Tema central

Entre la marginación y la recomposición

Los sindicatos mexicanos ocupan un lugar marginal como actores políticos y sociales. Esto es consecuencia de los cambios económicos generados por las políticas de liberalización y apertura y de las prácticas internas antidemocráticas, la falta de autonomía y la sumisión frente al Estado. A pesar de este panorama sombrío, últimamente han aparecido casos que demuestran la capacidad de acción de las organizaciones sindicales, como el conflicto en el estado de Oaxaca, la disputa por la deposición de Napoleón Gómez Urrutia y el enfrentamiento con la empresa Euzkadi. Para recuperar el protagonismo, los sindicatos mexicanos deberían reformular sus prácticas, ponerlas en línea con el proceso de democratización iniciado en el país y explorar formas de cooperación con las federaciones sindicales regionales e internacionales.

Entre la marginación y la recomposición

Los sindicatos en México se encuentran en un momento crítico y decisivo. Por un lado, han sido desplazados a un rol marginal como actores políticos y organizaciones sociales. Por otro, surgen en ellos sectores que exigen formas de relaciones laborales nuevas y progresistas y que parecen capaces de imprimirle una nueva orientación al sindicalismo.

El movimiento sindical mexicano es muy débil. En 2005, solo 10,17% de la población económicamente activa estaba organizada sindicalmente, lo que implica que en los últimos 25 años los sindicatos mexicanos han perdido a más de la mitad de sus afiliados. Las cifras del sector industrial son especialmente alarmantes: el porcentaje de trabajadores sindicalizados pasó de 22% en 1992 a 11,6% en 2002. En general, la influencia política de las organizaciones de trabajadores mexicanos es mínima y su poder de negociación muy limitado. Según varias encuestas, alrededor de 70% de los ciudadanos no tiene confianza en los sindicatos: solo la policía y los partidos políticos muestran peores resultados.

Sin embargo, al mismo tiempo algunos sectores del movimiento sindical se encuentran en un proceso de recomposición que muestra una nueva dinámica y nuevas posibilidades de influencia. Los conflictos generados en el estado de Oaxaca, la disputa en la empresa Euzkadi y el caso del líder sindical Napoleón Gómez Urrutia revelan una reorientación de algunos sectores del movimiento sindical: en el primer caso, la demanda apuntó al fin de los contratos laborales temporales y a un aumento salarial según el costo de la vida en Oaxaca; en el segundo, se trató de la defensa de los contratos colectivos y la resistencia contra la política del despido y el cierre de fábricas; y en el tercero, el conflicto giró alrededor de la autonomía sindical.

El conflicto en Oaxaca, que se inició en mayo de 2006 y se mantiene hasta hoy, fue desencadenado por la demanda del sindicato local de maestros, que exigía regularizar los contratos laborales temporales y aumentar los sueldos según el verdadero costo de vida en el estado, un destino turístico con precios elevados. El segundo caso es el de la demanda del sindicato de la empresa llantera Euzkadi, que pertenecía al consorcio alemán Continental, que reabrió la planta cerrada desde diciembre de 2001 sin el aviso que, por ley, debía dar a los trabajadores. Este caso refleja la lucha por contratos colectivos y condiciones laborales contra una empresa multinacional. Finalmente, la deposición oficial de Napoleón Gómez Urrutia como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (STMMRM) por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social desató una campaña conjunta de distintas federaciones que rechazaban la intervención del Estado en asuntos internos de los sindicatos. Esta alianza, sin embargo, se disolvió debido a desacuerdos políticos en ocasión de las elecciones presidenciales de 2006.Aunque diferentes, los tres conflictos señalados coinciden en la búsqueda de mejores condiciones laborales y de vida y en el reclamo de que se respeten los derechos fundamentales de los trabajadores. Este artículo analiza el papel y el posicionamiento de los sindicatos mexicanos y cómo éstos se involucran, por un lado, en el proceso de democratización que atraviesa México y, por otro, en el contexto regional.

Contexto político y económico

Las elecciones de 2006 y el conflicto en el estado de Oaxaca generaron la mayor crisis social y política de México desde la instalación de la democracia. Desde un punto de vista político y socioeconómico, el país se divide entre un norte conservador, relativamente rico, y un sur más pobre. Tanto en el ámbito nacional como en el estadual las prácticas del viejo sistema autoritario-corporativista conviven con nuevas políticas y estructuras democráticas. La confrontación en Oaxaca –estado ubicado en el sudeste del país– entre el sindicato del magisterio y los movimientos sociales por un lado, y el gobernador por el otro, ilustra los desequilibrios de la consolidación democrática. Así, mientras el país vivió una elección presidencial muy disputada, en la cual se enfrentaron diferentes modelos de desarrollo, los maestros y las organizaciones sociales de Oaxaca trataron de poner fin al gobierno corrupto de Ulises Ruiz mediante huelgas y manifestaciones. Como en otros casos, el gobierno federal inicialmente descuidó el problema, considerándolo un asunto local. La tardía y desproporcionada intervención de las fuerzas de seguridad y el arresto de más de cien activistas no contribuyeron a la pacificación. Finalmente, el sindicato local de maestros obtuvo la promesa de aumentos salariales y otras conquistas, pero muy poco de este acuerdo se ha hecho realidad. Ya se hace sentir otra vez la radicalización del sindicato y de los movimientos sociales. El ejemplo de Oaxaca demostró cómo, en casos aislados, algunos sindicatos locales luchan para mejorar las condiciones laborales enfrentando las prácticas políticas antidemocráticas. Pero incluso estos casos deben ser analizados con detalle. En el conflicto de Oaxaca, el poderoso gremio nacional de los maestros, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación (SNTE), con casi un millón y medio de afiliados –lo que lo convierte en el sindicato más grande de América Latina–, no se solidarizó con sus compañeros. Bajo la tutela de Elba Esther Gordillo, recientemente designada presidenta vitalicia, la conducción nacional del sindicato aprovechó la fuerza de los disidentes para insinuar un carácter plural y democrático, pero en realidad esto es solo una fachada. En la Ciudad de México, el SNTE ha demostrado cercanía con el gobierno federal en el afán de preservar ciertos mecanismos de control.

Luego de las primeras elecciones democráticas, en 2000, los mexicanos depositaron mucha expectativa en Vicente Fox, el primer presidente de la era post-PRI. Sin embargo, su gobierno no produjo los anhelados cambios en la sociedad y los avances esperados en la consolidación de la democracia. La agenda de reformas no se pudo realizar debido a la ausencia de consenso político y a la falta de habilidad del presidente para negociar los puntos más sensibles. Por eso, la consolidación democrática de las instituciones todavía tiene un largo camino por recorrer. Junto con una reforma constitucional, financiera y de la justicia, es necesario implementar una política económica, social y laboral más equilibrada y justa. A pesar de que el país cuenta con un ingreso per cápita alto para el promedio latinoamericano, cerca de 40% de la población mexicana dispone de menos de dos dólares por día para sobrevivir. Al mismo tiempo, las diferencias socioeconómicas entre el norte y el sur se reflejan en la distribución desigual del ingreso. El subempleo y el sector informal representan más de la mitad del mercado laboral. El poder adquisitivo de los salarios se ha reducido constantemente desde los 80: se estima que, entre 1993 y 2005, el salario mínimo real cayó 33,3%. Por su parte, el PIB creció en 2005 alrededor de 3%, lo que implica un punto menos que el promedio de América Latina, y entre tres y cinco puntos por debajo de las impresionantes tasas de crecimiento de países como Argentina, Venezuela, Uruguay o Chile.

Un crecimiento de 3% no alcanza para generar los puestos de trabajo para los 80 millones de trabajadores que México tendrá probablemente en 2010. Los expertos en economía y finanzas coinciden en que para ello se necesitaría un crecimiento sostenido superior a 5%. Sin embargo, en el futuro cercano no se vislumbran grandes fluctuaciones, ya que la integración mexicana en el espacio económico de América del Norte ha implicado una fuerte dependencia respecto de la economía estadounidense, que por el momento no muestra grandes oscilaciones. Esta dependencia se refleja en las exportaciones y en las fuentes de divisas. Después del petróleo, las remesas –es decir, los envíos de dinero de los migrantes mexicanos en Estados Unidos a sus familiares en México– constituyen la segunda fuente más importante de ingresos del país. El mayor riesgo para la economía mexicana es la salud de la economía estadounidense.

La intervención del Estado

El derecho laboral y la autonomía de los sindicatos siguen siendo temas pendientes de la consolidación democrática mexicana. La redefinición de las relaciones entre el Estado y la sociedad, al igual que la recuperación de la mayoría de los sindicatos como órganos representativos y defensores de los derechos de los trabajadores, es vital para la democracia mexicana. El caso de Napoleón Gómez Urrutia, «depuesto» de su cargo de secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros por la Secretaría del Trabajo en 2006, ilustra los retos que enfrenta México en materia de derecho laboral.

En febrero de 2006, 65 trabajadores murieron por la explosión de una mina en el estado de Coahuila. El motivo fue la falta de seguridad en la mina, privatizada a principios de los 90. Dos días antes del accidente, la Secretaría del Trabajo había recibido una carta firmada por un pequeño grupo de trabajadores en la que éstos exigían la deposición de Gómez Urrutia a causa de un desfalco de 55 millones de dólares. Este monto tendría su origen en un fideicomiso que la empresa Grupo México debía pagar a los trabajadores como indemnización a principios de los 90. La Secretaría aceptó la solicitud y designó, mediante el procedimiento denominado «toma de nota» (decreto), a Elías Morales Hernández, quien había sido expulsado del sindicato, en reemplazo de Gómez Urrutia. Desde entonces, Gómez Urrutia se encuentra prófugo, pero la mayoría de los trabajadores y los sindicalistas exigen su regreso.

Se mezclan aquí dos problemas. Por un lado, el escándalo de corrupción y, por otro, la intervención del gobierno en asuntos internos de los sindicatos. Los casos de corrupción no son raros en México, por lo que vale hacerse la pregunta: ¿por qué se escogió precisamente a Gómez Urrutia? El depuesto secretario se había convertido en un sindicalista incómodo para los empresarios por sus denuncias acerca de la fallas en la seguridad (si bien éstas fueron formuladas solo después del accidente). Gómez Urrutia llegó a acusar a los responsables de asesinato industrial. Luchó por mejores condiciones laborales y logró un aumento de sueldos de 8%; se opuso a la subcontratación y a una reforma del derecho laboral flexibilizadora. Además, mantuvo una posición independiente ante sus antiguos aliados en el órgano tradicional de coordinación, el Congreso del Trabajo (CT), en el que la Confederación de Trabajadores de México (CTM) ejerce mucha influencia. En 2005 y 2006, Gómez Urrutia había intentado sin éxito obtener la presidencia del CT, oponiéndose al presidente en funciones, el cuestionado secretario general del sindicato ferrocarrilero, Víctor Flores, cuya reelección recibió el apoyo de la CTM. Desde entonces, las federaciones corporativistas –aquellas que tradicionalmente representaban a los sindicatos controlados por el Estado– se encuentran enfrentadas a Gómez Urrutia. El esfuerzo conjunto de la Secretaría del Trabajo, las empresas y la CTM para desplazarlo de su puesto no debería sorprender.

El caso revela asimismo algunos puntos débiles de la consolidación democrática en México. El gobierno sigue interviniendo en la libertad y la autonomía sindicales, permitiendo que sus intereses políticos y económicos influyan en los asuntos internos de las organizaciones de trabajadores. La «toma de nota», el mecanismo utilizado para desplazar a Gómez Urrutia, podría interpretarse como un procedimiento administrativo, como el simple registro público de un sindicato. En realidad, se trata de una autorización gubernamental que, en la mayoría de los casos, constituye un proceso largo, burocrático y político, decidido por el gobierno del estado o el federal. Mientras que las empresas, por ejemplo, pueden registrar su organización en forma autónoma, solo con la participación obligada de un notario, los sindicatos dependen del Estado. En el fondo, como subraya el laborista Arturo Alcalde, «se trata a los trabajadores como menores de edad». Hasta ahora, la UNT es la única federación de sindicatos que se ha opuesto a este procedimiento.

La solución a estos puntos conflictivos no depende solo de las decisiones y de la actitud de las instituciones gubernamentales. Los propios sindicatos tienen que asumir un papel activo. La alianza entre sindicatos tradicionales e independientes –entre otros, CROC, UNT, CROM, COR y FSM– en el Frente Nacional por la Unidad y la Autonomía Sindical (FNUAS), surgido a raíz del caso Gómez Urrutia, revela la posibilidad de establecer alianzas en defensa de la autonomía sindical. Y aunque se disolvió después de las elecciones presidenciales de 2006 por razones políticas, sigue siendo un símbolo positivo: una protesta conjunta de federaciones que se oponen a una política gubernamental poco amigable hacia los trabajadores y que, mediante la movilización, denunciaron tanto las viejas prácticas corporativistas como la intervención del Estado.

Contratos colectivos de protección patronal

Las viejas prácticas del corporativismo sindical, como la ausencia de transparencia, la sumisión frente al Estado y el clientelismo, no han desaparecido, aunque perviven en un nuevo contexto político y con otros significados. No es nuestra intención analizar aquí la historia del corporativismo en México. Sin embargo, para entender el papel actual de los sindicatos mexicanos, es importante ver hasta qué punto la transición hacia la democracia y el fin del dominio del partido único han cambiado dicho sistema. La transformación tiene su origen en el modelo económico neoliberal instalado tras la crisis económica de 1982. La nueva política económica apostó a la reducción de los subsidios, la privatización de empresas públicas, el retraimiento del Estado y la liberalización del comercio. Esto rompió radicalmente con la política de integración y compromiso social tradicional. Entre los símbolos persistentes de esta ruptura podemos mencionar la abolición en 1992 de la inalienabilidad constitucional del ejido –las tierras del Estado federal trabajadas por los campesinos– y las políticas de liberalización del comercio y apertura externa que culminaron con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994.

Esta política generó consecuencias en el mercado laboral: se ajustó la producción en aras de la competitividad, los contratos colectivos se flexibilizaron y la posición de los sindicatos se debilitó. Desde entonces, el sector informal –y, consecuentemente, los puestos de trabajo precarios sin representación sindical– ha crecido vertiginosamente. El hecho de que las tradicionales federaciones sindicales corporativistas no hayan encontrado respuestas adecuadas a estos cambios revela su ineficacia para adaptarse a una economía crecientemente globalizada. Como apéndice del Estado, los sindicatos corporativistas funcionaron siempre como protectores del gobernante de turno, en lugar de actuar como defensores de los intereses auténticos de los trabajadores. Como señalamos, la ruptura del sistema de relaciones laborales se inició en los 80. Frente a estos cambios económicos de gran envergadura, las elecciones nacionales de 2000, que simbolizaron el fin del dominio del PRI, tuvieron un impacto casi insignificante. No obstante, el nuevo escenario político generado por los comicios presidenciales de 2000 había alentado esperanzas de que se produjeran avances en el ámbito de las relaciones laborales y en cuanto a la relación de la política con el mercado de trabajo, esperanzas que se nutrieron del cambio político general antes que de la oferta de los candidatos. Algunos pensaron que el panorama de posibles transformaciones democráticas incluiría también al sector sindical y la política laboral, que los cambios generarían una nueva relación entre el Estado y los sindicatos corporativistas que implicaría el fin de la sumisión política, y que también contribuirían a una verdadera reforma del derecho laboral que integrara las cuestiones de la transparencia y la autonomía sindical.

Sin embargo, hoy, en lugar de una relación independiente con el Estado, persiste la tradición de los sindicatos corporativistas con un papel sumiso, sobre todo en los casos del CT y la CTM. Y en vez de una cooperación entre las diferentes centrales sindicales, entre las federaciones corporativistas y las independientes, para enfrentar cuestiones como la reforma del derecho laboral y los impactos de las políticas económicas neoliberales en los trabajadores, el escenario aparece aún más fragmentado que antes de 2000.

Con poco menos de un millón de afiliados, la CTM sigue siendo la mayor federación sindical de México y la única que nuclea a trabajadores de todos los sectores económicos, sobre todo de la industria y la construcción. El número de sus miembros ha disminuido por diferentes motivos, entre ellos el hecho de que el sector industrial tradicional se ha contraído. Según datos de 2005, la mayor parte de la población trabaja en el sector de servicios (39%) y comercio (20%). Al tiempo que el número de contratos colectivos pactados por la CTM se redujo, el porcentaje de los firmados por los sindicatos independientes (en su mayoría afiliados a la UNT) y los sindicatos blancos o amarillos (sindicatos empresariales) se duplicó durante el gobierno de Vicente Fox, al pasar de 11% en 2000 a 22,6% en 2005.

A pesar de la reducción de afiliados y del número de contratos colectivos pactados por sus sindicatos, la CTM sigue mostrándose renuente a sacudirse la herencia corporativista y no se atreve a ingresar en la era democrática. Aunque dentro de la CTM existen diversas voces, su dirigencia prácticamente no se ha renovado, ni estructural ni temáticamente. En la era post-PRI, la CTM mantiene su estrecha asociación con ese partido. Tanto el actual secretario general, en funciones desde agosto de 2006, como su antecesor, han sido políticos del PRI que apoyaron oficialmente al candidato priísta en las elecciones de 2006. No obstante, para preservar los antiguos privilegios, la conducción de la CTM desarrolló una relación pragmática con el gobierno de Fox y ahora con el de Felipe Calderón. Como ejemplo, podemos mencionar que la CTM apoyó la propuesta para la reforma del derecho laboral elaborada por la Secretaría del Trabajo y las federaciones patronales durante la presidencia de Fox. Con esta posición, la organización se ubicó ideológicamente cerca de los sindicatos de Monterrey, es decir, los sindicatos blancos, dependientes de los empresarios, que tienen una presencia desproporcionada en ese estado.

El derecho laboral mexicano tiene sus orígenes en los años 30 del siglo XX. Desde entonces ha sido sometido varias veces a cambios menores, aunque no se ha adaptado a la realidad laboral de las dos últimas décadas. Fox sugirió su interés por flexibilizar la ley para crear un clima de inversiones atractivo, que en teoría favorecería a los trabajadores, aunque sin tomar en cuenta sus intereses en torno de nuevas posibilidades de participación y transparencia.

También entre los representantes obreros surgen muchas voces que proponen una reforma del derecho laboral, originadas sobre todo en el sector progresista del movimiento sindical. En efecto, los sindicatos «independientes», bajo el liderazgo de la UNT, intervienen de manera constructiva en el debate con propuestas de autonomía sindical, críticas a la intromisión del Estado e iniciativas para generar más transparencia, por ejemplo a través del derecho de inspección de los contratos colectivos, la eliminación de la práctica actual de registro de los sindicatos ante la Secretaría del Trabajo y la independencia de las juntas de arbitraje.

A todo esto se suma la lucha por abolir los «contratos de protección», un vestigio del México antidemocrático. Muy usuales en los sindicatos corporativistas y blancos, son contratos colectivos simulados, pactados a puertas cerradas entre un patrón, un seudodirigente sindical y un abogado laboralista. Sirven exclusivamente a los intereses del patrón ya que, con el aval de la Secretaría del Trabajo, evitan que un sindicato auténtico exija la representación de los derechos de los trabajadores. Muchas veces, los trabajadores ni siquiera saben que disponen de un contrato colectivo. En cierta forma, estos contratos reflejan una cultura muy presente en la actualidad, en la cual el secretario general o «líder» del sindicato juega un papel central, mientras que los trabajadores asumen sus decisiones sin mayores críticas. Aunque no existe un tipo único de contrato de protección, todos comparten tres características: se firman entre representantes sindicales y patronales sin que la mayoría de los trabajadores intervenga; son suscriptos por sindicatos no elegidos democráticamente y se administran y revisan sin consultar a los trabajadores. Para constituir «contratos de protección» no tienen que cumplir necesariamente con las tres características, pero en todos los casos revelan la falta de libertad y autonomía sindicales, las prácticas internas sindicales antidemocráticas y la ausencia de una conciencia de responsabilidad social por parte de las empresas. Hoy, en México, estos contratos representan cerca de 80% de la totalidad de los contratos colectivos.

A pesar de que constituye un obstáculo en el camino de la consolidación democrática del país y de sus instituciones, el problema de los «contratos de protección» casi no se menciona en el debate político. La voz política de la federación sindical independiente, la UNT, tiene un alcance limitado, ya que sus afiliados pertenecen casi exclusivamente al sector de servicios. Y es sobre todo en el sector industrial y de la maquila, informal o dominado por los sindicatos corporativistas, donde persisten estos «contratos de protección». Por ello, es importante que confederaciones internacionales como la ORIT y algunas Global Union Federations (GUF), junto con organizaciones nacionales como CROC, el Centro Nacional de Promoción Social (Cenpros) y otras, denuncien públicamente los «contratos de protección» y su papel dañino para los trabajadores.

Esto es doblemente válido para las trabajadoras. Afectadas por la misma problemática, deberían tener un interés especial en la cooperación interinstitucional. Como se sabe, las mujeres generalmente ganan menos que los hombres por el mismo trabajo. Además, tienen mayor presencia en ciertos sectores industriales (como la maquila o el trabajo en casa) en los cuales casi no existe representación sindical. Los sindicatos no logran atraer a las mujeres porque no suelen abordar sus intereses específicos, como la remuneración desigual, la discriminación sexual y la compatibilidad entre la profesión y la familia. Aunque en casi todas las organizaciones existen comités y programas de capacitación para mujeres, que son importantes porque brindan un espacio de reflexión para sus intereses específicos, en general las trabajadoras carecen de oportunidades de alcanzar posiciones de liderazgo en estructuras dominadas por hombres. Si los sindicatos logran convertirse en grupos de interés más auténticos, enfocados en los asuntos de las trabajadoras, podrán atraer a nuevas afiliadas que trabajan en sectores estratégicos y, además, ganar una mayor legitimidad e influencia política.

La doble identidad regional de México

La ubicación geográfica otorga a México, y a sus actores sociales, un papel particular en América, ya que es el único país con una doble identidad regional. Es, por un lado, un país norteamericano, asociado económicamente a EEUU y Canadá. Y, por otro lado, es por su idioma, cultura e historia, un país latinoamericano. La mayor parte de los mexicanos (72%) sigue sintiéndose más bien latinoamericana, aunque la mayoría se muestra convencida de que la frontera con EEUU tiene más ventajas que desventajas para su país. La opinión acerca del vecino del norte es más positiva en México que en cualquier otro país del continente.

Desde 1994, los gobiernos mexicanos han apostado al libre comercio y han convertido al país en el aliado más importante de EEUU en el continente. El TLCAN sólo marcó el inicio. Desde entonces, México ha negociado 12 tratados de libre comercio con más de 40 países, entre ellos Japón, Israel y la mayoría de los países centroamericanos, y con la Unión Europea. Esta estrategia económica explica que México sea también el país latinoamericano que recibe más inversión externa y el que cuenta con la mayor cantidad de filiales de empresas extranjeras en su territorio.

Pero hasta ahora la política de apertura progresiva a través de tratados comerciales no ha generado los resultados esperados. El objetivo de los múltiples tratados de libre comercio era, entre otras cosas, reducir la dependencia de México respecto de la economía estadounidense. Sin embargo, aproximadamente 85% de las exportaciones mexicanas se dirige a EEUU, no se crearon los puestos de trabajo deseados y se mantiene la tendencia a la precarización de las condiciones laborales. En ese sentido, es interesante observar que, en los últimos años, se ha incrementado el intercambio con un país con el cual México ni siquiera pactó un acuerdo comercial: China. En efecto, las importaciones chinas ocupan el segundo lugar (7,3% del total en 2005) del total de importaciones mexicanas.

Los sindicatos apoyaron el TLCAN debido a su condición de organizaciones corporativistas controladas por el Estado. Pero fue el rechazo al tratado lo que contribuyó a unir como nunca antes a las federaciones independientes y las ONG a ambos lados de la frontera. Es que, a pesar de que la situación laboral es muy diferente en México, EEUU y Canadá, lo cierto es que existen cuatro puntos comunes a los tres países: la adaptación de las condiciones laborales al mayor estándar; el cumplimiento de los derechos laborales universales; la consolidación y la ampliación de organizaciones auténticas de los trabajadores y las estrategias para enfrentar a las empresas transnacionales. En ese sentido, los sindicatos deberían exigir con más fuerza un marco normativo común para los derechos laborales, además de la firma y ratificación de las convenciones más importantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). México, por ejemplo, aún no suscribió la convención 98 que establece el derecho a la organización sindical y a las negociaciones colectivas. La reforma del derecho laboral y la autonomía y la democracia sindical, temas ya mencionados en este artículo, son una condición previa para que en México se puedan resolver estas cuestiones.

México, EEUU y Canadá comparten la mayor zona de libre comercio del mundo, pero una larga frontera separa a los dos primeros. Pese a la creciente cercanía, el espacio económico norteamericano presenta una distancia política irritante. América del Norte no dispone de instituciones comunes como la UE y carece de una política de integración. Aun así, la integración social ha progresado mucho, pues más de 20 millones de «mexicanos» viven hoy del otro lado de la frontera, como ciudadanos estadounidenses, como residentes legales o como inmigrantes indocumentados. Solo entre 2000 y 2004 emigraron a EEUU 1,6 millones de mexicanos. Debido a la afiliación de «residentes» mexicanos a los sindicatos estadounidenses, la Federación Americana del Trabajo y el Congreso de Organizaciones de la Industria (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) probablemente sea la federación sindical mexicana más grande, mientras que los teamsters (camioneros) constituyen en verdad el mayor sindicato mexicano. La identidad latinoamericana de México tiene sus raíces en la historia, en el pasado colonial común, en la cultura y en el idioma. América Latina, sin embargo, representa un porcentaje mínimo (2,2%) del total de las exportaciones mexicanas, y los tratados de libre comercio con esta región tienen un carácter más bien simbólico. México no ha construido relaciones estratégicas políticamente sólidas con los países latinoamericanos, y los gobiernos del sur tampoco han mostrado mucho interés en que México refuerce su presencia en la región. Muchos están convencidos de que México pertenece, política y económicamente, al Norte. Pero es una visión miope ya que, sobre todo en la política de desarrollo, social y del mercado de trabajo, existen demandas y problemas comunes.

El desafío de México pareciera consistir en lograr una mayor integración con el Norte, que no se limite a los mecanismos del mercado, y, al mismo tiempo, generar una mayor articulación y una agenda común con el Sur. En tanto actores políticos, los sindicatos mexicanos tienen un papel central en el diseño de esta estrategia. Ellos deberían tratar de introducir las cuestiones sociales y del mercado de trabajo en el debate acerca de la política exterior mexicana frente al Norte y elaborar una agenda de trabajo concreta con sus colegas canadienses y estadounidenses. Al mismo tiempo, los trabajadores mexicanos comparten los problemas y los retos de la globalización con sus pares del Sur. Al igual que otros latinoamericanos, han sufrido los programas de ajuste estructural y las políticas de flexibilización, y hoy enfrentan el crecimiento del sector informal, la feminización del trabajo y el impacto de la liberalización del comercio. Los trabajadores mexicanos saben que los problemas de desarrollo no se pueden resolver con tratados de libre comercio. Por eso, en la nueva confederación regional que está intentando constituirse, la experiencia de México como país latinoamericano en América del Norte, como elemento de enlace, no debería estar ausente.

Conclusión

Las discusiones acerca de la intervención del Estado en asuntos sindicales internos y la reforma laboral, así como las demandas por mejores condiciones de vida y de trabajo, demuestran la profunda división del sindicalismo mexicano. Prácticamente no existen acciones comunes para fortalecer la posición de los trabajadores. A pesar de ello, algunos episodios recientes, como la campaña contra los contratos colectivos de protección y la defensa del derecho a la autonomía sindical en el caso Gómez Urrutia, constituyen señales positivas de nuevas orientaciones.

Hasta ahora, el gobierno conservador de Felipe Calderón no ha mostrado interés en generar un debate sobre la renovación del modelo de relaciones laborales en México. Aunque Calderón se proclama «presidente del trabajo» y pretende crear muchos puestos de trabajo nuevos, sus políticas carecen de medidas adecuadas para crear trabajo a largo plazo y bien remunerado. La construcción de la gobernabilidad democrática requiere de la reforma en el ámbito laboral y de un cambio en su cultura y sus prácticas. Si no hay apoyo para los procesos democráticos en las empresas y para la ampliación de la autonomía sindical, el gobierno corre el riesgo de perder una oportunidad única para apuntalar la transparencia y las posibilidades de participación en los sindicatos, una forma de proteger a los más débiles sin afectar la productividad. Aunque algunos sindicatos vienen defendiendo estas banderas desde hace años, la mayoría deberá redefinir sus objetivos y sus costumbres, de manera de demostrar que no solo constituyen un actor social y político constructivo, que puede recuperar la influencia perdida, sino que además son capaces de actuar con mayor legitimidad y fuerza en los ámbitos regional e internacional.