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El experimento de Emapa en Bolivia El Estado, la inflación y la producción de alimentos

La creación de la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) en Bolivia combina elementos heterodoxos, vinculados a las visiones estatistas del gobierno de Evo Morales, con prácticas más ortodoxas, como la importación de alimentos con arancel cero. Pensada originalmente con el objetivo de controlar la inflación, la empresa resulta un experimento interesante de intervención del Estado en el campo agroalimentario. Entre sus metas están apoyar con financiamiento la introducción de tecnología en las pequeñas propiedades, crear centros de acopio y comprar parte de las producciones campesinas para mejorar los precios de venta.

El experimento de Emapa en Bolivia / El Estado, la inflación y la producción de alimentos

En su último informe al Parlamento, el 22 de enero de 2016, el presidente boliviano Evo Morales habló varios minutos de los resultados de gestión de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). Para matizar la larga alocución que preparó con datos brindados por diferentes sectores del gobierno, Morales contó por qué fundó esta empresa estatal. Puesto que se trata de una explicación relativamente concisa y fue realizada por el principal protagonista de la política boliviana, la reproducimos completa: Durante los conflictos que tuvimos durante el proceso constituyente ha habido mucha especulación de algunos político-empresarios, especialmente de Santa Cruz. «Falta alimento», nos decían, cuando no faltaba alimento. Me acuerdo siempre que algunos ganaderos decidieron no mandar carne a La Paz y la compañera –hoy diputada– Susana Rivero era ministra de Producción. La mandé con plata en la mochila para convencer a sus hermanos benianos, porque ella es beniana, de que faenen y traigan carne al resto del país. Hemos puesto [aviones de carga] Hércules para que traiga [carne a La Paz]. La ministra, con sus trabajadores, ha vendido carne [en los mercados] personalmente. Y así hemos ganado la batalla económica, porque era una guerra económica, por la especulación. No es que faltaba [carne], había. Esta agresión económica de algunos pocos bolivianos [contra la mayoría] nos obligó a organizar, a crear Emapa, [para] dar crédito con 0% de interés para algunos productos, si faltaran, por si acaso. Y por eso, hermanas y hermanos, los resultados que tenemos ahora. Vamos a seguir construyendo esta empresa, para de esta manera garantizar alimento para el pueblo boliviano.1

Según esta versión, Emapa sería un resultado de las características de la política boliviana. Un instrumento, dice Morales, para evitar que la «guerra económica y la especulación» propulsadas por los burgueses bolivianos hicieran daño a su gobierno. ¿Qué pasaba exactamente en Bolivia cuando la empresa fue fundada, en agosto de 2007? Un año después del ascenso de Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo (mas), al poder, la sociedad se había polarizado fuertemente. De un lado, se hallaba la parte del país afincada en las regiones occidentales: La Paz, Oruro, Potosí, que apostaba por el estatismo, y cuya aplicación remataría en un desplazamiento de las elites económicas (las elites políticas ya estaban en plena huida), cuyo núcleo lo constituía la agroindustria de la región oriental de Santa Cruz. Del otro lado se hallaban los dirigentes y los habitantes de esta última región y de las demás regiones agroindustriales del país: Beni, Tarija y Pando, que temían que los cambios acabaran con el estilo de vida que habían tenido hasta entonces.

La nueva Constitución estaba siendo discutida por la Asamblea Constituyente y sobre la mesa de debate había una propuesta para limitar la propiedad de todos los hacendados a un máximo de 5.000 o 10.000 hectáreas, lo que en caso de implementarse habría destruido los negocios agropecuarios existentes2. No habría variado la estructura de propiedad del occidente del país, que está definida por el minifundio, pero habría causado una reorganización completa de las grandes propiedades agrícolas y ganaderas del oriente y el sur. De ahí que esta zona del país –llamada en ese momento «Media Luna» por su forma geográfica– luchara en contra de la nueva Constitución, tanto dentro como fuera de la Asamblea Constituyente, tras la consigna de «autonomía regional» respecto de un Estado que, en su opinión, no entendía el «modelo de desarrollo» que había hecho de estas regiones las «más prósperas» del país. Este modelo de desarrollo se basaba en la iniciativa privada y la libertad de mercado, y en teoría se resentía como consecuencia de las constantes interferencias de la política que surgía del occidente. De ahí, entonces –según lo planteó la Media Luna–, la necesidad de «autonomizarse» de La Paz.

Al mismo tiempo, los movimientos políticos que tenían su plaza fuerte en La Paz querían centralizar las decisiones de modo que se pudieran superar las deformaciones a las que daba lugar el «modelo» del que hablaban sus adversarios y que ellos caracterizaban como «neoliberal»: injusticia en el acceso a los recursos naturales que en principio pertenecían a todos, uso de la política para favorecer los negocios privados, explotación de los trabajadores a los que se había dejado sin tierra, depredación ambiental, etc. Estos eran los términos de la polarización política, cuando comenzaron a sentirse dos fenómenos económicos preocupantes (no olviden que estamos en 2007): una inflación, sobre todo alimenticia, superior a la muy moderada que hasta entonces había estado acostumbrada a tener Bolivia, y episodios de carestía de algunos alimentos que el país producía, como la harina de trigo y la carne. Estos fenómenos, en el contexto antedicho, fueron de inmediato atribuidos al deseo de la agroindustria de sabotear al nuevo gobierno, por medio de declararle la misma «guerra económica» que se suponía que las elites venezolanas estaban en ese momento librando contra el proceso liderado por Hugo Chávez.

El concepto de «guerra» o «sabotaje» de las burguesías a los gobiernos socializantes, con toda su carga ideológica, proviene de las interpretaciones que los bolcheviques rusos, poco versados en economía práctica y en cambio inclinados a observar los fenómenos en términos de lucha de clases, hicieron sobre la resistencia de los campesinos y los comerciantes al «comunismo de guerra» que se instauró poco después de la Revolución de 1917, el cual implantó un sistema de confiscaciones que llevó el mercado ruso al nivel del trueque entre bienes industriales y productos agrícolas. Para los dirigentes convencionales del recién nacido Partido Comunista, esta resistencia solo podía deberse a razones ideológicas: incomprensión por parte de los agentes privados del sentido de las transformaciones que se pretendía realizar e insistencia en reproducir las formas de relacionamiento entre los miembros de la sociedad que se verificaban en el capitalismo. Por tanto, las respuestas tenían que ser represivas y quizá, pero en segunda instancia, educativas. Como se sabe, Lenin se opuso a este tipo de soluciones, que ponían en riesgo la supervivencia de la Revolución y, con mayor pragmatismo que sus compañeros, formuló en 1919 la llamada Nueva Política Económica, que restableció el comercio entre las ciudades y el campo y obligó a los planificadores soviéticos a poner una debida atención a los incentivos materiales que requerían los agentes económicos para actuar.

Sin embargo, el concepto de «guerra económica» siguió siendo parte del repertorio del análisis de la izquierda sobre la realidad, como muestra hoy mismo la explicación del gobierno chavista sobre los graves problemas económicos por los que atraviesa Venezuela, o la reminiscencia que hizo en enero de este año Morales sobre la fundación de Emapa que hemos citado. Sin ser ingenuos sobre las muchas argucias a las que pueden recurrir las clases perdedoras en medio de un cambio social, ni descartar casos específicos de sabotaje, se debe advertir el simplismo, que proviene de cierta difusa filosofía maniquea en el pensamiento, con que la izquierda radical enfrenta la adversidad económica (por ejemplo, Morales atribuye la actual caída del precio del petróleo a una conspiración imperialista en contra de los gobiernos progresistas), que muestra una muy limitada comprensión de las formas reales de funcionamiento de la economía moderna.

Verdaderas causas del brote inflacionario

Es muy difícil –si bien no imposible en situaciones de verdad extremas– que un productor de pollos deje de venderlos y con ello pierda mucho dinero, solo por perjudicar a un gobierno que siente contrario a sus intereses. En Bolivia, de hecho, esto no ocurrió. Lo que pasó en cambio fue a la vez más sutil y complejo. En el momento del que hablamos, el alza del precio del petróleo durante los años 90 había hecho rentable la sustitución de los hidrocarburos por combustibles sacados del procesamiento de cereales (etanol), y se había producido un movimiento de la agricultura mundial en este sentido. Al mismo tiempo, las tasas de crecimiento de China, que entonces parecían inmodificables, y su comportamiento como gran compradora de soja y otros alimentos habían provocado un aumento de los precios de los productos agrícolas en el mercado mundial. Puesto que en ese momento en Bolivia regía una plena libertad de exportación, los productores, interesados en los mejores precios que podían obtener en el extranjero, sacaron sus bienes fuera del país, lo que causó carestía de algunos alimentos. Los casos de desabastecimiento, sumados a la importación de inflación a través de los bienes básicos que no se producían en el país, generaron un brote inflacionario que no era grave en sí mismo, pero sí una causa de profundización de la inestabilidad política que ya había provocado la polarización de la que hemos hablado. Además, por razones históricas que tocaremos más adelante, la inflación era una amenaza para los planes gubernamentales de establecer su dominio sobre el país de manera perdurable. Esta cita de los economistas Juan Carlos Moreno-Brid y Martín Puchet Anyul resume la situación que se presentaba entonces:

La inflación en la región fue baja durante los años iniciales del presente siglo salvo por un pequeño núcleo de economías –las de Venezuela, Costa Rica y Argentina–, cuyo incremento medio anual de precios alcanzó los dos dígitos. En 2008, la inflación aumentó en todas las economías latinoamericanas analizadas: superó el 4% anual, a causa del aumento de precios de alimentos y materias primas. De hecho, la inflación anual llegó a los dos dígitos en ocho de 18 economías examinadas. Entre estas se encuentran algunas con alta conflictividad social, que viraron hacia gobiernos de centroizquierda, como Nicaragua, Bolivia, Guatemala, Honduras y Paraguay. En síntesis, en 2008 diversos factores de índole social y política se combinaron con algunos conflictos externos en los precios de alimentos, materias primas y energéticas que, en varios países, ejercieron presiones inflacionarias. Pero este efecto en ningún caso desembocó en episodios hiperinflacionarios como los que había sufrido el subcontinente 30 años antes, en la década del 80.3

La inflación boliviana de 2007 fue de 11,7%, según el Instituto Nacional de Estadística (ine). La inflación alimentaria, calculada de manera extraoficial, superaba el 20%. El país no había registrado una inflación de dos dígitos desde una década atrás. Así que se encendieron las alarmas del gobierno y la oposición se puso a comparar el gobierno de Morales con el único otro que, en la historia democrática reciente, se llamaba de izquierda: el de la Unidad Democrática y Popular (udp), que gobernó entre 1982 y 1985. Este gobierno, en el que participaban dos generaciones de nacionalistas revolucionarios en alianza con el Partido Comunista, enfrentó la crisis de financiamiento que tenía el país en ese tiempo (como resultado de la crisis de la deuda) con una emisión inorgánica de dinero que provocó una traumática hiperinflación y asoció, en la mentalidad política de los bolivianos, a la izquierda con el alza de precios.

Esta trepada de la inflación –que continuaría en 2008 y luego remitiría como consecuencia de la crisis internacional de ese año–, así como sus efectos políticos y psicológicos, fueron la causa directa de la creación de Emapa por parte del gobierno de Evo Morales. También explica la definición por parte del ing de una nueva forma de elaborar el índice de precios al consumidor. Expertos independientes señalaron que esta reforma tuvo el efecto de atenuar la inflación. Esta institución había hecho una encuesta de hogares en 2003-2004 para definir los nuevos hábitos de consumo de la población, y en 2008 fijó el año 2007 como el de referencia del índice (el año respecto al cual calcula la variación de los precios), lo que carecía de consistencia técnica. También decidió aumentar la cantidad de productos cuyos precios mediría el índice de 324 a 364, incluyendo bienes excéntricos en países pobres, como heladeras, cocinas, pasajes de avión, estudios de maestría, etc. Al mismo tiempo, cambió la importancia de ciertos precios respecto del índice total (es decir, ponderó de otra manera ciertos gastos). Por un lado, elevó la importancia de la vivienda de 9,7% a 11,1% del índice total; la del transporte, de 10,8% al 15,9%, y la del esparcimiento, de 3,3% al 6,3%; por otro lado, disminuyó la importancia de los alimentos y bebidas, que pasaron de 49,1% a 39,3% del índice total. Estas modificaciones supuestamente se basaron en la ya referida encuesta de 2003-2004. Sin embargo, otra encuesta del propio ine mostró que la población gastaba más de 50% de sus ingresos en la compra de comida4.

¿Qué es Emapa? Sus primeras acciones

El decreto de creación de Emapa muestra claramente cuál fue la intención gubernamental de su creación: contar con un instrumento que, a diferencia de lo que ocurría en el periodo neoliberal, permitiera al Estado intervenir en el mercado interno a fin de atenuar los efectos de la inflación alimentaria de ese momento. Este decreto, firmado el 15 de agosto de 2007, establece como objeto de la empresa «apoyar la producción agropecuaria, contribuir a la estabilización del mercado de productos agropecuarios y a la comercialización de la producción del agricultor». Se complementó con la decisión, tomada ese mismo día, de poner un arancel cero a la importación de alimentos, y con un decreto de noviembre de 2007 que suspendió la exportación de trigo, harina de trigo y manteca animal. Y, finalmente, en febrero de 2008, con la prohibición de la exportación de alimentos vulnerables a la carestía, adoptada por «la presencia de efectos hidrometeorológicos y climáticos adversos provocados por el Fenómeno de La Niña 2007-2008, que han ocasionado daños graves en diferentes regiones del país»5. Una explicación que solo era parcialmente verdadera, pues había otros factores inflacionarios que ya hemos señalado, pero que resultaba necesaria para que con la prohibición Bolivia no infringiera sus acuerdos internacionales de libre comercio.

Emapa comenzó su camino interviniendo en los mercados del azúcar y la harina, productos que comenzó a importar y a vender tanto al por mayor como de forma directa al público. Al principio, su forma de operar, que pretendía ser espectacular para tranquilizar a los consumidores acerca de la pronta remediación del alza constante de los alimentos, resultó contraproducente. La venta de alimentos a los comerciantes a precios notoriamente inferiores a los del mercado ocasionó que algunos de ellos, deseosos de obtener más ganancias de las que el gobierno les permitía, guardaran lo que obtenían, apostando a que la iniciativa gubernamental fracasaría. Por esta razón, Emapa tuvo que entrar en el mercado minorista, en los mismos sitios de expendio en los que operaban los comerciantes privados, lo que ocasionó la protesta de estos.

Por otra parte, la declaración oficial que acompañó a las decisiones de crear Emapa y de prohibir las exportaciones de alimentos, que era la necesidad de «garantizar la soberanía alimentaria», se contradecía con la otra ya mencionada, esto es, la eliminación del arancel a los alimentos. Estaba claro que, más allá de las concepciones ideológicas, lo que realmente preocupaba al gobierno de Morales era evitar la inflación y, por tanto, responder a los prejuicios existentes en la población sobre una supuesta incapacidad de la izquierda para manejar con eficiencia la economía.

Más tarde, a fines de 2008, cuando la crisis mundial estallaba y no se esperaba que la inflación continuara (de hecho, en 2009 bajó a 0,3%), el gobierno refundó la empresa, con el propósito de darle un papel más integral y sostenible, realmente orientado al fortalecimiento del aparato productivo del agro, que había sufrido por las políticas neoliberales, entre ellas sobre todo por la libre importación (la cual, como hemos visto, se liberalizó aún más durante la gestión de Morales). Como se verá, la disposición de refundación hace hincapié en el papel de la empresa en el mejoramiento de la producción agropecuaria, antes que en el control de los precios:

Emapa tiene por objeto apoyar a los sectores de la cadena productiva de alimentos; a la producción agropecuaria y agroindustrial; contribuir a la estabilización del mercado interno de productos agropecuarios y agroindustriales, y a la comercialización de la producción del agricultor en el mercado interno y externo (...) tiene como principales actividades apoyar a los sectores productivos de alimentos, la compra-venta de insumos y productos agropecuarios y agroindustriales, la transformación básica de la producción y su comercialización, además de la prestación de servicios para el sistema de producción en los que se encuentran los productores agropecuarios, el prestar asistencia técnica, el alquiler de maquinaria, almacenamiento y otros servicios relacionados con la producción agropecuaria.6

Es notoria la inclusión aquí de la «producción agroindustrial», como temprana muestra del proceso de reconciliación entre el gobierno y las elites económicas del país, que se verificaría posteriormente con la suspensión del proyecto de recortar el tamaño de las propiedades a 5.000 o 10.000 hectáreas, en 2009, y otras medidas más tardías que enmendarían otras tomadas en contra del sector agropecuario al calor de la polarización social y regional de la que hemos hablado. En todo caso, la transformación de Emapa no fue rápida. Algo más de dos años después de su refundación, en medio de una carestía de azúcar, un periódico paceño editorializó:

La Empresa de Apoyo a la Producción Agropecuaria debe ser reorientada, porque se ha convertido en un incordio. Como bien dijo el presidente Evo Morales, desde el principio su propósito debió ser el indicado por su nombre, es decir, impulsar la capacidad productiva del país en un momento en que el aumento del consumo interno (debido al boom económico) y la inestabilidad de los precios mundiales de los alimentos ponen en riesgo la seguridad alimentaria del país. Para lograr este objetivo, Emapa debió trabajar codo a codo con los productores agropecuarios, tratando de ayudarlos a crecer y resolviendo los «cuellos de botella» que impiden que la secuencia de pasos que exige la producción y comercialización de un determinado bien se cumpla con fluidez. En lugar de esto, sin embargo, fue embarcada por las autoridades gubernamentales en la tarea imposible de vencer la inflación por medio de la fijación de precios y la venta directa de determinados productos importados por el Estado.

Y proseguía:

Así Emapa no solo perdió de vista su misión, que era importante y la única factible para ella, sino que comenzó a causar problemas en lugar de resolverlos. En efecto, puede atribuirse a su equivocada labor la creación de expectativas especulativas en el mercado. Al traer azúcar o harina a bajos precios, y venderla directamente al público, es decir, entrando en el comercio minorista, Emapa estableció con sus clientes el compromiso implícito de que logrará mantener estos bienes al mismo precio todo el tiempo, algo que no puede cumplir, y que ahora la gente le demanda. Al mismo tiempo, desincentivó a los demás comerciantes, que dejaron de transar con el producto. Luego, al generar grandes colas diarias ante las puertas de sus establecimientos, Emapa contribuyó a crear el ambiente psicológico ideal, esto es, de miedo frente a la escasez, para que se dieran la compra compulsiva de cantidades innecesarias y el ocultamiento especulativo. En conclusión, puede decirse que la presencia de Emapa en el negocio del menudeo, junto con la prohibición de subir los precios, causó la desaparición del azúcar del mercado y, al mismo tiempo, gran parte del malestar actual de la población. ¿Vamos a esperar que esta repartición provoque en adelante los mismos líos con los otros productos que comercializa? Una vez que el gobierno ya ha reconocido que el control de precios no sirve para detener la inflación, es tiempo de relevar a Emapa de la tarea de vender alimentos. Que esta institución (no una empresa) haga aquello para lo que nació. Y si ocasionalmente necesitara importar transitoriamente algún producto, necesariamente debe comercializarlo a través de los productores y sus canales de venta habituales, aunque deba reconocer que unos y otros ganen comisiones por ello.7

Emapa hoy

En efecto, como dice este editorial, las autoridades económicas del gobierno de Morales habían reconocido que la fijación política de precios no era eficiente para combatir la inflación, excepto cuando se detectan casos de especulación controlables. Por ello, Emapa ha desarrollado un proyecto para apoyar con financiamiento la introducción de tecnología en las pequeñas propiedades, en especial las dedicadas al trigo, y ha comprado a mejores precios la producción de los campesinos, lo que obligó a los «intermediarios» o comerciantes agrícolas a ofrecer precios más reales a estos proveedores. De ahí que el presidente Morales dijera en enero de este año: «el intermediario, más conocido como ranquero, pone un precio, ¿y nosotros qué hicimos con Emapa? Aumentar 10% o 15% el precio de compra, como Estado compramos. ¿Y el intermediario qué hace? Sobre ese 15%, ponen el precio. ¡Muy bien, estoy feliz!»8. En 2015, el gobierno pagó 14,6 millones de bolivianos (alrededor de dos millones de dólares) a 1.076 familias por este concepto.

El otro papel que cumple Emapa, dice Morales, es el de «reserva estratégica estatal de alimentos», que no existía antes (solo había 11 centros de acopio privados). Gracias a los tres silos construidos por Emapa, que tienen 100.000 toneladas estáticas de capacidad de almacenamiento, Bolivia posee ahora 294.485 toneladas de reserva de arroz, trigo, maíz y soja.

En cuanto a su asistencia a los pequeños productores para mejorar el cultivo de arroz, maíz y trigo, en 2015 Emapa apoyó la producción de alimentos en 523.000 hectáreas de 36.000 productores y concedió más de 38.000 créditos a los trigueros.

Gracias a estas medidas, si en 2007 la producción nacional de trigo abastecía apenas 17% de la demanda, ahora cubre 55% de la demanda nacional abastecida; todavía Bolivia importa el 45%. La incorporación de tecnología mejoró significativamente el rendimiento de cada hectárea de trigo, así como el de la de maíz, que entre 2007 y 2015 pasó de producir 2,5 toneladas a 4,5 toneladas.

También se ha incrementado la producción de arroz, de 10.000 toneladas por campaña, con un rendimiento por debajo de las 2,5 toneladas por hectárea, a 30.000 hectáreas por campaña, con un rendimiento de 4,2 toneladas por hectárea. En cuanto al abastecimiento del mercado interno, Emapa ha creado las «ferias del precio justo», que organiza en los barrios populares de las capitales y ciudades intermedias, con las que obtuvo en 2015 3.761 millones de bolivianos de ingresos (unos 537 millones de dólares) por la comercialización de arroz, maíz, harina y carne, y ha invertido 894 millones de bolivianos (unos 127 millones de dólares) en la importación y comercialización de alimentos, con el fin de estabilizar los precios del pollo, la carne de res, el pan y la leche.

Por supuesto, cabe preguntarse en qué medida estos éxitos son resultado de los proyectos de la empresa y hasta qué punto un resultado de los procesos económicos del país, que han sido de crecimiento sostenido del consumo global y por tanto de la demanda, así como de la existencia de capitales ociosos y dispuestos a invertirse en la economía. Y también deben contrastarse las cifras de aumento de la producción doméstica con las importaciones, lo que alejaría al país, y a la empresa, de su objetivo declarado de construir «soberanía alimentaria».Sin embargo, no cabe duda de que con Emapa el gobierno de Morales ha logrado lo que en primer lugar pretendía, esto es, dotarse de un instrumento que, perfeccionado con el paso de los años, le permite luchar por medios heterodoxos contra la inflación (heterodoxos respecto a la receta liberal de abrir el mercado, que solo funciona en el largo plazo). Medios que, sin embargo, al estar acotados a determinada área, los alimentos, y haber sido empleados con moderación y puntualmente en casos de carestía, es decir, al no ser tan heterodoxos como podrían haberlo sido, han colaborado a la verdadera política antiinflacionaria, esto es, la facilitación de las importaciones por medio de un tipo de cambio fijo para mantener a raya el alza de precios, y esto en el periodo de más crecimiento del producto y el consumo que haya registrado el país en su historia.

Se trata de un éxito coyuntural que probablemente entrañe una consecuencia indeseada de carácter estructural: el debilitamiento del aparato productivo nacional por obra de la invasión de bienes importados, pero este es un asunto diferente del que tratamos aquí.

  • 1.

    1. Discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, 22 de enero de 2016.

  • 2.

    2. Finalmente se decidió que esta medida solo se aplicaría a las concesiones agrícolas que se dieran a partir de la aprobación de la nueva Constitución, lo que ocurrió en 2009. De este modo, la estructura de propiedad agrícola de ese momento se mantuvo intocada.

  • 3.

    3. J.C. Moreno-Brid y M. Puchet Anyul: «El impacto de la crisis financiera global en América Latina. Una mirada desde la economía» en Los caminos diferenciados de la democracia en América Latina. Lecciones aprendidas de la gestión política de la crisis económica internacional, pnud / oea / Plural, La Paz, 2012.

  • 4.

    4. Respuesta de la Fundación Milenio al ine, carta abierta del 25 de marzo de 2013.

  • 5.

    5. Decreto No 29.460.

  • 6.

    Decreto No 29.710, 17 de septiembre de 2008.

  • 7.

    7. «La urgente reorientación de Emapa» en Página 7, 4/2/2011.

  • 8.

    8. Discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, cit.