Tema central

El Estado como demiurgo de la criminalidad

La relación entre ciertos sectores del Estado y la criminalidad compleja en América Latina y el Caribe en años recientes resulta cada vez más visible. Este fenómeno ha adquirido un carácter sistémico, tanto en países que experimentan la consolidación de sus frágiles democracias como en aquellos donde la transición posconflicto bélico proporcionó oportunidades a actores armados para involucrarse en acciones ilícitas y criminales. Por eso resulta necesario explorar las condiciones y los factores que facilitan la inclinación del Estado hacia la criminalidad, así como el uso criminal de lo político.

El Estado como demiurgo de la criminalidad

El vínculo teórico entre crimen organizado y procesos de construcción del Estado no es nuevo1. Ya a mediados de la década de 1980, Charles Tilly, en su ensayo «Guerra y construcción del Estado como crimen organizado», se refería al papel que jugó la violencia en el crecimiento y la transformación de los Estados nacionales europeos2. Tilly llamaba la atención sobre la función de protección como un rejuego de chantaje, utilizado tanto por la criminalidad organizada como por los Estados-nación, con un doble propósito: para la obtención de renta y para legitimarse como protectores frente a las amenazas que enfrentaban los ciudadanos.

No es de asombrarse entonces que la bibliografía reciente sobre seguridad aborde la cuestión de cómo el Estado moderno es reconstituido por eventos y actores ilícitos3. Estos agentes ilícitos conforman órdenes sociales concurrentes, es decir, arreglos institucionales informales, marcos normativos y relacionales que emergen en territorios bajo el control de fuerzas o grupos irregulares. Esos grupos tienen la capacidad de coaccionar, y en algunos casos establecer, arreglos de beneficio mutuo con los pobladores y compiten en estas áreas con las autoridades formales establecidas.

Como lo destaca la mayoría de los estudios en el campo de las instituciones, los escenarios más propicios para que estos arreglos transgresores sucedan son aquellos en los cuales el Estado ha tenido una presencia deficitaria o ha transferido a actores privados las funciones que sus aparatos no han sido capaces de cumplir, incluyendo precisamente la función de protección y el rol de proveedor de seguridad. En ese contexto, dos tendencias resultan críticas en la reconstitución del Estado en una vertiente criminógena: por un lado, como veremos en el caso de Jamaica, la transferencia negociada de poderes y responsabilidades a sujetos no estatales, lo que posibilitó la ampliación del control territorial que esos actores ya poseían. Por el otro, el uso que candidatos políticos hacen de grupos criminales con control territorial para intermediar, disuadir y comprar votos, especialmente en los periodos de elecciones locales. Estas modalidades, muy enraizadas en los partidos de diversas tendencias en Centroamérica y el Caribe, convierten al Estado en un actor racional criminal, cuyas funciones de coacción, intimidación y extorsión juegan un papel fundamental en lo que denomino «estadotropismo»4.

Otros estudios recientes se enfocan en la naturaleza evolutiva de la criminalidad organizada, de cara a los recursos que genera, al capital humano que moviliza y a la capacidad casi ilimitada que muestran los agentes criminales para adaptarse a diversos contextos sociales e institucionales. Estos procesos de adaptación se convierten en oportunidades de aprendizaje que son aprovechadas por las organizaciones ilícitas para diversificarse localmente5 y expandirse globalmente6; así, llegan a mostrar en la actualidad su desafiante rostro empresarial, su lógica competitiva y su eficiencia lucrativa, lo que Tilly y otros llaman rent-seeking (búsqueda de renta).

En el centro de este deterioro de la legitimidad estatal, así como de la ubicuidad de las economías criminosas, se sitúa la relación que agentes criminales y estatales establecen con diversos sectores e instituciones en el ámbito económico, político y comunitario. Por lo tanto, en los últimos diez años, politólogos, sociólogos y antropólogos exploran más bien la sinergia, y en no pocos casos la simbiosis, entre la criminalidad organizada, la criminalidad desorganizada (callejera) y la institucionalidad estatal7, así como sus efectos estructurales de largo plazo. Entre los más dramáticos de estos efectos está la conformación de órdenes sociales transgresores, que desafían en última instancia los límites de la gobernabilidad democrática como la hemos pensado hasta ahora8. La forma como se cristaliza esta complejidad transgresiva en contextos políticos y sociales particulares es el objeto de este ensayo. Sostengo que el núcleo de la relación entre Estado y criminalidad compleja radica en el tipo de articulación que estos dos agentes han establecido con sectores de la sociedad. Esta articulación se expresa en la triangulación abigarrada entre agentes, prácticas y/o transacciones y contextos escasamente monitoreados por regímenes jurídicos. En lo que sigue, exploro la relación entre estos tres componentes para abordar la naturaleza e intensidad del estadotropismo; luego examino las racionalidades y manifestaciones subyacentes del estadotropismo en países como Colombia, caracterizados por violencia y criminalidad crónica de alta intensidad9; y también en países que experimentan un tipo de criminalidad compleja de baja intensidad, como Jamaica y República Dominicana. Finalmente, concluyo con algunos planteos sobre cómo estudiar y entender más apropiadamente estos fenómenos, a fin de acercar propuestas alternativas de intervención.

Procesos de reconfiguración del Estado: una propuesta interpretativa

Conceptualizo la creciente orientación de la criminalidad hacia y desde el Estado con la ya mencionada noción de «estadotropismo»10 para entender e intentar explicar las lógicas de articulación entre actores desregulados, criminales y estatales, así como el nivel de institucionalización de sus prácticas y los contextos (histórico-sociales y políticos) dentro de los cuales se producen estas articulaciones. El concepto de estadotropismo alude también a los procesos delegativos y de transmutación que subyacen a esta relación entre crimen y autoridad legítima, que se presume excepcional. Por lo tanto, este patrón de comportamiento institucional puede ocurrir de manera más o menos explícita o visible (estadotropismo por inmersión o por omisión) y puede registrar una intensidad alta o baja, según el contexto favorable en que se desarrolle.

Considero importante aclarar que, por su naturaleza sistémica, el estadotropismo no se reduce a procesos de permutación o captura del Estado per se11, sino que más bien se trata de una reconstitución del Estado, con la finalidad de generar nuevos órdenes sociales y regímenes políticos paralelos que se conforman alrededor de las actividades ilícitas. Esto es, dichos órdenes surgen en el marco de Estados cada vez más disminuidos en sus funciones de gestores sociales, menos presentes territorialmente, con reducidas capacidades de intermediación entre poblaciones vulnerables y sectores centralizadores de poder, y más orientados a la función penal-policial.

  • 1.

    Lilian Bobea: es doctora en Sociología por la Universidad de Utrecht y profesora en la Universidad de Bentley (Massachusetts). Se desempeña como directora académica de la Plataforma Centroamérica-Caribe para la Seguridad Ciudadana: Cooperación para la Paz (Co-Paz).Palabras claves: criminalidad, Estado, estadotropismo, posconflicto, América Latina y el Caribe.. Aquí utilizo y amplío la conceptualización operacional de crimen organizado desarrollada en Anthony Harriott: «The Emergence and Evolution of Organized Crime in Jamaica», reporte inédito, University of the West Indies, Kingston, 2011, cit. en Caribbean Human Development Report: Human Development and the Shift to Better Citizen Security, pnud, Nueva York, 2012.

  • 2.

    C. Tilly: «War Making and State Making as Organized Crime» en Peter Evans, Dietrich Rueschemeyer y Theda Skocpol (eds.): Bringing the State Back In, Cambridge University Press, Cambridge, 1985, p. 176. [Hay edición en español: «Guerra y construcción del Estado como crimen organizado» en Revista Académica de Relaciones Internacionales No 5, 11/2006].

  • 3.

    Desmond Arias y Daniel Goldstein (eds.): Violent Democracies in Latin America (The Culture and Practice of Violence), Duke University Press, Durham, 2010; Anne L. Clunan y Harold Trinkunas (eds.): Ungoverned Spaces: Alternatives to State Authority in an Era of Softened Sovereignty, Stanford University Press, Stanford, 2010; Peter Andreas: Smuggler Nation: How Illicit Trade Made America, Oxford University Press, Nueva York, 2013; John Rapley: «The New Middle Ages» en Foreign Affairs, 5-6/2006; L. Bobea: «Seeking Out the State: Organized Crime, Violence and Statropism in the Caribbean» en Bruce M. Bagley y Jonathan D. Rosen (eds.): Drug Trafficking, Crime, and Violence in the Americas Today, University Press of Florida, Gainesville, 2015.

  • 4.

    He desarrollado la noción de estadotropismo como un neologismo basado en el concepto de heliotropismo, que se refiere a la tendencia de las plantas a orientarse hacia el sol.

  • 5.

    Jeremy McDermott: «El rostro cambiante del crimen organizado colombiano», perspectiva, fes Seguridad, Bogotá, 9/2014, disponible en www.library.fes.de; Michael Kenney: From Pablo to Osama: Trafficking and Terrorist Networks, Government Bureaucracies, and Competitive Adaptation, Pennsylvania State University Press, University Park, 2007; Juan Carlos Garzón: Mafia & Co. La red criminal en México, Brasil y Colombia, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, dc, 2008.

  • 6.

    P. Andreas: Smuggler Nation, cit.; P. Andreas y Kelly M. Greenhill (eds.): Sex, Drugs and Body Counts: The Politics of Numbers in Global Crime and Conflict, Cornell University Press, Ithaca, 2010; P. Andreas y Ethan Nadelmann (eds.): Policing the Globe: Criminalization and Crime Control in International Relations, Oxford University Press, Nueva York, 2006.

  • 7.

    John Bailey y Mattew M. Taylor: «Evade, Corrupt or Confront? Organized Crime and the State in Brazil and Mexico» en Journal of Politics in Latin America vol. 1 No 2, 2009, pp. 3-29; L. Bobea: «Seeking Out the State: Organized Crime, Violence and Statropism in the Caribbean», cit.; Luis J. Garay Salamanca y Eduardo Salcedo-Albarán (eds.): La captura y reconfiguración cooptada del Estado en Colombia, Método / Fundación Avina / Transparencia por Colombia, Bogotá, 2008; D. Arias y D. Goldstein (eds.): ob. cit.

  • 8.

    Guillermo O’Donnell: «On the State, Democratization and Some Conceptual Problems (A Latin American View with Glances at some Post-Communist Countries)», documento de trabajo No 192, Kellogg Institute, 1993; Gretchen Helmke y Steven Levitsky: «Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda», documento de trabajo No 307, Kellogg Institute, 2003.

  • 9.

    Tani Adams: La violencia crónica y su reproducción. Tendencias perversas en las relaciones sociales, la ciudadanía y la democracia en América Latina, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, dc, 2012.

  • 10.

    L. Bobea: Violencia y seguridad democrática en República Dominicana, Flacso, Santo Domingo, 2011 y «Seeking Out the State: Organized Crime, Violence and Statropism in the Caribbean», cit.

  • 11.

    L.J. Garay Salamanca y E. Salcedo-Albarán (eds.): ob. cit.