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Entre los valores y los intereses. Las relaciones entre América Latina y la Unión Europea tras el golpe en Honduras

El golpe de Estado en Honduras plantea un desafío para los actores extrarregionales como la Unión Europea. Aunque la UE condenó rápidamente la asonada militar y dispuso sanciones al gobierno de facto, demostrando la veloz reacción comunitaria en materia de política exterior, con el paso del tiempo comenzaron a registrarse algunas ambigüedades, motivadas por el cálculo geopolítico y el temor a la influencia de Hugo Chávez. A partir del caso Honduras, el artículo analiza las relaciones entre la UE y América Latina, en particular la tensión entre valores e intereses, y plantea posibles vías para profundizar los vínculos.

Entre los valores y los intereses. Las relaciones entre América Latina y la Unión Europea tras el golpe en Honduras

La crisis de Honduras: un caso de prueba para las relaciones birregionales

El derrocamiento del presidente Manuel Zelaya en junio de 2009, mediante lo que solo puede ser calificado inequívocamente como un golpe de Estado, plantea un desafío para los actores extrarregionales como la Unión Europea, y ha puesto en cuestión el apego a los valores democráticos de instancias regionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) o el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y su capacidad real para defenderlos. En la ambigüedad calculada de alguno de sus miembros, que ambas organizaciones no dejaron de traslucir, más que la defensa de los principios democráticos lo que parece haber primado es el cálculo geopolítico y el temor al ascenso de Hugo Chávez y la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), lo que a la postre ha sido funcional a la estrategia de los golpistas hondureños. El golpe también puso a prueba los liderazgos regionales, tanto el de una Venezuela que sale debilitada como el de Brasil, cuya influencia regional parece no extenderse más allá del «tapón» del Darién, y en todo caso diluirse tan pronto aparece en escena Estados Unidos. Significó, también, la primera prueba para el gobierno de Barack Obama: por un lado, se vio forzado a implicarse en una crisis que se percibió como una molesta distracción respecto a otras agendas más perentorias, dentro y fuera de EEUU. Y, por otro, tuvo que maniobrar entre la rigidez de la oligarquía local y las expectativas, quizás tan elevadas como ilusorias, generadas tras su asunción como presidente de EEUU. Finalmente, el golpe en Honduras reclamó la atención de la UE y puso a prueba su capacidad de interlocución e influencia externa, en el contexto de una «asociación estratégica» que cumplía el décimo aniversario de la Cumbre de Río con la que en 1999 se quiso llevar esas relaciones al máximo nivel.

En una primera lectura, la respuesta de la UE a la crisis ha sido la que cabía esperar en términos de valores, objetivos y medios. El 1 de julio de 2009, apenas tres días después del golpe, la UE decidió suspender las negociaciones del «Acuerdo de Asociación» y anunció la cancelación de la VII Ronda, prevista para julio de ese año. El 20 de julio, al constatarse el fracaso de las gestiones del presidente de Costa Rica, Oscar Arias, la Comisión Europea congeló el desembolso de 65 millones de euros en concepto de apoyo presupuestario a Honduras. Los Estados miembros también restringieron sus contactos políticos y diplomáticos con el gobierno de facto y, a través de una declaración de la Presidencia de la UE del 24 de julio, anunciaron la suspensión de la ayuda bilateral, salvo la de carácter humanitario y a través de la sociedad civil. En las Conclusiones del Consejo de la UE del 15 de septiembre se reiteraban esas medidas y se planteaba la posibilidad de adoptar sanciones adicionales –dentro del tipo denominado smart sanctions– dirigidas específicamente a los miembros del gobierno hondureño.

En ese proceso, la política exterior y de seguridad común ha mostrado, una vez más, que su maquinaria está a punto y la UE respondió con prontitud, en consulta y diálogo con los socios latinoamericanos –si bien, una vez más, al descolgar el teléfono que la UE ya tiene instalado en Bruselas, no estaba muy claro a quién llamar en la región. ¿A la OEA? ¿Al Grupo de Río? ¿A Brasil? ¿Al SICA?–. La UE también ha sido capaz de acompañar la acción diplomática con medidas concretas dentro de los medios de acción previstos en la política exterior y de seguridad común. Al optar por un enfoque gradualista, la UE se reservaba cierto margen de acción para ir endureciendo su posición con nuevas sanciones –por ejemplo, el congelamiento de cuentas, restricciones de acceso y otras medidas individuales contra los golpistas o incluso la suspensión de las preferencias aduaneras del «SGP-plus» en materia de comercio–, en caso de que la situación se deteriorara y aumentaran las violaciones a los derechos humanos. En conjunto, se puede afirmar que ha existido cierta coherencia entre el compromiso con los principios y valores que conforman la identidad internacional de la UE como «actor normativo» y los medios de acción disponibles.

Sin embargo, al igual que en América Latina, la ambivalencia de algunos Estados miembros hacia una crisis en la que los principios colisionaban con los intereses y el pragmatismo fue evidente, tanto en su actuación bilateral como en las instituciones comunitarias. Hubo un debate interno en el seno de la UE donde se puso de manifiesto que algunos actores se dejaron envolver –en algunos casos, con cierto entusiasmo– en el galimatías jurídico con el que los golpistas pretendían cubrir su posición. En ciertos sectores se impuso una doctrina del «mal menor», que justificaba el golpe en nombre de la «amenaza chavista». Por su parte, ya en julio, 90 eurodiputados progresistas exigieron a la UE mayor contundencia. Algunas redes de ONG europeas y latinoamericanas, al tiempo que aplaudían las sanciones, criticaron el papel «ambiguo y contradictorio», sobre todo en un periodo en el que la UE estaba implicada en la negociación de distintos Acuerdos de Asociación con países y grupos de la región, que incluyen tres grandes capítulos: diálogo político fundamentado en la democracia, cooperación para el desarrollo y libre comercio.

A la postre, la ambivalencia de muchos actores externos se reflejó en distintas propuestas de salida de la crisis, que coincidían en un retorno de Zelaya a la Presidencia –imprescindible por cuestiones de principio y de «higiene democrática», pero también para «salvar la cara»–, aunque en condiciones que le impidieran seguir adelante con su programa político1. Esa política de «nadar y guardar la ropa» puede ser comprensible, pues Zelaya no era sino un líder oportunista surgido de las mismas filas de la oligarquía que ahora se volvía contra él, pero también comportaba altos costos. Al final, el incumplimiento de los acuerdos arbitrados en octubre de 2009 por el responsable de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Thomas Shannon, sin que Zelaya fuera restituido en el poder, dejó en evidencia la posición de los actores externos, más preocupados por una pronta «normalización» –e, indirectamente, por la neutralización de Zelaya– que por enfrentar al golpismo. Entre los intereses en juego, en Centroamérica y en la UE, se encontraría la intención de retomar lo antes posible las negociaciones para el Acuerdo de Asociación, de forma que pudiera firmarse en el primer semestre de 2010, durante la presidencia española de la UE.

  • 1. Salvando las distancias, la intervención externa que restituyó a Jean-Bertrand Aristide en la Presidencia de Haití en 1994 funcionaba como precedente: se revirtió el golpe militar pero se descontó el periodo de gobierno de facto del que correspondía al presidente legítimo, con lo que este ya solo pudo ejercer unas pocas semanas. Ello invalidó el mandato popular y neutralizó su programa de gobierno, que eeuu rechazaba.