Coyuntura

Elecciones en México

Las elecciones presidenciales en México estuvieron, desde el comienzo, marcadas por los golpes bajos y la guerra sucia. Finalmente, los resultados del 2 de julio confirmaron el peor de los escenarios posibles: una fuerte polarización y una diferencia estrecha, de menos de un punto, entre el candidato del partido de gobierno, Felipe Calderón, y el líder de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador. En ese contexto de incertidumbre y zozobra, López Obrador denunció fraude y lanzó un movimiento de resistencia civil cuyos objetivos no se ajustan a la lógica jurídica. En cualquier caso, la perspectiva es la de una crisis poselectoral que sacude a la incipiente democracia mexicana y complica la formación del próximo gobierno.

Elecciones en México

1.Cada uno de los años que han transcurrido en este sexenio de alternancia, el primero en más de siete décadas, puede tener una definición propia. Por ejemplo, 2001 fue el de las expectativas y el desencanto frente al nuevo gobierno; 2003 fue un año políticamente inútil, porque la primera parte estuvo dedicada a una campaña electoral de mercadotecnia que llevó a unas elecciones intermedias, abstencionistas y costosas, y en la segunda parte fracasaron las negociaciones para emprender reformas legislativas; 2005 fue el año del pleito y la parálisis, con una alta polarización social en torno del desafuero del entonces jefe de gobierno de la capital, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el candidato a la Presidencia más potente de la izquierda mexicana; y 2006, el año electoral, será crucial, porque de cómo se resuelva el proceso electoral dependerá el futuro inmediato del país.

Llegamos al proceso electoral no en las mejores condiciones, sino en las que decidieron los partidos políticos y sus cortos intereses. Debido a una partidocracia cada vez más desprestigiada, los bloqueos legislativos hicieron que el país se quedara sin la reelección consecutiva de legisladores, sin nuevas reglas para el financiamiento, sin segunda vuelta y sin otro modelo para el acceso de los partidos a los medios. Solo fue aprobada la reforma del voto de los mexicanos en el extranjero, que fue un gran fracaso porque únicamente unos 40.000 ejercieron su nuevo derecho, cuando se hablaba de millones.

No es exagerado decir que el país llegó exhausto a 2006 y a la sucesión presidencial como resultado de una muy larga preparación, con intensas anticipaciones y un fuerte desgaste. Durante los cinco años anteriores, varios fantasmas rondaron el escenario público: el de la recuperación del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que hoy se ha esfumado por completo; o el de la llegada del populismo al poder.

Asistimos a una campaña demasiado larga –180 días–, que se sumó a una sucesión anticipada y a una fase de precampañas definida por un escenario de confrontaciones dentro del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), que postuló a Andrés Manuel López Obrador; por rupturas en el viejo partido gobernante, el PRI, que fue con Roberto Madrazo como candidato; y por ajustes en el derechista Partido Acción Nacional (PAN), que optó por Felipe Calderón. Además, hubo otros dos candidatos de fuerzas políticas nuevas: Roberto Campa, por Nueva Alianza, el partido del magisterio corporativo, y Patricia Mercado, de Alternativa Socialdemócrata y Campesina.

Para un gran porcentaje de los votantes, el resultado del 2 de julio quedó envuelto en la incertidumbre, pero no solo por lo apretado de las cifras, sino por los antecedentes de la misma campaña electoral. El proceso electoral estuvo marcado por la incertidumbre, lo cual es propio de las democracias, pero sin la certeza absoluta de que las reglas del juego serían completamente respetadas ni de que cualquier resultado sería reconocido por el perdedor. Desde que se inició la campaña, se anticiparon dos escenarios posibles. En el primero, que parecía una prolongación del marcador de las encuestas de opinión al momento de iniciar la campaña, se preveía un margen suficiente entre los candidatos, de modo que las dudas y las impugnaciones no afectaran la legitimidad de los comicios. El otro escenario se refería a una elección complicada que no saliera bien por una legitimidad dañada, en la que la diferencia entre el primer lugar y el segundo fuera completamente cerrada, lo que abriría un expediente de litigio con amplias resonancias sociales. Después del 2 de julio, este segundo escenario se hizo realidad.

2. Uno de los pocos resortes de interés que mantuvo la campaña electoral de 2006 fue la incertidumbre de su resultado. Las preferencias del inicio, en enero de 2006, definieron una primera fotografía: Consulta Mitofsky estableció una preferencia efectiva del voto de 31% para Felipe Calderón, quien subió ligeramente respecto a noviembre, cuando tenía 28,8%; Roberto Madrazo conseguía 29,2% en enero (en noviembre tenía 30,4%); y AMLO elevaba su aprobación hasta 38,7% (en noviembre contaba con 34,8%).

Durante los primeros meses, AMLO mantuvo su ventaja, pero desde finales de marzo se inició un reajuste en las tendencias y el panista Calderón empezó a aumentar sus índices de preferencia mediante la estrategia de una campaña sucia contra el postulante del PRD. Después de varios meses durante los cuales la tendencia no se había modificado sustancialmente, entre finales de marzo y principios de abril las campañas mostraron, por primera vez, un ajuste significativo. Durante la primera etapa de la campaña, había habido una inercia ganadora para López Obrador, quien se fortalecía pasara lo que pasare. Sin embargo, la propaganda sucia que lo comparaba con el polémico presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y la frase acerca de que su triunfo implicaba «un peligro para México» lograron hacer disminuir sus preferencias. ¿Qué ocurrió?

Hacia finales de marzo, Consulta Mitofsky mostró una disminución de dos puntos para AMLO (pasó de 39,4% a 37,5%), una suba de Calderón (de 29,8% a 30,6%) y un incremento para Madrazo (de 27,5% a 28,8%). Había, de todos modos, una distancia cómoda, de 10 puntos de ventaja, a favor de AMLO. Entonces, la estrategia de sus contrincantes fue apuntar todas las baterías en su contra, primero en base a las críticas por su decisión de no asistir al primer debate y luego difundiendo spots negativos en la televisión. A todo ello hay que sumar la presencia permanente en los medios de comunicación del presidente, Vicente Fox, quien hablaba en contra de AMLO, aunque no directamente, sin mencionar su nombre, sino a partir de una construcción ideológica negativa que tuvo como objetivo central calificarlo de «populista».

En esa guerra de adjetivos, López Obrador respondió cometiendo dos errores que le costaron una baja de sus preferencias: por un lado, un discurso de intolerancia («cállate, chachalaca», le dijo al presidente Fox); por otro, un tono duro de intransigencia. Cuando un candidato va ganando la carrera presidencial, es esperable una actitud por la cual se sitúe por encima del pantano, abriendo espacios incluyentes hacia sectores que tienen dudas en cuanto a apoyarlo o no. A López Obrador, en cambio, le ganó el carácter y apeló a la lógica de la arenga.

Cuando hay guerra sucia no vale mucho señalar quién es el que juega más fuerte: como ocurre en las arengas callejeras, como sucedió en esta campaña por la Presidencia, no hay rudos y técnicos, sino puros rudos. La política se puso al servicio de una confrontación que fue polarizando a la sociedad. Los candidatos se sumergieron en el frenesí de sus auditorios de masas, y la lógica del mitin, de la arenga, se apropió de los discursos.

3. A medida que se acercaba el 2 de julio, la campaña ingresó en una intensa fase judicial: los partidos de la oposición demandaron ante la Procuraduría General de la República y ante la Fiscalía Especial para Delitos Electorales al presidente Fox y a varios funcionarios de alto nivel; el Tribunal Electoral ordenó al PAN suspender spots, y el PRD y el PRI intentaron descalificar el proceso con la tesis de que estábamos ante una «elección de Estado». ¿Era un viaje de regreso en el tiempo o una estrategia de campaña?Una de las piezas que definía al viejo régimen era, precisamente, la falta de transparencia en los comicios. Debido a ello, los partidos opositores dedicaban una parte fundamental de su actividad política a tratar de revertir los efectos del fraude electoral y de lo que se denomina «elecciones de Estado». Sin duda, 2006 era un momento diferente, a pesar de una clase política tan primitiva que era capaz de actualizar el tema del fraude si eso beneficiaba sus intereses más inmediatos.

Ninguno de los participantes quedaba al margen del problema, no había blanco y negro, ni buenos y malos, sino un conjunto de actores que hacían todo lo posible por ganar espacios electorales, incluso a costa de lastimar el mismo proceso electoral. Entre ellos, un presidente de la República en campaña permanente a pesar de que encontró varios frenos, como el de la Suprema Corte de Justicia, que lo obligó a suspender los spots, suplidos luego por una intervención obsesiva en sus discursos para descalificar al candidato del PRD. Por su parte, el partido oficialista, el PAN, repitiendo la receta que durante años aplicó el PRI, implementó una amplia y sonora guerra sucia en contra de López Obrador. El candidato del PRD respondió en los mismos términos. El PRI y su desangelado líder, que nunca salió del tercer lugar en las encuestas y al que desde el comienzo se daba por perdedor, decidió deslegitimar la elección y poner a circular el rumor de que se trataba de «elecciones de Estado».

En ese contexto, los árbitros de la contienda fueron rebasados por los jugadores. El Instituto Federal Electoral (IFE) pasó a ser un simple juez de línea y la posición de árbitro fue ocupada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, ante las decisiones lentas y sesgadas del IFE, adoptó la última palabra en las disputas de campaña. Por ejemplo, fue el Tribunal quien ordenó suspender los spots contra AMLO. Desafortunadamente, los tiempos del litigio y las sentencias del Tribunal avanzaron a un ritmo más lento que la presencia frenética de la propaganda política en radio y televisión.

¿Cómo llegamos a este intento de quitarle legitimidad al proceso electoral? Sin duda, el actual modelo electoral presenta problemas importantes que posibilitaron el clima de intensa guerra sucia y la reactivación de una cultura de desconfianza. En primer lugar, podemos mencionar el esquema de financiamiento público, que genera campañas largas y costosas. También hay que tener en cuenta el modo de acceso a los medios masivos, que propició un clima de descalificación que suprimió la posibilidad de tener un debate político acerca de los proyectos en juego.

Estábamos muy lejos de una «elección de Estado» como las que hacía el PRI en sus buenas épocas gracias al control del proceso electoral, el dominio de los organismos de fiscalización, el silencio en los medios, la manipulación ciudadana y el fraude múltiple. Pero estábamos ante una elección altamente insatisfactoria, de enfrentamientos cotidianos y muy poco debate de propuestas. Antes de los comicios, el debate no giraba en torno del fraude, sino de la calidad de la elección, que estaba en duda.

En los meses de campaña hubo una pregunta constante: ¿las supuestas fortalezas institucionales y la cultura electoral acumulada garantizaban una elección con legitimidad, o la intensidad de las pugnas entre los candidatos y partidos podía desacreditar los resultados del 2 de julio?

4. El balance del primer debate entre los candidatos a la Presidencia, a principios de abril, dejó como ganador al panista Calderón. El candidato del PRI realizó una mala presentación. Por su parte, López Obrador no participó, tuvo que pagar costos importantes y sufrió una caída de las preferencias electorales. En el segundo debate, a principios de junio, los candidatos punteros llegaron empatados y sucedió lo que era previsible: se profundizó la polarización entre Calderón y López Obrador. Era difícil romper el empate, se necesitaba que alguno de los punteros se resbalara e hiciera un ridículo notorio, pero con un formato de discusión tan protector esa posibilidad estaba prácticamente descartada.

Sin embargo, el posdebate estuvo dominado por un nuevo pleito en torno del expediente «Hildebrando», nombre de la empresa del cuñado de Calderón a quien AMLO acusó de haberse beneficiado con contratos del gobierno y de no pagar impuestos. La maquinaria de la guerra sucia se tragó el debate y uno de los pocos momentos en que se vio una confrontación de propuestas rápidamente pasó al olvido. Ésa era la estrategia de respuesta del PRD: devolver los golpes de la guerra sucia que el panismo le había asestado a López Obrador y aplicar aquella sentencia que dice que quien pega último, pega más duro.

Uno de los pocos méritos del debate fue establecer la clave de la elección de 2006: una disputa entre dos proyectos de país que pueden ser caracterizados desde diferentes ejes discursivos: izquierda versus derecha, eficiencia versus distribución, pasado versus futuro, privilegios versus derechos, liberalismo versus nacionalismo, etcétera. La polarización en la que se encuentra México no se explica solo por las estrategias de guerra sucia; tiene vinculaciones más profundas y está definida, como pocas veces ha sucedido, por una decisión electoral importante que afectará el futuro inmediato del país.

Un empate en las preferencias electorales y una polarización social son dos problemas complicados y difíciles de resolver. Cuando alguien plantea las mínimas cuestiones que necesita México para los próximos años, como por ejemplo una mayor estabilidad y una mejor distribución del ingreso, pareciera que ninguno de los punteros fue capaz de ofrecer ambas cosas: los acentos de cada candidato solo atendían una parte de esa pareja. Cuando se piensa que sería deseable tener un país con menor desigualdad, y, al mismo tiempo, una mejor construcción institucional, sucedía lo mismo: ninguno de los dos punteros garantizaba ambos requerimientos. Para AMLO lo central era la desigualdad social y los acuerdos sectoriales al estilo corporativo. Un candidato que se presenta como de izquierda pero opera al viejo estilo prista no garantiza una modernidad política. Por su parte, Calderón exhibía un estilo gerencial y no fue capaz de marcar una clara agenda social.

En suma: ¿los ciudadanos estaban ante dos proyectos de país o simplemente ante dos estilos, dos acentos, que defendían una jerarquía de políticas públicas distinta? Es posible que se tratara de dos proyectos políticos. Lo cierto es que México, con esta elección, se encontraba ante dos incertidumbres: la que representa AMLO de un regreso o una restauración del pasado, y la de Calderón quien, con su excesivo conservadurismo, podía agravar el clima social con una política de mano dura. La polarización demostraba que ninguno de los dos punteros era capaz de garantizar a la otra parte una inclusión satisfactoria en su proyecto. A pocos días de las elecciones se anticipaba como el escenario más probable el de un gobierno dividido, durante el cual las reformas y la relación con el Congreso presagiarían más parálisis. El modelo económico global habilita escasos márgenes de maniobra, a menos que se quiera hacer un camino al estilo Hugo Chávez, muy impugnador del imperialismo mientras le vende petróleo a Estados Unidos. Después del debate, una encuesta del diario El Universal (12/7/2006) confirmó lo cerrado de la contienda: sobre el final de la campaña los números indicaban 37% para Calderón, 34% para AMLO, 22% para Madrazo y 6% para Mercado. La diferencia entre los punteros estaba dentro del margen de error; el empate se mantenía. 5. La fase final de la campaña fue como una noche incierta: no se sabía quién iba a ganar y esa incertidumbre impulsó a los actores políticos a intentar dar su golpe final, sin importar los efectos negativos que esto generaría en un clima tenso y polarizado. La guerra de los expedientes sucios siguió a toda velocidad; los golpes bajos se intensificaron y la reproducción frenética de los spots parecía no tener fin. Había en el ánimo una suerte de frustración nacional porque, después de casi 5.000 millones de pesos gastados (más de 450 millones de dólares) en una larga campaña, y después de una etapa también larga de varios años de luchas, en donde la clase política había mantenido en suspenso los pactos y los acuerdos que necesitaba el país, resultaba que, al final, no había nada seguro. En algunas encuestas, la ventaja era para AMLO, en otras era para Calderón. La novedad del proceso era la incertidumbre, además de la polarización entre proyectos, una tensión que llenó los ánimos y dividió a la sociedad. Otra novedad fue la oscilación en las preferencias, medida puntualmente por las encuestas, como consecuencia de un uso estratégico de la televisión, algo que ya habíamos visto en 2000, aunque no con la actual contundencia. Si las campañas se han convertido en mediáticas, la de 2006 fue una campaña de medios. Sin embargo, la clave del 2 de julio no estaba en los medios, sino en las estrategias de movilización, en la capacidad de los partidos para poner en operación a sus estructuras territoriales, llevar a la gente a votar y cuidar las casillas.

6. El 2 de julio, cuando las primeras encuestas de salida indicaron una votación muy cerrada, se hizo realidad el escenario más complicado. Lo más delicado, sin embargo, fue la inercia de los partidos políticos y sus posiciones. El PRI, extraviado en el pasado, salió a pedir que no se publicitara el conteo rápido y que se esperara el conteo voto por voto. El PAN y el PRD, con la ambigüedad del momento, se declararon ganadores. A pesar de las peticiones del IFE, los partidos no pudieron aguantarse: convocar a la gente a salir a festejar un triunfo aún sin definir, en un escenario incierto, no solo fue poco prudente, sino irresponsable. Después de una larga campaña en un escenario de alta competencia, con pronóstico reservado sobre el ganador, al final del día el país se fue a dormir sin una conclusión, sin un ganador. A un resultado controvertido –solo medio punto de diferencia entre Calderón y AMLO– se ha sumado una crisis poselectoral. Se puede argumentar que existen canales institucionales y una vía legal para procesar el conflicto. Sin embargo, lo que se instaló en el horizonte fue una severa confrontación que anunciaba más polarización social. Las sospechas llevaron a la actualización de una larga lista de agravios, errores que se acumulan y forman un cuadro indeseable, y un país que se ha partido debido a la irresponsabilidad de una clase política inepta. Se trata, en suma, de un proceso electoral que se ha ensuciado. El conflicto poselectoral actualizó el fantasma del fraude y trajo a la memoria de millones de personas las elecciones de 1988. Pero hay que revisar con cuidado las piezas de este complicado rompecabezas. Después de las elecciones intermedias de 2003, quedó establecido que era necesario modificar las reglas del juego electoral, que el modelo de campaña y financiamiento se había convertido en un costoso esquema de mercadotecnia, y que los resultados del primer gobierno de alternancia eran una enorme parálisis y un gran desencanto social. Seis de cada diez ciudadanos se habían alejado de las urnas. La primera pieza de este rompecabezas fue una alianza facciosa en la Cámara de Diputados entre el PRI y el PAN, los que, con muy poca visión, decidieron conformar el principal organismo electoral del país –el IFE, árbitro encargado de fiscalizar las elecciones– sin el consenso de una de las tres fuerzas políticas más importantes, el PRD, que también se mostró incapaz de llevar adelante una negociación. Todavía lejano el proceso electoral, se cocinó el segundo ingrediente: el clima de polarización, los videoescándalos de 2004 y el desafuero de 2005, en el que la alianza entre el PAN y el PRI, con la intervención de los tres poderes de la República, fue un factor crítico que afectó nuestra incipiente democracia. La polarización no fue consecuencia exclusiva de los spots televisivos que se iniciaron en marzo de 2006: ya había muchos antecedentes. La campaña electoral es el tercer ingrediente: un proceso accidentado, de alta confrontación y con signos identificables de falta de equidad en la contienda. Esto se manifestó, por ejemplo, en la intervención del Poder Ejecutivo a través de los spots y de la permanente construcción de un discurso de ataque a uno de los contrincantes, como si el presidente fuera un candidato más. En este contexto, la pasividad del árbitro en la regulación de la campaña negativa fue un factor que también afectó la contienda y que fue corregido, tardíamente, por el Tribunal. De la misma forma, se lastimó la elección por no haber logrado detener la embestida de actores comprometidos con una opción política, como los grupos empresarios.

La noche de los comicios el árbitro, una vez más, no estuvo a la altura y no detuvo a los candidatos. A ellos, por supuesto, poco les importó el árbitro. Esa noche, violando la legalidad, los dos punteros se declararon vencedores. El 3 de julio, el Programa de Resultados Preliminares (PREP) generó dudas al no informar claramente que las casillas con inconsistencias (datos incompletos) estaban en otro archivo, al cual se llegaba a través de un laberinto de seis pasos habilitado solo para especialistas en sistemas de cómputo. El 4 de julio, el fantasma del fraude fue una nube negra que empezó a generalizarse. De pronto la diferencia a favor de Calderón pasó de 1,04% a solo 0,6%. Entre el 5 y el 6 de julio, se realizó el cómputo de las actas en los 300 distritos de todo el país. El resultado final le otorgó una ventaja de 0,58% a Calderón: 35,89% contra 35,31% de AMLO.

A partir de ese momento, para un sector importante de la ciudadanía la credibilidad del IFE empezó a ser historia: se había cometido un error estratégico en un momento crítico. Además, algunos consejeros opinaron indebidamente frente a la prensa extranjera que la impugnación ante el Tribunal no procedería. Y, también indebidamente, el consejero presidente dio por ganador a Calderón, cuando la ley señala que solo el secretario debe difundir el resultado del cómputo distrital. La desconfianza institucional en el IFE no pone en duda al millón de ciudadanos que organizaron la jornada electoral del 2 de julio, sino la incapacidad política de los consejeros que no supieron reaccionar eficientemente frente a un escenario complicado.

7. El 6 de julio, López Obrador afirmó que no reconocía los resultados porque había muchas irregularidades, y anunció que impugnaría la elección ante el Tribunal Electoral. Dos días después, en el Zócalo de la capital, declaró enfático, ante una multitud enojada, que había habido fraude, y llamó a una movilización nacional pacífica. El líder había regresado a su origen, estaba en su elemento, y había iniciado un movimiento de resistencia civil.La lógica política del movimiento de AMLO y la lógica jurídica no coinciden. La primera decisión del Tribunal Electoral, el 5 de agosto, fue realizar un conteo parcial de 9,07% del total de casillas (11.839 casillas entre más de 130.000). La coalición Por el Bien de Todos, que encabeza López Obrador, rechazó este proceso reclamando la apertura de todos los paquetes: su eslogan fue «voto por voto, casilla por casilla». El problema es que no se puede contar todo, simplemente porque la coalición perredista no impugnó el total de la elección, sino solo una parte. El 28 de agosto se conoció el fallo de la Justicia: el Tribunal anunció que había resuelto 375 juicios de impugnación, 240 presentados por la coalición de AMLO, 133 del PAN y dos juicios interpuestos por ciudadanos. Esto afectó a 230 de los 300 distritos del país. La conclusión fue la anulación de poco más de 237.000 votos. Así, Calderón perdió 81.080, Madrazo 63.114 y López Obrador 76.896 votos. El ajuste, entonces, prácticamente dejó igual el resultado electoral.

Una vez agotada esta fase, el Tribunal se dispuso a realizar la etapa final de su tarea: la declaratoria de validez de la elección presidencial. Y así fue como, poco a poco, la ruta jurisdiccional impuso la lógica jurídica a los reclamos políticos de la protesta callejera. La respuesta no se hizo esperar: AMLO desconoció el fallo del Tribunal y radicalizó aún más su discurso, calificó el acto como un «golpe de Estado», llamó a desconocer al eventual gobierno de Calderón, enarboló un programa de resistencia civil y declaró que sometería a una «convención nacional democrática» la decisión de nombrar a un «presidente legítimo» y formar un gobierno paralelo.

A diferencia de otros momentos, como durante el proceso de desafuero en 2005, cuando López Obrador había ganado la batalla en la opinión pública internacional, en esta ocasión sucedió todo lo contrario. Influyentes diarios, como The New York Times, señalaron: «La insistencia de López Obrador de que fue robado suena ahora a lloriqueo». Por su parte, el periódico español El País apuntó: «Lo que debe hacer [AMLO] es reconocer la derrota y dedicar sus energías a que el PRD influya desde el Congreso sobre unas políticas que deben hacer de la lucha contra la desigualdad social una prioridad». En esos mismos días, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, dijo en México que ese organismo reconocería al gobierno oficial que fuera declarado por las instituciones.

Todo esto evidencia que las decisiones tienen sus tiempos, y que no es posible salir de la lógica institucional. En este sentido, el escenario de un movimiento de resistencia prolongado parece tener poco futuro. Lo más probable es que se agote pronto, sin desconocer que posiblemente para una parte importante de los ciudadanos –uno de cada tres apoyó a AMLO– permanecerá vigente durante años la percepción de que hubo fraude. Al menos así lo empiezan a indicar algunas encuestas.

A pesar de que todas las señales del Tribunal indican que Calderón será reconocido como presidente electo, los problemas de gobernabilidad no se resolverán. Una vez que desaparezcan los humos y los ruidos de la larga fase postelectoral, seguirán pendientes los graves problemas del país, a los que el próximo gobierno tendrá que dedicar todo su esfuerzo. Se necesitan muchas cosas: desde un nuevo diseño institucional y una reforma política, hasta políticas públicas innovadoras en materia energética, de pensiones, de combate a la pobreza, entre otros temas de un etcétera largo y abrumador. En cuanto al gobierno que concluye, se podrán discutir muchas de sus políticas, fallas y omisiones, pero en este tiempo de incertidumbre una paradoja toma fuerza: el primer gobierno de alternancia lastimó a la incipiente democracia y contribuyó activamente a crear la crisis política de 2006. Por lo pronto, se prevé un largo movimiento de resistencia y una complicada formación del próximo gobierno. Quizá dentro de algún tiempo se pueda hacer una evaluación más profunda de este proceso; por lo pronto, queda la certeza de que esta crisis llevará a una mayor descomposición política. Y, al mismo tiempo, se abre la interrogante acerca de si esta crisis se convertirá en una oportunidad para transformar las instituciones que necesita el país para consolidar su democracia o si, en cambio, volveremos a la inercia de una mediocridad política como la que ha vivido México en los últimos años.