Tema central

El sindicalismo frente al Mercosur

La Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur ha contribuido al desarrollo del Mercosur. En lugar de fijar una posición defensiva, relacionada con los temas específicos de trabajo y protección social, ha impulsado una estrategia amplia que incluye documentos, propuestas y acciones orientadas a promover la integración productiva y el desarrollo de la institucionalidad supranacional. Sin embargo, ha obtenido pocos avances en la implementación de planes concretos que garanticen la protección del trabajo; no hay, por ejemplo, un programa de fiscalización laboral del Mercosur. Es necesario ubicar el tema entre las prioridades de los sindicatos de cada país, profundizar la articulación entre las centrales sindicales y diseñar estrategias adecuadas para enfrentar a las empresas transnacionales.

El sindicalismo frente al Mercosur

Hace diez años, coordinamos con Achim Wachendorfer un libro sobre el sindicalismo en América Latina, que incluía un capítulo sobre el Mercosur. Retomar la cuestión tras una década de profundos cambios económicos y políticos en la región, tal vez solo comparables a los que impulsó el desarrollismo en los 50, es sin duda un gran desafío. En aquel momento decíamos que, a fines de los 80, el Cono Sur finalizó su larga «transición del periodo desarrollista al modelo de internacionalización de los mercados internos», lo que significó una reducción del papel del Estado, la apertura de los mercados financieros y comerciales, la profundización de los cambios tecnológicos en los procesos de trabajo y la flexibilización de los sistemas de relaciones laborales.

Frente a esos cambios, el sindicalismo tuvo que sostener una política de resistencia. La tasa de desempleo abierto promedio se elevó y esto debilitó la acción sindical. Sin embargo, la marcha desreguladora fue afectada por la crisis registrada en Brasil a comienzos de 1999, que llevó a una devaluación que, debido al peso de la economía de ese país, produjo un profundo impacto en los demás socios del bloque. La parálisis se acentuó con la crisis argentina de fines de 2001, que duró hasta mediados de 2002, cuando bajo la presidencia de Eduardo Duhalde el país comenzó a recuperarse, al tiempo que Uruguay lograba superar el retroceso comercial y estabilizar su sistema financiero. En ese mismo año, Luiz Inácio Lula da Silva fue elegido presidente de Brasil y se inauguró una nueva etapa para la región.

A fines de los 90, el comercio intrabloque había sufrido una caída de más de 30% y, tras las crisis de 1999 y 2002, las negociaciones entre los socios estaban prácticamente paralizadas. Esto, sin embargo, no afectó las relaciones entre las centrales sindicales, al menos entre las nucleadas en la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS), creada en 1986 con el apoyo de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y su filial americana, la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT). Las disputas comerciales entre los gobiernos tampoco se trasladaron a los sindicatos. Cuando Brasil anunció abruptamente la devaluación del real en 1999, con serias consecuencias para los demás integrantes del Mercosur, la CCSCS no condenó el hecho en sí, sino la ausencia de mecanismos institucionales que propició la adopción de decisiones unilaterales.

Durante este periodo, la CCSCS mantuvo la unidad de acción y reivindicó la profundización de la integración como forma de superar la crisis. En 1999, la CCSCS presentó un pronunciamiento público titulado: «La crisis del Mercosur no se resuelve con medidas comerciales. Es preciso profundizar y consolidar la integración», donde criticaba la propuesta de adopción de salvaguardias como forma de compensar las pérdidas provocadas por la devaluación. El comercio intra-Mercosur, señaló la coordinadora sindical, venía disminuyendo desde fines de 1998, por lo que la devaluación solo había contribuido a agravar más la situación. La causa de esto era el déficit comercial con terceros mercados, sobre todo debido a la utilización de la sobrevaluación cambiaria como mecanismo para controlar la inflación y garantizar la estabilidad monetaria. En ese contexto, la adopción de salvaguardias, aun temporarias, no resolvería el desequilibrio comercial intrabloque y debilitaría el Mercosur en las mesas externas de negociaciones comerciales, sobre todo con la Unión Europea y con Estados Unidos por el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). El texto incluía también una serie de críticas a las prioridades del Mercosur: cuestionaba el desarrollo de un proceso negociador orientado a consolidar un bloque que funcionara como base de exportación de commodities y como plataforma para las transnacionales. Según la CCSCS, cerca de 70% de las ventas dentro del Mercosur eran comercio dirigido (compras gubernamentales y comercio intraempresas), mientras que las pequeñas empresas apenas representaban 2% del comercio intrabloque.

¿Por qué mencionamos estos datos? Porque no es habitual que, en un periodo de crisis como el que se vivió entre 1999 y 2002, una coordinación de centrales sindicales nacionales no haya reproducido el conflicto entre los países. La CCSCS no solo siguió funcionando, sino que, como indican sus documentos, reivindicó la aplicación de políticas comunes volcadas a la promoción del desarrollo, la complementación y la cooperación económica, social y política. Reflexionar sobre ese tema es el principal objetivo de este artículo. ¿Cómo se ha comportado la CCSCS desde 1997? ¿Hubo avances en materia de protección laboral? ¿Ha logrado aumentar su poder de representación en la nueva etapa política que vive la región? ¿Cuáles son sus principales desafíos?

La actuación de la CCSCS

La hegemonía liberal conservadora de los 90 promovió la estabilización monetaria sobre la base del ajuste fiscal y la sobrevaloración cambiaria, lo que debilitó las economías de los países del Mercosur y aumentó su vulnerabilidad externa y el desequilibrio de sus balanzas comerciales. Como resultado de las opciones políticas adoptadas por los cuatro socios, no hubo, hasta fines de los 90, condiciones para que el proceso de integración alcanzara la meta de completar una unión aduanera, además de generar otros avances para la construcción de un verdadero mercado común. Un proceso apoyado en políticas conservadoras de estabilización monetaria solo logró restringir los flujos comerciales intrazona, lo que ha generado dificultades para la integración. La ausencia de políticas industriales y agroindustriales regionales y la libertad de acción a las empresas transnacionales profundizaron las asimetrías y generaron una mayor concentración empresarial en el comercio regional. Las consecuencias de esto fueron el aumento de la desocupación, la reducción de los costos del trabajo, la flexibilización laboral y la precarización del empleo.