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El sinuoso regreso de la economía heterodoxa

La relación entre economía heterodoxa e izquierdas latinoamericanas ha sido tortuosa durante la última década. Más allá de un fuerte cambio discursivo, no ha sido posible superar al bloque histórico ortodoxo, que fue hegemónico durante las décadas pasadas. Se pueden encontrar explicaciones en las decisiones de los gobiernos, que eligieron un camino gradualista y no confrontativo en el ámbito del debate económico propiamente dicho. La resiliencia demostrada por el neoliberalismo y, por ende, por la teoría económica ortodoxa a escala global, ha actuado como un formidable obstáculo.

El sinuoso regreso de la economía heterodoxa

El terremoto político ocurrido en Argentina y Brasil, junto con el ajuste fiscal implementado por la coalición frenteamplista en Uruguay durante el año pasado, marcó tanto simbólica como fácticamente el fin de un largo ciclo progresista en la región sudamericana y el regreso a políticas económicas neoliberales, al menos en sus economías principales. Un aspecto poco considerado de la nueva coyuntura político-económica ha sido la feroz pelea que los flamantes gobiernos conservadores han dado para lograr un cambio discursivo en el ámbito económico. En el caso argentino, por ejemplo, el jefe de gabinete Marcos Peña Braun declaró en diciembre del año pasado: «En la Argentina se piensa que ser crítico es ser inteligente, pero nosotros creemos que (…) el pensamiento crítico (…) le ha hecho mucho daño a la Argentina»1.

Semejante énfasis es representativo de una actitud compartida por todas las fuerzas conservadoras del continente e indicaría la necesidad de depurar el debate político-económico latinoamericano de la hegemonía critica –es decir, heterodoxa–, lo que sugiere implícitamente que, en la década pasada, los distintos gobiernos «populares» lograron imponer un cambio radical de clima de época en el ámbito de las ideas políticas y económicas.

Desde nuestro punto de vista, respecto del pensamiento económico, creemos que en ambos casos se trata de una clara sobrestimación de lo que efectivamente sucedió. Un análisis cuidadoso de los acaecimientos del pasado reciente demuestra que la relación entre izquierdas y economía heterodoxa ha sido por lo menos complicada y que el regreso del pensamiento crítico a las principales instituciones económicas de los países sudamericanos fue tortuoso y estuvo lleno de obstáculos.

El caso más emblemático es, sin lugar a dudas, Brasil. En términos generales, podemos pensar que en los países emergentes el nivel de ortodoxia de las políticas económicas depende en primer lugar del grado de apertura de la economía, dado que esta última reduce paulatinamente tanto las herramientas utilizables como los objetivos posibles de la política económica implementada por las autoridades nacionales. De manera más precisa, la etapa neoliberal del capitalismo se caracterizó por la creciente competencia transnacional y, por ende, por la continua búsqueda de la máxima eficiencia de las economías a costa de la dinámica salarial, las regulaciones y la expansión del Estado de Bienestar.

La intensidad de estas tendencias ha sido tal que en la literatura económica se ha debatido largamente una hipótesis explicativa llamada race to the bottom (carrera hacia abajo). Según esta teoría, en el capitalismo actual los países emergentes pueden beneficiarse enormemente de la apertura financiera y comercial solo a condición de ser competitivos y atractivos para los grandes flujos de capitales transnacionales. De esa manera, todos los gobiernos nacionales se encuentran afectados por una inusual «restricción externa» sobre las políticas económicas y sus objetivos: de repente, todo lo que podemos o tenemos que decidir depende indisolublemente de lo que decidieron o van a decidir los demás países/competidores. El resultado que la evidencia empírica muestra2 es entonces que todas las políticas económicas de los distintos países convergen a escala global, pero hacia una reducción permanente del costo del trabajo, de las regulaciones medioambientales, de los controles de capitales, etc., con un aumento proporcional de la desigualdad, de la volatilidad financiera y de la contaminación.

Como destaca Pierre Salama en un trabajo de 2011, en ambos mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva están presentes tales improntas «ortodoxas»: en el primero, la ortodoxia prevalece netamente mientras que en el segundo tiende a afirmarse cierto intervencionismo «herético», si bien se conservan numerosos aspectos ortodoxos (metas de inflación, tasas de interés muy altas, poca inversión pública, recaudación fiscal moderada). Semejante juicio se puede extender también a los gobiernos de Dilma Rousseff, durante los cuales el Ministerio de Hacienda fue ocupado tanto por un ministro «lulista» (Guido Mantega) como por un ortodoxo duro y puro (Joaquim Levy) que, entre otras cosas, por primera vez en la historia de Brasil, prohibió el tradicional aumento anual del salario mínimo. Solo en los caóticos cinco meses previos al golpe institucional de mayo de 2016 el cargo de ministro fue ocupado por Nelson Barbosa, un economista heterodoxo, doctor por la New School for Social Research de Nueva York (el centro mundial más prestigioso para el estudio de la economía heterodoxa y crítica) y discípulo de Lance Taylor, uno de los más influyentes entre los economistas estructuralistas contemporáneos. Sin embargo, este lapso no fue suficiente para que se notara algún cambio sustancial respecto del rumbo anterior.

Dada esta premisa, el aspecto más interesante y que probablemente representa el punto de contacto más significativo entre los gobiernos de Lula y de Rousseff y el pensamiento económico heterodoxo fue un aspecto colateral, aunque no secundario, de la política económica: el regreso de la política industrial. Una característica de las reformas neoliberales implementadas en el continente a partir de la década de 1980 había sido la completa eliminación de semejante herramienta. En Brasil, esto había pasado en 1983, durante la presidencia de João Baptista de Oliveira Figueiredo, como consecuencia de la profunda crisis económica del país y el paquete de ajuste que el Fondo Monetario Internacional (fmi) exigió a cambio de un préstamo puente de rescate. Con los gobiernos del Partido de los Trabajadores (pt), en cambio, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (bndes) volvió a jugar un papel clave en la economía brasileña: los créditos productivos otorgados crecieron desde 2,2% del pib en 2005 hasta 4% en el primer mandato de Rousseff. Dicho en otras palabras, la corriente de pensamiento económico heterodoxo que más se destacó en el caso brasileño no fue el desarrollismo tradicional, ni el keynesianismo (cuyo papel fue, como vimos, marginal), sino el evolucionismo neoschumpeteriano.

Esta escuela económica tiene su origen en los trabajos pioneros de Joseph Alois Schumpeter, quien en la primera mitad del siglo xx formuló una teoría del desarrollo económico en la cual la innovación jugaba un papel fundamental. En particular, a juicio de Schumpeter, los bancos tenían que cumplir una misión neurálgica en el sistema económico: decidir qué proyectos empresariales merecían ser financiados y cuáles no. De esa forma, el desarrollo económico ya no es el producto accidental del operar espontáneo de los mecanismos automáticos de mercado, sino que se convierte en un proceso planificado de facto, en el cual se identifican ex ante los sectores estratégicos para el desarrollo y se dirige hacia ellos a todos los agentes económicos por medio de la política crediticia, que actúa como una formidable barrera para que las empresas que no son innovadoras o competitivas sean expulsadas del mercado.

Esta perspectiva fue relanzada por el economista italiano Paolo Sylos Labini, quien extendió la idea original de Schumpeter a los distritos industriales (clústeres) de pequeñas y medianas empresas (pymes), pero fue sobre todo en los últimos años cuando el neoschumpeterismo se impuso al gran público gracias al libro de la economista italoestadounidense Mariana Mazzucato El Estado emprendedor. Mitos del sector público frente al privado (2013)3. En ese trabajo se relanza la centralidad schumpeteriana de la innovación, aunque se aclara un problema poco considerado por el propio Schumpeter (o, mejor dicho, al cual Schumpeter no quiso darle una solución satisfactoria, probablemente por razones ideológicas que lo llevaban a desconfiar del intervencionismo estatal): dado que la innovación es un proceso enormemente incierto y acumulativo, no tiene atractivo económico para los privados –especialmente en su primera etapa– y, en consecuencia, el Estado tiene que convertirse en el motor de la innovación. Para ello debe hacerse cargo de la investigación básica por medio de instituciones específicas y, obviamente, por medio de una cuota significativa de su presupuesto. Desde este punto de vista, es indudable que la segunda pata de la política industrial brasileña ha sido justamente la inversión en ciencia y tecnología. A través de la estructura ramificada del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación se han logrado avances muy significativos en la inversión para investigación y desarrollo (i+d), bien ejemplificados por el polo tecnológico de Campinas y la construcción del primer y único acelerador de partículas de América Latina (Sirius).

A pesar del papel secundario que jugó en el reparto de los altos cargos ministeriales y gubernamentales, cabe destacar que el pensamiento económico heterodoxo logró un crecimiento importante en la academia brasileña. En un trabajo reciente4 se estimó que 42% de los profesores de economía de facultades brasileñas pertenecen a corrientes de pensamiento no ortodoxas: un resultado impresionante, sobre todo si se lo compara con el resto de la región, como veremos.

A primera vista, muchos de los comentarios relativos al caso brasileño parecerían extensibles también a Uruguay. Pero si miramos a las autoridades económicas del país, pasadas y presentes, podemos concluir que es muy difícil o casi imposible encontrar elementos que demuestren algún tipo de contacto con la economía heterodoxa. Al contrario, en su mayoría, los ministros de Economía y gerentes del Banco Central se caracterizaron por un discurso que podemos definir como muy tradicional y ortodoxo.

Este ha sido el caso, por ejemplo, del actual ministro de Economía Danilo Astori, cuyas declaraciones se han caracterizado siempre por un fuerte escepticismo sobre la expansión fiscal y un énfasis en la necesidad de respetar los equilibrios macroeconómicos internos y externos. De hecho, los enfrentamientos entre este ministro y las fuerzas más radicales que componen el Frente Amplio han sido frecuentes y a la vez muy duros. Sin embargo, durante su primer mandato (2005-2008), el ministro Astori fue también el autor de la reforma impositiva de diciembre de 2006 (Ley 18083), que representa un logro inimaginable para cualquier otro país sudamericano, especialmente si pensamos en Brasil y Argentina, cuyas estructuras tributarias siguen siendo extremadamente regresivas.

Con el objetivo declarado de acercarse a una composición del ingreso tributario parecida a la de los países del Primer Mundo, con la reforma de Astori se eliminaron impuestos distorsivos sobre el consumo: se redujeron las alícuotas del impuesto al valor agregado (iva) y se eliminó el iva mayorista, que determinaba un típico efecto cascada sobre toda la cadena de la distribución; se volvió a introducir el impuesto sobre los ingresos de las personas físicas con un sistema de alícuotas progresivas y, sobre todo, se introdujeron impuestos sobre la renta tanto económico-empresarial como financiera.

El resultado de la reforma tributaria fue una dramática caída de la desigualdad en el país, visible sobre todo en la dinámica del coeficiente de Gini: en 2016, su valor fue de 0,382 puntos (0,46 en 2006), dato que ubica a Uruguay como el país más igualitario de América Latina, comparable a los menos igualitarios de Europa. Asimismo, la relación entre el decil más rico y el decil más pobre de la población se redujo de 19 a 12 veces durante la última década. Para decirlo de otra manera, los gobiernos progresistas de Uruguay muestran una extraña paradoja: un discurso tibio y hasta escéptico sobre los tradicionales caballos de batalla de la economía heterodoxa se vio acompañado por reformas audaces que, en un sentido amplio, se pueden definir «keynesianas», sobre todo si consideramos la tasación de la renta (explícitamente propuesta por Keynes en su Teoría general del empleo, el interés y el dinero).

Además, cabe agregar un elemento significativo para nuestro análisis, representado por los discursos del ex-presidente José Pepe Mujica, que mucho han contribuido a popularizar la «vía uruguaya» al desarrollo sustentable. Algunas de las charlas dadas por Mujica en importantes cumbres internacionales (en primer lugar, la cumbre sobre el clima Río+20 de 2012) muestran una clara alusión a algunos paradigmas que se han popularizado en el campo de la economía heterodoxa durante los últimos años. En primer lugar, se destaca en la retórica de Mujica una fuerte crítica a la idea misma de crecimiento económico, motivada por la escasez de los recursos primarios y medioambientales del mundo actual, que impediría replicar los estándares de vida del Primer Mundo en todo el planeta sin determinar una catástrofe natural de enormes dimensiones. La referencia es claramente a la «teoría del decrecimiento feliz» popularizada por el controvertido economista francés Serge Latouche. En su visión, el planeta se estaría «occidentalizando», es decir, estaría replicando el estilo de vida occidental (no sostenible) en todas sus áreas, lo cual llevaría a la Tierra a la destrucción inminente. Como salida, Latouche propone una estrategia de decrecimiento de las economías y un estilo de vida más sobrio, basado en pequeñas comunidades locales de autoproductores. En segundo lugar, la crítica de Mujica a los indicadores económicos tradicionales como única manera de evaluar el nivel de vida de las personas es una clara referencia al célebre trabajo de la comisión compuesta por Amartya Sen, Joseph Stiglitz y Jean Paul Fitoussi que en 2009 publicó un análisis detallado sobre los límites del pib como indicador capaz de resumir tanto la performance económica como el progreso social propiamente dicho. En particular, los tres economistas insistían en la necesidad de introducir algunos indicadores complementarios al pib que tuvieran en cuenta tanto el bienestar (es decir la suma de ingresos, posibilidades de realizarse y salubridad del medio ambiente) producido por el crecimiento como la sostenibilidad futura del modelo de crecimiento. En tercer lugar, la reiterada afirmación de Mujica sobre que el desarrollo no puede ir en contra de la felicidad de los individuos hace referencia a los estudios de la rama conocida como happiness economics. Según este paradigma, en todos los países existen patrones comunes en los determinantes de la felicidad. A partir de este supuesto, se intenta medir la felicidad por medio de encuestas subjetivas y datos objetivos. Como consecuencia, no se niega la importancia del ingreso per cápita para determinar la felicidad, pero se estima que esta relación no es lineal, es decir que el ingreso per cápita es relevante hasta cierto nivel a partir del cual se deja de darle importancia. De esa manera, los economistas de la felicidad intentan modificar la visión de los gobiernos sobre el bienestar económico de su población, para que adopten estrategias de crecimiento más sustentables, por ejemplo por medio de una reasignación de los recursos ya existentes.

En definitiva, tanto Brasil como Uruguay muestran que si bien existieron puntos significativos de contacto con el debate económico heterodoxo contemporáneo, no se puede hablar de un nuevo clima de época. En un sentido general este juicio es extensible también a Argentina, aunque la influencia del pensamiento heterodoxo fue indudablemente superior en este último caso. De manera esquemática, podemos afirmar que la influencia del pensamiento heterodoxo en Argentina aumentó constantemente de intensidad a lo largo de los 12 años de gobierno kirchnerista. Durante el primer gobierno de Néstor Kirchner, el Ministerio de Economía fue ocupado por Roberto Lavagna, un economista ecléctico, abierto a los aportes de la economía heterodoxa. De hecho, la interrupción de las misiones del fmi en 2003 y la sucesiva reestructuración de la deuda argentina en default en 2005 son difícilmente compatibles con los típicos supuestos de la economía mainstream.

Sin embargo, en este primer mandato la influencia del pensamiento heterodoxo fue mayor en las políticas que se implementaron en el mercado de trabajo. A partir de 2005, Argentina fue uno de los pocos países que implementaron planes de trabajo garantizados (job guarantee) después del experimento estadounidense de la «War on Poverty» del presidente Lyndon B. Johnson, durante los años 60. Con el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados se crearon dos millones de empleos sociales (con un desembolso correspondiente a 1% del pib): a cambio de cuatro horas diarias de trabajo comunitario o social, se pagaba un salario mínimo.

La idea de un plan de job guarantee fue elaborada originariamente por el economista heterodoxo estadounidense Hyman P. Minsky (quien solía definirse como institucionalista y keynesiano-financiero). La idea básica es que las épocas de recesión prolongada y de alto desempleo convierten la desocupación en un fenómeno estructural y de largo plazo. A su vez, esto implica obsolescencia de la mano de obra desempleada, que termina expulsada del mercado de trabajo de una manera permanente. De esa forma, cuando un país vuelve a crecer y a generar puestos de trabajo, seguirá exhibiendo un alto porcentaje de población inactiva, que quedará al margen de la sociedad. Para evitar que esto ocurra, Minsky propone la creación de puestos de trabajo por parte del Estado (es decir, un Estado «empleador de última instancia»), a condición de que el salario mensual sea igual (y nunca superior) al salario mínimo. Una vez que la economía se reactiva (también gracias a los nuevos empleos), la demanda de trabajo del sector privado aumenta, lo que hace aumentar los salarios del sector privado y permite reabsorber progresivamente a los trabajadores empleados en los «planes» (atraídos por los salarios superiores).

En épocas más recientes, este ámbito de estudios ha sido profundizado por varios economistas aglutinados en el Levy Economics Institute, entre ellos Randall Wray y Pavlina Tcherneva, quienes en 2003-2005 colaboraron con la elaboración de los planes del gobierno argentino. No obstante, sería excesivo afirmar que la política económica argentina hasta 2010 fue «heterodoxa». Principalmente esto se debe a la política monetaria y al perfil de los altos cargos del Banco Central de la República Argentina (bcra). Durante los años 2003-2010, la presidencia de esa institución fue ocupada por economistas (muy) ortodoxos como Alfonso Prat-Gay (ministro de Hacienda del gobierno de Mauricio Macri durante 2016) y Martín Redrado. Además, el bcra siguió siendo una entidad autónoma cuyo objetivo principal era garantizar la estabilidad de los precios.

Esta situación se modificó en enero de 2010, cuando fue nombrada presidenta del bcra la economista heterodoxa Mercedes Marcó del Pont. Las nuevas autoridades del banco reformaron la Carta Orgánica de la institución y mostraron una inequívoca cercanía con la postura típica de los economistas poskeynesianos. Como evidencia el artículo 3 de la nueva Carta Orgánica, con la reforma se terminó la independencia del bcra y cambió su objetivo principal: «El banco tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social».

Además, en distintas ocasiones Marcó del Pont manifestó su adhesión a la teoría del dinero endógeno (es decir, la teoría monetaria heterodoxa que rechaza la teoría cuantitativa del dinero y niega que la emisión de moneda sea inflacionaria). De esa forma, las tradicionales Jornadas del Banco Central, que en la década de 1990 habían sido una pasarela para economistas ultraortodoxos de todo el mundo, se transformaron en el gotha del pensamiento heterodoxo mundial e incluyeron la participación de los más conocidos entre los economistas poskeynesianos, marxistas y estructuralistas contemporáneos (entre ellos, Marc Lavoie, Anwar Shaikh, Mark Setterfield y Philip Mirowski).

Esta etapa de creciente cercanía entre las autoridades económicas argentinas y la economía heterodoxa siguió hasta el final del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. En 2013, Axel Kicillof (un economista heterodoxo de formación marxista, pero cuyo ámbito de investigación ha sido la economía keynesiana5) fue nombrado ministro de Economía. Desde el comienzo de su mandato, el background teórico heterodoxo de Kicillof se manifestó en distintas ocasiones: una de las más emblemáticas fue el caso de la Secretaría de Política Económica, que pasó a llamarse de Política Económica y Planificación del Desarrollo, lo que interrumpió la «conspiración del silencio» que había afectado a la palabra «planificación» durante décadas. Podemos entonces afirmar que en el breve lapso 2013-2015 Argentina fue el único país sudamericano cuyas autoridades económicas procedían por completo del campo de la economía heterodoxa.

Sin embargo, esta situación inusual y potencialmente fecunda no implicó el surgimiento de una nueva hegemonía en el ámbito académico. En ninguna de las principales universidades nacionales del país (La Plata, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza) cambiaron los programas de estudio y la enseñanza siguió monopolizada por las corrientes más ortodoxas. Frente a la imposibilidad de acceder a estas instituciones, la economía heterodoxa quedó relegada a unas pocas universidades del conurbano bonaerense (San Martín, Quilmes, General Sarmiento, Moreno).

Por lo que concierne al resto de la región sudamericana, la influencia del pensamiento económico heterodoxo propiamente dicho sobre las izquierdas ha sido poco relevante comparada con los casos examinados. Por lo general, los esfuerzos de los gobiernos de Bolivia, Venezuela y Ecuador se han dirigido hacia la construcción de un nuevo imaginario político, en el cual se restablecía el primado de la política sobre la economía, como reacción al conjunto de las decisiones impuestas previamente por las instituciones internacionales sobre los distintos países. De esa manera, la crítica del neoliberalismo se encauzó hacia una categoría primariamente política, es decir la «soberanía», y dejó al margen el discurso económico heterodoxo. No sorprende entonces que las izquierdas de la Alianza Bolivariana hayan apuntado principalmente a recuperar a los pensadores nacionales y los actores de la lucha de la liberación, desde Simón Bolívar hasta Juana Azurduy.

Además, se hizo hincapié en la herencia cultural de los pueblos originarios para relanzar la actualidad de formas asociativas como las pequeñas comunidades locales y las asambleas, como herramientas para construir desde abajo procesos de transformación social (el Poder Comunal en Venezuela). Un excelente ejemplo de esta actitud se encuentra en el volumen El pensamiento económico de Hugo Chávez, de Alfredo Serrano Mancilla6, en el cual se analizan las fuentes y las lecturas que inspiraron la acción del líder bolivariano. Es llamativo el hecho de que entre ellas encontramos al filósofo István Mészáros, el epistemólogo Oscar Varsavski, el pensador marxista Antonio Gramsci, a los políticos y pensadores latinoamericanos Simón Bolívar, Simón Rodríguez, Omar Torrijos, Juan Velasco Alvarado, Juan José Torres, Juan D. Perón y finalmente, como único economista, al institucionalista estadounidense John Kenneth Galbraith.

Sin embargo, cabe destacar que las dificultades que las economías de estos países evidenciaron en el último año determinaron un cierto acercamiento de los gobiernos a los análisis económicos heterodoxos. En particular, se destacan la organización en Bolivia del ii Congreso de la Asociación de Pensamiento Económico Latinoamericano (apel), cuyo objetivo es «aportar al debate sobre las políticas públicas que coadyuven al sostenimiento del proceso de crecimiento con inclusión y permitan superar las limitaciones actuales de América Latina» –aunque sin grandes cambios en la «exitosa» política macroeconómica interna– y las ocho «Tesis económicas del chavismo» elaboradas por Serrano Mancilla durante septiembre de 2016. En este sentido, es probable que la relación entre los países de la Alianza Bolivariana y la economía heterodoxa se profundice aún más en un futuro próximo, aun si la principal razón de semejante acercamiento parece ser puramente instrumental: la búsqueda de un «plan b» frente a los acontecimientos estadounidenses y británicos, cuyo impacto podría ser catastrófico.

En conclusión, podemos afirmar que la relación entre economía heterodoxa e izquierdas latinoamericanas ha sido tortuosa durante la última década. Más allá de un claro interés y también de una manifiesta voluntad de cambiar el paradigma económico de referencia de la región sudamericana, no se ha logrado superar definitivamente al bloque histórico ortodoxo, hegemónico durante las décadas pasadas. Por un lado, se puede encontrar una explicación de este fenómeno en las decisiones de los gobiernos elegidos democráticamente, que en muchos casos han optado por un camino gradualista y no confrontativo en el ámbito del debate económico propiamente dicho.

Por otro lado, un análisis más cuidadoso de los acontecimientos políticos y económicos recientes nos debería llevar a destacar no tanto la crisis sino la resiliencia del neoliberalismo, a pesar de la tremenda recesión comenzada luego de la quiebra de Lehman Brothers y de sus catastróficas consecuencias sobre las sociedades del hemisferio norte. Este fenómeno paradójico se ha discutido ampliamente en la literatura económica. En La extraña no-muerte del neoliberalismo7, por ejemplo, Colin Crouch destaca de qué modo el escenario global poscrisis se caracteriza por una mayor centralización de los capitales tanto industriales (léase: empresas transnacionales) como financieros (léase: bancos).

Desde una posición que comparte el diagnóstico de Crouch, Mirowski agrega algunos elementos cruciales para entender la complicada coyuntura que estamos viviendo, en su libro Nunca dejes que una crisis te gane la partida. ¿Cómo ha conseguido el neoliberalismo, responsable de la crisis, salir indemne de la misma?8. En su análisis, el neoliberalismo es el producto de un pensamiento colectivo y facetado, que logra mantenerse hegemónico y paralizar a sus opositores gracias a su estrategia de la matrioska: sutilezas para los insiders de la disciplina económica e ignorancia para los outsiders. Milton Friedman, por ejemplo, destacaba que la causa de la recesión de 1929 fue la ausencia de intervención de la Reserva Federal y a la vez publicaba columnas semanales en Newsweek diciendo todo lo contrario y acusando a la intervención estatal de ser causa única de la misma crisis.

Desde este punto de vista, las dificultades evidenciadas por los gobiernos regionales serían también un reflejo de la fuerza demostrada por el neoliberalismo y, por ende, de la teoría económica ortodoxa a escala global.

  • 1.

    Entrevista a Marcos Peña Braun en el programa A dos voces en la señal tn, 8/12/2016, disponible en www.youtube.com/watch?v=zpdfohtx2la.

  • 2.

    V., por ejemplo, ocde: Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in oecd Countries, ocde, 2008.

  • 3.

    rba, Barcelona, 2014.

  • 4.

    Rafael Galvão de Almeida e Ian Coelho de Souza Almeida: «Issues in Teaching of Economics and Pluralism in Brazil», trabajo presentado en el xxi Encuentro Nacional de Economía Política, São Bernardo do Campo, 31 de mayo al 3 de junio de 2016.

  • 5.

    Ver A. Kicillof: Fundamentos de la teoría general. Las consecuencias teóricas de lord Keynes, Eudeba, Buenos Aires, 2008.

  • 6.

    El Viejo Topo, Barcelona, 2014.

  • 7.

    Capital Intelectual, Buenos Aires, 2012.

  • 8.

    Deusto, Barcelona, 2014.