Entrevista

México: entre el desarrollo de la sociedad y el poder de las corporaciones Entrevista a Mateo Crossa Niell

El gobierno de México apuesta a atraer inversiones extranjeras con el proyecto de las «zonas económicas especiales». En esta entrevista, el experto Mateo Crossa Niell explica las razones por las que estos espacios económicos no mejorarán la calidad de vida de la población y aumentarán el poder de las grandes corporaciones.

México: entre el desarrollo de la sociedad y el poder de las corporaciones / Entrevista a Mateo Crossa Niell

Desde hace algunos años, en México se ha puesto en marcha el proyecto de las llamadas «zonas económicas especiales» (ZEE) en las que se ofrecen incentivos a las empresas para la creación de un entorno de negocios. ¿Podría comentarnos cómo se han ido gestionando éstas áreas y que tipo de política ha aplicado el gobierno de México para las mismas?

La Ley de Zonas Económicas Especiales en México fue aprobada en la Cámara de Diputados y de Senadores en abril del 2016, prácticamente por unanimidad. Los representantes del poder legislativo de todos los partidos políticos, incluidos los autodenominados de «izquierda», como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), avalaron la nueva ley que salió publicada como Decreto Federal el primero de junio del 2016. El objetivo de esta ley es generar un régimen fiscal excepcional para la atracción de inversiones extranjeras que permita, según sus disposiciones generales, «impulsar el crecimiento económico que reduzca la pobreza, permita la provisión de servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas saludables y productivas, en las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social». Hasta la fecha se publicaron decretos ejecutivos declarando la formación de tres zonas económicas especiales en el sur de México: Lázaro Cárdenas-La Unión en el estado de Michoacán, Puerto Chiapas en el estado de Chiapas y Coatzacoalcos en el estado de Veracruz. En estas regiones se implementarán incentivos fiscales para las inversiones extranjeras en actividades mineras, energéticas, agroindustriales y manufactureras.

El triunfalismo oficial presenta esta ley como una novedad que funcionará como palanca de progreso y desarrollo para los estados sureños del país. Sin embargo, los únicos que fueron consultados para su elaboración fueron el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo –que ya aprobó un apoyo financiero de 500 mil dólares para las ZEE-. académicos del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard y representantes de las cámaras empresariales más grandes de México, en especial el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana. De hecho, el ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, fue la persona elegida como titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales. Candiani es un empresario de origen oaxaqueño, fue candidato por el Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura de Oaxaca y es reconocido por su activismo empresarial en favor de la reformas neoliberales en el campo energético, educativo y laboral. Esto muestra que se ha formado un tejido entre grandes empresarios, organismos financieros internacionales para idear, formular y poner en práctica este proyecto de las ZEE. Por tanto me pregunto qué crecimiento económico se busca impulsar y en beneficio de quién, cuando esta ley fue elaborada a espaldas de la población trabajadora, campesina e indígena.

Los defensores de las zonas económicas especiales –entre los que se cuentan Académicos, políticos, y empresarios – manifiestan que éstas serían esenciales para el desarrollo de un país como México. ¿Sobre qué bases realizan dichos planteamientos? ¿Cuáles son las características particulares que les permiten asegurar que estas áreas de inversión resultarán beneficiosas y cómo se contrasta esto con su desarrollo específico?

Los defensores de las zonas económicas especiales anuncian diariamente que este proyecto va a generar desarrollo para las regiones más pobres de México y justifican su implementación diciendo que hay una disparidad en cuanto al crecimiento y la productividad del sur y el norte de México. Sin embargo, la historia económica neoliberal de México no inició con esta ley y las zonas francas no son nada nuevo para al país. Por el contrario, la apertura de territorios que operan bajo un régimen de excepcionalidad arancelaria comenzó desde los años 70, con el desarrollo de zonas francas en la frontera con Estados Unidos, y se ha ido generalizando con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hasta la fecha no hay ningún indicio de que esta política de apertura a la inversión extranjera haya generado una condición económica benéfica para el grueso de la población.

Actualmente, México es el país de América Latina que registra los salarios más bajos de la región, tan sólo después de Haiti. Y es, después de India, el país que más expulsa migrantes a nivel mundial. Actualmente casi 32 millones de personas se ubican en la informalidad laboral, es decir que 60% de la población económicamente activa no recibe prestaciones, seguridad social ni sueldos fijos. Pero los defensores de las ZEE ignoran el problema y lo velan afirmando que justamente este proyecto llega para combatir esta pobreza, como si la precariedad de la vida social en México fuera un elemento a priori de las políticas económicas neoliberales. Pero es justamente esta política económica la que ha profundizado la desarticulación económica interna, ha precarizado la vida de la población trabajadora y ha convertido a México en un plataforma de exportación dominada por grandes capitales. Por tanto, las ZEE no van a reducir la pobreza sino que se van a montar sobre ella y perpetuarla. Si eliminar la pobreza fuera el interés principal de estos proyectos, sería necesario, antes, un aumento salarial que dignifique la vida de la población trabajadora, así como un reconocimiento del derecho colectivo de los pueblos indígenas sobre la propiedad de la tierra. Al no ocurrir esto, como de por sí no va a ocurrir, las ZEE sólo van a profundizar la apropiación privada del territorio y la explotación redoblada de la fuerza de trabajo en beneficio del capital transnacional.

En virtud de este tipo de desarrollo, numerosos políticos han intentado homologar a la inversión extranjera con el desarrollo. ¿Realmente estas zonas están hoy más desarrolladas que antes? ¿Aporta algo sustancial el capital extranjero al país?

El paradigma del desarrollo que homologa la inversión extranjera con el crecimiento ha funcionado en México y América Latina como un mecanismo discursivo que distorsiona la realidad para poder afirmar que la mayor articulación económica del país y la región al comercio mundial genera condiciones de competitividad que llevarán a estas economías dependientes de una fase atrasada en el desarrollo a una avanzada. En esencia, este es el argumento que busca legitimar la aprobación de las ZEE. El caso ejemplar de esta tergiversación de la realidad, aunque no el único, ha sido los trabajos elaborados por el multicitado economista del Centro de Desarrollo Internacional en Harvard, Ricardo Hausman quien se han convertido en la fuente de referencia principal del gobierno mexicano para la puesta en marcha de las ZEE. A través de un razonamiento neoclásico por excelencia, Hausman argumenta que, mediante la apertura a la inversión extranjera, la región del sur de México va a elevar su productividad, diversificar el aparato productivo y generar una condición progresiva de mejoramiento. En este camino recupera algunos casos que, según él, pueden servir como germen productivo de las ZEE. Por ejemplo, utiliza mucho el caso de la empresa de autopartes Yazaki, que comenzó operaciones en Chiapas en 1994 y que hoy tiene cinco plantas en todo el estado. Para Hausman y sus colegas del BID, Yazaki es un caso exitoso de una de una inversión extranjera que se ha traducido en competitividad para estado de Chiapas. Casos como estos, según él, se deben replicar en las ZEE. Sin embargo, estos estudios no mencionan, por ejemplo, que Yazaki es una empresa de autopartes y México registra los salarios más bajos en la industria de autopartes a nivel mundial. Por esa razón y no por otra es que Yazaki invierte en el país. Además, se podría afirmar que Yazaki se instaló en Chiapas como política económica de contrainsurgencia para buscar frenar el ascenso de la insurrección indígena zapatista, igual que lo que ocurrió en los ochentas en Centroamérica, donde la industria maquiladora se instaló para frenar el ascenso del movimiento popular armado.

No menciona nada de esto porque en el fondo del paradigma del desarrollo neoliberal que está detrás del proyecto de las ZEE hay una pensamiento profundamente racista que no sólo homologa la inversión extranjera con desarrollo, sino que también homologa a los pueblos campesinos e indígenas con atraso y rezago; homologa la propiedad ejidal y comunal de la tierra con improductividad y anormalidad. Este razonamiento no acepta que la propiedad de la tierra sea un medio de producción común para quienes lo están trabajando. Este razonamiento quiere ver a los campesinos y a los pueblos indígenas trabajando como asalariados en territorios adueñado por las grandes empresas, ya sea en campos agroindustriales o en maquilas. Esta es la visión de desarrollo que justifica la implementación de las ZEE, cuyas premisas básicas son antagónicas a las necesidades de la población en esas áreas.

Hay quienes hablan de las zonas económicas especiales como un experimento de remate del país para las grandes corporaciones internacionales. Asimismo, diversos especialistas han destacado que en estas áreas se desarrolla explotación intensiva de la fuerza de trabajo y que se ha despojado de tierras a las comunidades originarias. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Cómo se ha verificado el proceso de implantación del capital en términos de modificación del paisaje urbano y rural, y en las características del trabajo y de las condiciones de vida?

El istmo de Tehuantepec ha sido históricamente una región codiciada para el comercio mundial y ahí es donde se van a ubicar la mayoría de las ZEE. Desde el siglo XIX, Estados Unidos ha buscado tener control sobre este estrecho que separa al océano atlántico y al océano pacífico por un tramo de sólo 200 kilómetros. Actualmente esta región adquiere particular atención por la reconfiguración del rompecabezas mundial, dónde el océano pacífico adquiere una importancia geopolítica sin precedentes para Estados Unidos debido al ascenso protagónico de China como potencia económica internacional. En su afán por controlar el comercio en ambos océanos, Estados Unidos ubica al istmo de Tehuantepec como zona estratégica para su dominio. Es por esa razón que este proyecto viene incentivado económica y programática por el Banco Mundial y El BID.

Como resultado, la política estatal trata de convertir al istmo de Tehuantepec en una plataforma productiva atractiva para el capital trasnacional, incentivando las inversiones extranjeras puestas en marcha a través de mega proyectos de diversas ramas industriales, ya sean proyectos eólicos, mineros, petroleros y agroindustriales, entre otros. Para tal fin, partes del territorio en esta región se concesionan al capital y se declaran zonas de utilidad pública, lo cual da pasó a que se decrete una expropiación desde el gobierno federal sin la aprobación de los pueblos que la habitan. Mediante el uso de la fuerza de cuerpos policiales o sicarios, y mediante políticas asistencialistas que buscan dividir a las comunidades, los megaproyectos se instalan en esta región del país generando destrucción ambiental y descomposición social. Algunos de los casos que demuestran las implicaciones que tendrán las ZEE, son los proyectos de parques eólicos en Juchitán Oaxaca que se han buscado imponer mediante consultas falsas y violencia paramilitar, como lo han venido denunciando diariamente integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec. También resalta la construcción de los llamados Cinturones Transoceánicos de Gas LP y Gas Natural que, para conectar los dos océanos mediante gasoductos tendrán que afectar a por los menos 100 comunidades indígenas y campesinas de Veracruz y Oaxaca. En este mismo sentido abundan los casos de proyectos mineros altamente destructivos en todos los estados donde se desarrollarán las ZEE. Estos son tan sólo algunos ejemplos entre los cuales también encuentran proyectos de extracción petrolera y agroindustria en la región.

¿Existe en México algún sector político que esté siendo crítico de esta experiencia pero que, a la vez, proponga alternativas sustentables de desarrollo que no mermen la capacidad económica? Según su punto de vista, ¿Cómo podrían ser reemplazadas las zonas económicas especiales por otro tipo de proyecto económico que fuera rentable y, al mismo tiempo, sostenible en términos de la vida de los ciudadanos y de las comunidades?

Como dije anteriormente, el proyecto de las ZEE tiene un fondo de pensamiento racista y colonial que niega a los pueblos indígenas y a los campesinos. Por tanto, la única manera en la que se puede contemplar una alternativa sustentable de desarrollo es si son estos pueblos los sujetos protagónicos en la planeación de la vida política, social y económica. Cuando estos pueblos no aceptan los proyectos de despojo y explotación, no sólo están rechazando la presencia de una empresa u otra, sino que están defendiendo y reivindicando una forma de organización social distinta a la que ofrece el capital. Si no se respeta esa voz, no podemos ni siquiera empezar a pensar en una alternativa.



Mateo Crossa Niell es magister en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es autor del libro Honduras: maquilando subdesarrollo en la mundilización y es el director del documental Made in Honduras (2014).

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