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Entre la laxitud y la «emergencia». Los consensos multilaterales sobre cambio climático

El rumbo y las perspectivas hacia 2015 de las negociaciones multilaterales de un nuevo acuerdo mundial sobre cambio climático no son alentadores. Por el contrario, se está legitimando un escenario mundial con un nivel de emisiones de gases de efecto invernadero que indefectiblemente volvería inviable la adaptación de los ecosistemas y las sociedades humanas a los nuevos parámetros climáticos. Después de 20 años de negociaciones multilaterales, lo que se observa es un mayor nivel de inversiones en activos de combustibles fósiles, que en su conjunto mantienen reservas que triplican el límite máximo del presupuesto de carbono permisible para 2050.

Entre la laxitud y la «emergencia». Los consensos multilaterales sobre cambio climático

Desde la entrada en vigor de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en 1994, los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han participado sistemáticamente en negociaciones multilaterales. En ese contexto, y de manera paulatina, se fueron definiendo y adoptando las políticas y medidas que debían permitir abordar las causas y enfrentar los efectos e impactos del cambio climático, con el fin de que la adaptación de los ecosistemas y las sociedades humanas fuese posible. Para tal efecto, las negociaciones multilaterales debían regirse por el espíritu, los principios, los criterios y los compromisos estipulados en dicha Convención y guiarse por el mejor conocimiento científico disponible. El Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) ha sido el órgano científico acreditado para tal efecto y ha jugado un papel crucial, al dotar oportunamente al proceso multilateral de la información relevante requerida para la toma de decisiones sustentada.

No obstante, a lo largo de los 20 años del proceso multilateral, las estrategias de negociación del grupo de países desarrollados (según la terminología de la ONU) se han focalizado, por una parte, en minimizar, evadir y abandonar los compromisos derivados de la Convención; y por otra, en trasladarlos al grupo de países en desarrollo, o al menos redistribuirlos entre todas las partes. En la búsqueda de sus objetivos, los países desarrollados y sus aliados han manipulado y encarrilado el proceso multilateral a favor de los intereses de sectores y grupos de poder económico mundial, y de los intereses políticos de corte electoral de los gobiernos que los apadrinan. Lo anterior, en franca transgresión con los principios fundamentales de la Convención, particularmente con el principio de «responsabilidades comunes pero diferenciadas» (RCPD).

Empero, a pesar de la dinámica referida, el marco de la Convención constituyó el asidero legal que posibilitó a las partes que en su momento negociaron de buena fe contar con una referencia en materia de principios, criterios y estipulaciones, cuya aplicación, aunque compleja y limitada, permitió la generación de un cúmulo de propuestas de políticas y medidas para la mitigación1 y adaptación al cambio climático2.

Punto de inflexión hacia los negocios verdes

A lo largo de 2010 y 2011, el grupo de países en desarrollo se vio sometido a un proceso sistemático de presiones político-diplomáticas y económicas, incluyendo amenazas, remoción de funcionarios y negociadores, incentivos, compra de voluntades y sanciones por parte del grupo de países desarrollados, a fin de obtener el consenso necesario para que los objetivos de este último grupo y sus propuestas de negociación fuesen adoptados en la XVI Conferencia sobre Cambio Climático de Cancún en 2010. Paralelamente, durante el proceso preparatorio de la Conferencia Río+20 en 2012, los países desarrollados presionaron para que en esa reunión se adoptara un marco flexible de toma de decisiones de política, referido como «economía verde».

Algunas ONG del ámbito internacional plantean que, en el contexto de las multicrisis actuales, la economía verde es promovida por las grandes corporaciones y los gobiernos de los países hegemónicos para recuperar o aumentar sus tasas de ganancia, vía el control de los depósitos de biomasa terrestre y acuática3. Esto es posible mediante una nueva ofensiva privatizadora en todos los ámbitos de la vida y la naturaleza, expresada en la mercantilización de los ecosistemas, tierra, carbono, bosques, agua y atmósfera, entre otros.

La expectativa del grupo de países desarrollados y de sus aliados era que los acuerdos de Río+20 legitimaran y consolidaran una nueva ofensiva de apropiación y despojo de los territorios y recursos de los países en desarrollo, algo de lo cual ya se observan señales claras en el proceso multilateral sobre el cambio climático. El espíritu original de la Convención ha sido desnaturalizado paulatinamente, lo cual se expresa en el tipo de políticas y medidas prevalecientes, que se sustentan en mecanismos de compensación de las emisiones de los países desarrollados, mediante la compraventa de créditos de carbono en mercados internacionales. Tales mecanismos pretenden abordar un problema público de orden mundial con soluciones basadas en negocios privados, regidos por criterios de eficiencia económica y financiera de orden individual y sectorial.

Hasta la fecha, los países desarrollados no han mostrado voluntad política de reducir sus emisiones; más bien las han aumentado. A pesar de que el Protocolo de Kioto les facilitó el cumplimiento de sus metas cuantificadas de reducción de emisiones, mediante mecanismos de flexibilidad tales como mercados de carbono, opciones de mitigación forestales y varios periodos de compromiso negociables, el grado de cumplimiento actual es escaso y enfocado en medidas que no generan reducciones de emisiones reales ni permanentes, y que muy poco contribuyen a la sostenibilidad de los países en desarrollo. El régimen internacional actual en materia de cambio climático es, por ende, en gran medida inefectivo en términos de integridad ambiental, equidad social y justicia ambiental.

Las políticas y medidas implementadas no han sido efectivas para la mitigación del cambio climático ya que, aunque los créditos de carbono han aumentado, las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero también lo han hecho4. Lo cual se explica por el enfoque mercantilista adoptado, que ha relegado los criterios científicos en favor del criterio de eficiencia económica y financiera; de ello resultan medidas que incumplen los requisitos de permanencia, adicionalidad, mensurabilidad, verificabilidad y ausencia de fugas de emisiones, requeridos para la mitigación efectiva y real del cambio climático5. Tal es el caso de las medidas basadas en el uso de biocombustibles6 y de los esquemas de reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques tropicales en los países en desarrollo (REDD) y sus variantes REDD+7 y su variante REDD++8, las cuales, además de su inefectividad para la mitigación del cambio climático9, no se rigen por criterios de equidad social y están provocando restricciones en el acceso, el uso y la tenencia de la tierra y los territorios10, afectando o despojando de sus bienes naturales a comunidades rurales, forestales, a pueblos indígenas y a los mismos Estados nacionales. Los efectos adversos de las medidas de respuesta que se están adoptando en el proceso multilateral están aumentando la fragilidad y la desadaptación climática de las poblaciones humanas más vulnerables dentro de los países en desarrollo.

  • 1. Políticas y medidas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero por fuentes o sumideros.
  • 2. Políticas y medidas que habilitan a un sistema natural o sociedad humana para evolucionar y adaptarse a los cambios, mediante procesos de retroalimentación que aumentan su rango de tolerancia y su capacidad de reorganizarse sin colapsar.
  • 3. V., por ejemplo, etc-Group: «¿Quién controlará la economía verde?», etc-Group, 2011, www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/etc_wwctge_esp_v4Enero19small.pdf. En un futuro pospetrolero, se vislumbra que la producción industrial (de plásticos, sustancias químicas, combustibles, fármacos, energía, etc.) dejaría de depender de los combustibles fósiles para derivarse de materias primas biológicas transformadas mediante plataformas de alta tecnología basadas en la bioingeniería.
  • 4. Kevin Anderson: «Relying on Market-Based Instruments to Address Climate Change is Doomed to Failure and is a Dangerous Distraction», 13/8/2013 en http://kevinanderson.info/blog/why-carbon-prices-cant-deliver-the-2c-target/.
  • 5. Oscar Reyes: «Carbon Markets after Durban» en Ephemera vol. 12 No 1-2, 2012, pp. 19-32, disponible en www.ephemerajournal.org/contribution/carbon-markets-after-durban.
  • 6. Para 2006, 14 millones de hectáreas, 1% del total mundial de la tierra cultivable, fueron utilizadas para la producción de biocombustibles. La Agencia Internacional de Energía (aie) estima que, para 2030, entre 35 y 54 millones de hectáreas (entre 2,5% y 3,8% de toda la tierra cultivable) serán empleadas para esa producción. V. etc-Group: ob. cit.
  • 7. Incluye, además de redd, la conservación de bosques, el manejo forestal sostenible y el aumento de las reservas de carbono forestal.
  • 8. Incluye, además de redd+, el carbono de los ecosistemas marinos y costeros, y es referido como «carbono azul».
  • 9. Y. Aguilar: «¿Es todavía posible rectificar la incidencia negativa de redd+ en el rumbo actual de las negociaciones en curso? Una visión desde Centroamérica», 2013, www.ambienteycomercio.org/.
  • 10. V. redd-monitor, www.redd-monitor.org/ y Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, www.wrm.org.uy/.