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¿Existe una izquierda en América Latina?

Las categorías de «izquierda» y «derecha», aplicables a los regímenes parlamentarios, pierden sentido en América Latina. Lo central aquí es si los países logran encontrar una expresión política para sus profundos problemas sociales, es decir si consiguen ubicar las luchas sociales dentro de un marco institucional y democrático. Después de repasar la realidad de diferentes países, el artículo sostiene que la clave no pasa hoy por la Venezuela de Hugo Chávez, un modelo débil de transformación social, sino por dos tendencias opuestas: la globalización exitosa de Chile y el modelo más radical que, a pesar de su fragilidad, está tomando forma en la Bolivia de Evo Morales.

¿Existe una izquierda en América Latina?

El resultado de muchas de las elecciones realizadas en América Latina en los últimos meses ha llevado a numerosos observadores, quizás a la mayoría, a hablar de una victoria de la izquierda, o a describir la evolución del continente en su conjunto, más allá de las diferencias entre países, hacia una izquierda alejada de las posturas estadounidenses, que se apoyaría en sectores sociales que podríamos llamar «populares». Pero resulta poco provechoso emplear expresiones que han sido inventadas y utilizadas para un contexto totalmente diferente. Si se trata de Gran Bretaña o Francia, los términos «derecha» e «izquierda» se sitúan en un régimen parlamentario. Es en Gran Bretaña donde esta oposición tiene más sentido. En cambio, el lenguaje correspondiente a un régimen parlamentario se aplica necesariamente mal a uno presidencial o semipresidencial. En el caso latinoamericano, se ajusta tan mal que creo tener buenas razones para defender una postura muy alejada de la que se expresa más frecuentemente. Que Alan García haya ganado las elecciones en Perú y que finalmente Felipe Calderón, el candidato del Partido Acción Nacional (PAN), se haya impuesto en México por algunos votos sobre López Obrador, no significa, evidentemente, que América Latina avance hacia la derecha.

Descartemos entonces este vocabulario tanto para describir una evolución en un sentido como en el opuesto. La hipótesis que creo debiera formularse es que el continente en su conjunto se aparta cada vez más de un modelo si no parlamentario, al menos apoyado en mecanismos de oposición entre grupos de intereses y de ideologías diferentes. Hoy América Latina parece más lejos de encontrar una expresión política para sus problemas sociales que hace treinta años. En eso radica lo esencial: eso es lo que está en juego y ahí está el fracaso. No se ha constituido un lazo entre los movimientos sociales, fundados en los trabajadores, en sectores urbanos o incluso en grupos étnicos, y los partidos políticos que acepten colocar claramente las luchas sociales dentro de un marco institucional que podríamos llamar, al menos formalmente, democrático.

Es cierto que América Latina no se ha aproximado casi nunca a un modelo democrático. Evidentemente, en Chile y en cierta medida en Uruguay se desarrollaron, desde fines del siglo XIX, esquemas políticos semejantes a los de Europa occidental, incluso por la importancia otorgada al enfrentamiento entre el clericalismo y el laicismo. Pero el único caso de un país de la región que inició cambios profundos dentro de un marco institucional democrático es el de Chile durante el breve periodo que va desde el Frente Popular de 1938 hasta la superación del conservadurismo de Jorge Alessandri por la Democracia Cristiana de Eduardo Frei y, después, por la Unidad Popular liderada por Salvador Allende, los comunistas y la Central Única de Trabajadores.

El eco suscitado por el gobierno de la Unidad Popular (1970-1973) se justifica perfectamente: hasta ese momento, en ningún otro país había llegado tan lejos la asociación entre un movimiento social de múltiples dimensiones y la elaboración de una nueva fórmula de gobierno. Chile no pudo escapar de la debilidad a la que sus instituciones condenaban a todos los presidentes: Allende llegó al poder solo gracias a un acuerdo con la Democracia Cristiana y, cuando ésta le retiró el apoyo, cayó ante el levantamiento del Ejército, la hostilidad de sus antiguos aliados, el fracaso económico y algunas reacciones conservadoras ampliamente respaldadas por Estados Unidos.

La diferencia entre Chile, por una parte, y Argentina y Uruguay, por otra, era inmensa. En estos dos últimos casos, la debilidad desde el punto de vista de las condiciones democráticas de los regímenes derrocados por los golpes de Estado impidió que la imagen de una democracia asesinada, que describe bien el caso chileno, se aplicara también a ellos, a pesar de que fueron gobernados por dictaduras casi en los mismos años.

En verdad, sería necesario remontarse bastante en el tiempo para encontrar otro ejemplo tan impresionante de un vínculo fuerte entre movimientos sociales y acciones propiamente políticas de transformación de las instituciones y la sociedad. Este caso sería el de Bolivia, con los grandes movimientos campesinos surgidos antes incluso de la revolución de 1952, y su relación con el régimen de Víctor Paz Estenssoro.

México es considerado una excepción en el continente, ya que ha vivido casi toda su historia posrevolucionaria bajo la dirección de un partido de Estado. Esto fue así hasta que la reforma política separó al Estado del partido y llevó al poder al candidato del PAN, Vicente Fox. Si me guío por el imaginario más que por la realidad, podría anticipar la hipótesis, sostenida por muchos, de que la llegada al poder del candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Manuel López Obrador, habría marcado probablemente una estrechísima asociación de fuerzas sociales y políticas, desconocida en el país hasta el momento –al menos en la forma a la que aludo aquí, ya que Lázaro Cárdenas tuvo seguramente bases sólidas, pero su régimen no pertenecía a la categoría que podríamos llamar «democrática»–.

El reducido margen entre el vencedor y el vencido en la reciente elección presidencial muestra hasta qué punto México se ha acercado a un modelo de gestión democrática de los cambios sociales. Es necesario incluso ir más allá de esta aparente simetría, pues el gobierno de López Obrador tendría ciertamente como tarea principal reintroducir en el sistema político a una parte importante de la población que hoy se encuentra excluida. Desde ese punto de vista, es preciso reconocer el fracaso de Marcos y los zapatistas. Si bien es comprensible que no haya querido unirse al PRD o a la campaña de López Obrador, la hostilidad hacia este candidato parece tan irrisoria como errada. La campaña de Marcos no le quitó muchos votos a López Obrador, no potenció la defensa de las comunidades indígenas, ni reforzó la necesidad de un proyecto democrático mexicano –elementos que engrandecieron al movimiento zapatista hasta la marcha sobre México–, lo que finalmente dejó a los zapatistas en una situación de extrema debilidad. La importancia simbólica del zapatismo justifica la trascendencia del fracaso de su postura. La gran novedad de la acción zapatista hizo nacer la esperanza de una profunda renovación de la vida política en el continente. Pero ha sucedido lo contrario. No solo el candidato del PAN venció a López Obrador, sino que la propia esperanza nacida del alzamiento zapatista ha desaparecido, y no se ve cómo podría renacer en un futuro próximo.

Solo resta decir que he colocado el caso mexicano al comienzo de este análisis porque el fin del partido único, la realidad de la reforma política y sobre todo el debilitamiento del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la fuerte bipolaridad entre lo que casi se podría llamar una derecha y una izquierda, ponen de manifiesto una evolución profundamente diferente de la de los demás países. Todo ha sucedido como si la fuerza que superó el estatismo de tantos años no hubiera sido el catolicismo ultraconservador de Guadalajara sino la influencia creciente de Monterrey, reforzada de forma acelerada por una emigración masiva que ha debilitado mucho la capacidad de acción política de los sectores más desfavorecidos. En ese sentido, aun si la victoria de Calderón no resulta en verdad significativa, ya que el triunfo de López Obrador estuvo igualmente cerca de concretarse, se afirma sin embargo el empuje de los sectores económicos modernos que, desde la elección de Fox, ejercen una gran influencia en la política mexicana.

Pero, más allá de los resultados electorales recientes, ¿cómo ignorar la rapidez y el carácter extremo de los cambios ocurridos en Brasil? Pongo énfasis en el caso de Brasil dada la importancia de este país en el contexto político y social latinoamericano, por las inmensas esperanzas colocadas, incluso fuera de sus fronteras, en la victoria de Lula. No es éste el lugar para volver sobre la comparación entre Lula y Fernando Henrique Cardoso, ya que si bien es cierto que este último llevó a cabo muchas de las reformas esperadas y prometidas, no puede decirse que haya logrado crear un sistema político sólido y capaz de acompañar los grandes debates sociales. Al igual que Lula, Cardoso no dispuso de una mayoría parlamentaria propia y, por lo tanto, debió formar alianzas que lo debilitaron. Su presidencia, que se extendió por diez años, marcó una recuperación del Estado y de la capacidad de gobernar. Sin embargo, aunque obtuvo muchos resultados sociales positivos, Brasil no ha reencontrado el crecimiento perdido desde hace tiempo. En contraste con Cardoso, el Partido de los Trabajadores (PT) buscó desde el comienzo definirse en términos diferentes de los propiamente parlamentarios. Todo anunciaba que la presidencia de Lula tendría una importancia decisiva, comenzando por el hecho de que el nuevo presidente había sido antes un líder sindical con una capacidad de movilización social excepcional; todo anunciaba, en definitiva, que se produciría finalmente la asociación entre el cambio social y una construcción o transformación del sistema político. Tratándose de un país tan importante, se preveía que este logro generaría resultados análogos en muchos otros lugares. Por esta razón, lo que habría que denominar la «gran decepción» de la presidencia de Lula ha sido su renuncia a elaborar un proyecto a la vez político y social de cambio. Esto nos obliga a hablar de un fracaso fundamental de las soluciones que podríamos llamar «de izquierda» en el conjunto del continente.

El éxito destacable de Ricardo Lagos en Chile no es una excepción a lo que acabo de mencionar, ya que su adversario no eran los partidos de derecha sino Pinochet, cuya sombra ha seguido cubriendo a toda la derecha chilena, que está lejos de volverse tory, a la inglesa, o de convertirse en un partido republicano como el estadounidense.

No hemos encontrado hasta ahora una respuesta satisfactoria a la pregunta que todos se plantean: ¿a qué se debe el fracaso de Lula? Para evitar todo malentendido, el fracaso al que me refiero no es necesariamente un fracaso personal. Existen grandes probabilidades de que Lula sea reelegido en las elecciones presidenciales de octubre. Pero nadie dice con quién, para quién y contra quién gobernará Lula durante su probable segunda presidencia.

La pregunta planteada es tan amplia y ocupa un lugar tan central en la reflexión sobre América Latina que nadie podría pretender aportar una respuesta satisfactoria. De todos modos es necesario, aunque no sea posible aportar toda la argumentación necesaria, ofrecer al menos una hipótesis, que sería la siguiente: en la mayoría de los países latinoamericanos la desigualdad se ha transformado de tal forma en un dualismo estructural, que el continente parece incapaz de lograr lo que Gran Bretaña y otros países, incluidos Estados Unidos y Francia, pudieron crear: algo que va más allá de la democracia política, pero que no la destruye e incluso la refuerza, es decir, una democracia social fundada en el reconocimiento por la ley o la negociación colectiva de los derechos de los trabajadores. Esta imagen, que evoca la sociedad industrial europea y norteamericana, no es compatible con la realidad de Brasil, donde el Estado ha dirigido casi permanentemente tanto la acción económica como la política social, desde el fracaso de las tentativas liberales anteriores a 1930 y sin subestimar la importancia de la presidencia de Juscelino Kubitschek.

El rasgo más importante del sistema político latinoamericano ha sido la constante incapacidad de crear tanto una democracia social como una revolución social. América Latina no ha sido nunca liberal ni revolucionaria, con la excepción evidente de Cuba. Pero ésta es solo en apariencia una excepción ya que, desde su ascenso al poder, Fidel Castro manifestó su rechazo al modelo latinoamericano y anunció la prioridad que, siguiendo a Martí, otorgaba a la lucha por la independencia nacional, prioridad que lo condujo a asociarse con el bloque soviético.

Incapaz de elaborar una política fundada en los derechos democráticos y de emprender reformas estructurales profundas, América Latina nunca ha logrado salir de una mezcla confusa de nacionalismo y populismo –cuyo ejemplo más conocido ha sido el peronismo–, lo cual condujo a un doble fracaso: el hundimiento o la desaparición del sistema político y la ausencia de transformación social. Esto se pudo observar especialmente en la crisis argentina de 2001, que no representó el levantamiento de la clase obrera sino, por el contrario, la caída masiva de la clase media. Entonces, cuando todo parecía favorecer a Lula, el fracaso de Brasil obliga a concluir que en este momento las posibilidades de una solución a la vez transformadora y democrática en la región han disminuido mucho, o incluso desaparecido completamente. Desde hace veinte años, se habla en todas partes de la necesidad de dar prioridad a la lucha contra las desigualdades. En términos generales, esa lucha no se ha producido o, en todo caso, no ha alcanzado sus objetivos. Por esta razón, debemos concluir que ese gran modelo virtual de política latinoamericana –es decir, la asociación entre una democracia reforzada y una transformación social voluntarista– no tiene muchas posibilidades reales de concretarse en el futuro. Los acontecimientos políticos que han tenido lugar en varios países del continente no alientan de ningún modo la idea de un movimiento general hacia la izquierda. Nuevamente se impone la conclusión a la que he llegado, que es la opuesta: el fracaso perdurable y profundo de una democracia social vigorosa.

La verdadera pregunta en relación con la situación actual no concierne al rol de tal o cual dimensión de la democracia social. El problema que hay que plantearse claramente es el de las oportunidades de la nueva política de ruptura inspirada por Fidel Castro y representada hoy por Venezuela. Hugo Chávez tiene, frente a ese modelo, las chances de un voluntarismo político y social mucho más radical, en particular en contraste con los países del Cono Sur.

Dado el fracaso de la candidatura de Ollanta Humala en Perú y la complejidad de la situación ecuatoriana –y dejando de lado el caso de Colombia, que demandaría un análisis diferente–, el lugar donde se decide la vida política del continente y su capacidad de inventar un modelo político y social capaz de operar sobre una situación extraordinariamente difícil es, sin ninguna duda, Bolivia. La opinión pública latinoamericana lo comprendió de inmediato, y el gobierno de Evo Morales ha recibido hasta ahora un fuerte respaldo, incluso si se tienen en cuenta los conflictos de intereses con Brasil. Parece existir una conciencia general en América Latina sobre la necesidad de aceptar el modelo boliviano tal como se está conformando, en su radicalidad, su nacionalismo y su heroísmo, en sus excesos de lenguaje y también de acciones. Estoy entre quienes piensan que el futuro político del continente depende hoy ante todo de las oportunidades de Bolivia de construir y hacer realidad un modelo de transformación social y, al mismo tiempo, ganar independencia respecto de la retórica de Chávez. Es que, a pesar de los progresos logrados desde su elección, el de Chávez sigue siendo un modelo débil de transformación social, si se consideran los inmensos recursos obtenidos por Venezuela por el aumento brutal del precio del petróleo.

La situación de Morales es de tal fragilidad, que la importancia del caso crece aún más. No sorprende que no haya reunido la mayoría necesaria para el éxito del referéndum, pero la oposición de la región de Santa Cruz sigue siendo muy fuerte, y puede encontrar apoyos en el extranjero. Mientras tanto, la capacidad de gobierno del nuevo equipo es probablemente más frágil y débil de lo que se piensa.

En un momento en que Brasil se prepara para una probable segunda presidencia de Lula –en un vacío casi completo de proyectos y equipos dirigentes–, es en verdad en la solución más radical que representa la Bolivia de Morales donde se debe ver la posibilidad de establecer un vínculo entre la lucha contra la desigualdad y la lucha por la democracia. Esto es lo que está en juego de manera permanente en los debates de todo el continente, aunque hasta ahora haya arrojado como saldo un fracaso casi general.

No es por casualidad ni por error que no haya considerado hasta aquí el caso de Argentina, país cuya extrema importancia hace necesario prestarle mucha atención. Me parece que lo más sencillo del análisis es dejar establecido para la Argentina, como para los demás países, el fracaso definitivo del modelo nacional-populista de las décadas pasadas. Es cierto que el actual gobierno argentino, al igual que el anterior, se ha definido como peronista, pero la expresión está prácticamente vacía de contenido y, si se trata de definir la gestión de Néstor Kirchner, es un contrasentido. ¿Cómo se le podría pedir a Argentina que elabore un modelo a la vez político y social de un cambio que realmente no ha buscado? Entre tanto, el país comienza a emerger de la catástrofe que ha destruido su economía y su sociedad sin que los resultados obtenidos pongan de manifiesto progresos importantes en la gobernabilidad del país, ya que la recuperación se sostiene en tres factores: el fuerte aumento de las exportaciones a China, la ayuda financiera otorgada por Chávez –que ha sido completada con las medidas tomadas contra las empresas europeas– y, finalmente, la rápida concentración de poder en manos de Kirchner. Si Argentina tuviera que inventar un nuevo modelo de desarrollo, éste debería ser más bien de tipo liberal, dada la importancia del comercio internacional en la economía y, sobre todo, dado que el futuro del país depende en gran medida de su capacidad de dotarse de elites políticas, administrativas y económicas que, aunque ha sido capaz de crear, no se ha preocupado por desarrollar.

Tampoco es posible, en el caso de Argentina, hablar de izquierda y derecha; la lógica de la situación avanza más bien hacia soluciones voluntaristas pero liberales, que no pueden ser equilibradas por la resistencia y la capacidad ampliada de decisión del presidente Kirchner.

Nadie puede asegurar el triunfo o el fracaso de América Latina. Por el momento, el retorno de la fe ha hecho que en muchos países se consolide, a pesar de las inmensas dificultades, un clima si no eufórico, al menos moderadamente optimista. En todo caso, en América Latina se percibe una confianza en el futuro que no existe hoy en ninguna otra parte, salvo en España. Y en ese sentido la conclusión con la que desearía comprometerme, al menos en la medida de mi capacidad de análisis, es que solo una radicalidad política mucho mayor que la del periodo reciente permitirá a los países latinoamericanos escapar de dos aparentes soluciones que en realidad conllevan un gran peligro: por un lado, un gobierno de elites liberales apoyadas en una economía mundial globalizada y, por el otro, lo que se podría llamar una «ilusión neocastrista».

Esta conclusión más bien inquietante no se condice con la imagen que tiene de sí mismo un país importante del continente: Chile, que se siente cada vez menos perteneciente a América Latina y que espera, de acuerdo con la célebre frase del ex-presidente Ricardo Lagos, enriquecerse con el comercio entre el Este y el Oeste del mundo, como alguna vez lo hiciera la República de Venecia. Ésta es una alternativa extrema para una de las soluciones posibles, la de la globalización exitosa; la otra es la que, pese a su fragilidad, toma forma en Bolivia. Hoy en día me parece imposible definir otras soluciones posibles entre esas dos tendencias profundamente opuestas.