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¿Existe una izquierda en América Latina?

Las categorías de «izquierda» y «derecha», aplicables a los regímenes parlamentarios, pierden sentido en América Latina. Lo central aquí es si los países logran encontrar una expresión política para sus profundos problemas sociales, es decir si consiguen ubicar las luchas sociales dentro de un marco institucional y democrático. Después de repasar la realidad de diferentes países, el artículo sostiene que la clave no pasa hoy por la Venezuela de Hugo Chávez, un modelo débil de transformación social, sino por dos tendencias opuestas: la globalización exitosa de Chile y el modelo más radical que, a pesar de su fragilidad, está tomando forma en la Bolivia de Evo Morales.

¿Existe una izquierda en América Latina?

El resultado de muchas de las elecciones realizadas en América Latina en los últimos meses ha llevado a numerosos observadores, quizás a la mayoría, a hablar de una victoria de la izquierda, o a describir la evolución del continente en su conjunto, más allá de las diferencias entre países, hacia una izquierda alejada de las posturas estadounidenses, que se apoyaría en sectores sociales que podríamos llamar «populares». Pero resulta poco provechoso emplear expresiones que han sido inventadas y utilizadas para un contexto totalmente diferente. Si se trata de Gran Bretaña o Francia, los términos «derecha» e «izquierda» se sitúan en un régimen parlamentario. Es en Gran Bretaña donde esta oposición tiene más sentido. En cambio, el lenguaje correspondiente a un régimen parlamentario se aplica necesariamente mal a uno presidencial o semipresidencial. En el caso latinoamericano, se ajusta tan mal que creo tener buenas razones para defender una postura muy alejada de la que se expresa más frecuentemente. Que Alan García haya ganado las elecciones en Perú y que finalmente Felipe Calderón, el candidato del Partido Acción Nacional (PAN), se haya impuesto en México por algunos votos sobre López Obrador, no significa, evidentemente, que América Latina avance hacia la derecha.

Descartemos entonces este vocabulario tanto para describir una evolución en un sentido como en el opuesto. La hipótesis que creo debiera formularse es que el continente en su conjunto se aparta cada vez más de un modelo si no parlamentario, al menos apoyado en mecanismos de oposición entre grupos de intereses y de ideologías diferentes. Hoy América Latina parece más lejos de encontrar una expresión política para sus problemas sociales que hace treinta años. En eso radica lo esencial: eso es lo que está en juego y ahí está el fracaso. No se ha constituido un lazo entre los movimientos sociales, fundados en los trabajadores, en sectores urbanos o incluso en grupos étnicos, y los partidos políticos que acepten colocar claramente las luchas sociales dentro de un marco institucional que podríamos llamar, al menos formalmente, democrático.

Es cierto que América Latina no se ha aproximado casi nunca a un modelo democrático. Evidentemente, en Chile y en cierta medida en Uruguay se desarrollaron, desde fines del siglo XIX, esquemas políticos semejantes a los de Europa occidental, incluso por la importancia otorgada al enfrentamiento entre el clericalismo y el laicismo. Pero el único caso de un país de la región que inició cambios profundos dentro de un marco institucional democrático es el de Chile durante el breve periodo que va desde el Frente Popular de 1938 hasta la superación del conservadurismo de Jorge Alessandri por la Democracia Cristiana de Eduardo Frei y, después, por la Unidad Popular liderada por Salvador Allende, los comunistas y la Central Única de Trabajadores.

El eco suscitado por el gobierno de la Unidad Popular (1970-1973) se justifica perfectamente: hasta ese momento, en ningún otro país había llegado tan lejos la asociación entre un movimiento social de múltiples dimensiones y la elaboración de una nueva fórmula de gobierno. Chile no pudo escapar de la debilidad a la que sus instituciones condenaban a todos los presidentes: Allende llegó al poder solo gracias a un acuerdo con la Democracia Cristiana y, cuando ésta le retiró el apoyo, cayó ante el levantamiento del Ejército, la hostilidad de sus antiguos aliados, el fracaso económico y algunas reacciones conservadoras ampliamente respaldadas por Estados Unidos.

La diferencia entre Chile, por una parte, y Argentina y Uruguay, por otra, era inmensa. En estos dos últimos casos, la debilidad desde el punto de vista de las condiciones democráticas de los regímenes derrocados por los golpes de Estado impidió que la imagen de una democracia asesinada, que describe bien el caso chileno, se aplicara también a ellos, a pesar de que fueron gobernados por dictaduras casi en los mismos años.

En verdad, sería necesario remontarse bastante en el tiempo para encontrar otro ejemplo tan impresionante de un vínculo fuerte entre movimientos sociales y acciones propiamente políticas de transformación de las instituciones y la sociedad. Este caso sería el de Bolivia, con los grandes movimientos campesinos surgidos antes incluso de la revolución de 1952, y su relación con el régimen de Víctor Paz Estenssoro.

México es considerado una excepción en el continente, ya que ha vivido casi toda su historia posrevolucionaria bajo la dirección de un partido de Estado. Esto fue así hasta que la reforma política separó al Estado del partido y llevó al poder al candidato del PAN, Vicente Fox. Si me guío por el imaginario más que por la realidad, podría anticipar la hipótesis, sostenida por muchos, de que la llegada al poder del candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Manuel López Obrador, habría marcado probablemente una estrechísima asociación de fuerzas sociales y políticas, desconocida en el país hasta el momento –al menos en la forma a la que aludo aquí, ya que Lázaro Cárdenas tuvo seguramente bases sólidas, pero su régimen no pertenecía a la categoría que podríamos llamar «democrática»–.

El reducido margen entre el vencedor y el vencido en la reciente elección presidencial muestra hasta qué punto México se ha acercado a un modelo de gestión democrática de los cambios sociales. Es necesario incluso ir más allá de esta aparente simetría, pues el gobierno de López Obrador tendría ciertamente como tarea principal reintroducir en el sistema político a una parte importante de la población que hoy se encuentra excluida. Desde ese punto de vista, es preciso reconocer el fracaso de Marcos y los zapatistas. Si bien es comprensible que no haya querido unirse al PRD o a la campaña de López Obrador, la hostilidad hacia este candidato parece tan irrisoria como errada. La campaña de Marcos no le quitó muchos votos a López Obrador, no potenció la defensa de las comunidades indígenas, ni reforzó la necesidad de un proyecto democrático mexicano –elementos que engrandecieron al movimiento zapatista hasta la marcha sobre México–, lo que finalmente dejó a los zapatistas en una situación de extrema debilidad. La importancia simbólica del zapatismo justifica la trascendencia del fracaso de su postura. La gran novedad de la acción zapatista hizo nacer la esperanza de una profunda renovación de la vida política en el continente. Pero ha sucedido lo contrario. No solo el candidato del PAN venció a López Obrador, sino que la propia esperanza nacida del alzamiento zapatista ha desaparecido, y no se ve cómo podría renacer en un futuro próximo.