Opinión

El novedoso iliberalismo israelí

Una serie de polémicas medidas adoptadas por el Parlamento israelí han mostrado la tendencia creciente del país hacia los denominadas «democracias iliberales» o «autoritarismos por consenso». La consideración de que Israel es solamente la patria de los judíos, que su idioma oficial es únicamente el hebreo y que los palestinos son ciudadanos de segunda clase, incluso en términos formales, se vuelve ahora un hecho institucional. La derecha y Benjamín Netanyahu están ganando una partida en la que solo pierden los demócratas.

El novedoso iliberalismo israelí

Durante 70 años, 2 meses y 5 días el idioma árabe, junto con el hebreo, fue el lenguaje oficial del Estado de Israel. En la noche del miércoles 18 de julio, 62 diputados del Parlamento israelí (Knéset), en su mayoría de la coalición gobernante encabezada por Benjamín Netanyahu, sancionaron una controvertida ley denominada «Estado-Nación» que rebaja el estatus del idioma árabe, estipula que Jerusalén unificada es la capital de Israel e impulsa «el fomento a la creación de comunidades judías como valor nacional», entre otras polémicas aristas. El mensaje es claro tanto para judíos israelíes como para los ciudadanos palestinos del país: Israel es solamente la patria de los judíos –incluso de los que no viven en su suelo–, su idioma es únicamente el hebreo y los palestinos son habitantes de segunda clase. El hombre que inició el tratamiento de la ley, Avi Dichter –un claro prototipo del mainstream israelí secular, soldado condecorado, jefe del Shin Bet y experimentado político–, resumió toda la cuestión con estas palabras: «Aprobamos esta ley para evitar que Israel sea un país para todos sus ciudadanos».

Lo cierto es que si bien la ley es mayormente simbólica en sus pasajes más polémicos (sin ser idioma oficial, el árabe puede seguir siendo usado bajo el nuevo «estatus especial») y bastante más suave que las pasadas propuestas (una versión que habría permitido sin más el establecimiento de comunidades solo para judíos fue eliminada de la legislación final), en todos sus capítulos brillan por su ausencia dos palabras claves: democracia y equidad. Así, la ley «Estado-Nación» aprobada por la Knéset a las 3 de la mañana, luego de largas deliberaciones, es inequívocamente mala. No porque conduzca a cambios drásticos, sino porque codifica un actual statu quo que, desde la creación del Estado, no es muy equitativo entre las diferentes comunidades religiosas y étnicas, al tiempo que proporciona una base legal para justificar futuras políticas discriminatorias. Ahora, ya con mandato constitucional (a falta de una Constitución, estas «leyes básicas» cumplen ese rol), queda legalizada la supremacía judía sobre los palestinos, que constituyen 50% de la población entre el río Jordán y el Mediterráneo y 20% en el Israel reconocido internacionalmente.

El régimen de discriminación institucional y el abuso sistemático impuesto por los israelíes sobre los derechos de los palestinos es de larga data. Pero con esta ley, Israel pasa de ser un Estado basado en la ocupación de los palestinos a otro que, sin más, los discrimina institucionalmente. Y los antecedentes tampoco ayudan a Israel. En la práctica, los palestinos en Cisjordania han recibido solo 0,25% de la tierra estatal que Israel ha asignado desde la ocupación iniciada en 1967 (en otras palabras, por cada 10 metros cuadrados dados a los palestinos, se pusieron a disposición de los colonos judíos 2.050 metros cuadrados). En el territorio de Israel propiamente dicho, si miramos el pasado para imaginar el futuro, la situación tampoco es alentadora: antes de la nueva norma, existió otra denominada «Ley de Comunidades» que les permitió a los habitantes de pequeños poblados judíos rechazar a un nuevo miembro debido a su «carácter» (amplio término que no habla de religión o etnia pero que las incluye cuando se lo interpreta). Mediante esa regulación, casi 1.000 comunidades israelíes de poca extensión lograron evitar que palestinos pudiesen comprar casas y asentarse en ellas. A la vez, en marzo pasado la localidad de Kfar Vradim ordenó detener la licitación de terrenos municipales luego de que 50% de ellos fueran ganados por árabes (palestinos) israelíes. Solo tres meses más tarde, cientos de personas protestaron en la norteña ciudad de Afula contra la venta de una casa judía a una familia palestina. La marcha contó con la participación de dos importantes miembros de la ciudad, el mismísimo alcalde y su segundo, quienes justificaron su presencia sosteniendo que «esto no es racismo, queremos una ciudad judía, no una ciudad mixta». Todo esto, sin reconocer que en los primeros 18 años del Estado de Israel, desde 1948 hasta 1966, los habitantes palestinos que quedaron allí dentro no estuvieron sujetos al novel poder judicial y civil del nuevo Estado, sino que fueron colocados bajo dominio y control militar del Ejército israelí.

La Ley de «Estado-Nación» importa porque transforma una práctica racista en una obligación legal financiada por los mismos contribuyentes palestinos, musulmanes y cristianos, a los que subyuga. También termina por consagrar constitucionalmente una defensa para la discriminación contra los no judíos que habitan Israel como no existió nunca antes. Mientras que en la Declaración de Independencia israelí (mayo de 1948) los padres fundadores se comprometían a desarrollar la «tierra de Israel para todos sus ciudadanos», al tiempo que manifestaban seis veces que el país es un Estado judío, el contraste con la nueva ley es clarificador. Así, si uno lee la cuestionada ley y no sabe nada del presente, tiende a imaginar que los judíos son minoría dentro de Israel y están amenazados en su desarrollo. Sabiendo que la realidad se afirma sobre los cimientos opuestos, está claro que el Estado no necesita un principio legal para fomentar el carácter judío del país (nadie en su sano juicio puede negar que Israel es un Estado de mayoría judía), pero sí lo necesita para discriminar y segregar a los no judíos. En lugar de mostrar un Israel fuerte, seguro de sí mismo, con amplio porcentaje de judíos dentro de las fronteras reconocidas por la comunidad internacional (dentro de las cuales no se incluye Cisjordania), la medida hace patente todo lo contrario: un pueblo temeroso de las diferencias y, por lo tanto, una nación débil, desconfiada y no cohesionada (una imagen alejada del poderoso y creativo Estado que es en la realidad).

Por último, solo cabe hacerse dos preguntas. La primera: ¿qué pasaría si un país como Estados Unidos promulgara un principio constitucional que promoviera «la creación de comunidades blancas o cristianas como valor nacional»? La respuesta es, casi con seguridad, que los judíos habitantes de Estados Unidos –que siempre han estado al frente de todas las luchas civiles del país– elevarían mucho más que una simple queja hacia las autoridades y sus representantes. Y la segunda pregunta: la sanción de esta ley ¿tiene que ver con que Israel no tiene ninguna intención de abandonar Cisjordania y llegar a la fórmula de «dos Estados para dos pueblos»? (con Cisjordania dentro de Israel, los judíos dejarían de ser mayoría en Tierra Santa). A pesar de que es imposible responder a este interrogante sin emplear una pesimista futurología, vale repetir las palabras de la Junta de Notables Judíos (el órgano más importante que agrupa a los judíos británicos) como un posible dictamen: «La lección de la historia judía es que las sociedades son más fuertes cuando se afirman las minorías y decaen cuando estas se degradan».

La controversial movida del Parlamento israelí se enmarca en una semana oscura para ser «liberal» en el Estado judío. El lunes, el propio Congreso bloqueó la posibilidad de que grupos críticos del país (como Breaking the Silence, que narra en primera persona los abusos cometidos por las fuerzas militares en territorio ocupado) den charlas en las escuelas. El martes se decidió que los palestinos no puedan acceder más a la Corte Suprema israelí en casos de disputas por tierras en Cisjordania. El miércoles se cerró la posibilidad de que las parejas gays israelíes puedan tener hijos mediante la paternidad subrogada. El jueves se conoció que había sido arrestado un rabino conservador tras realizar un casamiento judío fuera de los límites de la ortodoxia religiosa (la que tiene la potestad de los casamientos, divorcios y funerales desde la creación del país). Y, finalmente, el viernes se recibió con toda la pompa gubernamental a quien hoy es el mayor representante electo de la extrema derecha europea: el premier húngaro Viktor Orbán (el mismo que replica estereotipos antisemitas para atacar a sus adversarios).

Israel no es una democracia para todos sus habitantes (para los palestinos de Cisjordania es directamente una dictadura militar desde hace medio siglo), es un país sin límites declarados y es un Estado sin Constitución. David Ben-Gurión renunció a elaborar un documento democrático-liberal comprometido con los derechos ciudadanos en la infancia del Estado (a pesar de que la Declaración de Independencia estipulaba que debía redactarse una Constitución a más tardar el 1 de octubre de 1948) en virtud de dos factores: un guiño a los partidos religiosos –que siempre se han opuesto a una Constitución secular– para que apoyaran su gobierno y la conclusión del padre fundador de que la ausencia de una Constitución serviría a su partido laborista Mapai (centroizquierda) para imponer sus propias decisiones en el carácter del Estado. Y esto provocó que hoy las denominadas «leyes básicas» de Israel ocupen el lugar de las leyes constitucionales y que sea más fácil la promulgación de derechos de propiedad para favorecer a un grupo por sobre otros. Sin embargo, las leyes básicas –como la de «libertad y dignidad humanas» donde están consagrados algunos derechos humanos– pueden ser anulada o enmendadas por la mitad más uno de los miembros de la Knéset.

La situación de Israel hoy ¿es comparable a la Sudáfrica del apartheid? Aquellos familiarizados con la historia saben que el régimen de permisos para los negros fue uno de los aspectos más notorios del sistema sudafricano. Procedimientos similares (pero no idénticos) son una parte inherente al orden que se somete a los palestinos. Si bien la caracterización de Israel como un Estado de apartheid deja de lado algunos aspectos únicos de la ocupación israelí, en muchas cuestiones las similitudes son indiscutibles: Israel controla todo el registro de la población en los territorios ocupados, existe un complicado sistema de regulación tanto de los movimientos dentro de Cisjordania como de los desplazamientos fuera de allí (hay 101 tipos de permisos para entrar a Israel desde Cisjordania, lo que constituye el sistema más sofisticado de control de una población en todo el mundo), decide dónde pueden o no construir los palestinos, y la capacidad de un palestino de viajar libremente es directamente proporcional a su grado de cooperación con el Ejército israelí. Por consiguiente, las implicaciones de la sanción de la Ley de «Estado-Nación» son enormes. El Estatuto de Roma (2002) define el apartheid como un crimen de guerra, y los representantes israelíes podrían ser acusados bajo esa figura. Al mismo tiempo, muchos críticos de las acciones israelíes contra los palestinos se han preocupado por hacer una distinción entre boicotear solo a las empresas ilegales en Cisjordania y boicotear sin más a Israel.

En Escritos judíos (2007), Hannah Arendt analiza las vicisitudes políticas de la creación de un Estado-nación. Allí sostiene que si el Estado nacional asegura los derechos de los ciudadanos, entonces funciona como una necesidad. Pero si el Estado-nación depende del nacionalismo –e invariablemente produce un número masivo de personas apátridas–, está claro que uno debe oponerse a él. En uno de sus editoriales escritos en 1948, previo al fin de la Guerra de la Independencia israelí, la vilipendiada escritora alemana-estadounidense sostiene casi como una misiva enviada desde el futuro que los judíos victoriosos vivirán rodeados de una población árabe enteramente hostil, aislados dentro de fronteras amenazadas y dedicados a una autodefensa física de tal grado que todos los demás intereses y actividades se subordinarán a ella. «Sus relaciones con los judíos del mundo serán problemáticas, debido a que sus intereses de defensa chocarán con aquellos de otros países donde gran número de judíos habitan. Los judíos de Palestina eventualmente se separarán ellos mismos del gran cuerpo que representa el judaísmo mundial y, en su aislamiento, se desarrollarán enteramente en un pueblo completamente nuevo». Más adelante, Arendt completa la idea, argumentando que la solución a este fenómeno debe ser la creación de una federación entre dos pueblos que están condenados a compartir su futuro en la misma porción de territorio. De esta manera se tendría «la ventaja de impedir el establecimiento de una soberanía cuyo único derecho soberano será el de suicidarse».

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