirmó lo que desde hace meses venimos alertando en las páginas de nuestro diario: la estrecha relación que existe entre la afip (particularmente la Aduana, que forma parte del organismo que conduce Ricardo Echegaray) y la exportación ilegal de estupefacientes a gran escala.15

La justicia de Argentina embargó 2,5 millones de dólares sobre los bienes del empresario José Luis Sejas Rosales, ex-contratista de la petrolera estatal boliviana y sobre quien pesan procesos por narcotráfico (…) hay indicios suficientes para determinar que Sejas intentó ingresar estupefacientes a Argentina por el paso internacional de Salvador Mazza, el 14 de febrero de 2014, cuando las fuerzas de seguridad hallaron (…) cocaína en estado líquido y tolueno, un precursor químico que se utiliza para producir la droga (…) escondidas en el tanque de combustible de un camión de su flota.16

El primitivo intercambio de drogas por granos de todo tipo (un insumo vital en Bolivia, que deja un margen de ganancia mayor a los traficantes) es el inicio de un proceso narco que termina hoy en enfrentamientos armados por el control de los puestos de venta en las ciudades.17

Violencia, comercio y lavado de activos. A diferencia de lo que sucede con la venta al menudeo en las grandes ciudades argentinas, los niveles de violencia en el tráfico de drogas en la frontera boliviano-argentina son casi inexistentes. Una de las características del comportamiento de las bandas criminales es que han aprendido que «más violencia es menos negocio» y, por lo tanto, quienes se terminan matando son los microtraficantes de las ciudades, que casi nada ya tienen que ver con el gran negocio de las bandas criminales organizadas, centradas hoy por hoy en gestionar eficazmente el proceso más complejo de su negocio: la logística de transporte. Esta logística se ha visto beneficiada en este campo por la globalización del comercio y la explosión de la oferta de servicios de transporte de mercancías a escala global. Las bandas criminales organizadas utilizan esta gran red de servicios para incorporar en ella sus productos ilegales, tercerizando el trabajo en actores que no son parte de su organización y, por lo tanto, reduciendo el riesgo de ser capturados. Las cárceles se encuentran así llenas de personas condenadas por delitos de narcotráfico que nada tienen que ver con las organizaciones criminales transnacionales. Los grandes y medianos capos del narcotráfico siguen libres organizando sus negocios e incorporando grandes sumas de dinero a la economía de los territorios donde actúan, con el objetivo de obtener protección e impunidad, facilitar su trabajo y sustituir al Estado en la provisión de servicios (agua, electricidad, transporte, turismo) o en la provisión de justicia pacífica (resolución de conflictos familiares, de negocio, etc.) o violenta (señalización y castigo de malas conductas dentro del negocio mediante ajusticiamientos esporádicos), pero también en la generación «legítima» de oportunidades económicas, sociales y políticas inexistentes de otra forma para aquellas personas que de alguna forma acceden a trabajar para ellos18.

Los efectos del crimen organizado

La debilidad de los Estados para sentar presencia y ejercer un control fronterizo efectivo en un vasto territorio se constituye en una ventana de oportunidad para que las organizaciones criminales organizadas evadan el principio de control territorial, poniendo en entredicho la práctica de la noción política de soberanía. Consecuentemente, en este tipo de población las organizaciones criminales han desarrollado recursos para ampliar y consolidar el comercio (importación y exportación) de sustancias controladas. La legitimidad de las acciones delictivas y los beneficios derivados de ellas generan un cuestionamiento de la legalidad vigente al confrontar a la población con la percepción de que el código normativo es ineficaz e inválido para regir la conducta social, lo cual hace más difícil aún la labor de las instituciones y las organizaciones del orden público.

El negocio eminentemente «líquido» del narcotráfico, en contraste con la debilidad institucional en la frontera y los bajísimos niveles salariales y competencias de los funcionarios vinculados a tareas de orden público, genera un escenario propicio para la cooptación por parte de organizaciones delictivas, con el objetivo de mantener su poder y el dominio territorial de sus áreas de acción y obtener las prerrogativas necesarias para desarrollar su negocio con la menor cantidad posible de costos de transacción. Consecuentemente, se han empezado a generar procesos de regulación social y jurídica alternativos mediante la creación de santuarios de impunidad (territoriales o sectoriales), en los cuales el ejercicio de la soberanía estatal es mínimo y a partir de los cuales es posible desafiar a las fuerzas del orden sin riesgo de castigo. La corrupción, la intimidación y la impunidad se constituyen así en los principales pilares de la legitimidad de las organizaciones criminales; mientras que, por su parte, el Estado de derecho se torna ineficaz e injusto para el resto de los ciudadanos, ante la existencia de prestaciones públicas (como la impartición de justicia) que se ejercen de forma diferenciada y crean desigualdades ante la ley e impunidad, con la consiguiente deslegitimación de todo el sistema legal a los ojos de los ciudadanos19.

La percepción de que un tipo de «condición social» (capacidad económica, poder político u otro) determina las resoluciones judiciales provoca un efecto de imitación en muchos individuos y grupos no implicados en actividades criminales, que entran en el mismo juego de dirimir intereses particulares a través de las instituciones estatales, pero no con fundamento en la justicia legal sino en los recursos financieros de los litigantes.

Las relaciones bilaterales han cambiado radicalmente su agenda en los últimos meses con la llegada al poder del presidente Mauricio Macri en Argentina y debido al elevado crecimiento del narcotráfico en la frontera boliviano-argentina y al agravamiento de la violencia en los mercados de consumo de sustancias ilegales en este último país. Este aspecto, a su vez, ha incidido en el aumento de los costos de transacción fronterizos (mayores exigencias en tiempo, papeleo, y tiempo al tránsito de personas, bienes y servicios) para el resto de los ciudadanos: costos asociados a la presunción de criminalidad o al incremento de las barreras a la libre movilidad de personas, bienes y servicios.

  • 1.

    Sonia Alda Mejías: «Estado y crimen organizado en América Latina: posibles relaciones y complicidades» en Revista Política y Estrategia No 124, 2014.

  • 2.

    Ibíd.

  • 3.

    Martín De Simone: Crimen organizado en Argentina: una mirada con perspectiva democrática y de derechos humanos, La Otra Trama, Buenos Aires, 2014.

  • 4.

    Rolando Mendoza: «Trata de personas en la frontera Bolivia-Argentina», Friedrich-Ebert-Stiftung, La Paz, 2012.

  • 5.

    Luis Alberto Oliveros: «El concepto de frontera en el contexto y en la perspectiva de la integración andina», Comunidad Andina, febrero de 2002.

  • 6.

    Lía Osorio Machado: «Limites, fronteiras, redes, fronteiras e espaço global» en Tania Marques Strohaecker et al. (eds.): Fronteiras e espaço global, agb, Porto Alegre, 1998.

  • 7.

    Rebeca Steinman: «A geografia das cidades de fronteira: um estudo de caso de Tabatinga (Brasil) e Letícia (Colômbia)», tesis de maestría, Universidad Federal de Río de Janeiro, 2002.

  • 8.

    J.C. Campero: «Estudio exploratorio sobre problemáticas de seguridad en ciudades de frontera: caso ciudad de Desaguadero», Friedrich-Ebert-Stiftung, La Paz, 2013.

  • 9.

    J.C. Campero: «Estudio exploratorio sobre problemáticas de seguridad en ciudades de frontera: caso ciudad de Cobija», Friedrich-Ebert-Stiftung, La Paz, 2012.

  • 10.

    Mariano Cesar Bartolomé: «Inseguridad y criminalidad en la Argentina: la presencia de carteles regionales del narcotráfico», trabajo presentado en el ii Encuentro de las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Cono Sur, Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, mayo de 2013; «Narcotráfico: denuncian células de cárteles mexicanos en el nordeste argentino» en Momarandu.com, 4/3/2016.

  • 11.

    «Senador Giuzzio expuso los vínculos de los políticos con el narcotráfico» en Última Hora, 21/11/2014.

  • 12.

    «Escándalo en Salta: juez federal de Orán imputado por liberar narcotraficantes» en Norte, 4/11/2015.

  • 13.

    Gustavo Caravajal: «Cada vez son más los policías procesados por narcotráfico» en La Nación, 12/7/2015.

  • 14.

    «Salvador Mazza: detienen al presidente del Concejo Deliberante por narcotráfico» en Clarín, 26/2/2016.

  • 15.

    «Prenden el ventilador: la complicidad de la Aduana con el narcotráfico» en Hoy, 10/7/2015.

  • 16.

    «Argentina embarga bienes de Sejas, acusado de narcotráfico» en Página Siete, 29/8/2015.

  • 17.

    Daniel Gallo: «En el límite con Bolivia se intercambia cocaína por granos» en La Nación, 21/3/2016.

  • 18.

    Ibíd.

  • 19.

    Ibíd.