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El FMNL salvadoreño: de la guerrilla al gobierno

La llegada al gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (fmln) en 2009 ha sido un hecho histórico para El Salvador, luego de una sangrienta guerra civil y de una larga hegemonía de la derecha. No obstante, este camino de las armas a la batalla democrática institucional conllevó profundos cambios en el interior de una fuerza política cuyo programa alentaba la construcción del socialismo a partir de un triunfo político-militar. Hoy esos objetivos parecen lejanos, y el Frente ha pasado a sostener posiciones progresistas pragmáticas, ha devenido un partido electoralmente competitivo y se ha volcado a la gestión estatal.

El FMNL salvadoreño: de la guerrilla al gobierno

Desde las elecciones que en 2009 dieron el triunfo presidencial a Mauricio Funes, no es infrecuente encontrar en los medios de derecha salvadoreños columnas de opinión y de análisis en las que se dibuja un perfil del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) como un partido cuyos líderes y miembros de base están no solo atrapados en una ideología radical de izquierda, sino empeñados en crear las condiciones –mediante sutiles mecanismos de conspiración– para hacerse con el control total del Estado. La finalidad última de todo ello no sería otra –según se colige de muchas de esas opiniones– que hacer realidad el hasta ahora pospuesto proyecto socialista, fraguado inicialmente en los años 70 por las organizaciones político-militares de izquierda y luego convertido en el propósito principal del ejército guerrillero FMLN a inicios de la década de 1980.

Desde la perspectiva reseñada, el FMLN actual –en tanto partido político– no sería esencialmente distinto del FMLN de los años 80 –en tanto ejército guerrillero–, y su realidad partidaria sería un mero artificio coyuntural, útil mientras se preparan las condiciones para asaltar finalmente el aparato estatal, lo cual ya se estaría plasmando de manera solapada. En este sentido, siempre según estas lecturas desde la derecha, el FMLN, lejos de tener algún compromiso con la democracia, sería un partido absolutamente antidemocrático; es decir, un partido dispuesto a sabotear la democratización del país para imponer, por la fuerza, el proyecto socialista siempre soñado.

Sin embargo, un examen medianamente objetivo de la trayectoria histórica del FMLN revela algo distinto de lo anteriormente planteado. Este ensayo tiene como objetivo ofrecer una visión de conjunto de esa trayectoria. De manera crítica –y muy sintéticamente– se intentará atar diferentes cabos sueltos que hay en la bibliografía sobre el FMLN. El tema específico de análisis es la trayectoria de esta organización, por lo cual se dejan de lado otros aspectos de la historia política salvadoreña que sin duda son claves para entenderla más cabalmente, pero que alargarían demasiado este ensayo1.

Los orígenes: las organizaciones político-militares

Lo primero que cabe destacar en esa trayectoria es la enorme capacidad de cambio mostrada por el FMLN en diferentes momentos de su ya dilatada presencia como movimiento político. La primera gran trasformación fue la que dio paso, precisamente, a su fundación como ejército guerrillero en octubre de 1980. Eran otros tiempos en El Salvador y en América Latina. En la década anterior habían florecido importantes movimientos de masas –Bloque Popular Revolucionario (BPR), Ligas Populares 28 de Febrero (LP-28), Frente de Acción Popular Unificada (FAPU), Movimiento de Liberación Popular (MLP)– que demandaban con energía creciente un orden socioeconómico más justo e incluyente2. El papel de la Iglesia católica, en su vertiente más progresista, fue crucial en el despertar organizativo de amplios sectores de la población que vencieron el miedo al aparato represivo del Estado y desafiaron abiertamente a los grupos de poder económico3.

En forma paralela al auge del movimiento popular, cuatro organizaciones político-militares se afirmaban en su ideario y ganaban experiencia en la lucha armada: Fuerzas Populares de Liberación (FPL), Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (FARN) y Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC)4. Todas se sostenían en el ideario marxista-leninista (en algún caso, con elementos maoístas y trotskistas) y estaban empeñadas en la toma violenta del poder estatal por la vía armada. Además de competir entre sí por la primacía revolucionaria, también lo hacían con el Partido Comunista Salvadoreño (PCS, fundado en 1930), al cual reprochaban su apuesta por la conquista de la «democracia burguesa» como paso previo en la lucha por el socialismo. El PCS finalmente debió conformar su propia estructura militar –las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL)– para incidir en la dinámica de la izquierda armada gestada en la década de los 70.

A mitad de esa década, las organizaciones político-militares no solo estaban atrapadas en una fuerte disputa entre ellas y con el PCS. Se preparaban, en la práctica y con acciones de hecho, para hacer frente al aparato represivo del Estado, lo cual puso en la mira de los cuerpos de seguridad estatales a sus dirigentes y militantes, sobre quienes se desató una implacable persecución política. Los grupos de poder económico, por su lado, habían creado sus propias organizaciones paramilitares –escuadrones de la muerte– para llevar adelante su particular lucha anticomunista, la cual, pese a su completa ilegalidad, no excluía la colaboración sistemática con los cuerpos de seguridad estatales.

No obstante, la persecución política estatal y paramilitar no se dirigió en exclusiva a las organizaciones político-militares. Abarcó muchas veces de manera preferencial a los dirigentes, miembros y simpatizantes de las organizaciones populares que, a finales de la década de los 70 y en los primeros años de la década de los 80 fueron víctimas de una intensa represión. Esta última se hizo más despiadada a medida que el movimiento popular radicalizó sus demandas. Esta radicalización se articuló con un fenómeno histórico singular: desde mitad de los años 70, las organizaciones político-militares se habían acercado a las organizaciones populares y habían logrado que estas, poco a poco, hicieran suyo el ideario revolucionario y, en consecuencia, dieran a sus demandas un carácter político y no solo reivindicativo. Cuando la década estaba por finalizar, esa confluencia había alcanzado su mayor nivel, al tiempo que los niveles de represión estatal y paramilitar alcanzaron proporciones exorbitantes.

Otras salidas, distintas de la solución militar, parecían cerrarse cada vez más. Los ecos de la Revolución Sandinista de julio de 1979 se hacían sentir con fuerza en el imaginario de dirigentes, militantes y simpatizantes de las organizaciones político-militares y las organizaciones populares. En ese imaginario, El Salvador estaba en camino de convertirse en otra Nicaragua. Pero algo faltaba: la instancia organizativa capaz de dirigir el asalto al poder estatal y de contener la intensa represión que golpeaba, más que a los cuadros guerrilleros, a los sectores populares organizados, maestros y agentes de pastoral.

El FMLN ejército

Crear una instancia organizativa con capacidad para llevar adelante un esfuerzo militar sostenido supuso no solo un intenso debate ideológico, sino superar recelos que, en casos como el del poeta Roque Dalton –asesinado por sus compañeros del ERP, acusado de ser agente de la CIA– involucraban hechos de sangre. El FMLN solo pudo surgir como ejército guerrillero cuando cada una de las organizaciones integrantes aceptó ceder sus ansias hegemónicas a un mando unificado, cuya primera experiencia conjunta fue la Dirección Revolucionaria Unificada-Político Militar (DRU-PM)5, conformada por los jefes máximos de cada una de ellas. En octubre de 1980 nació una nueva organización: el FMLN histórico. Operativamente, pronto se sometió a la primera prueba de fuego después de su fundación: la «ofensiva final» de 1981.

El FMLN era aún débil pero logró resistir la contraofensiva desatada por las fuerzas militares del Estado salvadoreño. Los años de 1981-1983 fueron los de mayor dureza para la recién creada organización en el terreno militar. El Ejército salvadoreño golpeó fuerte a una guerrilla que, en lo fundamental, contaba en esos momentos con la experiencia y los recursos que cada núcleo político-militar había acumulado en la década anterior. Con todo, nuevamente, la represión estatal y paramilitar se hizo sentir en mayor medida sobre los sectores populares organizados. Se continuó una espiral ascendente de violencia terrorista iniciada en marzo de 1980 con el asesinato de monseñor Oscar Romero, y, unos meses después, el de los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario (FDR). La violencia de los años 1981-1983 forzó la incorporación de militantes de las organizaciones populares al FMLN, que vio aumentar de manera significativa sus filas de combatientes.

Superada la arremetida estatal de 1981, el FMLN comenzó una readecuación estratégica en la cual se pasó de una visión insurreccional a otra enmarcada en la guerra popular prolongada6. Fue esa estrategia la que permitió que el FMLN trabajara en la conformación de una retaguardia firme, afincada en el control territorial de determinadas zonas del país. Poco a poco, el FMLN se convirtió en un ejército propiamente dicho, con las estructuras de mando y la capacidad operativa correspondientes. A mitad de los años 80, el grupo ya estaba en condiciones no solo de resistir las fuertes ofensivas del Ejército –inscritas en la estrategia de guerra de baja intensidad, asesorada y sostenida logísticamente por el gobierno de Estados Unidos–, sino de tomar la iniciativa militar y de poner en situación defensiva a las Fuerzas Armadas salvadoreñas.

Los referentes ideológicos siguieron siendo los mismos de los años 70, es decir, los tomados del marxismo-leninismo, pero el debate de ideas cedió su lugar al fortalecimiento militar y al objetivo que se pretendía alcanzar a partir de él: la toma del poder por la vía armada. De alguna manera, en la etapa fundacional del FMLN fueron las Fuerzas Populares de Liberación-Farabundo Martí (FPL) las que impusieron al resto de las organizaciones su visión ideológica y resultaron decisivas en la definición estratégica. Esta primacía de las FPL se reconoce en el nombre del ejército guerrillero: Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Posteriormente, a partir de la muerte, en 1983, de Salvador Cayetano Carpio –el comandante «Marcial»– y de Mélida Anaya Montes –la comandante «Ana María»–, el ERP comenzará a asumir un mayor protagonismo estratégico, sobre todo debido a su capacidad militar, sin que ello signifique la anulación total del peso de las FPL.

Así pues, aceptados unos mismos referentes ideológicos y definida una estrategia político-militar común, las organizaciones integrantes, en alguna medida, disolvieron su identidad particular en el FMLN. Este proceso supuso un cambio drástico en el modo en que las organizaciones político-militares se concebían a sí mismas y en cómo entendían su papel revolucionario. Aceptaron dejar a un lado el dogmatismo ideológico, que las llevaba a verse como las auténticas y exclusivas vanguardias de la revolución, y crear una estructura político-militar que era algo más que la suma de cada una de ellas actuando por separado. Al mismo tiempo, una dosis importante de pragmatismo se hizo presente en esta voluntad de unificación político-militar. La dinámica de la guerra civil y los escenarios nacionales e internacionales que se fraguaron a lo largo de ella obligaron a dejar de lado las meras disputas ideológicas.

De hecho, aunque es posible afirmar que los grandes objetivos ideológicos del FMLN se mantuvieron, hasta 1989, en el marco del ideario forjado en los años 70 por las organizaciones político-militares, también es dable sostener que esos grandes objetivos –entre los que destacaba la instauración del socialismo por la vía armada– se fueron acomodando a las exigencias de cada coyuntura particular y, a la larga, a la necesidades planteadas por el virtual empate militar al que se arribó a inicios de los años 90. Se trataba de exigencias prácticas que obligaban, antes que a la definición de posiciones ideológicas, a la toma pragmática de decisiones. Al fin de cuentas, la guerra en sí misma no es un asunto ideológico sino un ámbito en el que lo que cuenta son la eficacia y los resultados. Y el principal resultado militar buscado por el FMLN, la derrota del Ejército salvadoreño, era algo que a mitad de los años 80 no se había logrado. Por el lado contrario, tampoco el Ejército salvadoreño, por más ayuda estadounidense que recibiera, había alcanzado el propósito principal de su guerra. Pero, en definitiva, entre los militares el apuro era menor: en ese entonces la ayuda militar y económica de EEUU no parecía tener límite alguno.

La opción por la negociación: ideología y pragmatismo

La vía de una salida negociada al conflicto –promovida internamente por instancias como la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y un sector de la Iglesia católica, y externamente por los gobiernos de Venezuela, Colombia, México, Panamá, Argentina, Brasil, Perú, Uruguay y Francia– era ciertamente un desafío a la ideología revolucionaria del FMLN, pero era también un desafío a su pragmatismo. Es decir, desde el FMLN se podía responder a la propuesta de una solución negociada a la guerra civil de manera ideológica, lo cual indefectiblemente llevaba a un rechazo absoluto a esa opción y a quienes la promovían. No era el camino hacia la toma revolucionaria del poder ni, en consecuencia, hacia el socialismo. Asimismo, se podía responder de manera pragmática, esto es, atendiendo a lo beneficioso que esa salida podía contener no solo para tener un respiro en momentos difíciles –y trabajar en los reacomodos oportunos–, sino para salir del terreno empantanado de la guerra, con sus secuelas de dolor y destrucción.

Hubo de todo un poco en las distintas etapas de la guerra. En los inicios –cuando el rector de la UCA, el padre Ignacio Ellacuría, más tarde asesinado, hizo una primera propuesta de solución negociada– lo que predominó fue la reacción ideológica. Desde la izquierda radical, tal salida era percibida como una concesión a los enemigos del proyecto revolucionario. Por su parte, la derecha salvadoreña y los mandos de las Fuerzas Armadas leyeron la propuesta de una solución negociada como algo inscrito en la estrategia revolucionaria para la toma del poder.

Posteriormente, lo ideológico, sin desaparecer, cedió su lugar a lo pragmático. Por un lado, la negociación sirvió al FMLN para ganar legitimidad, reconocimiento y ayuda en el ámbito internacional, lo cual era urgente pues el gobierno salvadoreño gozaba de un flujo prácticamente ilimitado de ayuda militar y económica proveniente de EEUU. Contrarrestar este respaldo era crucial; no se podía hacer nada al respecto sin un trabajo político-diplomático creativo, que requería, entre otras cosas, habilidad negociadora, tolerancia y receptividad a la tesis de la negociación que un sector importante de la comunidad internacional –sector en el que el FMLN tenía apoyos imprescindibles– defendía con vehemencia7. Por otro lado, el FMLN, una vez que afianzó su dominio territorial en el norte, nororiente y zona paracentral de El Salvador, había perdido contacto regular con la población urbana, especialmente con la de la capital.

«Volver a la capital» era vital; la vía militar era una vía deseable. Pero la negociación abría otra posibilidad interesante, sobre todo por lo prioritario que era sumar al proyecto revolucionario a quienes, estando convencidos de la necesidad de realizar transformaciones estructurales en el país, no creían que la guerra fuera el camino para ello. Si se los convencía de que la voluntad negociadora era firme del lado del FMLN y una estratagema por parte del gobierno, resultaría más sencillo sumarlos al proyecto revolucionario. En este marco se entiende el enorme significado que tuvieron para el FMLN las reuniones de diálogo, especialmente la que se llevó a cabo en 1987 en la Nunciatura Apostólica en San Salvador. Desde el inicio de la guerra civil, era la primera vez que la comandancia general del FMLN se hacía presente de manera pública en la capital: el reconocimiento a la legitimidad de su lucha y a su carácter de fuerza beligerante fue algo irrebatible a partir de entonces.

Los diálogos, en fin, también fueron importantes para ganar tiempo en el terreno militar, pues no se tiene que dejar de lado que lo principal, desde un punto de vista estratégico, era la derrota del Ejército salvadoreño que, por su lado, estaba empeñado en derrotar al FMLN y golpeaba fuerte en las zonas de retaguardia. El objetivo estratégico del FMLN se mantuvo hasta la última gran ofensiva lanzada antes de la firma de los acuerdos de paz: la ofensiva al «tope» de noviembre de 1989. Pero se trató de un objetivo que, al menos desde el encuentro de la Nunciatura, coexistió con otro que, nacido de exigencias pragmáticas, poco a poco fue ganando mayor peso hasta convertirse, a partir de 1990, en el principal objetivo estratégico: la finalización de la guerra mediante un proceso de negociación que sentara las bases para una reforma política, social y económica de El Salvador.

Estos dos propósitos coexistieron desde 1987, pero el propósito negociador se subordinó al militar. En 1989, este último fue sometido a una prueba que pondría de manifiesto la imposibilidad de su consecución, al menos en el corto y mediano plazo. Interpretaciones posteriores de la ofensiva militar de noviembre de 1989 la han presentado como una acción diseñada e implementada para forzar el proceso de diálogo-negociación, que ciertamente caminaba a paso lento. Y los avances sustantivos en la negociación que se dieron después –y que culminaron en 1992, con la firma de los acuerdos de paz– parecen confirmar esta tesis. Sin embargo, la envergadura de los ataques militares realizados –que tuvieron la ciudad capital como uno de sus focos principales– y el diseño de la operación en su conjunto, plasmada en el documento que se conoció como «Plan Fuego», apuntaban a algo más que a presionar al gobierno salvadoreño para que diera pasos significativos en el proceso de negociación del fin de la guerra. No es infundado sostener que a esa ofensiva no le era ajena la intención de doblegar militarmente al gobierno salvadoreño o, cuando menos, propinarle un revés de una magnitud tal que inclinara la balanza militar del lado del FMLN. Esta intencionalidad no excluía como resultado colateral, en caso de que lo principal no se consiguiera, presionar por una negociación en la que el FMLN tuviera una buena ventaja a su favor en virtud de su capacidad militar, que iba a quedar de manifiesto gracias a la ofensiva.

Esto último fue precisamente lo que sucedió. La ofensiva de noviembre de 1989 puso de manifiesto que el aplastamiento militar de uno de los dos bandos en contienda no era algo previsible en el corto y mediano plazo; es decir, que dada la correlación de fuerzas militares, la guerra se podía prolongar sin mayores variantes durante un tiempo lo suficientemente largo como para agotar las energías sociales y económicas del país. Desde el lado del FMLN, en un escenario internacional marcado por cambios trascendentales –perestroika, caída del Muro de Berlín, desintegración del bloque soviético–, la apuesta por continuar la guerra indefinidamente no auguraba más que aislamiento y quizás hasta un declive progresivo. A su vez, en el plano interno era creciente el clamor social por una solución negociada; no escuchar ese clamor –que cobró una fuerza inusitada a raíz del asesinato, el 16 de noviembre de 1989, de los jesuitas de la UCA y sus dos colaboradoras a manos de elementos del Batallón Atlacatl– hubiera significado dar la espalda a sectores sociales, eclesiales y políticos sin los cuales era imposible que el FMLN sobreviviera políticamente.

Desde el lado del gobierno, encabezado entonces por Alfredo Cristiani (1989-1994), de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), el panorama internacional tampoco era favorable como para persistir en el empeño de la guerra. Los cambios en Europa del Este, por un lado, comenzaban a incidir en la política exterior de EEUU, desplazando de sus intereses los compromisos adquiridos en el marco de la Guerra Fría. Por otro lado, la muerte de los jesuitas de la UCA y sus dos colaboradoras sacudió la conciencia de la comunidad internacional, haciendo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) asumiera, como compromiso prioritario, el fin de la guerra civil salvadoreña por la vía de la negociación. Internamente, la economía salvadoreña estaba colapsada y un nuevo grupo empresarial –que deseaba insertarse en el proceso de globalización– emergía con unos ánimos e intereses distintos de los de la oligarquía tradicional. No era posible que este nuevo sector tuviera éxito mientras la guerra continuara, de tal suerte que se convirtió en un soporte de los esfuerzos negociadores del gobierno de Cristiani. Su principal preocupación era asegurarse que, en la negociación con el FMLN, sus intereses económicos quedaran lo suficientemente resguardados.

Así las cosas, el proceso de negociación entró en una fase decisiva a partir de 1990. Lo que en el FMLN inicialmente se aceptó por razones pragmáticas terminó por convertirse en un asunto estratégico: una negociación en la cual se consiguieran logros por los que se había luchado en la guerra, pero renunciando a dos grandes objetivos: la toma del poder estatal por la vía armada y la instauración del socialismo a partir de esa victoria militar.

El FMLN partido y la hegemonía de la derecha

Un cambio ideológico sustancial comenzó a darse en el FMLN. Algunos de sus dirigentes –los más intelectualizados– comenzaron a hacer públicos análisis en los cuales se defendían adscripciones socialdemócratas –tal como ellos las entendían– que pretendían hacer creer que la apuesta por la negociación y la conquista en ese proceso de objetivos por los que se había luchado militarmente era lo más natural del mundo. Algunos de esos dirigentes abjuraron después del marxismo-leninismo que había nutrido sus ideales en los años 70 y buena parte de los 80 y con el que habían justificado prácticas militares y militaristas de los más diversos signos.

En la negociación se jugaba otro asunto fundamental: la desaparición del FMLN ejército y su conversión en partido político. Esto tocaba, por un lado, lo ideológico. Y es que la estructura militar del FMLN fue diseñada para luchar por un proyecto ideológico: la instauración del socialismo mediante la lucha armada. Una nueva visión debía reemplazar a la vigente hasta entonces, y esto no podía hacerse sin un debate en el cual la democracia y las elecciones comenzaron a ocupar un lugar central. En parte, los aportes de quienes en el FMLN tenían la capacidad de escritura estaban destinados a dar sentido a los cambios que se avecinaban. Por otro lado, se encontraba la cuestión organizativa: la conversión en partido político suponía desarticular las estructuras militares y redefinir las relaciones con la militancia de base y las poblaciones en las que el FMLN se había arraigado.

El FMLN encaró este desafío no sin sufrir fuertes desmembramientos internos, que dejaron fuera de la nueva estructura no solo a organizaciones que habían sido parte de él cuando era un ejército –el ERP y la FARN8 – sino a cuadros que habían integrado a las dos organizaciones que se quedaron en la conducción del nuevo partido: las FPL y el PCS. En resumen, una cosa era clara: el FMLN partido político estaría sometido a la Constitución de la República y a las reglas de la democracia electoral. En consecuencia, lo que el FMLN pudiera hacer para avanzar en sus objetivos históricos –los que tenía como ejército– no podía ir más allá del marco constitucional y de sus posibilidades como un partido más del sistema político salvadoreño.

En la ruta hacia los acuerdos de paz de 1992 el FMLN estaba en camino de vivir su mayor transformación ideológica e institucional. Y en efecto así sucedió. Una vez que se firmaron los históricos documentos que pusieron fin a 12 años de guerra civil, el FMLN dejó de ser un ejército y se convirtió en un partido político que tendría que competir electoralmente con otros partidos para acceder, temporalmente, a una cuota de poder político. La apuesta que se hizo entonces fue que un triunfo electoral en el nivel presidencial, inmediatamente después de firmada la paz –sumado a una cuota significativa de diputados en la Asamblea Legislativa–, daría al FMLN la oportunidad de realizar cambios sustantivos en el aparato económico que permitieran avanzar en la justicia y la inclusión socioeconómica. Esta apuesta fue la que estuvo en la base de la relevancia dada en los acuerdos de paz a la reforma política e institucional, en detrimento de compromisos de fondo en el terreno económico. La derecha empresarial y política se preparó para sacar ventaja de esta situación, para lo cual era crucial que el FMLN no lograra la cuota de poder político que le permitiera cumplir, ni siquiera parcialmente, su propósito de impulsar cambios sustantivos en el ámbito económico-social.

Haciendo uso de una amplia gama de recursos, la derecha salvadoreña logró mantenerse en el Poder Ejecutivo durante cuatro periodos, así como asegurarse una alianza política en la Asamblea Legislativa que le permitiera, mediante la conformación de un bloque afín, tener los votos suficientes para imponer sus decisiones y diseñar el resto de las instituciones del Estado –en particular, la Corte Suprema de Justicia– a la medida de sus intereses. Dicho de otro modo, la derecha consiguió imponer su hegemonía en el interior de la sociedad salvadoreña. Desde 1994, el FMLN conquistó espacios en los niveles legislativo y municipal, pero no obtuvo la cuota de poder suficiente para completar los acuerdos de paz en su componente socioeconómico. La hegemonía de la derecha no solo hizo que ese componente fuera olvidado sino que alentó la implementación de un programa neoliberal anclado en la tercerización económica, la maquilización, el estancamiento industrial y, lo que es más grave, el abandono del sector agrícola. De aquí la sensación de que la gran ganadora de los acuerdos de paz fue la derecha empresarial, la elite formada por los «ricos más ricos de El Salvador»9, cuya riqueza no dejó de aumentar mientras, desde distintos sectores, se alababan las conquistas democráticas alcanzadas a partir de la firma de la paz.

En efecto, en el plano de la democratización política los avances fueron indiscutibles desde 199210. Pero al cierre de esa década, la transición democrática daba señales de no estar avanzando hacia la consolidación. No solo por la debilidad institucional, la irrupción de una violencia social creciente11 o la inexistencia de la alternancia política en el Ejecutivo, sino por la vigencia de un modelo económico que no lograba satisfacer las necesidades fundamentales de la mayor parte de la población y que más bien generaba exclusión y marginación socioeconómica en el campo y la ciudad. Es decir, el modelo económico se mostraba como un obstáculo para la profundización democrática, al punto de generar procesos de desarraigo y anomia que, de afianzarse, pondrían en tela de juicio la consolidación democrática. Casi nadie prestó atención a esta dinámica en aquel momento, pero una vez que se desató –lo cual sucedió en la segunda mitad de la década siguiente– el país se encaminó hacia un callejón sin salida. Este callejón sin salida no solo era social y cultural, también era político: Arena y la derecha habían fracasado en su gestión del país, pero el FMLN no parecía estar preparado, a los ojos de amplios sectores de la población, para asumir la conducción del Ejecutivo.

Itinerario final: el FMLN como partido de gobierno

Para quebrar la hegemonía de la derecha, tejida a partir de componentes económicos, políticos y mediáticos bien entrelazados, el FMLN tenía que ser innovador en la fórmula política que le permitiera ampliar su base electoral. Las diferentes elecciones en las que el partido participó desde 1994 le habían permitido acumular un caudal electoral nada despreciable, suficiente para tener un peso importante en la Asamblea Legislativa y para controlar un número significativo de alcaldías, pero insuficiente para acceder a la Presidencia. La elección de 2009 era una prueba de fuego para el partido, pues tenía que enfrentar el dilema de continuar siendo segundo –permitiendo que Arena gobernara por un quinto periodo consecutivo– o prepararse a fondo para llegar a la Presidencia de la República.

Desde 2000, con el mandato de Francisco Flores (1999-2004), las condiciones del país, sin haber cambiado sustancialmente para abrir las puertas automáticamente al arribo de un gobierno de izquierda, se habían deteriorado de manera sensible en lo económico y social, golpeando con severidad a las clases medias12. Bajo el gobierno de Elías Antonio Saca (2004-2009) esas condiciones empeoraron. Con una propuesta política creativa, era posible prever que el FMLN podía sumar a su caudal electoral firme los votos adicionales para ser el ganador en las elecciones de 2009, no solo por un castigo a Arena, sino por presentar una propuesta que positivamente fuera aceptada por sectores sociales que hasta entonces habían recelado del proyecto de izquierda representado por el FMLN.

La fórmula electoral de 2009 fue la clave de la victoria en los comicios de ese año13. Lo novedoso fue integrar a la fórmula como candidato presidencial a una personalidad, Mauricio Funes, que no provenía de las filas del partido, pero que desde su trabajo en los medios de comunicación había dado muestras de un compromiso decidido con la democracia y la justicia. En torno de la candidatura de Funes se articuló un importante movimiento –los «Amigos de Mauricio»– que fue decisivo para sumar al caudal electoral del FMLN los votos adicionales que contribuyeron al triunfo de marzo de 2009. El FMLN, tras dos décadas de lucha política –una década como ejército y otra como partido–, accedía por primera vez, y con él la izquierda, a la conducción del gobierno salvadoreño. Algo histórico había sucedido.

La hegemonía de la derecha fue puesta en jaque. La posibilidad de cambios importantes en el país en el plano socioeconómico suscitó grandes expectativas. Se trata del presente, cuando el FMLN se ha convertido –pese a que se lo quiera ver como «partido en el gobierno»– en «partido de gobierno». Asumirse como tal no le fue fácil; tuvo que aceptar, cuando menos, que a) el partido no podía vaciarse en el gobierno; b) la independencia del presidente Funes para conformar el gabinete y trazar su estrategia de gestión; y c) la presencia en el nuevo gobierno de figuras provenientes del movimiento «Amigos de Mauricio».

Tras un periodo de tensiones generadas al calor del debate sobre estos temas –a los que se sumaron otros asuntos como las reservas del presidente Funes ante el socialismo del siglo XXI–, las relaciones entre el gobierno y el FMLN se estabilizaron, sobre todo a partir de la divulgación del Plan Quinquenal de Desarrollo –en junio de 2010–, que puso de relieve el vínculo del gobierno con el FMLN en asuntos sustantivos de carácter económico y social. Llegar a la actual fase de equilibrio –cuando se está a punto de cumplir el segundo año del gobierno de izquierda– supuso asumir con realismo, por el lado del FMLN, las posibilidades que se abrían de incidir desde el Ejecutivo en la dinámica del país, a partir de la cuota de poder alcanzada en ministerios importantes. No se controlaron todos los ministerios, pero sí algunos de los más relevantes: Educación, Seguridad Pública y Justicia, Gobernación, Trabajo, Relaciones Exteriores, Obras Públicas y Salud. Otras dependencias quedaron en manos de algunos miembros del movimiento «Amigos de Mauricio» –Ministerio de Hacienda y la compañía de electricidad CEL– y un ministerio –el de Economía– en manos del partido Cambio Democrático (CD). Figuras independientes de izquierda tienen a su cargo instancias como el Ministerio de Medio Ambiente y el Banco Central de Reserva.

El maximalismo inicial de algunos militantes y dirigentes del FMLN fue reemplazado por posturas realistas que no solo permitieron reconocer las atribuciones del presidente Funes, sino el margen de maniobra con el que el partido contaba en la nueva coyuntura. Este realismo permitió que los temas ideológicos fueran cediendo su lugar a los acuerdos y el trabajo conjunto. Un asunto que despuntó como polémico fueron las relaciones del FMLN con Hugo Chávez y la integración de El Salvador a los convenios con Alba Petróleo de Venezuela. Empero, el FMLN aceptó la decisión del presidente Funes de no vincularse a Petrocaribe, mientras que el propio FMLN –a través de sus alcaldías– pudo potenciar sus relaciones con Alba Petróleo, que recientemente inauguró una importante planta industrial de hidrocarburos en El Salvador. También el FMLN ha mantenido una relación cercana con Daniel Ortega, pero ello no ha tenido implicaciones significativas en las relaciones del partido con el gobierno de Funes. Lo que sí generó algunas diferencias fue la postura ante el golpe de Estado en Honduras contra Manuel Zelaya, en 2009. Mientras que el FMLN apoyó abiertamente a Zelaya, desde el gobierno se manejaron diversas salidas, que enfatizaban la vía de la prudencia diplomática.

En fin, no solo el FMLN ha cedido al realismo. También lo ha hecho el gobierno del presidente Funes. En esto, el papel del ex-presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva ha sido clave, pues su cercanía con el gobierno y con el FMLN le permitió dar consejos oportunos conducentes a moderar las respectivas posturas. Como quiera que sea, en la fase actual de su larga trayectoria histórica, el FMLN se ha convertido en un soporte firme de la democratización del país. Ha dado muestras de una capacidad de cambio ideológico e institucional verdaderamente sorprendente. Sigue defendiendo el ideario socialista, pero ahora lo relaciona estrechamente con la democracia no solo política, sino social y económica. Hay conciencia en su dirigencia de que ese ideario solamente puede ser defendido en un marco democrático con una institución partidaria sólida y competitiva. Este es el FMLN de ahora. Un FMLN cuya dirigencia sabe que para impulsar transformaciones sustantivas en el país solo se cuenta con mandatos temporales que deben ser renovados periódicamente y que los cinco años de la actual gestión son una oportunidad para probar a la población que la izquierda puede hacer mejor las cosas que la derecha.

  • 1. Ver L.A. González: «Estado, sociedad y economía en El Salvador (1880-1999)» en Rodolfo Cardenal y L.A. González (comps.): El Salvador: la transición y sus problemas, uca Editores, San Salvador, 2002, pp. 13-28.
  • 2. Segundo Montes: El Salvador: las fuerzas sociales en la presente coyuntura (enero 1980-diciembre 1983), uca, San Salvador, 1984.
  • 3. Carlos Rafael Cabarrús: Génesis de una revolución, Casa Chata, México, 1983.
  • 4. L.A. González: «La violencia sociopolítica de las décadas de 1970 y 1980» en Enciclopedia El Salvador 2, Océano, Barcelona, pp. 300-310.
  • 5. V. «La unidad de la izquierda» en eca No 380, 6/1980, pp. 551-556.
  • 6. Ver Raúl Benítez Manaus: La teoría militar y la guerra civil en El Salvador, uca Editores, San Salvador, 1989.
  • 7. Ver L.A. González: «Centroamérica: proceso de paz y perspectivas de futuro» en Alberto Carrillo Cázares (ed.): La guerra y la paz. Tradiciones y contradicciones, El Colegio de Michoacán, Michoacán, 2002, pp. 119-137.
  • 8. Los dirigentes de estas organizaciones fueron los que más proclamaron sus credenciales socialdemócratas, al punto de crear un partido –el Partido Demócrata (pd)– de corta vida. Mientras la experiencia partidaria duró, sus líderes no dudaron en aliarse con Arena, con el fin de vencer las resistencias legislativas del fmln. Otros miembros de estas organizaciones se vincularon a empresas mediáticas desde las que trabajaron en las campañas electorales de Arena.
  • 9. Ver María Dolores Albiac: «Los ricos más ricos de El Salvador» en R. Cardenal y L.A. González (comps.): ob. cit., pp. 153-183.
  • 10. Ver L.A. González: «Acerca de la transición a la democracia» en R. Cardenal y L.A. González (comps.): ob. cit., pp. 117-126.
  • 11. Ver L.A. González: «Violencia social y territorialización del crimen» en eca No 695, 9/2006, pp. 882-885.
  • 12. Ver L.A. González: «Un necesario cambio de marcha en El Salvador» en R. Cardenal y L.A. González: ob. cit., pp. 350-358.
  • 13. L.A. González: «Balance sociopolítico de 2009 y perspectivas para 2010» en Teoría y praxis No 16, 2/2010, pp. 87-92.