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El experimento de Emapa en Bolivia El Estado, la inflación y la producción de alimentos

La creación de la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) en Bolivia combina elementos heterodoxos, vinculados a las visiones estatistas del gobierno de Evo Morales, con prácticas más ortodoxas, como la importación de alimentos con arancel cero. Pensada originalmente con el objetivo de controlar la inflación, la empresa resulta un experimento interesante de intervención del Estado en el campo agroalimentario. Entre sus metas están apoyar con financiamiento la introducción de tecnología en las pequeñas propiedades, crear centros de acopio y comprar parte de las producciones campesinas para mejorar los precios de venta.

El experimento de Emapa en Bolivia / El Estado, la inflación y la producción de alimentos

En su último informe al Parlamento, el 22 de enero de 2016, el presidente boliviano Evo Morales habló varios minutos de los resultados de gestión de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). Para matizar la larga alocución que preparó con datos brindados por diferentes sectores del gobierno, Morales contó por qué fundó esta empresa estatal. Puesto que se trata de una explicación relativamente concisa y fue realizada por el principal protagonista de la política boliviana, la reproducimos completa: Durante los conflictos que tuvimos durante el proceso constituyente ha habido mucha especulación de algunos político-empresarios, especialmente de Santa Cruz. «Falta alimento», nos decían, cuando no faltaba alimento. Me acuerdo siempre que algunos ganaderos decidieron no mandar carne a La Paz y la compañera –hoy diputada– Susana Rivero era ministra de Producción. La mandé con plata en la mochila para convencer a sus hermanos benianos, porque ella es beniana, de que faenen y traigan carne al resto del país. Hemos puesto [aviones de carga] Hércules para que traiga [carne a La Paz]. La ministra, con sus trabajadores, ha vendido carne [en los mercados] personalmente. Y así hemos ganado la batalla económica, porque era una guerra económica, por la especulación. No es que faltaba [carne], había. Esta agresión económica de algunos pocos bolivianos [contra la mayoría] nos obligó a organizar, a crear Emapa, [para] dar crédito con 0% de interés para algunos productos, si faltaran, por si acaso. Y por eso, hermanas y hermanos, los resultados que tenemos ahora. Vamos a seguir construyendo esta empresa, para de esta manera garantizar alimento para el pueblo boliviano.1

Según esta versión, Emapa sería un resultado de las características de la política boliviana. Un instrumento, dice Morales, para evitar que la «guerra económica y la especulación» propulsadas por los burgueses bolivianos hicieran daño a su gobierno. ¿Qué pasaba exactamente en Bolivia cuando la empresa fue fundada, en agosto de 2007? Un año después del ascenso de Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo (mas), al poder, la sociedad se había polarizado fuertemente. De un lado, se hallaba la parte del país afincada en las regiones occidentales: La Paz, Oruro, Potosí, que apostaba por el estatismo, y cuya aplicación remataría en un desplazamiento de las elites económicas (las elites políticas ya estaban en plena huida), cuyo núcleo lo constituía la agroindustria de la región oriental de Santa Cruz. Del otro lado se hallaban los dirigentes y los habitantes de esta última región y de las demás regiones agroindustriales del país: Beni, Tarija y Pando, que temían que los cambios acabaran con el estilo de vida que habían tenido hasta entonces.

La nueva Constitución estaba siendo discutida por la Asamblea Constituyente y sobre la mesa de debate había una propuesta para limitar la propiedad de todos los hacendados a un máximo de 5.000 o 10.000 hectáreas, lo que en caso de implementarse habría destruido los negocios agropecuarios existentes2. No habría variado la estructura de propiedad del occidente del país, que está definida por el minifundio, pero habría causado una reorganización completa de las grandes propiedades agrícolas y ganaderas del oriente y el sur. De ahí que esta zona del país –llamada en ese momento «Media Luna» por su forma geográfica– luchara en contra de la nueva Constitución, tanto dentro como fuera de la Asamblea Constituyente, tras la consigna de «autonomía regional» respecto de un Estado que, en su opinión, no entendía el «modelo de desarrollo» que había hecho de estas regiones las «más prósperas» del país. Este modelo de desarrollo se basaba en la iniciativa privada y la libertad de mercado, y en teoría se resentía como consecuencia de las constantes interferencias de la política que surgía del occidente. De ahí, entonces –según lo planteó la Media Luna–, la necesidad de «autonomizarse» de La Paz.

Al mismo tiempo, los movimientos políticos que tenían su plaza fuerte en La Paz querían centralizar las decisiones de modo que se pudieran superar las deformaciones a las que daba lugar el «modelo» del que hablaban sus adversarios y que ellos caracterizaban como «neoliberal»: injusticia en el acceso a los recursos naturales que en principio pertenecían a todos, uso de la política para favorecer los negocios privados, explotación de los trabajadores a los que se había dejado sin tierra, depredación ambiental, etc. Estos eran los términos de la polarización política, cuando comenzaron a sentirse dos fenómenos económicos preocupantes (no olviden que estamos en 2007): una inflación, sobre todo alimenticia, superior a la muy moderada que hasta entonces había estado acostumbrada a tener Bolivia, y episodios de carestía de algunos alimentos que el país producía, como la harina de trigo y la carne. Estos fenómenos, en el contexto antedicho, fueron de inmediato atribuidos al deseo de la agroindustria de sabotear al nuevo gobierno, por medio de declararle la misma «guerra económica» que se suponía que las elites venezolanas estaban en ese momento librando contra el proceso liderado por Hugo Chávez.

El concepto de «guerra» o «sabotaje» de las burguesías a los gobiernos socializantes, con toda su carga ideológica, proviene de las interpretaciones que los bolcheviques rusos, poco versados en economía práctica y en cambio inclinados a observar los fenómenos en términos de lucha de clases, hicieron sobre la resistencia de los campesinos y los comerciantes al «comunismo de guerra» que se instauró poco después de la Revolución de 1917, el cual implantó un sistema de confiscaciones que llevó el mercado ruso al nivel del trueque entre bienes industriales y productos agrícolas. Para los dirigentes convencionales del recién nacido Partido Comunista, esta resistencia solo podía deberse a razones ideológicas: incomprensión por parte de los agentes privados del sentido de las transformaciones que se pretendía realizar e insistencia en reproducir las formas de relacionamiento entre los miembros de la sociedad que se verificaban en el capitalismo. Por tanto, las respuestas tenían que ser represivas y quizá, pero en segunda instancia, educativas. Como se sabe, Lenin se opuso a este tipo de soluciones, que ponían en riesgo la supervivencia de la Revolución y, con mayor pragmatismo que sus compañeros, formuló en 1919 la llamada Nueva Política Económica, que restableció el comercio entre las ciudades y el campo y obligó a los planificadores soviéticos a poner una debida atención a los incentivos materiales que requerían los agentes económicos para actuar.

  • 1.

    1. Discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, 22 de enero de 2016.

  • 2.

    2. Finalmente se decidió que esta medida solo se aplicaría a las concesiones agrícolas que se dieran a partir de la aprobación de la nueva Constitución, lo que ocurrió en 2009. De este modo, la estructura de propiedad agrícola de ese momento se mantuvo intocada.