Más del 80% de la población de América Latina vive en ciudades. Se trata, hoy, de la región más urbanizada del planeta. Sin embargo, este dato no es un indicador de desarrollo sino más bien de las contradicciones propias de la región. Gran parte de lo que llamamos «ciudad» es en realidad un aglomerado sin calidad, carente de los servicios y atributos que definen lo urbano. En muchos casos la vivienda es precaria y sus ocupantes carecen de seguridad en la tenencia.

Estas tristes aglomeraciones se localizan, en general, en las periferias urbanas, pero también se encuentran en áreas centrales cuyo nivel socioeconómico, su calidad urbana y su patrimonio cultural es comparable a la de los países desarrollados. Es el caso de la favela Rocinha en Río, el barrio La Perla en San Juan de Puerto Rico, o la Villa 31 en Buenos Aires. Esto ha dado pie a niveles elevados de impostación intelectual sobre los «valores populares» y el supuesto «encanto» de la pobreza. En otros casos, son los centros históricos los que se degradan y reproducen los problemas de la periferia, como ocurre por ejemplo en San Pablo.

La masiva urbanización latinoamericana no responde, entonces, a una genuina oferta de mejores condiciones de vida o a aquella antigua consigna según la cual «el aire de las ciudades es libre y hace libre». Tampoco es, como supone el sentido común conservador, el influjo perverso de las tentaciones de la ciudad, que encandila inocentes y los saca de sus «paraísos» agrarios. El problema es que las actividades económicas primarias en que se basa la riqueza de las naciones sudamericanas no generan empleo y no pueden, por lo tanto, retener poblaciones campesinas o de regiones postergadas, afectadas además por malos manejos ambientales y deficiencias en el modo de producción (monocultivo, extractivismo) y el reparto de la tierra.

Frente a esto, muchas ciudades han encarado soluciones que, más allá de su limitación sectorial, proponen caminos interesantes para la recuperación urbana y social. Estas intervenciones revirtieron el rol histórico de nuestras ciudades como reproductoras de modelos externos y propusieron alternativas más adecuadas a nuestras reales necesidades. Es por ejemplo el caso de los Proyectos Urbanos Inclusivos del urbanismo social de Medellín, las operaciones de integración urbana Favela-Bairro en Río de Janeiro, recuperaciones de centros históricos como los de Quito, La Habana o Ciudad de México, la recuperación demográfica del centro de Santiago o el sistema de autobús con carriles exclusivos (Bus de Tránsito Rápido), cuya primera experiencia fue el «ligerinho» de Curitiba. Otras innovaciones son institucionales, como el presupuesto participativo de Porto Alegre, la ley colombiana 388/97 que establece la participación del Estado en las plusvalías sobre el valor del suelo, el rol de la empresa municipal de servicios públicos en Medellín o el amplio repertorio de instrumentos de gestión que propuso el Estatuto de las Ciudades brasileño de 2001. Y también el sector social autoorganizado aporta soluciones: el mejoramiento comunitario del barrio El Salvador en Lima, las cooperativas de vivienda uruguayas o los barrios producidos por movimientos como el Movimiento Territorial de Liberación (MTL) y el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) en Buenos Aires.

Meritorias y muchas veces replicables, estas operaciones también se ven limitadas o deformadas por esas mismas contradicciones latinoamericanas. Constituyen buenas prácticas pero no alcanzan a fundar políticas integrales para generar ciudad y ciudadanía. En ocasiones, logros parciales o temporarios se ven afectados por la deformación de los objetivos, su carácter limitado o la dura realidad del contexto social y político en que se inscriben.

Y hay que decirlo, también por las contradicciones políticas de gobiernos progresistas que mantuvieron concepciones de hábitat y ciudad basadas en la intervención focalizada del Estado y el «dejar hacer» a los mercados privados en temas como la gestión del suelo. El abogado y urbanista Edesio Fernandes ha señalado para el caso brasileño (que podría extenderse a muchos gobiernos de la región) la limitada comprensión de la naturaleza política de las ciudades: «Más familiarizados con las tradicionales disputas entre capital y trabajo dentro de las fábricas, no entendieron que la ciudad ya no es sólo el lugar donde tiene lugar el desarrollo económico industrial capitalista sino que también se ha convertido en el objeto mismo del capitalismo post-industrial, financiero y de servicios»[1].

Las políticas de subsidio a la demanda de vivienda, instrumentadas desde otra posición ideológica, tampoco han brindado soluciones sustentables. Ideadas para contrarrestar los problemas generados por los conjuntos habitacionales de las «patrias contratistas», terminaron generando un negocio alternativo que también financia el estado y aprovechan las empresas: el de la construcción en la periferia como mecanismo de captación rentable de los subsidios. En Chile, esta política generó lo que los arquitectos Alfredo Rodríguez y Ana Sugranyes llaman el problema de «los con techo»[2]. Se trata de poblaciones enteras confinadas al ostracismo en viviendas ínfimas y mal construidas. Peor aún, en México el sistema ha dejado decenas de miles de viviendas inutilizables, abandonadas por sus «beneficiarios».

La ciudad latinoamericana es también blanco fácil de decenas de propuestas parciales, muchas veces con el aura «mágica» que les da su origen tecnológico o su aplicación supuestamente exitosa en países desarrollados. Este diversificado repertorio de «soluciones» tiene como denominador común su ignorancia o desdén por la política y abarca las promesas de la smart city (impulsada por las multinacionales tecnológicas), el sueño de una ciudad ecológica basada en techos verdes y bicicletas, la ilusión de distritos unifuncionales o clusters de la informática, el diseño o las artes, o la salvación por el turismo. La variante más cruda y descarnada, pero también más extendida, es la «anticiudad» de las privatopías cerradas, enclaves de protección frente a una ciudad violenta e insegura.

Sin ánimo de reivindicar particularismos, la ciudad latinoamericana presenta especificidades que la hacen poco apta para aplicarle modelos de importación. El economista brasileño Pedro Abramo sostiene que, frente a la polaridad entre ciudad compacta europea y ciudad difusa norteamericana, nuestra urbanización podría catalogarse de «com-fusa»: conviven en ella la sobre-densificación de áreas centrales -por la doble presión de los negocios inmobiliarios y las expectativas de localización de sectores populares- con la dispersión infinita en la periferia, donde la competencia entre pobres y ricos se da por el suelo barato.

Las categorías del análisis urbano en las ciudades desarrolladas también resultan de difícil aplicación en nuestro contexto. Pese a que mucha producción académica se dedica, por ejemplo, a analizar la «gentrificación» (desplazamiento de sectores populares en áreas centrales por su atractivo para las clases medias y el turismo), ese fenómeno no trasciende en la región a unos pocos barrios bien ubicados en algunas ciudades. No es de extrañar, cuando la masa crítica de pobreza torna difícil que sectores tan extensos de población puedan ser erradicados por métodos de mercado.

En cambio, la desigualdad entre los extremos sociales, un fenómeno mundial pero exacerbado en América Latina, es la contradicción que más explica los problemas de nuestras ciudades. También debe considerarse el peso de la especulación sobre el suelo, históricamente la base de la fortuna de las elites nacionales, agravada además por la corrupción.

El reto de las ciudades latinoamericanas tiene, por tanto, dos instancias. Una de ellas escapa al urbanismo: no es posible una transformación virtuosa de ciudades cruzadas por violentas contradicciones sociales y económicas si estas no se resuelven en el ámbito más amplio de la política. Pero el urbanismo, la política urbana y la gestión de las ciudades pueden en cambio acompañar desde su especificidad la realización de transformaciones más profundas. Contribuir a ciudades y sociedades más justas, con más oportunidades para toda su gente. Si en el siglo XX esta posibilidad se imaginó en muchas ocasiones solo a través de una transformación revolucionaria, quizás en nuestros tiempos dependa de una mecánica de cambio más sutil y compleja. Por ejemplo, en una sociedad desigual en la que los pobres construyen, sostienen y hasta financian la ciudad de los ricos, ¿por qué no pensar una transformación posible en la que la ciudad de los ricos financie la nueva ciudad abierta e igualitaria de la movilidad social?

[1] Edesio Fernandes: «La cuestión urbana en Brasil entre 1996 y 2016. Una evaluación político-institucional », en Hábitat en deuda: veinte años de políticas urbanas en América Latina. Michael Cohen; María Carrizosa; Margarita Gutman (editores). Café de las Ciudades,Buenos Aires, 2016.

[2] Alfredo Rodríguez y Ana Sugranyes: Los con techo. Un desafío para la política de vivienda social, Ediciones SUR, Santiago de Chile, 2005.