Entrevista

Gisela Pérez de Acha: «En América Latina hay casos de espionaje digital»

Los ciudadanos estamos desprotegidos y no tenemos recursos eficientes para contrarrestar el espionaje digital, una constante en América Latina.

Gisela Pérez de Acha: «En América Latina hay casos de espionaje digital»

Entrevista realizada por Mariano Schuster


La Asociación Derechos Digitales de la que formas parte denunció el uso de software de espionaje en América Latina. ¿Podrías comentarnos de qué tipo de software se trata y quiénes lo están utilizando?

Galieo o DaVinci son los nombres comerciales de Remote Control System: un malware que la empresa italiana Hacking Team vendía a gobiernos del mundo. Se trata de un programa que es capaz de acceder a cualquier tipo de información contenida en una computadora o teléfono celular: contactos, aplicaciones utilizadas, calendario, llamadas y audios de teléfono, Skype, cámara y webcam, chat, disco duro, cada teclas apretadas, mensajes y correos electrónicos, micrófono y audio, clics del mouse, contraseñas, posición geográfica en tiempo real, impresiones, capturas de pantalla y sitios de internet visitados. En otras palabras, permite acceso a prácticamente todo lo que transcurre en un equipo personal. En Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México y Panamá compraron licencias para el uso de Galileo o DaVinci, los nombres comerciales de este producto de espionaje de Hacking Team. Por otro lado, Argentina, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela contactaron a la empresa y negociaron precios, pero no compraron nada.

¿Hay fallas en la legislación de nuestros Estados en lo que respecta a la regulación de este tipo de software?

Sin duda. En nuestro informe «Hacking Team: malware de espionaje en América Latina» nos percatamos que el uso de este malware es ilegal en toda América Latina. Primero, porque no está explícitamente regulado, y esto abre la puerta a que autoridades abusivas y corruptas tomen decisiones arbitrarias sobre su uso. Segundo, porque aún en países donde sí está regulado, la capacidad de Galileo es mucho mayor a la mera interceptación de comunicaciones que es lo que usualmente está en nuestros códigos. En todo caso, los ciudadanos estamos desprotegidos y no tenemos recursos eficientes para contrarrestar este tipo de espionaje.

¿Pueden hacer algo los Estados o, incluso con la mejora de las legislaciones, esta cuestión escapa a sus posibilidades regulatorias?

Es una muy buena pregunta. En el mundo, se propone que estas actividades estén sujetas a una orden judicial que limite y controle su uso. Sin embargo, existen ciertos países de América Latina en los que el poder judicial no es 100% independiente. Además, ¿sabrían los jueces la naturaleza del software que están utilizando? ¿No hay un gran desconocimiento en la rama judicial también en este sentido? Aunque fuera legal, los métodos de Galileo son tan invansivos que difícilmente podría pensarse en su uso «legítimo». Es decir, que siempre habría cabida a que fuera abusado y utilizado en contra de periodistas o disidentes políticos.

¿Hubo posiciones diferentes en la conferencia sobre sociedad digital Re:publica que se desarrolló en Berlín y en la que tu participaste?

Re:publica es un espacio en el que muy distintas opiniones se encuentran, sin embargo, parecería que todos coincidiéramos en que la vigilancia indebida de las comunicaciones privadas en un problema de escala mundial. Desde las revelaciones de Edward Snowden en 2013 sobre la NSA, el problema ha adquirido una dimensión distinta. Nuestra postura desde Derechos Digitales es pensar cómo articular esto desde América Latina: una región con democracias inestables que viene saliendo de procesos dictatoriales pasados y presentes. No es lo mismo espiar en una democracia, que en un país en donde los activistas y disidentes son perseguidos aún.

¿Qué sucede con el TPP? También han afirmado que este acuerdo contiene medidas tecnológicas de protección «excesivas».¿En qué afectará a los derechos digitales de los usuarios?

El TPP se refiere al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Este tratado comercial que acaba de firmarse el 4 de febrero, fue impulsado por Estados Unidos y negociado con México, Perú, Chile, Brunei, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Canadá, Japón, Malasia y Vietnam, pero beneficia casi exclusivamente a Estados Unidos y otorga un enorme poder a las compañías multinacionales por encima de los gobiernos mismos. Además, pone en riesgo el derecho a la salud, al trabajo, al medio ambiente, a la libertad de expresión y a la privacidad de los ciudadanos del resto de los países involucrados. Primero, porque traba la producción de medicamentos genéricos para tratar enfermedades como el VIH, el cáncer o el ébola. Ademas, establece requisitos más altos en términos de protección a derechos de autor (70 años en vez de 50) lo cual es problemático para el derecho de acceso a la cultura de los ciudadanos en el mundo. En específico, las medidas tecnológicas de protección son «candados digitales» que implican que no podemos usar y disponer de nuestros aparatos como queramos, o caeríamos en el riesgo de ser procesados penalmente por hacerlo.

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