Coyuntura

Elecciones en Costa Rica: la inevitable transición

Como resultado de un pacto entre los principales partidos políticos y de la puesta en marcha de un sólido Estado benefactor, Costa Rica ha mantenido, desde 1948, una estabilidad democrática excepcional. Desde 1980, sin embargo, las reformas estructurales neoliberales redefinieron el modelo y si bien se conservaron algunos de los avances de la época anterior, las privatizaciones y la apertura económica profundizaron la pobreza y la polarización social. En ese contexto, las elecciones realizadas el 5 de febrero de 2006, en las que se impuso Oscar Arias, constituyen el comienzo de una inevitable transición, que solo será exitosa si las elites y los partidos obedecen el mandato de las urnas y mantienen la tradición nacional de diálogo y concertación.

Elecciones en Costa Rica: la inevitable transición

El desafío, más allá de los objetivos electorales

Para la más antigua de las democracias centroamericanas, los resultados de los comicios del 5 de febrero de 2006 plantean una serie de desafíos que podrían resultar decisivos para la definición primero, y la construcción después, de un nuevo modelo político capaz de superar el Estado benefactor que le dio estabilidad y progreso al país desde su última guerra civil, en 1948, sin desechar sus logros.

Paradójicamente, tales retos tienen poco que ver con las personas o los partidos que participaron en la contienda, incluso luego de que el ex-presidente Oscar Arias, del Partido Liberación Nacional (PLN), fuera proclamado ganador con 40,92% de los votos. Arias superó por un estrecho margen, de apenas 18.169 votos, a su adversario, Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien consiguió 39,8%. En efecto, si bien muchos han querido reducir los desafíos de la Costa Rica contemporánea a la recomposición del liderazgo presidencial y la obtención de una cierta hegemonía legislativa, lo cierto es que la realidad del país supera esa visión.

Lo que está en juego, más allá de los objetivos electorales de corto plazo, es la naturaleza y la dirección de una transición política inevitable que, más pronto que tarde, obligará al conjunto de las fuerzas sociales, políticas y productivas a adoptar decisiones que solo podrían calificarse de radicales. El radicalismo siempre produce incertidumbre y, en ocasiones, puede generar violencia, incluso en Costa Rica.

Un poco de historia

Costa Rica ha gozado desde muy temprano de una sólida reputación democrática. A diferencia de los demás países de América Central, esta pequeña nación de 50.000 kilómetros cuadrados y escasos cuatro millones de habitantes fue capaz, en medio siglo, de construir un modelo de desarrollo en el cual la democracia política y el capitalismo lograron convivir, en un marco de estabilidad social solo equiparable al de los países occidentales de altos ingresos.

El «milagro» costarricense, excepcional en casi toda América Latina, fue el resultado de cuatro condiciones concurrentes: a) la decisión de las elites nacionales, tras la derrota de los sectores más conservadores en el conflicto armado interno de 1948, de preservar y ampliar el sistema de garantías sociales establecido desde mediados de los años 40 y, en particular, la construcción de una amplia red de salud pública y pensiones que llegó a tener cobertura universal; b) la promoción de un extendido y poderoso sector estatal, con significativas potestades regulatorias en materia de servicios públicos y finanzas, construido a partir de un modelo keynesiano de corte progresista, que estimuló el desarrollo de una economía de mercado basada tanto en las exportaciones tradicionales –café, banano, caña de azúcar y carne– como en las pequeñas y medianas empresas agroindustriales; c) la ampliación de la pequeña burguesía rural y urbana (la llamada «clase media») y su cooptación política por medio de la organización sectorial, gremial y comunal en partidos de centro, que inhibieron el desarrollo efectivo de opciones viables en los extremos del espectro ideológico; y d) el mantenimiento de una clara alianza con Estados Unidos durante los años de la Guerra Fría, alianza que, sin embargo, se dio en un marco de desmilitarización real (Costa Rica abolió sus fuerzas armadas en 1948) y, más aún, fue capaz de sobrevivir a conflictos significativos con las posiciones de Washington en temas cruciales como, por ejemplo, la resolución de la crisis centroamericana de los 80.

Cambia la marea

El modelo descripto, «ideal» en el contexto regional, fue abandonado gradualmente a partir de la década de 1980, al calor de las reformas estructurales puestas en boga por las corrientes neoliberales. Aunque en Costa Rica la aplicación de éstas fue mucho más lenta que en el resto de América Latina, lo cierto es que, tras dos décadas y media de implementación sistemática, el resultado fue el desmantelamiento de aquel modelo. Y hoy, si bien se mantienen algunos de los elementos básicos del Estado de bienestar (como el seguro social, la desmilitarización y la democracia formal), la mayoría de los factores esenciales han sido abandonados o debilitados hasta desaparecer. Tal es el caso de buena parte del marco regulatorio del Estado, del financiamiento de los servicios públicos –algunos de los cuales se han privatizado o lo serán próximamente, como el sector de telecomunicaciones y la energía– o la promoción de las pequeñas y medianas empresas industriales y agrícolas, que han sido abandonadas a su suerte tras la adopción de un esquema productivo «abierto», basado en la promoción de exportaciones, que favorece a la gran inversión transnacional. La inminente ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU es la mejor prueba de este fenómeno.

Las consecuencias sociales y políticas de esta transformación son dramáticas: el país se ha polarizado y experimenta un proceso de creciente y acelerada exclusión social y deterioro de la calidad de vida de la mayoría de los habitantes. Más de 25% de los costarricenses sobrevive por debajo de la línea de pobreza (es decir, con menos de dos dólares al día); más de 50% de la población económicamente activa trabaja en el sector informal; 40% de los jóvenes en edad escolar se encuentra fuera de las aulas. Datos recientes revelan la existencia, en los alrededores de San José, de 63 barrios marginales que carecen de los servicios públicos mínimos. A todo ello se suma el flujo migratorio desde Nicaragua, que no se detiene y ya representa entre 400.000 y 600.000 personas (es decir, un número equivalente a más de 10% de la población de Costa Rica). Si bien estos inmigrantes consiguen empleo, lo hacen en condiciones laborales de muy dudosa legalidad y alta precariedad, y casi no cotizan a los regímenes sociales, ya de por sí muy menguados por las altas tasas de evasión y corrupción: el Ministerio de Hacienda prevé para el año 2006 una evasión del impuesto a la renta cercana a 70%.