Coyuntura

Encrucijadas brasileñas: entre protestas, procesos y elecciones

Brasil vive días agitados. La campaña electoral de 2014 y la asunción de Dilma Rousseff se produjeron en un clima de crispación. Tras la victoria del Partido de los Trabajadores (PT), grupos de derecha salieron a protestar contra la corrupción y a pedir la renuncia de la presidenta. Pero además de estas protestas, aún resuena el eco de las manifestaciones de 2013, con una agenda de cambios que podría dinamizar al PT, un partido que en un momento fue «lo nuevo» y logró cambiar el país en muchos sentidos, pero que con el correr del tiempo, si no logra ponerse a la altura de lo que reclama la sociedad, y en especial los jóvenes, puede pasar a formar parte de «lo viejo».

Encrucijadas brasileñas: entre protestas, procesos y elecciones

Resultado electoral: victoria y señales

Finalmente, y pesar de todo, la presidenta Dilma Rousseff y el Partido de los Trabajadores (PT) resultaron victoriosos en las elecciones del 26 de octubre pasado. En la séptima elección presidencial consecutiva, el PT conquistó un inédito cuarto mandato presidencial, con 54,5 millones de votos (51,64% de los votos válidos) y consiguió conservar el número de estados en los que gobierna (cinco), con las importantes victorias en Minas Gerais y Ceará. Mantiene, también, la mayor bancada en la Cámara de Diputados. En un escenario de desaceleración de la economía (aunque con mantenimiento del nivel de empleo y del salario) y en el que sectores disidentes del progresismo (Eduardo Campos y Marina Silva) se aliaron con la oposición, todo esto no deja de ser un acontecimiento. Una victoria fuerte.

No obstante, surgieron varias señales preocupantes (e incluso alarmantes) para el PT. Su bancada de diputados federales sufrió una caída importante (de 88 a 70, sobre un total de 513), sobre todo en San Pablo (donde el PT pasó de 16 a 10 diputados) y en Pernambuco (donde cayó de 4 a 0). Hubo, además, dos derrotas simbólicas en las elecciones para el Senado: la de Eduardo Suplicy en San Pablo y la de Olívio Dutra en Rio Grande do Sul. Al mismo tiempo, las bancadas conservadoras se fortalecieron con el llamado «bloque de la bala» (policías, sobre todo), los parlamentarios evangélicos y los vinculados al agronegocio: en total, los conservadores aumentaron de 191 a 247 diputados. Se observa, en paralelo, una caída significativa en la cantidad de diputados ligados a sindicatos de trabajadores (de 83 a 46) y un peso mayor de un número reducido de empresas (de los sectores financiero, de alimentos, mineros y contratistas) que financiaron gran parte de las campañas electorales.Además, como en 2010, la candidatura de Rousseff sufrió derrotas en centros metropolitanos importantes, como San Pablo, Belo Horizonte y el Distrito Federal. El caso de San Pablo –donde el PT triunfó en las elecciones municipales de 2012– es particularmente grave, pues incluso en varios barrios de la periferia la candidata del PT sufrió reveses claros. Hay también una progresiva pérdida de amplitud de las victorias del PT (Luiz Inácio Lula da Silva ganó las dos veces por más de 20 puntos y Dilma había conseguido en su primer mandato 12 puntos de ventaja sobre su rival). Y esto ocurre frente a un adversario, Aécio Neves, que presentó pocas propuestas, a excepción de ciertos programas sociales y de plantear la retirada del PT del gobierno.

Doce años después de la primera victoria de Lula, en 2002, el deseo de cambio se hizo presente nuevamente en el escenario electoral, aunque en un contexto muy distinto. Dilma, sin embargo, lo tuvo en cuenta en su estrategia electoral: su sitio de campaña tenía como nombre Cambia Más e incluía su eslogan de la primera vuelta, «Más cambios», y de la segunda, «Gobierno nuevo, ideas nuevas». El cambio encarna, así, el sentido de profundizar el ciclo iniciado en 2003 con la victoria de Lula. Tal voluntad de cambio se relaciona, ciertamente, con las protestas de junio de 2013, cuando un terremoto político sacudió Brasil. Miles de personas salieron a las calles sin ninguna coordinación centralizada. Fue un hecho inédito, un significativo cambio en el país. Tres demandas se destacaron en el clamor de las calles: ciudades mejores para vivir, servicios públicos dignos, participación política. Este fenómeno surge en el contexto de un nuevo Brasil, después de una década de reducción de las desigualdades. En las calles se veía una mezcla de sectores medios y de la «célebre» clase C, o mejor, de los jóvenes trabajadores. Algunos, obsesionados con los números y las hojas de cálculo, no percibieron a las personas de carne y hueso, con deseos y luchas, en su dimensión subjetiva. Las movilizaciones expresan también una paradoja del lulismo, que en su (aparente) moderación y ausencia de «reformas estructurales», contribuyó a una fenomenal apertura de las perspectivas de liberación para los «de abajo».

Proceso electoral: olas, volteretas y crispaciones

Una de las consecuencias de las protestas fue un cierto «malhumor» hacia la política instituida. Alrededor de 70% de los consultados en varios sondeos pedía cambios en el próximo gobierno. Es decir, en teoría, se trataba de un escenario propicio para una victoria de la oposición. Fueron, además, las elecciones más crispadas desde la redemocratización, y se pueden destacar tres «olas» en ese proceso.La primera fue la ola Marina Silva, que se formó incluso antes de que esta asumiera oficialmente la candidatura presidencial. Después del trágico accidente en el que falleció Eduardo Campos (líder del Partido Socialista Brasileño, PSB) el 13 de agosto de 2014, Marina, hasta entonces candidata a vicepresidente, asumió la cabeza de la fórmula. Marina se había afiliado al PSB luego de no haber conseguido legalizar su partido, la Red de Sustentabilidad. De algún modo, ella era la opositora perfecta: trayectoria singular (analfabeta hasta los 16 años y cauchera en el Acre de Chico Mendes, después se convirtió en profesora); militante por muchos años de la Central Única de los Trabajadores (CUT) y del PT; joven senadora, ambientalista de renombre, ex-ministra de Lula. A pocas semanas de las elecciones, llegó a quedar empatada en las encuestas con Dilma y, en una eventual segunda vuelta, aparecía diez puntos por encima. Pero Marina sucumbió. Por un lado, sufrió fuertes ataques; de Aécio, que la acusaba de ser del PT –es decir, de no representar un verdadero cambio–, y de Dilma, que buscaba mostrar que Marina se había convertido al neoliberalismo (la coordinadora de su programa de gobierno era la educadora y empresaria Neca Setubal, heredera del Banco Itaú, y eso fue conectado con su defensa de la independencia del Banco Central). A esto se sumaron sus propias ambigüedades en los temas caros a los colectivos LGBT, como el matrimonio igualitario y el combate a la homofobia, y cambios de posición en temas simbólicos para su perfil ideológico ambientalista, como su aceptación de los transgénicos y el poco énfasis ambiental en su discurso. Con pocos minutos de televisión en el horario electoral gratuito y tal vez no preparada para enfrentar la dura campaña presidencial, Marina cayó vertiginosamente.

Además, los reclamos de Marina en favor de una «nueva política» se contradecían con varias alianzas –digamos– tradicionales. A pesar de los elementos interesantes en su campaña, como la presencia de Gilberto Gil (con su bella experiencia al frente del Ministerio de Cultura durante el gobierno de Lula), de la propuesta de pase libre estudiantil (pasaje gratuito en el transporte público) y algunos tópicos de seguridad pública, su candidatura finalmente perdió terreno en favor de la polarización nacional entre el PT y el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB, de centroderecha) por sexta elección consecutiva. Marina aumentó su votación en relación con cuatro años atrás (de 19,3% a 21,3%) y terminó apoyando a Neves en la segunda vuelta, lo que causó una grieta entre sus seguidores progresistas.

La segunda fue la ola Aécio Neves. En las encuestas electorales de fines de agosto, Aécio tenía cerca de 15% de intención de voto frente a 35% de Dilma y Marina. A tal punto se debilitó, que el 2 de septiembre Aécio convocó a una conferencia de prensa para decir que… continuaba siendo candidato. En la víspera, en uno de los debates presidenciales, quedó totalmente deslucido en medio de los embates cruzados entre Dilma y Marina. Pero posteriormente, como un ave Fénix, renació de sus cenizas. Subió de a poco durante la segunda mitad de septiembre y se disparó en la recta final, luego de una buena actuación en el último debate presidencial. ¿Fueron las inconsistencias de la candidatura de Marina Silva las que cambiaron el escenario?, ¿los ataques de sus adversarios?, ¿o la fuerza de la polarización? El día de la votación había un empate, según las encuestas, entre Marina y Aécio. Sin embargo, gracias a la ola Aécio, este llegó en segundo lugar con 33,5% de votos, con Dilma en la delantera con 41,6% de los votos válidos.

Esta ola continuó al inicio de la campaña para la segunda vuelta. Leyendo los diarios y la opinión publicada en esos primeros días, se tiene la impresión de que Aécio iba a ganar las elecciones con facilidad. El candidato consiguió el apoyo de Marina Silva y de otros opositores. Aparecía ligeramente al frente en las primeras encuestas y se instauraba un clima de «ya ganó» (por las ironías de la vida, eso volvió a ocurrir el día del cómputo: Dilma superó a Aécio solamente cuando el escrutinio de los votos llegó a 89%; selfies de la celebración prematura se filtraron en internet).

Cuando ese escenario de victoria posible (¿y probable?) de Aécio se vislumbraba, comenzó la tercera ola, la ola Dilma. Como ya dijimos, 70% de los brasileños quería cambios y el oficialismo ganó. ¿Por qué? ¿Quién eligió entonces a Dilma? Cuatro factores me parecen fundamentales. Primero, las conquistas políticas, sociales y culturales del lulismo. Dilma venció gracias a la mayoría de los votos de quienes ganan hasta cinco salarios mínimos (gracias al combate a la desigualdad social) y en las regiones Norte y Nordeste (debido al combate a las desigualdades regionales). Las victorias en Río de Janeiro y Minas Gerais fueron fundamentales también.

En segundo lugar, cabe igualmente destacar la importancia del apoyo de casi toda la «izquierda organizada», por ejemplo, del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Sobresale también el apoyo en la segunda vuelta del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), cuya candidata, Luciana Genro, logró duplicar la votación (1,6 millones de votos contra 880.000 de Plínio de Arruda Sampaio en 2010). El apoyo de los diputados del PSOL Marcelo Freixo y Jean Wyllys contribuyó mucho en la recta final.

Un tercer factor clave se sitúa en el apoyo espontáneo y sorprendente, sobre todo de los jóvenes, que hicieron una fina lectura de la coyuntura: frente al riesgo concreto de victoria de Aécio, fueron excusados varios límites de los gobiernos del PT. La sorpresa se refuerza al pensar en el desgaste del PT en los sectores medios y, en menor medida, entre la juventud brasileña.

Finalmente, parece haber sido decisivo el voto de las mujeres. La arrogancia (y agresividad) de Aécio en algunos debates, en los que llegó a ser irrespetuoso con la figura presidencial, activó un desplazamiento del voto femenino, que vio una discriminación de género en las actitudes e intervenciones del candidato tucano (como se conoce a los seguidores del PSDB). En el estancamiento de la ola Aécio posiblemente incidió el intento de la revista derechista Veja (que anticipó su salida con una tapa sensacionalista y contenido muy frágil, distribuida en locales de gran circulación) de cambiar el resultado electoral, explotando el escándalo de corrupción en Petrobras. La ventaja disminuyó y se quedó en tres millones y medio de votos.

Perspectivas del nuevo gobierno

Todo indica un escenario de tensiones para el nuevo mandato de Dilma. La oposición quedó animada con su mejor votación desde 2003. Existen dificultades de gobernabilidad en el Congreso y las relaciones con el aliado Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) –que cuenta con la Vicepresidencia de la República, la segunda bancada en la Cámara y el mayor bloque en el Senado– son complejas, incluso varios miembros de ese partido apoyaron a Neves. El probable presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, político de mala reputación, se mostró en varios momentos hostil al PT y al gobierno.

Además, el país está en medio de un escándalo de corrupción cuyas (grandes) proporciones aún no están claras. La operación «Lava Jato» [lavado exprés], impulsada por la Policía Federal, está investigando desvíos de recursos en los contratos de Petrobras, el gigante petrolero brasileño. Algunos estiman en 20.000 millones de reales (alrededor de 7.500 millones de dólares) la suma de esos desvíos, en un escándalo que involucraría a decenas de parlamentarios de diversos partidos. Se trata de un considerable desafío para la presidenta. Dilma, no obstante, tiene qué mostrar en el combate a la corrupción: en los gobiernos del PT se otorgó una mayor autonomía a la Policía Federal, así como un papel activo a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Contraloría General de la Unión (CGU). Además, durante su gobierno se aprobaron la Ley de Acceso a la Información y una ley que castiga a los corruptores, y los dos directores de Petrobras citados en las indagaciones fueron despedidos en el periodo inicial de su gobierno. Según la Procuraduría, el esquema de corrupción funcionaría desde 1987. Otro punto importante: la prisión de altos ejecutivos de las empresas contratistas, en un país donde los ricos y poderosos no iban presos. Pueden destacarse también las presiones para que el Supremo Tribunal Federal (STF) concluya el juicio por la prohibición del financiamiento electoral por parte de empresas privadas (la mayoría incluso ya se pronunció a favor).

Sin embargo, este escándalo debilita al gobierno en el inicio de su nuevo mandato e hizo estragos en la campaña (sobre todo en la última semana). Las filtraciones selectivas (e ilegales) intentan condenar previamente a personas próximas al PT. Y además de que Petrobras es una de las empresas brasileñas más importantes, se trata de un símbolo del proyecto desarrollista petista (en oposición al neoliberalismo tucano). Esto se agrava por las dificultades de la empresa que debe garantizar la explotación del presal (petróleo de aguas profundas), su modelo de reparto de ganancias y la política de contenido nacional en la cadena productiva, en un contexto de creciente endeudamiento y caída del precio del petróleo. Además, la importancia geopolítica de la empresa es evidenciada por el espionaje por parte de la Agencia de Seguridad Nacional estadunidense (NSA, por sus siglas en inglés). Está en curso, así, una presión violenta de los medios de comunicación proempresariales y de la oposición; un cambio de tono y el abandono de cualquier sobriedad. Así, el ex-presidente Fernando Henrique Cardoso declaró que «es indiscutible la legalidad de la victoria, pero discutible su legitimidad». En el mismo tono, el candidato derrotado afirma haber perdido «con una organización delictiva que se instaló en el seno de algunas empresas brasileñas patrocinadas por este grupo político que está ahí».

Vivimos, también y sobre todo, un conflicto redistributivo. Se manifiesta un consenso acerca de la dificultad de continuar el proceso de disminución de las desigualdades sin tocar ciertos intereses materiales del piso de arriba, el de los privilegiados. Sin un crecimiento económico más fuerte, la magia del lulismo (distribuir entre los pobres sin quitar nada a los ricos) ya no parece ser posible. Al mismo tiempo, en un escenario de desaceleración económica, los que ascendieron en este último periodo se preocupan por la estabilidad de su nueva condición y en relación con las perspectivas futuras.Puede decirse que ningún sector de la sociedad brasileña está satisfecho. Se hace presente (inclusive en las calles) una «derecha dura» que piensa que hay una «dictadura del PT», una «bolivarianización», «bolchevización» o «cubanización» del país. Extremadamente minoritarios, pero movilizados y muy crispados, estos grupos vienen organizando manifestaciones por el impeachment de Dilma y, algunos de ellos, incluso en favor de una intervención militar. Se pueden estar creando las condiciones para el surgimiento, a mediano plazo, de una suerte de Tea Party brasileño que podría influir en la derecha más moderada (y democrática). Esta, por supuesto, también está profundamente insatisfecha por estar más de una década apartada del gobierno federal y ha elevado el tono, como vimos.

En el otro polo político, tenemos una izquierda en el gobierno que percibe las señales preocupantes de los últimos meses. Y existe, por un lado, un sector de movimientos sociales más «tradicionales» (como los Sin Tierra, Sin Techo, y otros) que reivindica ciertas reformas (agraria, urbana, tributaria, política, de comunicación) y, por otro, una nueva generación política que desea e intenta practicar «otra política», una democracia más vigorosa, participativa y real. Un punto novedoso del Brasil actual (y que lo conecta con los otros países de América Latina): las calles se han transformado en un espacio de la política. En noviembre de 2014 (mes siguiente a las elecciones) se organizaron en San Pablo varias manifestaciones, tanto de la derecha contra Dilma como también una capitaneada por el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) en favor de las reformas citadas más arriba.

En esta perspectiva de radicalización, podemos preguntarnos: ¿está dispuesta Dilma a cambiar? La oportunidad de corregir inexplicables errores de su primer gobierno está dada. Tal es el caso de la interrupción de procesos de experimentación como la política cultural, retrocesos en la política de comunicación y en el diálogo con los movimientos sociales, pérdida de intensidad de la política exterior y de seguridad pública, además de una versión lineal y cerrada de lo que es el desarrollo (perceptible en el trato a los pueblos indígenas). En este sentido, el pueblo brasileño fue «generoso» al renovarle el mandato. Seguramente, su gobierno tuvo puntos positivos, como el intento de reducción de los tipos de interés, la aprobación del Marco Civil de Internet y de la Ley de Acceso a la Información, la constitución de la Comisión Nacional de la Verdad, el combate contra la miseria o la creación del banco de los BRICS. Pero una simple continuidad, además de ir a contracorriente de lo que fue anunciado en la campaña, puede tener consecuencias desastrosas para el PT.

En este sentido, estamos ante una encrucijada: una derecha que «se endureció» y una izquierda que, para aprobar sus proyectos, debe conseguir una movilización de masas en la calle, pues el Congreso no los aprobará sin presión popular. El PT, en su primera reunión después de las elecciones, señaló dos reformas prioritarias: comunicación y política. ¿Cómo logrará aprobarlas? Con la conexión de lo «viejo» y de lo «nuevo». La única forma de profundizar el proceso de transformación en curso en Brasil está en la conexión de la izquierda en el gobierno con un fértil fenómeno que involucra la realización de asambleas horizontales y la ocupación de espacios públicos y legislativos. Menos representación y más participación. El junio disruptivo (que continúa) permite pensar en nuevas formas de articulación entre luchas (calles, redes e instituciones). Donde el gobierno no tiene «correlación de fuerzas» para cambiar ciertas políticas, el PT debería abrir los debates, movilizar y ayudar a alterar tal correlación de fuerzas.

¿El gabinete de Dilma apunta hacia eso? Una buena noticia se sitúa en el núcleo político, que seguramente será más robusto con los ministros petistas Aloízio Mercadante (Casa Civil), Jaques Wagner (Defensa), Miguel Rossetto (Secretaría General, que hace las articulaciones con la sociedad civil) y Pep Vargas (Secretaría de Relaciones Institucionales, que coordina con el Congreso). Además, el nuevo ministro de Comunicación, Ricardo Berzoini, impulsa la agenda de una regulación democrática en ese sector clave, así como la vuelta de Juca Ferreira al gabinete abre otras perspectivas para las políticas de cultura.

Empero, la tríada del equipo económico (Joaquim Levy en Hacienda, Nelson Barbosa en Planeamiento y Alexandre Tombini en el Banco Central) parece indicar un rumbo más ortodoxo en relación con los intentos de poner en pie una «nueva matriz macroeconómica», y en medio de las dificultades económicas: bajo crecimiento, inflación en el tope de la meta, inversión en baja –a pesar de las desgravaciones fiscales de cerca de 22.000 millones de reales (más de 8.000 millones de dólares)– y presiones por un ajuste fiscal. No sabemos cuán lejos irá ese ajuste. En simultáneo al anuncio de Levy –Chicago boy y ex-ejecutivo del banco Bradesco–, los tipos de interés aumentaron y se anunciaron algunas limitaciones para recibir el seguro de desempleo (medida criticada por la CUT tanto en la forma cuanto en el contenido). Al mismo tiempo, tendremos un superávit primario de 1,2% en los próximos dos años, el más bajo en más de una década.Dos nombramientos preocupan mucho. Por un lado, la senadora del PMDB Kátia Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Agricultura (CNA), es la nueva ministra de Agricultura. No es una novedad que ese cargo sea ocupado por un representante del agronegocio. Abreu, sin embargo, tiene un simbolismo mayor. Política habilidosa, transitó un camino poco común en estos círculos: quedó viuda a los 25 años, asumió la gestión de sus propiedades y se convirtió en un referente dentro de un universo extremadamente machista; en 2010 ganó el premio irónico «Motosierra de Oro», entregado en mano por la líder indígena Sônia Guajajara, por su actuación contra los derechos de los pueblos indígenas y contra los bosques.

Por otro lado, el ex-alcalde de San Pablo, Gilberto Kassab (Partido Social Democrático, PSD), acaba de asumir el Ministerio de las Ciudades. Esta cartera, una antigua reivindicación de los movimientos populares urbanos, fue creada en 2003 en el primer año del gobierno de Lula y, en 2005, en el contexto de la crisis política del llamado «mensalão», fue asumido por el conservador (a pesar del nombre) Partido Progresista (PP), solo con fines de gobernabilidad parlamentaria. La nominación de Kassab, conociendo su desastrosa gestión urbana en la alcaldía de San Pablo, va a contramano de lo que las calles expresan desde junio de 2013. Corremos el riesgo de que, si el segundo gobierno de Dilma no logra ejecutar ciertos cambios, se abra un campo propicio para el debilitamiento del PT y de la izquierda, y también, en algún momento, para una crisis política de mayor envergadura. Una muestra de ello tal vez se haya visto en estas elecciones en Río de Janeiro. En la segunda vuelta, la suma de abstenciones, votos nulos y blancos fue superior por un estrecho margen (un poco más de 5.000 votos) a los conseguidos por el candidato electo Luiz Fernando Pezão (PMDB) para el gobierno estadual. Perdiendo esta oportunidad de profundizar las transformaciones, se corre el riesgo de que se instale una verdadera crisis de representación que ya se anunció en algunos momentos.

¿Un nuevo ciclo y una nueva agenda?

¿Se ha abierto un nuevo ciclo de luchas en Brasil? Un nuevo protagonismo colectivo se manifiesta y nos remite a otro periodo (el de finales de la década de 1970 e inicio de la de 1980), momento de una explosión «de inteligencia y sensibilidad colectiva». Más de tres décadas atrás, cuando una transición «tranquila» a la democracia ya estaba organizada, «nuevos personajes entraron en escena». Los sindicalistas combativos fueron tildados por la entonces izquierda tradicional de «irresponsables» (porque atizarían a los militares) y de «poco politizados» (los comparaban con un sindicalismo de tipo «norteamericano»), pero se sabe que sus conquistas habilitaron el terremoto Lula y el evento PT. No se trata de comparar ambos momentos, pero sí de arriesgar un paralelo: entonces y ahora, los nuevos actores ya no caben en las instituciones. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo incentivar y conectar las autonomías emergentes? Hoy surge sin duda la necesidad de nuevas mediaciones políticas.

Repensar y practicar la participación. Junio es una oportunidad para repensar la participación y las dinámicas sociedad-Estado. A pesar de la importancia histórica y actual de la democracia participativa en los moldes del PT, esta ya no es suficiente. El Presupuesto Participativo tuvo un papel fundamental en el difícil contexto de la década de 1990 para todas las izquierdas y buscaba –en una de las perspectivas más radicales– poner en jaque la «representación burguesa» a escala local (concejales). Un esbozo de soviet contemporáneo. Pero, paradójicamente, la izquierda brasileña fue acercándose a una perspectiva «liberal» de participación, excluyendo de ese ámbito las cuestiones económicas y no logrando crear nuevas formas. Se abre hoy el desafío de pensar el modelo productivo y la participación en este campo. El cambio debe incluir transparencia (acceso a los datos) y participación en Petrobras, Electrobras y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Las luchas abren los debates y también los balances, desde las compañías privadas de ómnibus hasta las de generación y distribución de energía. ¿Cómo se decidió la construcción de la represa de Belo Monte? ¿Cuáles fueron las inversiones en la Amazonía y cuáles deberían ser? ¿Y las condiciones laborales en las grandes obras? ¿Qué formas de control deberían establecerse sobre las empresas, públicas y privadas? Esto se vincula, igualmente, con la traducción de los «grandes» debates. Reunir a los actores (por ejemplo, en el caso de la energía: pueblos indígenas, ingenieros, ribereños, gestores, sindicalistas, residentes, ambientalistas) para pensar alternativas. Esa perspectiva está también presente en la propuesta de democratizar la política externa con la creación de un consejo y la realización de una conferencia sobre política exterior. La participación, más que la representación, implica también pensar en mecanismos en que los usuarios –de la salud, educación, transporte y otros– puedan tener mayor protagonismo, inclusive en el control social y –¿por qué no?– en la gestión. Gestión de las cuestiones públicas para que se vuelvan realmente públicas, o mejor dicho, comunes.

Desarrollo. El país necesita debatir en profundidad los significados del desarrollo, más allá de la obsesión por las «grandes obras». Un programa de las ciudades, del campo y de los bosques. La vida infernal en los centros metropolitanos tiene conexión con los dramas en curso en otras partes del territorio, por ejemplo el altísimo uso de agrotóxicos y sus efectos en la salud de toda la población o el gravísimo problema de la falta de agua en el sudeste tienen un lazo directo con la deforestación en el Cerrado y en la Amazonía. Nuevas obras pueden, claro, reducir este problema, pero tal vez deberíamos encarar este desafío con otra lógica: el agua como bien común. El agua como la llave para una nueva integración territorial sudamericana (vía la conexión de las cuencas del Plata, Paraná, Tocantins, Araguaia y Amazonas): una potente red interior, de acuerdo con el arquitecto Paulo Mendes da Rocha.

En un inspirador estudio, el científico Antonio Donato Nobre describe la Amazonía como el «mayor parque tecnológico» del planeta. Nobre muestra la complejidad del «océano verde del bosque», un inmenso productor de agua. El bosque mantiene la humedad, produce las lluvias, transfiere agua del suelo hacia la atmósfera. Se trata de «un río de vapor más importante que el Amazonas», de una tecnología fundamental para la actividad humana en América del Sur y que se encuentra en grave riesgo. En las últimas cuatro décadas, se deforestó el equivalente a un campo de fútbol por cada brasileño. A pesar de la reducción de la deforestación, estamos acercándonos a un punto de no retorno. En este contexto, cabe preguntarse también cómo hacer para que la inversión en hidroeléctricas (en curso en Belo Monte y en preparación en el río Tapajós) no promueva el etnocidio. ¿Es posible?

Está planteado, además, el desafío de pensar el carácter pluriétnico y multicultural de Brasil. Como quedó dicho en la carta de la Articulación de los Pueblos Indígenas del Brasi (APIB) a los candidatos presidenciales,

la relación del Estado y de la sociedad brasileña con los pueblos indígenas, incluso con los nuevos paradigmas constitucionales que pusieron fin al integracionismo (…) ha estado marcada por principios y prácticas colonialistas, autoritarias, racistas, prejuiciosas y discriminatorias, subestimando la sociodiversidad y la contribución de los más de 300 pueblos indígenas, hablantes de 274 lenguas, y de los territorios indígenas al país.

Se profundizó, sin embargo, la distancia entre el «proyecto nacional» (en un sentido monocultural) y los modos de vida menores: pueblos indígenas, comunidades cimarronas (quilombola), ribereños, microiniciativas urbanas, luchas por la diferencia, etc.

Otra vertiente de este debate pasa por reforzar una buena tradición de la izquierda: analizar y estudiar el capitalismo, sus fronteras tecnológicas, sus sectores más avanzados, los cambios en la estructura productiva y de las clases sociales. Investigar, por ejemplo, los significados del ascenso de Facebook, Apple, Amazon, Google y otros.Un capitalismo que produce mercancías, pero también mundos y subjetividades, como ya decía el viejo Karl Marx (pero hoy esto opera de otras formas). E investigar cómo las luchas contemporáneas (y sus nuevos y viejos sujetos) se ubican frente la propiedad privada y sus muros a lo común, en la movilidad urbana, en el acceso a las universidades, en las capturas privadas de las creaciones colectivas (por ejemplo, de las farmacéuticas en relación con los conocimientos tradicionales). Esto refuerza la importancia de las políticas ambientales, de cultura y comunicación y la necesidad manifiesta de la construcción colectiva de una agenda, pues un nuevo ciclo de desarrollo se debilita al no tener en cuenta estos puntos.

Por la vida, contra la violencia. La violencia es constitutiva de Brasil. En los últimos diez años, se han registrado más de 500.000 muertes violentas y números alarmantes de muertes de jóvenes negros, mujeres, personas LGBT, líderes indígenas y campesinos. Luchas por la vida y contra la violencia. El país no puede continuar perdiendo esta energía vital. Una reforma de las policías (que incluya la desmilitarización de la Policía Militar) y una nueva política de drogas (incluyendo la legalización de la marihuana y otras medidas que apunten a separar el consumo del crimen organizado) son fundamentales para contrarrestar el actual encarcelamiento en masa. Vida y cuerpos libres, incluyendo los derechos de las mujeres a disponer sobre sus propios cuerpos. El combate contra la violencia pasa por un fortalecimiento de esas luchas de las diferencias: la autoorganización y fortificación de las autonomías como llave para cambiar situaciones intolerables. Esto se relaciona con el derecho a la lucha y a la libre manifestación, con una rígida regulación de las armas y con nuevos protocolos de actuación para las policías durante las protestas.

Todo esto exige, evidentemente, momentos de articulación entre macro y micropolíticas, entre dinámicas de resistencia y creación, para no dejar que la multiplicidad de junio se transforme en mera fragmentación. Es a partir de esa energía como pueden tejerse nuevas alianzas, abrir brechas y fuerzas constituyentes para continuar la reducción de las desigualdades y la ampliación de los posibles. El PT es, en ese sentido, un actor clave, y las protestas son una oportunidad inédita –una dádiva– para pensar su rehacer (reflexión y acción). Al surgir, el PT encarnó lo «nuevo». ¿Se habrá convertido ya en lo «viejo»? No, si escuchamos a sus principales dirigentes en los últimos meses. Faltan, sin embargo, acciones prácticas. ¿Cuáles serían? Abrir un verdadero diálogo con los múltiples nuevos sectores podría ser un comienzo. Un PT renovado. P, de partido, como espacio de articulación de las luchas. T, de trabajadores, de la nueva clase trabajadora, los productores en sus diferencias: negros, mujeres, indígenas, jóvenes de las periferias, campesinos, obreros, trabajadores de la cultura, activistas digitales. Otros sujetos y otras pautas, no una nueva síntesis, sino un diálogo-luchas. Política.