Tema central

Entre la laxitud y la «emergencia». Los consensos multilaterales sobre cambio climático

El rumbo y las perspectivas hacia 2015 de las negociaciones multilaterales de un nuevo acuerdo mundial sobre cambio climático no son alentadores. Por el contrario, se está legitimando un escenario mundial con un nivel de emisiones de gases de efecto invernadero que indefectiblemente volvería inviable la adaptación de los ecosistemas y las sociedades humanas a los nuevos parámetros climáticos. Después de 20 años de negociaciones multilaterales, lo que se observa es un mayor nivel de inversiones en activos de combustibles fósiles, que en su conjunto mantienen reservas que triplican el límite máximo del presupuesto de carbono permisible para 2050.

Julio - Agosto 2014
Entre la laxitud y la «emergencia». Los consensos multilaterales sobre cambio climático

Desde la entrada en vigor de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en 1994, los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han participado sistemáticamente en negociaciones multilaterales. En ese contexto, y de manera paulatina, se fueron definiendo y adoptando las políticas y medidas que debían permitir abordar las causas y enfrentar los efectos e impactos del cambio climático, con el fin de que la adaptación de los ecosistemas y las sociedades humanas fuese posible. Para tal efecto, las negociaciones multilaterales debían regirse por el espíritu, los principios, los criterios y los compromisos estipulados en dicha Convención y guiarse por el mejor conocimiento científico disponible. El Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) ha sido el órgano científico acreditado para tal efecto y ha jugado un papel crucial, al dotar oportunamente al proceso multilateral de la información relevante requerida para la toma de decisiones sustentada.

No obstante, a lo largo de los 20 años del proceso multilateral, las estrategias de negociación del grupo de países desarrollados (según la terminología de la ONU) se han focalizado, por una parte, en minimizar, evadir y abandonar los compromisos derivados de la Convención; y por otra, en trasladarlos al grupo de países en desarrollo, o al menos redistribuirlos entre todas las partes. En la búsqueda de sus objetivos, los países desarrollados y sus aliados han manipulado y encarrilado el proceso multilateral a favor de los intereses de sectores y grupos de poder económico mundial, y de los intereses políticos de corte electoral de los gobiernos que los apadrinan. Lo anterior, en franca transgresión con los principios fundamentales de la Convención, particularmente con el principio de «responsabilidades comunes pero diferenciadas» (RCPD).

Empero, a pesar de la dinámica referida, el marco de la Convención constituyó el asidero legal que posibilitó a las partes que en su momento negociaron de buena fe contar con una referencia en materia de principios, criterios y estipulaciones, cuya aplicación, aunque compleja y limitada, permitió la generación de un cúmulo de propuestas de políticas y medidas para la mitigación1 y adaptación al cambio climático2.

Punto de inflexión hacia los negocios verdes

A lo largo de 2010 y 2011, el grupo de países en desarrollo se vio sometido a un proceso sistemático de presiones político-diplomáticas y económicas, incluyendo amenazas, remoción de funcionarios y negociadores, incentivos, compra de voluntades y sanciones por parte del grupo de países desarrollados, a fin de obtener el consenso necesario para que los objetivos de este último grupo y sus propuestas de negociación fuesen adoptados en la XVI Conferencia sobre Cambio Climático de Cancún en 2010. Paralelamente, durante el proceso preparatorio de la Conferencia Río+20 en 2012, los países desarrollados presionaron para que en esa reunión se adoptara un marco flexible de toma de decisiones de política, referido como «economía verde».

Algunas ONG del ámbito internacional plantean que, en el contexto de las multicrisis actuales, la economía verde es promovida por las grandes corporaciones y los gobiernos de los países hegemónicos para recuperar o aumentar sus tasas de ganancia, vía el control de los depósitos de biomasa terrestre y acuática3. Esto es posible mediante una nueva ofensiva privatizadora en todos los ámbitos de la vida y la naturaleza, expresada en la mercantilización de los ecosistemas, tierra, carbono, bosques, agua y atmósfera, entre otros.

La expectativa del grupo de países desarrollados y de sus aliados era que los acuerdos de Río+20 legitimaran y consolidaran una nueva ofensiva de apropiación y despojo de los territorios y recursos de los países en desarrollo, algo de lo cual ya se observan señales claras en el proceso multilateral sobre el cambio climático. El espíritu original de la Convención ha sido desnaturalizado paulatinamente, lo cual se expresa en el tipo de políticas y medidas prevalecientes, que se sustentan en mecanismos de compensación de las emisiones de los países desarrollados, mediante la compraventa de créditos de carbono en mercados internacionales. Tales mecanismos pretenden abordar un problema público de orden mundial con soluciones basadas en negocios privados, regidos por criterios de eficiencia económica y financiera de orden individual y sectorial.

Hasta la fecha, los países desarrollados no han mostrado voluntad política de reducir sus emisiones; más bien las han aumentado. A pesar de que el Protocolo de Kioto les facilitó el cumplimiento de sus metas cuantificadas de reducción de emisiones, mediante mecanismos de flexibilidad tales como mercados de carbono, opciones de mitigación forestales y varios periodos de compromiso negociables, el grado de cumplimiento actual es escaso y enfocado en medidas que no generan reducciones de emisiones reales ni permanentes, y que muy poco contribuyen a la sostenibilidad de los países en desarrollo. El régimen internacional actual en materia de cambio climático es, por ende, en gran medida inefectivo en términos de integridad ambiental, equidad social y justicia ambiental.

Las políticas y medidas implementadas no han sido efectivas para la mitigación del cambio climático ya que, aunque los créditos de carbono han aumentado, las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero también lo han hecho4. Lo cual se explica por el enfoque mercantilista adoptado, que ha relegado los criterios científicos en favor del criterio de eficiencia económica y financiera; de ello resultan medidas que incumplen los requisitos de permanencia, adicionalidad, mensurabilidad, verificabilidad y ausencia de fugas de emisiones, requeridos para la mitigación efectiva y real del cambio climático5. Tal es el caso de las medidas basadas en el uso de biocombustibles6 y de los esquemas de reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques tropicales en los países en desarrollo (REDD) y sus variantes REDD+7 y su variante REDD++8, las cuales, además de su inefectividad para la mitigación del cambio climático9, no se rigen por criterios de equidad social y están provocando restricciones en el acceso, el uso y la tenencia de la tierra y los territorios10, afectando o despojando de sus bienes naturales a comunidades rurales, forestales, a pueblos indígenas y a los mismos Estados nacionales. Los efectos adversos de las medidas de respuesta que se están adoptando en el proceso multilateral están aumentando la fragilidad y la desadaptación climática de las poblaciones humanas más vulnerables dentro de los países en desarrollo.

En los acuerdos y decisiones más recientes adoptados se han obviado los hallazgos científicos del IPCC, así como los principios, espíritu, criterios y estipulaciones relativas a los compromisos y obligaciones consignados en la Convención y Protocolo de Kioto para los países desarrollados. Los documentos preparatorios oficiales de las negociaciones que culminarán en 2015 reflejan la tendencia hacia una mayor flexibilización y laxitud del régimen multilateral en construcción respecto al actualmente vigente. El tenor de dichos documentos refleja un enfoque de la mitigación mundial desde abajo hacia arriba, expresado en contribuciones nacionales determinadas a escala nacional para la mitigación, aplicables a todos los países, frente a la asignación de compromisos diferenciados a partir de una meta agregada mundial de reducción de emisiones; el establecimiento de sistemas nacionales de monitoreo frente a un sistema internacional de monitoreo aplicable a todos los países desarrollados; y finalmente, el uso de mecanismos de mercado mediante sistemas nacionales y regionales de comercio de emisiones en el marco de la Convención, en detrimento de su espíritu original.

Todos los países desarrollados, incluyendo la Unión Europea y Estados Unidos, han promovido el enfoque flexible desde abajo hacia arriba para la mitigación mundial; sin embargo, mientras la posición de EEUU omite cualquier referencia a la meta mundial que, de acuerdo con la ciencia, evitaría que el aumento de la temperatura media mundial sobrepasara un rango de 1,5ºC a 2°C, la UE plantea establecer un proceso multilateral regular de evaluación y ajuste para que se alcance la meta de 2°C.

Desacumulación política consensuada

Según los documentos preparados siguiendo los lineamientos de la Ruta de Bali, el acuerdo central de Cancún debió haber sido la adopción por parte del grupo de países desarrollados de una meta de reducción de las emisiones ambiciosa, cuantificada y agregada a escala mundial, en el rango de 40%-50% en 2020 respecto al nivel de las emisiones de 1990. Asimismo, debió haberse adoptado una enmienda al Protocolo de Kioto para que estas reducciones fuesen convenios legalmente vinculantes bajo el segundo periodo de compromisos y subsiguientes de dicho Protocolo. Todo lo anterior, complementado con la adopción de acuerdos cuantificados de reducción de emisiones equiparables, comparables y verificables en el marco de la Convención por parte de EEUU.

Sin embargo, las decisiones adoptadas en el Acuerdo de Cancún (2010) y la Plataforma de Durban (2011) han significado un retraso de una década en el cumplimiento de los compromisos estipulados en la Convención, ya que la decisión más relevante fue dar inicio en 2012 a un proceso encaminado a desarrollar un protocolo, instrumento legal o resultado acordado con fuerza legal en el marco de la Convención, aplicable a todas las partes, a negociarse en 2015 y con vigencia a partir de 202011. Posteriormente, en Doha (2012), se adoptó el segundo periodo de compromisos del Protocolo de Kioto para 2012-2020, a la medida de la UE, sin metas de reducción de emisiones ni plazos para los países desarrollados, lo que contraviene las estipulaciones legalmente vinculantes del referido protocolo12. Ese mismo año, Rusia, Nueva Zelanda, Canadá y Japón «abandonaron» ese instrumento legal, uniéndose a la posición de EEUU, que nunca ratificó el Protocolo de Kioto13.

En el marco de las negociaciones en curso, los países desarrollados ya presentaron oficialmente sus intenciones nacionales de reducir sus emisiones futuras. Sobre esa base, en 2020 las emisiones mundiales rondarían las 57 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente (Gt CO2eq)), lo que significaría una brecha de 13 Gt CO2eq respecto a 44 Gt CO2eq, que es el nivel de emisiones que evitaría rebasar el umbral máximo permisible de 2°C en el incremento de la temperatura media mundial. De no cerrarse dicha brecha en 2020, se provocaría (con 66% de probabilidad de ocurrencia) un incremento de entre 3°C y 5°C en la temperatura media mundial en 2100 respecto a los niveles preindustriales14.

Después de más de cuatro años de adoptado el Acuerdo de Cancún, los gobiernos todavía no han divulgado de manera franca y transparente ante la opinión pública las consecuencias perturbadoras de las decisiones y los acuerdos adoptados a la fecha. El ocultamiento deliberado de dichas decisiones y del rumbo actual de las negociaciones que deben culminar en 2015 busca evitar costos políticos para los funcionarios, gobiernos o partidos políticos que las concibieron, apoyaron y adoptaron. Es de hacer notar que los acuerdos adoptados desde Cancún y las perspectivas hacia 2015 no son alentadores: de continuar la inercia actual en las negociaciones multilaterales, la magnitud, la amplitud y el ritmo del cambio climático estarían aumentando a un nivel tal que se desencadenarían perturbaciones peligrosas, irreversibles y de gran escala en el sistema climático de la Tierra, que imposibilitarían la adaptación de los ecosistemas, sociedades humanas y diferentes formas de vida, tal cual se conocen actualmente.

La dinámica del multilateralismo ha estado fuertemente influenciada por la correlación de fuerzas entre los países y bloques económicos en el ámbito geopolítico. En el proceso actual hacia un mundo multipolar, han surgido nuevos reagrupamientos regionales de países que podrían influir, en diferentes sentidos, en la dinámica y el rumbo del proceso multilateral de cambio climático. Tal ha sido el caso del surgimiento de grupos como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y la Asociación Independiente de Latinoamérica y el Caribe (AILAC)15, entre otros, los cuales han estado incidiendo en los procesos multilaterales bajo la ONU. El ALBA jugó un papel notorio y decisivo en 2009, imposibilitando, conjuntamente con Tuvalu y Sudán, el consenso requerido para la adopción del fallido Acuerdo de Copenhague. Sin embargo, al momento de la adopción ilegal del Acuerdo de Cancún, y a pesar del disenso público de Bolivia16, el resto de países del ALBA no expresaron su oposición17.

Los objetivos, estrategias y posiciones de las partes, sean países desarrollados o en desarrollo, así como de los grupos de negociación, incluyendo ALBA y BRICS, deben interpretarse a la luz de la llegada a corto plazo de la crisis energética18 y de la nueva ofensiva geopolítica de algunos de los países desarrollados, que con una mentalidad imperial y nostálgica de la era unipolar, buscan despojar y apropiarse de los recursos naturales de los países en desarrollo, principalmente del petróleo, el gas natural, el carbón mineral, el litio, los bosques, el carbono almacenado, el agua, la tierra y la biodiversidad. Algunos países con economías emergentes avanzadas19, como Brasil, China, la India y Sudáfrica, continúan siendo parte del grupo de los 77 países en desarrollo + China y reivindican sistemáticamente la aplicación a su favor del principio de las «responsabilidades comunes pero diferenciadas». La India y China proponen que en el nuevo acuerdo de 2015 se distingan los compromisos de mitigación y de apoyo financiero y tecnológico de los países desarrollados hacia los países en desarrollo, de las contribuciones en adaptación y acciones de mitigación de los países en desarrollo, cuyo nivel de ambición estaría sujeto a sus necesidades específicas y prioridades de desarrollo, y al alcance del apoyo financiero, tecnológico y fortalecimiento de capacidades20.

La UE propone compromisos de mitigación diferenciados aplicables progresivamente a todos los países, de acuerdo con la evolución de sus responsabilidades y capacidades; y EEUU rechaza, por inapropiado para la era post-2012, el enfoque que distingue grupos de países desarrollados y en desarrollo adoptado en 1992, debido a los cambios notorios en las emisiones y los perfiles económicos de los países.

El paradigma economicista prevaleciente

La naturaleza y el alcance de los acuerdos multilaterales sobre cambio climático, tanto los ya logrados como los proyectados para 2015, son el reflejo del paradigma economicista que ha prevalecido dentro del proceso multilateral de la Convención y del Sistema de las Naciones Unidas en su conjunto. Este paradigma, basado en la creencia de que existe un principio absoluto de determinación y que ese principio es de naturaleza económica21, considera el mercado como la mano invisible que determina las mejores políticas y decisiones individuales y nacionales, que al agregarse a escala mundial producirían las mejores políticas y medidas multilaterales para la adaptación y mitigación del cambio climático.

Dentro del proceso multilateral de cambio climático, el economicismo ha sometido progresivamente el potencial político de los gobiernos a las reglas del juego de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y del Consenso de Washington22, lo que imposibilita la adopción de las medidas que se requerirían para la mitigación y adaptación efectivas, tanto en el ámbito internacional como nacional. Aunque se podrían identificar algunos avances para algunos objetivos particulares, pertinentes al paradigma del «desarrollo sostenible» –el cual es en esencia de naturaleza economicista–, el panorama general respecto a las presiones ambientales continúa siendo preocupante en todos los ámbitos.

Desde 2009, los países desarrollados, agencias bilaterales y multilaterales y países en desarrollo aliados a ellos han apostado al plurilateralismo, entorno regido por los criterios y dinámicas políticas propios del economicismo impulsado por la OMC. El proceso multilateral de cambio climático ha sido deliberadamente debilitado y estancado, a favor de la proliferación a escala mundial de al menos 39 sistemas nacionales y 23 sistemas subnacionales de comercio de emisiones, los cuales incluyen instrumentos de mercado e impuestos al carbono; incluyendo a China, que desde 2011 ha implementado siete sistemas regionales de comercio de emisiones. El Banco Mundial, uno de los principales impulsores del plurilateralismo, plantea que estos sistemas han emergido desde Kazajistán hasta California y están llenando el vacío de las fracasadas negociaciones multilaterales bajo la ONU, y que serán las políticas nacionales las que, en última instancia, determinarán el nivel de ambición de la mitigación del cambio climático, más allá de las orientaciones generales que se podrían generar en el acuerdo mundial de 201523.

La lógica economicista que rige los sistemas y modelos económicos prevalecientes constituye una barrera sistémica fundamental para la adopción e implementación de políticas efectivas internacionales y nacionales en materia de cambio climático. El dogma del crecimiento económico ilimitado, promulgado por el paradigma economicista, se contrapone a la necesaria transición hacia economías y sociedades sustentables en lo económico, social y ambiental, y por ende biodiversas, bajas en carbono, resilientes y con capacidad de adaptarse en alguna medida a los efectos e impactos del cambio climático. Se necesitará del surgimiento de nuevos paradigmas que contextualicen, sustenten, orienten, potencien y viabilicen dicha transición.

El paradigma potencialmente emergente, pero todavía poco desarrollado, del decrecimiento sustentable plantea en términos generales la disminución de los ritmos de consumo de energía y materiales hasta un nivel que se acople a la velocidad natural de gestión de residuos y producción de recursos24. La reducción del consumo de materiales y energía se plantea para los países que excedan su huella ecológica, y para los países en donde los impactos ecológicos son bajos en relación con su biocapacidad, se plantea el aumento de su consumo de materiales, energía y de su huella ecológica25. Algunos de los proponentes del paradigma decrecentista lo conciben como una alternativa anticapitalista, argumentando que se opone a la lógica de acumulación infinita de capital y al crecimiento infinito de la economía, la producción y el consumo. En esa línea, plantean que el crecimiento económico ilimitado, aun disfrazado de «desarrollo sostenible» o de «economía verde», conduciría al colapso social y ecológico. Por ende, sostienen, es mejor promover valores sociales diferentes, basados en el reconocimiento de la prevalencia de la racionalidad ecológica de la Tierra sobre la racionalidad económica, ya que la primera determina los umbrales máximos permisibles de intervención humana sobre las dinámicas naturales. Por ello estos valores se oponen al consumismo y al derroche de los recursos, y propugnan comenzar la adaptación a los decrecimientos forzados que probablemente ocurrirán, a fin de encontrar una vía de decrecimiento suavizada y apropiada.

Sin embargo, más allá de un cuerpo de trabajos teóricos, iniciativas y movimientos sociales cuya base está en favor del decrecimiento sustentable, todavía es necesario demostrar su validez conceptual en términos teóricos y su capacidad de potenciar y contribuir a los cambios sociales que propugna. El cuerpo teórico es todavía fragmentado y el estado de la estrategia política del movimiento es todavía incipiente.

De la adaptación al emergencismo

Los últimos hallazgos del IPCC son alarmantes y, tal como se vislumbran la naturaleza y el alcance del acuerdo de 2015, los impactos del cambio climático se situarían fuera de los rangos de tolerancia de muchos sistemas naturales y sociedades humanas, los cuales podrían colapsar por desadaptación climática. En ese entorno político, desde 2009 algunas agencias multilaterales y grupos de países (especialmente la Alianza de Pequeños Estados Insulares –AOSIS, por sus siglas en inglés–, integrada por 39 Estados miembros, de los cuales 15 son caribeños) han estado cabildeando para filtrar y empujar dentro de la agenda de negociaciones la adopción de enfoques emergencistas propios de la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres (EIRD) y del Marco de Acción de Hyogo (2005-2015)26, cuyas prioridades de acción y financiamiento, más allá del tímido discurso de corte preventivo, se focalizan en mejorar la efectividad de las respuestas ante emergencias por desastres.

El enfoque utilitario –que entre otros propugna por los esquemas de REDD+ como la medida central de compensación de las emisiones de los países desarrollados– y el enfoque emergencista se han vuelto dos caras de la misma moneda. Este último se ha materializado en el tema de pérdidas y daños, cuya visibilidad ha sido creciente y ha desplazado el tema de la adaptación en términos del involucramiento activo y cabildeo requeridos por parte de los países en desarrollo.

Algunos grupos de países en desarrollo, como el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), cuyas posiciones de negociación más recientes se han focalizado en apoyar la adopción y puesta en operación de los esquemas de REDD+, han asumido una fuerte dosis de derrotismo, sobredimensionando el enfoque emergencista y cerrando filas en el tema de pérdidas y daños; en detrimento de las prioridades y los esfuerzos que se requerirían en la actual fase crítica de negociaciones.

Para la próxima conferencia, que tendrá lugar a finales de 2014 en Perú, se tiene el mandato de presentar el primer borrador del texto a negociarse en 2015 en París, el cual debería incluir no solamente una meta consensuada de mitigación que cierre la brecha de emisiones para alcanzar el objetivo mundial de largo plazo, sino también una meta consensuada en materia de adaptación, la cual deberá conceptualizar y poner en operación estrategias, planes y medidas que viabilicen la adaptación para los ecosistemas y sociedades humanas de las distintas regiones terrestres y marítimas de la Tierra. Es de hacer notar que la mitigación y la adaptación son dos caras de la misma moneda, ya que la meta de adaptación no sería alcanzable sin una meta de mitigación ambiciosa y efectiva, que se rija por criterios científicos apropiados, los cuales ya han sido divulgados ampliamente.

Las negociaciones de 2015 constituyen la última oportunidad para que los gobiernos que representan a los Estados reorienten sus posiciones y estrategias de negociación a la luz del espíritu de la Convención y de los hallazgos científicos, y retomen de manera prioritaria y central el Mandato de Durban, es decir, identificar y analizar las mejores opciones que pueden permitir que la adaptación sea todavía posible.

  • 1. Políticas y medidas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero por fuentes o sumideros.
  • 2. Políticas y medidas que habilitan a un sistema natural o sociedad humana para evolucionar y adaptarse a los cambios, mediante procesos de retroalimentación que aumentan su rango de tolerancia y su capacidad de reorganizarse sin colapsar.
  • 3. V., por ejemplo, etc-Group: «¿Quién controlará la economía verde?», etc-Group, 2011, www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/etc_wwctge_esp_v4Enero19small.pdf. En un futuro pospetrolero, se vislumbra que la producción industrial (de plásticos, sustancias químicas, combustibles, fármacos, energía, etc.) dejaría de depender de los combustibles fósiles para derivarse de materias primas biológicas transformadas mediante plataformas de alta tecnología basadas en la bioingeniería.
  • 4. Kevin Anderson: «Relying on Market-Based Instruments to Address Climate Change is Doomed to Failure and is a Dangerous Distraction», 13/8/2013 en http://kevinanderson.info/blog/why-carbon-prices-cant-deliver-the-2c-target/.
  • 5. Oscar Reyes: «Carbon Markets after Durban» en Ephemera vol. 12 No 1-2, 2012, pp. 19-32, disponible en www.ephemerajournal.org/contribution/carbon-markets-after-durban.
  • 6. Para 2006, 14 millones de hectáreas, 1% del total mundial de la tierra cultivable, fueron utilizadas para la producción de biocombustibles. La Agencia Internacional de Energía (aie) estima que, para 2030, entre 35 y 54 millones de hectáreas (entre 2,5% y 3,8% de toda la tierra cultivable) serán empleadas para esa producción. V. etc-Group: ob. cit.
  • 7. Incluye, además de redd, la conservación de bosques, el manejo forestal sostenible y el aumento de las reservas de carbono forestal.
  • 8. Incluye, además de redd+, el carbono de los ecosistemas marinos y costeros, y es referido como «carbono azul».
  • 9. Y. Aguilar: «¿Es todavía posible rectificar la incidencia negativa de redd+ en el rumbo actual de las negociaciones en curso? Una visión desde Centroamérica», 2013, www.ambienteycomercio.org/.
  • 10. V. redd-monitor, www.redd-monitor.org/ y Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, www.wrm.org.uy/.
  • 11. Ver fccc/cp/2011/9/Add.1.
  • 12. Ver http://unfccc.int/files/meetings/durban_nov_2011/decisions/application/pdf/awgkp_outcome.pdf.
  • 13. De acuerdo con el Art. 27 del Protocolo, el término legal es «denunciaron».
  • 14. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (pnuma): «The Emissions Gap Report 2013», pnuma, Nairobi, 2013.
  • 15. Grupo de negociación que se distancia del grupo de países en desarrollo que integran el Grupo de los 77 y China en algunos temas de negociación, en los cuales se ha alineado con posiciones del grupo de países desarrollados, como en la adopción de metas de reducción de emisiones por los países en desarrollo. Está integrado por Colombia, Perú, Chile, Guatemala, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.
  • 16. Las decisiones deben tomarse por consenso de todas las partes presentes, y basta que una parte exprese su oposición para que se rompa el consenso requerido.
  • 17. Es de notar que antes, durante y después de la conferencia de Cancún, Venezuela estuvo cabildeando intensamente con los gobiernos de México, Colombia, Chile y otros países claves de América Latina y el Caribe para asegurar y acelerar la constitución oficial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que constituía una prioridad política para el grupo alba, lo cual se logró mediante la suscripción de la Declaración de Caracas por 33 Estados de América Latina y el Caribe, un año después del Acuerdo de Cancún, en diciembre de 2011.
  • 18. Esta crisis sería ocasionada por el inicio en el corto plazo del fin de la era del petróleo convencional, no convencional y de los combustibles fósiles en general.
  • 19. Estos países han sido clasificados como tales por ftse por ser países de renta media superior a la renta nacional bruta con avanzadas infraestructuras de mercado, o países de altos ingresos con infraestructuras de mercado menos desarrolladas.
  • 20. Like-Minded Developing Countries in Climate Change: «Submission on Elements of the 2015 Agreed Outcome», 8/3/2014, disponible en http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_parties/adp/application/pdf/adp_lmdc_ws1_20140309.pdf.
  • 21. Fernando Mires: «La globalización de los ‘economicistasʼ» en Alainet, 11/11/1998, http://alainet.org/active/202&lang=es.
  • 22. John Williamson: «A Short History of the Washington Consensus», Fundación Cidob, trabajo presentado en la conferencia «From the Washington Consensus towards a New Global Governance», Barcelona, 24-25 de septiembre de 2004, disponible en www.iie.com/publications/papers/williamson0904-2.pdf.
  • 23. World Bank Group: «State and Trends of Carbon Pricing», The World Bank, Washington, dc, 2014.
  • 24. Joan Martínez-Alier, Unai Pacual, Franck-Dominique Vivien y Edwin Zacca: «Sustainable De-Growth: Mapping the Context, Criticisms and Future Prospects of an Emergent Paradigm» en Ecological Economic vol. 69, 2010, pp. 1741-1747.
  • 25. Georgescu Roegen: «Energy and Economics Myths» en The Southern Economic Journal vol. 41 No 3, 1975, pp. 347-381.
  • 26. onu/eird: «Estrategia internacional para la reducción de desastres», disponible en www.oas.org/dsd/Spanish/Desastresnaturales/Estrategiaeird.htm.