El resultado de las elecciones del pasado domingo 5 de mayo no sorprendió. José Raúl Mulino, delfín político del ex-presidente conservador Ricardo Martinelli –inhabilitado por el Tribunal Electoral y refugiado en la embajada nicaragüense–, triunfó en las elecciones presidenciales con 34,24% de los votos. Las encuestas ya avizoraban un resultado de ese tipo y, al menos en esta ocasión, no fallaron. Su más cercano contendiente, Ricardo Lombana, del Movimiento Otro Camino, quedó en segundo lugar con 24,61% de los votos. Lombana, que ya había participado de las elecciones de 2019 como candidato independiente, se declaró ahora el principal representante de la oposición. El tercer puesto lo ocupó el ex-presidente Martín Torrijos (2004 y 2009). Proveniente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), actualmente en el poder, Torrijos renunció a dicha organización por conflictos con su cúpula y compitió con el sello del pequeño Partido Popular y consiguió 16% de los votos.

Una elección atípica

El 4 de marzo de este año, el Tribunal Electoral declaró la inhabilitación de Ricardo Martinelli, condenado a 10 años de prisión por el delito de blanqueo de capitales, tras un fallo judicial adverso que le impidió revertir su sentencia. Martinelli, que se encuentra refugiado en la embajada de Nicaragua desde el 7 de febrero para eludir su detención no pudo, por ende, presentarse como candidato. Al ser excluido de la contienda Martinelli, quedó como candidato Mulino, el candidato vicepresidencial de la fórmula, y además su ladero y ex-ministro entre 2010 y 2015, por lo que el binomio quedó sin candidatura a la vicepresidencia. La de Mulino fue, además, la única nómina cuya candidatura quedó en firme solo dos días antes de las elecciones, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró a las 5.30 de la mañana del viernes 3 de mayo que no era una candidatura inconstitucional (se había cuestionado su legalidad, precisamente, por competir sin vicepresidente y por haber sido designado sin participar en elecciones primarias). En una situación inédita, Martinelli tomó decisiones sobre la estrategia política para llevar al triunfo a su delfín, grabó cuñas y organizó reuniones desde la propia legación diplomática. Y logró su objetivo.

En su discurso de la noche del 5 de mayo, Mulino trató de no aparecer como una marioneta de su mentor: «Nadie me puso de a dedo…ni soy títere de nadie». Pero los militantes del partido Realizando Metas (cuya sigla, RM, coincide con las del nombre de su líder) recordaban gritando, de a ratos el nombre del ganador desde el lujoso hotel donde esperaban los resultados: «Martinelli, Martinelli». 

Estos comicios tuvieron la participación más alta registrada hasta este momento: 77% del electorado acudió a las urnas movido por la voluntad de ejercer un voto castigo al gobierno de Laurentino Cortizo, del PRD, un presidente impopular rechazado por ocho de cada diez panameños, sobre todo por el desempeño económico, en un país en el que la informalidad alcanza a la mitad de la fuerza laboral y el desempleo juvenil llega a 20%. 

Otro punto a destacar es que la única candidata de izquierda que participó en estas elecciones, la economista Maribel Gordón, llegó a la papeleta por la libre postulación.Con una campaña austera y sorteando algunas de las fracturas que atraviesan a los movimientos sociales, Gordón duplicó la cantidad de votos que recibió cada una de las tres candidaturas previas de izquierda. Obtuvo poco más de 24.000 votos, que se pueden interpretar como una aceptación, pequeña pero significativa, de algunas propuestas progresistas vinculadas con las luchas de los sectores populares. 

El efecto Martinelli

¿Pero cómo logró el ex-presidente, refugiado en una embajada extranjera y condenado por la justicia, la victoria en las urnas? El cortísimo plan de gobierno que Mulino heredó de Martinelli se concentró en una frase: «más chen chen (dinero) en tu bolsillo». Esa consigna, sumada al lema «Martinelli es Mulino y Mulino es Martinelli» que ambos repetían de modo permanente en la radio, la televisión y las redes sociales, caló en una población que desestimó la condena por blanqueo de capitales de Martinelli y los casos de corrupción que lo sobrevuelan. La ciudadanía prefirió, así, votar por las obras prometidas, más allá de los delitos por los que se encuentra condenado y aquellos otros por los que se lo acusa. 

Un tren Panamá-Chiriquí, hospitales, una red vial de provincias y una ciudad universitaria fueron las promesas de campaña más destacadas de Mulino. En definitiva, una plataforma concentrada en una serie de megaproyectos. De este modo, la añoranza de una bonanza económica que se atribuye al anterior gobierno de Martinelli –y que fue más fortuita que producida por él– jugó a favor de Mulino. 

Martinelli gobernó entre 2009 y 2014. Su presidencia tuvo, durante los cinco años de mandato, el viento a favor de las obras por la ampliación del Canal de Panamá. Martín Torrijos, su antecesor, solo vivió como presidente los dos primeros años del proyecto (2007 al 2009), que fueron «puro papeleo», y su sucesor, Juan Carlos Varela, capitalizó los dos últimos años (2014-2016) los beneficios económicos de la megaobra. De este modo, mucho del crecimiento económico y el incremento de la capacidad de endeudamiento que tuvo Martinelli derivó de la obra pública más grande después de la construcción del Canal original, iniciada en 1904. Su gobierno aprovechó el apetito de las instituciones financieras por prestarle dinero a la «niña bonita de Centroamérica», el país que más crecía, el que más ingresos se garantizaría por la ampliación del estratégico canal interocenánico, el primero que tendría un metro en la región y apostaba a los negocios. 

Los dineros circularon, los maestros y policías recibieron aumentos salariales, el comercio se expandió en respuesta a la nueva demanda creciente, se alquilaron más casas, se vendieron más carros, se construyeron las obras que hoy están siendo cuestionadas en juicios contra Martinelli, se compraron aviones, lanchas y radares. 

El hombre es él y sus circunstancias, dijo el filósofo español José Ortega y Gasset. Pero las circunstancias, en este caso, han cambiado. La ampliación del Canal de Panamá coincidió con el momento exacto de maduración del proyecto político de Martinelli. Sin embargo, para volver a colocar dinero en la calle y los bolsillos de los panameños, sería necesario, ahora, construir una nueva megaobra de la misma envergadura. La promesa de Mulino y Martinelli de la construcción del tren Panamá-Chiriquí estuvo destinada, en efecto, a movilizar esa nostalgia por los momentos de bonanza.

La otra pieza del rompecabezas es el carisma que se le atribuye a Martinelli. El ex-presidente ha conseguido una fila de fanáticos que desean tomarse fotos con él o que lo esperan para saludarlo, y su estima por él corre en paralelo a las acusaciones judiciales. Martinelli ha sido, en buena medida, un «Trump antes que Trump». Un empresario que promete «devolver empleos», que grita lo que piensa, que afirma que todo se resuelve inyectando dinero, que promete plata y que no se priva de saltar, bailar y, por supuesto, de proferir obscenidades en sus discursos. Se ha presentado, históricamente, como el antagonista de los «políticos profesionales», como un outsider, como el hombre «que resuelve».

En un momento en el que la clase política está desgastada y la economía de la mayoría tan precarizada, su discurso, y el de su delfín, calaron en la ciudadanía. 

La catástrofe del partido oficialista

Como preámbulo a las masivas protestas del año pasado en contra del contrato minero firmado entre el gobierno panameño y la empresa minera canadiense First Quantum, que generó un verdadero levantamiento popular, las elecciones se habrían convertido en una segunda fase de protesta en contra del gobierno actual de Laurentino Cortizo, cuyos resultados en las urnas constituyen un golpe inédito desde la fundación del partido más grande de Panamá. 

El candidato oficialista, el actual vicepresidente José Gabriel Carrizo, quien ha tenido un peso político fundamental en la actual gestión, quedó por debajo de 6%. Junto con la impopularidad del actual gobierno, el PRD vivió un proceso de fragmentación que incluyó la salida de Martín Torrijos. El ex-presidente (2004-2009), hijo del general Omar Torrijos, mentor y mítico fundador del partido, renunció al colectivo denunciando a su cúpula de haber torcido los valores del «torrijismo». A Torrijos, el divorcio del PRD le funcionó bien: triplicó los votos de su ex-partido.

Sin embargo, la crisis del PRD no es nueva. Se trata, en rigor, de un fenómeno de larga data que ha ido extendiéndose cada vez más hasta dar lugar a este último derrumbe electoral. Esta vez, el PRD perdió su mayoría en la Asamblea Nacional y las alcaldías más importantes del país: la capitalina, la de ciudad de Colón y la de La Chorrera. Para el sociólogo y catedrático Olmedo Beluche «la ciudadanía acudió en masa a votar, el mayor porcentaje de participación en décadas, para emitir un voto castigo al gobierno responsable del desastre social, económico, ambiental y político en que está el país».  

Lo que viene

El escenario panameño es complejo. Mulino, el nuevo presidente, tiene una trayectoria política de más de 30 años, pero el país ya no es el mismo que cuando fue ministro de seguridad hace ya más de una década. En su discurso tras el triunfo electoral, ha dejado en claro que su política, aliada a la de su «amigo Ricardo», será «pro-empresa» y «pro-inversión», sin «olvidar de los que tienen hambre, que no tienen un empleo». 

Mulino habló de la necesidad de dotar al país de «decisión y liderazgo» y convocó a un gobierno «de unidad nacional», lo predecible de un veterano político. Criticó fuertemente al Órgano Judicial y al Ministerio Público, a quienes consideró amañados o manipulados. «A partir del 1 de julio se recobrarán las llaves de los candados que los tienen presos persiguiendo, dañando reputaciones y familias sin el menor asomo de vergüenza» se desahogó ante el público que celebraba. «Misión cumplida, carajo», dijo desde el palco en un mensaje a Martinelli.

Acto seguido, tranquilizó a los acreedores diciendo que el país pagará todas sus deudas, o bien las reestructurará a tiempo. Panamá tiene una deuda que ronda el 60% del PIB –más de 50.000 millones de dólares–, una pesada herencia que le deja el gobierno de Cortizo, quien llevó a su máxima expresión la peligrosa tendencia de cubrir gastos corrientes con deuda.

Lo que queda por ver es a qué problemas dará prioridad Mulino, si a los del día a día de las mayorías –agua, basura, educación, salud, etc.– o a las transnacionales que ven a las leyes panameñas y los derechos de los ciudadanos como una piedra en el zapato para desarrollar sus inversiones. Tal es el caso de las empresas mineras, que desde antes de las elecciones buscaron transmitir tranquilidad a sus accionistas anticipando el resultado de estas elecciones.