Al cumplir 11 años en el gobierno, Evo Morales ha hecho un cambio profundo de su gabinete, que en gran medida constituye la respuesta del Movimiento al Socialismo (MAS) a lo sucedido en 2016, año de inflexión para el llamado «proceso de cambio», durante el que casi nada le salió bien a Morales. El presidente boliviano debió enfrentar escándalos y graves conflictos, sufrió su primera derrota electoral y su modelo de gestión del Estado mostró debilidades que no le permitieron garantizar una provisión suficiente de agua a La Paz, la capital política del país.

Luego de un prolongado tiempo de «knock out», en el que entró después de la victoria del «No» en el referendo destinado a modificar la Constitución y habilitar una nueva repostulación en 2019, el presidente reaccionó sacando del gabinete a los principales hombres de su «entorno», al que había sido conservadoramente fiel durante muchos años. Tanto, que los principales ministros pudieron equivocarse en muchas ocasiones sin perder por ello ni cargos ni influencia. Esto perjudicaba la imagen del gobierno, claro está, y del propio presidente, que en cada ocasión parecía inclinarse a favor de sus ministros y en contra de la opinión popular, en particular de las clases medias, que por diversas causas, entre ellas el odio al «entorno», se han distanciado del gobierno.

La principal sorpresa del cambio fue la salida del gabinete de David Choquehuanca, canciller del gobierno desde su inauguración y unánimemente considerado como la tercera figura del partido oficial, después de Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera. Choquehuanca ha sido hasta ahora el representante en el gabinete de la corriente indianista moderada que continúa en el MAS, luego de la salida de la alianza popular oficialista de los grupos e intelectuales más radicales. Además de eso, era el operador de las decisiones de Evo dentro de su partido, cercano a Evo desde hace dos décadas y el gran valedor de la «corriente india» dentro del Órgano Ejecutivo (incluso se lo mencionaba como posible candidato del oficialismo si Evo no postulaba). Aunque su imagen no era la peor entre los ministros, de todas maneras fue el canciller durante 11 años y se rumora que su relación con el presidente se hallaba deteriorada. Pese a ello, Morales se refirió casi exclusivamente a él durante su agradecimiento a los ministros salientes y la posesión del nuevo gabinete.

Sustituyó a Choquehuanca otro «indianista cultural» (como se los denomina para diferenciarlos de los indianistas que promueven reformas políticas radicales destinadas a lograr que «solo» los indígenas gobiernen el país), Fernando Huanacuni, a través del cual, se supone, la sombra de Choquehuanca continuará flotando en el ejecutivo.

Otro cambio importante fue la sustitución de Juan Ramón Quintana, el poderoso ministro de la Presidencia, quien lideraba el «ala dura» del gobierno. Ex militar, sociólogo experto en seguridad nacional, Quintana fue durante años el «hombre de choque» contra los partidos de oposición, los medios de comunicación y Estados Unidos. Desde su oficina se formuló la teoría según la cual los problemas que ha sufrido el gobierno en el último tiempo se debieron a la aplicación de una estrategia de «golpe blando» de parte del «imperialismo», las derechas y los poderes económicos del país. Esta posición lo llevó a un importante desgaste político tanto dentro del MAS como, especialmente, en la percepción de las clases medias urbanas, desde donde se generan las principales críticas al gobierno. Su reemplazante es el abogado René Martínez, muy cercano a Morales pero también más dúctil y con más relaciones con los sectores opositores.

Morales ratificó a diez ministros de los 20 con que cuenta su gabinete ahora, luego de la fusión de cuatro de ellos en dos. Así desaparecieron los ministerios de Transparencia y Autonomías, que formarán parte de Justicia y Presidencia, respectivamente. También se creó el Ministerio de Energía, que se desgajará del de Hidrocarburos, el cual se ocupaba también de esta área, en la que el presidente piensa concentrar sus esfuerzos futuros a fin de convertir a Bolivia en una exportadora de electricidad.

Los ministros ratificados son los que han tenido menos problemas de gestión de sus carteras. En cambio, se sustituyó a la ministra de Medio Ambiente y Agua, Alejandra Moreira, quien se tornó controversial por no renunciar en noviembre pasado, cuando estallara la crisis de aprovisionamiento de agua en la ciudad de La Paz. Esta crisis se debió tanto a la sequía que azotó al país como a la imprevisión de la empresa estatal encargada del servicio, la cual había sido entregada a las juntas vecinales de El Alto, ciudad de fuerte presencia indígena que tuvo un papel fundamental en el proceso de desmontaje del Estado neoliberal y de asunción de la nueva élite política del país. En su lugar se designó a un especialista, Carlos Ortuño, pero se respetó la cuota de El Alto en el gabinete, designando como ministra de Culturas a una munícipe de esta ciudad, Wilma Alanoca.

La ratificación más importante, y aquella en la que ninguna anticipación se equivocó, fue la del ministro de Economía, Luis Arce, quien acompaña al presidente desde 2006 y, por tanto, mañana se convertirá en el ministro de mayor duración en el mismo cargo de la historia boliviana. Arce ha administrado la bonanza exportadora de la última década con prudencia, y ahora está lidiando con relativo éxito contra la caída de los precios de las materias primas, en particular del petróleo, que tiende a desfinanciar al país, el cual es un gran productor de gas. Su receta es mantener la «caldera caliente» por medio de inversiones estatales en infraestructura, facilitando la vida a los negocios de bienes raíces, que siguen dinámicos, y ayudando con créditos a los sectores agroindustriales, los cuales se ven perjudicados por la política cambiaria de mantención de un tipo fijo para entre el dólar y el boliviano, con el fin de mantener controlada la inflación.

La segunda más importante ratificación es la de Carlos Romero, el Ministro de Gobierno (interior), un hábil político que, pese a no ser de los hombres más cercanos al presidente, con quien en el pasado tuvo varios roces, es el que, de todos sus cuadros, Evo prefiere para trabajar con la Policía, una institución turbia, susceptible y levantisca, que cuando no es bien controlada da serios dolores de cabeza a los gobernantes.

Finalmente, el nuevo gabinete ha incorporado a varios políticos cercanos al vicepresidente García Linera, quien ha sido considerado el «gran ganador» (respecto a Choquehuanca, líder del «ala» rival en el gobierno) de esta recomposición. Entre ellos está su estrecha colaboradora Mariana Prado, quien ocupará la cartera de Planificación, y la periodista Gisela López, quien será ministra de Comunicación. Aunque García Linera anunció públicamente que no se repostulará en 2019, Evo declaró estos días en una entrevista en el diario El Deber que «Para mí, Álvaro es insustituible en la Vicepresidencia».

Este gabinete busca hacer un buen manejo del Estado antes que representar todas las fuerzas y todas las audiencias del MAS: por ejemplo, solo tiene cuatro mujeres, la participación de género más baja del periodo de Morales. Y estas son, todas, profesionales provenientes del mundo urbano. El presidente pidió a sus ministros que coordinen entre sí y dejen de usarlo a él y al vicepresidente como «relacionistas». También les recomendó trabajar más que nadie, eliminar la «micro-corrupción», acabar con el «machismo, el racismo, el fascismo», y atender «con solidaridad» y calidez al pueblo.

El objetivo subyacente al cambio parece ser volver a atraer a las clases medias que el gobierno ha perdido últimamente por el hincapié que puso en lograr la identificación con el gabinete de los indígenas y los sectores populares, en distribuir el poder entre los distintos componentes del MAS y en cuidar el «entorno». No es un objetivo imposible: la gestión de Morales cuenta con una aprobación popular del 58%, según una encuesta del diario El Deber. Por eso, este ha dicho, en la posesión de sus ministros, que la nueva reelección no le preocupa, «ya está ganada». Lo único que queda, entonces, es encontrar la forma de habilitarse para ella ya que la Carta Magna no lo habilita.