Tema central

¿Es posible otro desarrollo en los países emergentes?

El debate entre crecimiento y desarrollo ha revivido en razón de los desastrosos efectos colaterales del crecimiento sobre el ambiente, la salud de los seres humanos y la puesta en cuestión de los derechos indígenas. Pero ¿cuáles son las razones invocadas para justificar la explotación sin límites de las materias primas? Habitualmente, estas giran alrededor de los sacrificios necesarios para lograr un fuerte crecimiento, el equilibrio de la balanza de pagos y del presupuesto y la expansión de las políticas sociales. Pero esta argumentación, en apariencia irrefutable, opaca muchas cuestiones importantes, de las que se ocupa este artículo.

¿Es posible otro desarrollo en los países emergentes?

En las décadas de 1960 y 1970, numerosos economistas y sociólogos se interrogaban por el sentido del crecimiento y el desarrollo y por las relaciones que los vinculaban. El crecimiento sería de orden cuantitativo, mientras que el desarrollo pertenecería al orden cualitativo. Un crecimiento sostenido y regular en el tiempo se traduciría en desarrollo, es decir, en cambios estructurales relativos a la propiedad, las instituciones, los comportamientos, las desigualdades en el patrimonio y en los ingresos. Sin estos cambios, el crecimiento correría el riesgo a la vez de no ser inclusivo y de extinguirse. Pero no podría haber desarrollo si antes no hubo crecimiento. Lo cualitativo se alimentaría entonces de lo cuantitativo y de la capacidad de aumentar los ingresos y distribuirlos. En torno de estas interrelaciones giraban los debates. Finalmente, esta discusión se atenuó un poco para resurgir más tarde, por un lado, con los efectos colaterales del crecimiento sobre el medio ambiente y la salud de los seres humanos1, y por otro lado, con el cuestionamiento de la mercantilización de la sociedad y la búsqueda de beneficios a cualquier precio. Esto explica que se haya virado del término genérico «desarrollo» a la expresión más precisa «desarrollo sostenible» en 1987.

Los daños del desarrollo

Hoy el crecimiento nos interroga de nuevo. Las economías emergentes se enfrentan a numerosos obstáculos para su crecimiento continuo. El crecimiento se desacelera más o menos fuertemente en Asia. La amenaza de una «trampa de ingresos medios» (middle income trap)2 se vuelve cada vez más preocupante. Ya no parece posible seguir los mismos caminos que han permitido un fuerte crecimiento en las últimas décadas sin que haya cambios profundos.

En Asia, y particularmente en China, los estragos que provoca la contaminación son reconocidos hoy incluso por las propias autoridades, ya sea respecto de la degradación de la calidad del aire, la contaminación del agua, la manipulación de materiales peligrosos y el consumo de productos que no cumplen con las exigencias mínimas de seguridad, o respecto de los costos económicos que implica. Las condiciones de trabajo y los salarios, principalmente de los 260 millones de mingongs3, distan de ser decentes y surgen presiones para que sus derechos básicos sean reconocidos, así como los de los campesinos desposeídos. Estas presiones se han traducido en un aumento de los salarios superior al de la productividad, un incremento en el costo de la mano de obra tal que muchas de las empresas compradoras prefieren hacer sus pedidos a países con mano de obra más barata y donde existen mayores posibilidades de imponer legalmente condiciones de trabajo peligrosas para los seres humanos. Vietnam, la India, etc., se convierten en los países que acogen esta relocalización de la manufactura de productos de fabricación relativamente simple y que requieren mucha mano de obra por unidad de capital. En la industria de la confección, por ejemplo, Bangladesh es el nuevo taller del mundo. Los salarios son muy bajos, la precariedad, muy grande. La «gestión libre de la fuerza de trabajo», es decir, sin limitación proveniente de la aplicación de la legislación laboral que protege mínimamente a los empleados, da lugar a una proliferación masiva de «accidentes de trabajo». Las empresas multinacionales, de las que dependen las empresas nacionales, intentan aprovecharse de estas situaciones mediante la reubicación de parte de su producción. No se trata solo de costos diferentes (presentados en los manuales para explicar la especialización internacional), sino también, y sobre todo, de dar un rodeo, a menudo legal, a las leyes y reglamentaciones nacionales, tanto sobre las condiciones de trabajo como sobre la protección de la naturaleza y de los hombres. La «gestión libre de la fuerza de trabajo» y de la naturaleza constituye un poderoso imán que permite evitar tener que pagar por una «gestión socializada», a la vez de los seres humanos y de la naturaleza, que se rige por las leyes nacionales de los países de origen de estas empresas.

Los costos de un crecimiento menos contaminante, de una mano de obra más cara, de condiciones de trabajo más decentes, son relativamente altos y pueden refrenar fuertemente el crecimiento en China. Ahora bien, un crecimiento sostenido es indicador de la eficacia de la política del gobierno de Beijing y, por lo tanto, tiende a legitimar la continuidad del régimen autoritario. Como vimos anteriormente, se trata de una condición necesaria pero no suficiente. A las dificultades políticas provocadas por una pérdida de eficacia del gobierno se suman otros factores producidos por el crecimiento elevado. Esto exige el desarrollo, es decir, la superación de los obstáculos estructurales que el propio crecimiento produce, sin el cual este disminuiría aún más. De hecho, el crecimiento y la mejora diferenciada de los niveles de vida generan también, a la vez, una demanda de democracia que va al encuentro de los modos de dominación del Partido Comunista Chino (PCCh) sobre la sociedad y que no pueden disimularse detrás de las filosofías taoístas o budistas que podrían negar estas evoluciones con el argumento de que la cultura no prioriza al individuo sino lo colectivo. La búsqueda de intervenciones autónomas confluye con las luchas espontáneas de los trabajadores y de los campesinos. El desarrollo sostenible impone un cambio en las relaciones del ser humano con la naturaleza y en las relaciones entre los individuos en pos de una sociedad más democrática e inclusiva.En Latinoamérica, el crecimiento es débil y se verifica la desindustrialización. A pesar de algunos avances, el crecimiento latinoamericano sigue siendo excluyente. El nivel de desigualdad de los ingresos se sitúa a un nivel aún muy alto, y aunque haya habido una mejora en los estándares de vida de los estratos más bajos y modestos y una ligera disminución de estas desigualdades en los últimos años, el enriquecimiento del 1% más rico de la población no cesa de crecer, como se observa en los países desarrollados. Sin embargo, el reconocimiento de los derechos de las poblaciones indígenas, siempre negados, adquiere una cierta legitimidad, aunque tales derechos permanecen poco aplicados, en la práctica, en virtud de la reprimarización a marcha forzada de la mayoría de las economías latinoamericanas. Para caracterizar esta nueva etapa, siguiendo el trabajo pionero de Maristella Svampa, se ha utilizado la expresión «Consenso de los Commodities», que habría sucedido al de Washington4.

Graves problemas ambientales, resultantes de esta reprimarización, perjudican especialmente a las poblaciones indígenas. Los derechos sobre sus tierras, que al fin habían sido reconocidos legalmente, les son negados nuevamente en la práctica. Sus habitantes se ven afectados por numerosas enfermedades provocadas por la contaminación. Muchos de ellos deben de facto someterse a los imperativos de la reprimarización en nombre del progreso social que los ingresos de la exportación podrían proporcionar para financiar el gasto en salud, educación, vivienda… Sin embargo, la reprimarización de las economías causa daños al medio ambiente cada vez menos controlables y la expulsión de numerosos indígenas de sus tierras ancestrales, así como de los pequeños agricultores que se enfrentan al poder de las multinacionales y deben abandonar sus campos. Como la pobreza llama a más pobreza, gran parte de estos migrantes se refugian en los barrios más pobres (bidonvilles) y, una vez en la informalidad, terminan conociendo la miseria urbana. De este modo, el gran sueño de una sociedad más inclusiva se disipa.

La protección social está lejos de cubrir a todos los ciudadanos y, si bien el discurso político y las leyes aprobadas son de carácter universalista, su aplicación sigue siendo parcial o sesgada. El gasto social crece rápidamente en algunos países, en otros lo hace con más lentitud, pero cualquiera sea el ritmo de su aumento, se mantiene en un nivel muy por debajo de las necesidades, tanto desde el punto de vista de la salud como de la educación. A diferencia del siglo XIX y de principios del XX, la reprimarización constituye, para los gobiernos «desarrollistas», un medio para conseguir recursos que permitan financiar parte de la política social. El «imperativo social» evocado pasa por la negación de la cuestión social presente, como si un futuro encantador impusiera un presente desencantado. Al igual que en aquellas épocas, en las que solo podía existir la economía de exportación de materias primas, con la industrialización frenada por la oposición de los poderes dominantes, la actual primarización refuerza el peso de los sectores rentistas. Las técnicas de producción son sofisticadas tanto en la agricultura (mediante organismos genéticamente modificados, OGM) como en la minería. La acumulación de capital en los sectores vinculados a las materias primas es resultado de la combinación de las rentas de la tierra, cuya valorización depende poco o nada del trabajo, y de los beneficios propios del capitalismo.

Materias primas mineras y desarrollo sostenible en América Latina

Según el Banco Mundial (BM), la minería latinoamericana atrae hoy un tercio de la inversión internacional en este sector. Las «megaminas», por lo general explotadas a cielo abierto, se han desarrollado muy rápidamente en los últimos años. Se busca carbón, bauxita, hierro y, cada vez más, cobre, estaño, plata, oro, plomo, etc., a los que se añaden metales «raros» como el litio, productos energéticos como el petróleo y, en el futuro, el gas de esquisto. En términos de divisas, estas minas representan un gran potencial. Con las materias primas agrícolas, la explotación de estos productos ha permitido una importante disminución de las restricciones externas, como se ha observado en Argentina, Brasil y México.

El análisis del caso peruano es particularmente significativo. Gracias a la explotación de las materias primas, la tasa de crecimiento del PIB fue relativamente alta a lo largo de la primera década de los años 2000. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)5, el PIB per cápita, medido en función de la tasa de cambio del poder adquisitivo, alcanzó los 10.900 dólares en 2012, acercándose al PIB brasileño per cápita en ese mismo año, 12.100 dólares. Perú se ha convertido en el mayor productor mundial de plata, el segundo de cobre, el tercero de estaño, el cuarto de plomo y el sexto de oro. A estas materias primas se añaden el petróleo y un poco después, el gas. Las exportaciones de productos mineros, petróleo y gas representaban 46,3% de los ingresos de exportación en 2000 y 59,1% en 2011. La exportación creció considerablemente, sobre todo gracias al auge de las ventas de oro y cobre. Entre 2000 y 2011, su crecimiento en valor fue de 782,7% y de 1.048,6%, respectivamente; los ingresos por exportación de estas actividades fueron más o menos equivalentes. En el caso del plomo y del petróleo, los incrementos resultaron en especial importantes: 1.173,3% y 798,2%, respectivamente, entre las mismas fechas. El valor de las exportaciones de plomo y petróleo representó en 2011 10% y 15% del valor de las exportaciones de oro y cobre y, desde 2010, las exportaciones de gas natural han crecido rápidamente. El crecimiento en el valor de las exportaciones de gas natural fue de 352,7% entre 2010 y 2011. En 2011, su valor alcanza el 5% de las exportaciones de oro y cobre6. Por último, al igual que en México, una gran parte de los ingresos fiscales proviene de la explotación de materias primas, haciendo que disminuyan no solo las obligaciones externas (saldo del balance comercial), sino también las internas (saldo presupuestario).

La presión tributaria suele ser baja y regresiva, como en la mayoría de los países de América Latina7. La presión tributaria total en Perú era de 12,3% del PIB en 2000 y de 15,5% en 2011, un porcentaje bajo en comparación con Brasil, donde alcanzó entre 36% y 37% del PIB en 2011. La contribución de los impuestos ligados a la explotación de materias primas en el conjunto de los ingresos fiscales creció fuertemente. Sin embargo, en Perú estos ingresos no llegan a financiar adecuadamente el gasto social, que podría y debería ser más ambicioso. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el gasto social en este país, donde la educación, la jubilación y la salud representaban solo 8,2% del PIB en 2006 y 2007, era de 214 dólares per cápita al tipo de cambio de 2000 y aumentó ligeramente hasta alcanzar apenas el 9% del PIB en 2009-2010. En Brasil, el gasto social ascendió a 24,9% del PIB en 2006-2007, es decir, 1.109 dólares per cápita, y luego superó el 26%8.

El rápido aumento de la demanda mundial de materias primas, en especial por parte de China, ha empujado sus precios y volúmenes negociados al alza y ha producido una apreciación de las monedas nacionales respecto del dólar, no sin consecuencias sobre la industrialización de los países productores. Más allá de estos efectos, la explotación irrestricta o poco reglamentada de las «megaminas» acarrea varios impactos ambientales. Según José Seoane, Emilio Taddei y Clara Algranati9, estos se pueden agrupar en ocho capítulos: la explotación cambia la morfología del terreno, altera el medio ambiente, contamina el aire, afecta la calidad de las aguas superficiales, contamina las napas freáticas, destruye el suelo, impacta sobre la flora y afecta a la fauna. Estos efectos repercuten en las poblaciones que viven en tierras dedicadas a estas operaciones mineras, con el agravante de que las concesiones a las empresas multinacionales son muy importantes (19% del territorio en Perú)10. La explotación de las «megaminas» afecta fuertemente la salud de estas poblaciones, en general indígenas, viola su derecho a vivir en sus tierras ancestrales y las obliga a emigrar hacia zonas con peores condiciones de vida.

El dumping ambiental

Según los datos oficiales de 2010, Paraguay dedica a la soja 66% de su tierra cultivada; Argentina, 59%; Brasil, 35%; Uruguay, 30%, y Bolivia, 24%11. Estas cifras reflejan el acaparamiento de tierras agrícolas para la producción de soja a expensas de otros cultivos. En 2012-2013, en Argentina, por ejemplo, la superficie dedicada a este cultivo era de 19,6 millones de hectáreas, mientras que el maíz ocupaba 4,1 millones y el trigo, 3,9 millones. Las superficies dedicadas a otros cultivos se han vuelto más o menos marginales, mientras que los bosques y selvas ocupan una superficie cada vez más reducida: el área total cultivada asciende a menos de 35 millones de hectáreas. La conquista de nuevos territorios para la explotación de soja conduce a la deforestación. Esto es particularmente pronunciado en Paraguay, donde 90% de los bosques ha desaparecido en los últimos 50 años, y el porcentaje es un poco menor en otros países. El uso de OGM es masivo; teniendo en cuenta por ejemplo que 50% de las actividades agrícolas utiliza productos transgénicos, esta cifra se eleva a 90% para el caso de la soja. Tanto la producción como el consumo de productos agrícolas genéticamente modificados se hallan en el origen de numerosas enfermedades, del rápido agotamiento del suelo, de daños colaterales a otras culturas; cada vez se requieren más productos transgénicos nuevos, ya que las plantas se vuelven más resistentes a los herbicidas, insecticidas y fungicidas, lo que aumenta considerablemente los costos de explotación de la soja y de otros cultivos, y así se elimina a los pequeños y medianos productores en beneficio de los más grandes.

Como en el caso de la minería, la producción de materias primas agrícolas constituye una grave amenaza para la salud de los habitantes y un verdadero dumping medioambiental. No se tienen en cuenta los costos causados ​​por la contaminación, el uso masivo de agua, la degradación de los ríos, la erosión del suelo y la pérdida de la biodiversidad.

Las rentas ligadas no solo a la tierra sino también a las finanzas modifican y caricaturizan hoy el comportamiento de las elites. El consumo de lujo de los grupos más prósperos y sus bajas tasas de ahorro impiden la inversión de recursos más importantes en la producción de bienes manufacturados y explican la baja tasa de formación bruta de capital. Estos problemas son de orden estructural y resulta imposible superarlos ​​sin cambios. Sería un error pensar que podrían ser absorbidos por el crecimiento que genera la reprimarización de estas economías: en primer lugar, porque esta no conduce a un crecimiento sostenido, sino al auge de comportamientos rentistas; en segundo lugar, porque los ingresos fiscales que generan los impuestos sobre las exportaciones no son suficientes para cubrir el gasto social; y finalmente, porque tiene un considerable costo ecológico. Este tipo de crecimiento, si bien va acompañado de una ligera disminución de la desigualdad, acentúa las dificultades en lugar de disminuirlas, lleva a interrogarse sobre la viabilidad de este tipo de desarrollo y plantea por último, tácitamente, la cuestión de la posibilidad de un desarrollo diferente.

¿Otro desarrollo es posible?

El crecimiento exige otro tipo de desarrollo, radicalmente diferente. En cuanto a la gestión de la fuerza de trabajo, este cambio, aunque difícil, es posible. Los empleos pueden ser mejor remunerados y disfrutar de una socialización del riesgo por parte del Estado más consistente que la actual y, de esa manera, la informalidad se puede reducir considerablemente. También es posible favorecer una protección significativa del medio ambiente y resguardar a las poblaciones locales de la violación de sus derechos.

Las dificultades provienen de los intereses divergentes de cada actor social: el mundo del trabajo, el sector industrial, el sector exportador, las poblaciones afectadas por la reprimarización, el sector financiero y, finalmente, el Estado. Cada uno de estos actores tiene una fuerza diferente; las coaliciones entre actores son posibles y cambian en el tiempo de acuerdo con la evolución de las relaciones de poder:

a) sectores exportador, rentista y gobierno contra sector industrial, b) mundo del trabajo y gobierno contra sector industrial, c) sector exportador y gobierno contra poblaciones afectadas, d) y, finalmente, sector exportador contra poblaciones afectadas y Estado.

La protección laboral, el acceso a los derechos universales, el cuidado del ambiente y el respeto de los derechos propios de las poblaciones afectadas por la reprimarización agrícola y minera son los motores de un desarrollo diferente. Los debates acerca de los dos primeros escenarios son relativamente bien conocidos. No es ese el caso de los dos últimos, sobre todo si se introduce la especificidad de las poblaciones ayer excluidas, hoy aceptadas de jure. Las luchas que oponen a las poblaciones afectadas por la reprimarización, por un lado, y a las empresas multinacionales y el Estado, por el otro, son cada vez más numerosas. Conciernen no solo al aspecto material, sino también (y sobre todo) al aspecto simbólico que implica el respeto de los derechos ayer negados. Es conveniente ahora interrogarse sobre las dificultades para lograr un desarrollo alternativo al actual.

¿Cuáles son las razones dadas para no respetar los derechos de las poblaciones indígenas? Estas giran en torno de los sacrificios necesarios para lograr un fuerte crecimiento, el equilibrio de la balanza de pagos y el presupuesto y, finalmente, un aumento en el gasto social. Las restricciones externas de los países latinoamericanos son altas, las importaciones tienden a crecer más rápidamente que las exportaciones. Las transferencias de capital (dividendos, beneficios repatriados, incluso intereses de la deuda externa), en fuerte crecimiento, se añaden a los déficits en la balanza comercial. La explotación de materias primas aparece entonces como una oportunidad por dos razones: permite disminuir las obligaciones externas tanto en el nivel de la balanza comercial como en el de las cuentas corrientes y proporciona ingresos fiscales adicionales. Estos financian –por lo general– una política social más audaz, sin necesidad de una reforma tributaria, siempre fuente de conflictos. Esto explica la gran dificultad para llevar adelante una política de desarrollo sostenible que proteja el medio ambiente y a las poblaciones que habitan en los territorios comprometidos en la explotación de materias primas. Esto se observa en países que registran una primarización agrícola y la expulsión de campesinos de sus tierras (Paraguay, Argentina, etc.). Es también el caso de Perú, Bolivia y Ecuador, particularmente afectados por la minería (al igual que Argentina). La primarización minera se realiza entonces a expensas de los derechos, hoy reconocidos, de las poblaciones que antes no se beneficiaban de ellos. De esta manera, entra en contradicción con los intentos de crear en los países con una gran población originaria un Estado plurinacional que reconozca precisamente estos derechos (en Bolivia y Ecuador).

Este argumento, de una lógica en apariencia irrefutable, enmascara de hecho varios puntos importantes: un Estado plurinacional plantea la cuestión de los territorios específicos y de las relaciones entre ellos. Estas relaciones se emparentan con un colonialismo –e incluso con un imperialismo– interno.

El respeto a los derechos de las poblaciones originarias, u otros modos de concebir la economía, que opongan el «buen vivir» a la mercantilización a ultranza de las sociedades y los seres humanos12 son rechazados, después de prometidos, en nombre de las necesidades económicas. Pero, si bien este otro tipo de desarrollo es una utopía, se trata de una «utopía movilizadora», como lo revela la resistencia cada vez más fuerte de las poblaciones «sacrificadas» por la primarización de las economías. Y, parafraseando a Antonio Gramsci, podemos decir que el desarrollo a la antigua no puede perdurar, pero aunque otro desarrollo no haya nacido aún, se lo adivina en las numerosas luchas contra los efectos de la reprimarización sobre el modo de vida y la salud de las poblaciones locales.El reconocimiento de los derechos se traduce en el reconocimiento de las distintas naciones dentro de una misma nación. Es en estos territorios donde entonces se pueden ejercer. Este enfoque no está exento de varias preguntas: ¿dónde culminan las fronteras internas, aquellas de los derechos de las poblaciones locales?, ¿dónde comienzan las de los derechos del conjunto de la población?, ¿cómo puede expresarse la solidaridad que funda el modo de vida común sin correr el riesgo de que se produzca una separación y la constitución de varios Estados, de que las naciones ricas recurran a la independencia en detrimento de las naciones pobres? El fracaso relativo de los intentos de pensar de otra manera el desarrollo se torna evidente en Bolivia y, sobre todo, en Ecuador.

Naciones en el seno de una nación. A las poblaciones indígenas, así como a los esclavos negros «importados» de África, no se les reconocían plenos derechos ciudadanos; estos estaban reservados a las poblaciones que emigraron de Europa. A los negros que huían de la esclavitud, pero sobre todo a los indígenas, naciones por excelencia, se les negaba su existencia nacional, ya que no tenían derechos reconocidos por los colonos. En Brasil, por ejemplo, los esclavos negros que lograron escapar formaron comunidades rebeldes (quilombos) muy extensas. El más famoso fue el quilombo de Palmares, que agrupaba varios pueblos. Este quilombo tenía un gobierno centralizado y su área se aproximaba a la de Portugal. Llegó a albergar a 30.000 personas, la mayoría esclavos fugitivos (esclavos marrones), indígenas y algunos portugueses que escapaban del servicio militar forzado. Es por ello que se considera que estos quilombos constituían verdaderas naciones. Hoy en día existen entre 3.500 y 5.000 quilombos, y aproximadamente dos millones de descendientes de esclavos marrones que residen allí. Se enfrentan a los grandes terratenientes, deseosos de recuperar «sus» tierras para utilizarlas en la producción de soja, azúcar o maíz, a pesar de que la Constitución de 1988 les reconoce los derechos territoriales sobre ellas.

Relaciones de producción específicas e informalidad. La originalidad de los modos de desarrollo en América Latina reposa sobre las articulaciones de las relaciones de producción específicas y variables según los países, sus historias, las modalidades de sus conquistas. En general, la colonización llevó a desestructurar las viejas relaciones de producción y a adaptarlas primero a las necesidades de la economía de saqueo, luego de la economía de exportación. Esa es la razón por la cual aparecen formas específicas de aparcería, de salarización caracterizada como incompleta o limitada13.En el pasado, la informalidad reflejaba en general una articulación de los modos de producción antiguos y modernos. Las relaciones entre los trabajadores y los empresarios eran más o menos personales, como se ha observado en Latinoamérica, con lo que se ha convenido en denominar «autoritarismo-paternalismo». Hoy en día, el aspecto paternalista tiende a desaparecer, incluso en las pequeñas unidades de producción, y la informalidad se explica principalmente por el rechazo del impuesto y las contribuciones sociales, el pago de salarios bajos y el mantenimiento de condiciones de empleo precarias.

Plurinacionalidad y desarrollo

La tierra no es plana. La globalización del comercio no se produce de manera lineal, por simple extensión de los intercambios nacionales. La economía mundial se compone de conjuntos desiguales que mantienen entre ellos relaciones de dominante-dominado. Los intercambios se realizan entre conjuntos cuyos niveles de monetización, de generalización de mercancías, de protección laboral y del medio ambiente, de salarios y de productividad son diferentes. Estas diferencias, pequeñas entre los países desarrollados, son más o menos importantes entre los países desarrollados y los países en desarrollo y explican la posibilidad del imperialismo de los dominantes sobre los dominados.

No obstante, no todo reposa sobre lo mercantil. No hay una generalización total de la mercancía: si bien está más o menos extendida –y se distingue del bien producido por su valor de uso en la exclusión de su valor de cambio–, existen también relaciones no mercantiles fundadas en la solidaridad, en los servicios públicos. Estas relaciones se encuentran presentes tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Pueden adquirir un peso particular en tiempos de crisis (prácticas de trueque) o cuando los daños ambientales son significativos (energías renovables más costosas pero preferibles a las no renovables). La articulación entre lo mercantil y lo no mercantil tiene aspectos adicionales en los países en desarrollo, que se explican principalmente por las formas de dominación que han sufrido en el pasado. La violencia con que se efectúa la expansión de las relaciones mercantiles y capitalistas, en un espacio-tiempo extremadamente denso, da cuenta de las formas específicas de las relaciones de producción. Son también las modalidades de dicha expansión las que explican su desarrollo desigual y combinado, una de cuyas manifestaciones es la importancia de los empleos informales, sean estos «por cuenta propia» o asalariados.

Sería reduccionista analizar estas relaciones limitándose a los efectos de dominación de las naciones avanzadas sobre las naciones en desarrollo. No se trata de relaciones entre naciones, sino entre Estados-nación. Esta distinción es importante porque en lugar de considerar solo los países como «puntos sin grosor», pone en juego a las clases sociales. La dominación de un país sobre otro se traduce en las clases sociales. También podemos comprender, por extensión, que el razonamiento seguido hasta ahora es aplicable dentro de una nación. Las relaciones de dominación tienen lugar entre territorios con niveles de desarrollo diferentes. En ciertos territorios dominan las relaciones capitalistas de producción; en otros, la mercantilización no es completa y las relaciones de producción llevan la marca de las antiguas prácticas. Esta dominación interna no es la simple reproducción de la dominación externa: lleva sus marcas, pero conserva ciertas características específicas. Cuando los territorios que conforman el Estado-nación se encuentran en niveles muy diferentes de desarrollo, cuando las poblaciones de un determinado territorio fueron privadas de sus derechos, entonces se puede hablar de colonialismo interno, incluso de imperialismo interno del Estado-nación sobre ese territorio.

Nos encontramos entonces frente a la situación analizada por Hannah Arendt: «a diferencia de la estructura económica, la estructura política no puede extenderse al infinito, ya que no se funda en la productividad del Hombre, que es ilimitada»; y agrega: «siempre que el Estado-nación se ha presentado como conquistador, ha hecho nacer una conciencia nacional y un deseo de soberanía en los pueblos conquistados»14. Esta es la razón por la cual las naciones indígenas, conquistadas y sometidas, han sido capaces de reivindicar sus derechos sobre sus territorios. Una vez reconocidos estos derechos, el Estado nacional se convierte en plurinacional. Sin embargo, las dificultades no se esfuman. Pues aunque el imperialismo interno explica la reivindicación de una nación específica dentro de la misma nación, ese imperialismo no desaparece. Además, la única salida es reforzar los poderes en el seno de las naciones ayer oprimidas, de manera que estos poderes puedan aparecer como la emanación de Estados. La dinámica del Estado plurinacional es entonces la de una federación de Estados cuyos programas políticos deben ser escritos.

Entonces, y solo entonces, será posible pensar otro tipo de desarrollo, que no se vea amenazado por las decisiones de un Estado central, aun cuando sean legitimadas por proyectos neodesarrollistas basados en políticas sociales más ambiciosas.

  • 1. Sobre el desarrollo sostenible, v. por ejemplo Maria Augusta Bursztyn y Marcel Bursztyn: Fundamentos de politica e gestão ambiental, caminho para a sustentabilidade, Garamond, Río de Janeiro, 2013. Quiero agradecer aquí a M. Bursztyn por sus comentarios.
  • 2. Esa trampa se presenta cuando un país de ingreso medio es incapaz de dar el salto para convertirse en una nación de ingreso alto.
  • 3. Trabajadores migrantes, campesinos que abandonan el campo para trabajar en zonas urbanas. [N. del T.]
  • 4. M. Svampa : «‘Consenso de los Commodities’ y lenguajes de valoración en América Latina» en Nueva Sociedad No 244, 3-4/2013, pp. 30-46, disponible en www.nuso.org/upload/articulos/3926_1.pdf.
  • 5. Marielle del Valle: «Ingresos fiscales por explotación de recursos mineros e hidrocarburos en Perú», Resumen de Políticas idb-pb-197, bid, septiembre de 2013, disponible en http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=38065093.
  • 6. Ibíd.
  • 7. P. Salama: Les économies émergentes latino-américaines, entre cigales et fourmis, Armand Colin, París, 2012.
  • 8. Cepal: Panorama social de América Latina 2013, onu, Santiago de Chile, 2013 y Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2013, onu, Santiago de Chile, 2013.
  • 9. Extractivismo, despojo y crisis climática, Herramienta, Buenos Aires, 2013.
  • 10. Ibíd.
  • 11. Juan Luis Berterretche: «El enclave sojero de Sudamérica» en Millones contra Monsanto, 15/10/2013, http://millonescontramonsanto.org/el-enclave-sojero-de-sudamerica/.
  • 12. V. Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo: Más allá del desarrollo, Fundación Rosa Luxemburg / Abya Yala, Quito, 2011, disponible en http://rio20.net/wp-content/uploads/2012/07/mas-alla-del-desarrollo_30.pdf; en particular, los artículos de Eduardo Gudynas, Alberto Acosta, M. Svampa, Edgardo Lander y Raúl Prada.
  • 13. Gilberto Mathias: «Etat et salarisation restreinte» en Revue Tiers Monde No 110, 1987, pp. 333-346.
  • 14. H. Arendt: Les origines du totalitarisme, Gallimard, París, 2002, pp. 373-374. [Hay edición en español: Los orígenes del totalitarismo, Taurus, Madrid, 1974].