Tema central

Disparen contra los sindicatos. La ofensiva conservadora y la «revuelta de Wisconsin»

La crisis económica estaunidense es un terreno fértil para que los conservadores retomen con fuerza sus viejas campañas antisindicales, hoy lideradas por gobernadores republicanos y grandes cadenas de televisión como Fox News. Con el debilitamiento de los sindicatos del sector privado y la división de la emblemática afl-cio, los gremios de empleados públicos se transformaron en el nuevo objetivo de la ofensiva neocon. En ese marco, la buena noticia es la movilización social de Wisconsin contra la legislación promovida por el gobierno estatal republicano. La mala es que esa resistencia no fue suficiente para frenar la medida.

Disparen contra los sindicatos. La ofensiva conservadora y la «revuelta de Wisconsin»

Se han llevado muchos millones / los que nunca trabajaron para ganar, pero sin nuestro cerebro y nuestros músculos / ni una sola rueda podría girar. Podemos romper su poder arrogante, / aumentar nuestra libertad cuando nos enteremos / de que el sindicato nos hará fuertes.Solidaridad por siempre.

Ralph Chaplin, 19151

En los últimos 40 años, la Federación Estadounidense del Trabajo-Congreso de las Organizaciones Industriales (American Federation of Labor-Congress of Industrial Organizations, AFL-CIO) ha sufrido una caída ininterrumpida en su número de afiliados y un marcado deterioro en su capacidad para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. A principios de la década de 1960, uno de cada cuatro trabajdores estaba sindicalizado; la proporción bajó a uno de cada cinco después de la embestida antisindical del presidente Ronald Reagan a principios de los años 80. Actualmente, solo uno de cada ocho trabajadores cuenta con la protección de un sindicato. Durante el mismo periodo, la composición del sindicalismo estadounidense cambió radicalmente. En los primeros meses de 2011, la Oficina de Estadísticas Laborales (Bureau of Labor Statistics) informó que, por primera vez en la historia, el número de trabajadores sindicalizados es mayor en el sector público que en el sector privado. Solo un empleado de cada 15 es miembro de un sindicato en este último sector2, y si se considera la totalidad de la fuerza de trabajo, aproximadamente 12% está sindicalizada, el equivalente a unos 19,4 millones de trabajadores3.

Desde 2008, la nueva Gran Recesión ha causado un alarmante incremento en el desempleo y un profundo deterioro del estándar de vida de los estadounidenses. Hasta enero de 2011 y durante 21 meses ininterrumpidos, la tasa oficial de desempleo fue de 9%, cifra que equivale a 13,5 millones de desempleados. El porcentaje cayó ligeramente por debajo de ese nivel en febrero y marzo del año en curso, simplemente porque miles de personas, desalentadas por la falta de oportunidades, dejaron de buscar trabajo y no fueron registradas como desempleadas4. Sin embargo, estas no han sido las únicas consecuencias de la Gran Recesión: a la lista de pérdidas debemos sumar los derechos básicos de los trabajadores. Desde las elecciones legislativas de 2010, el Partido Republicano, al unísono con la elite económica y generadora de opinión, ha señalado a los trabajadores del sector público –maestros, trabajadores de la salud, policías y bomberos, entre otros– y a sus sindicatos como los culpables del deterioro económico de los estados.

No caben dudas de que la recesión afectó profundamente las finanzas de los gobiernos estaduales y municipales, debido a la caída de la recaudación, la disminución del ingreso y el consumo y la pérdida de valor de las propiedades. Sin embargo, aun cuando es evidente que los empleados públicos no son los responsables de los problemas presupuestarios, la acusación es que sus beneficios y salarios supuestamente abultados están retrasando la recuperación económica. La derecha republicana no es la única que promueve este tipo de interpretación; los principales medios de comunicación masiva –el canal Fox News y publicaciones como Time, Atlantic y The Economist, para mencionar solo algunos– también sostienen esta visión. Según un artículo de tapa de Forbes de 2009 que ha sido ampliamente citado, «los empleados de los gobiernos estaduales y locales ganan en promedio US$ 25,30 la hora, lo que representa 33% más que los US$ 19 del sector privado (…) Agréguense las pensiones y otros beneficios y la diferencia se eleva a 42%»5. En realidad, de acuerdo con John Schmitt, del Center for Economic Policy Research, cuando se compara a los trabajadores del sector público y a los del sector privado de la misma edad y con los mismos niveles de educación, en promedio, los empleados públicos ganan 4% menos que sus pares en el sector privado. Es obvio que los expertos que han pasado por alto estos datos lo han hecho deliberadamente6.

Desde principios de 2011, los sindicatos del sector público, que representan a más de un tercio de los 21 millones de empleados gubernamentales de EEUU, se han convertido en el blanco de ataque de todos aquellos decididos a limitar el alcance de la negociación colectiva entre los sindicatos y las agencias de gobierno. El 11 de febrero de 2011, Scott Walker, el flamante gobernador republicano de Wisconsin, tomó una decisión equivalente a una declaración de guerra contra los trabajadores del sector público. En un estado históricamente progresista, Walker propuso y combatió en forma aguerrida por la aprobación de una ley que virtualmente elimina la capacidad de negociación colectiva de los sindicatos del sector público, con excepción de la policía y los bomberos. Aunque el desenlace no fue el que esperaban los trabajadores, decididamente, se dio «batalla» en Madison, la capital del estado.

El movimiento de Wisconsin

Durante más de dos meses, la embestida de Walker contra los sindicatos del sector público mantuvo movilizados a más de 100.000 empleados del gobierno estadual: maestros, estudiantes y aliados de otros sectores. La plaza que rodea el Capitolio de Madison se convirtió en el escenario de una de las más grandes manifestaciones de apoyo a los trabajadores de la historia de Wisconsin. Muchos coinciden con el periodista John Nichols, cuando se refiere al «espíritu de Wisconsin» y a la manera en que las prácticas antisindicales de Walker desataron «un levantamiento popular»7. El argumento del gobernador republicano y sus seguidores es que los estados y las municipalidades han sido demasiado generosos con sus empleados y que los contratos de los sindicatos son la principal causa de los incrementos en los déficits presupuestarios. Por lo tanto, es imperioso reducir las pensiones, beneficios y salarios de los empleados del sector público y aprobar leyes que disminuyan su «excesiva» influencia política.

La aprobación del proyecto de ley de Walker se logró después de que los senadores demócratas realizaran un boicot de tres semanas. La denominada «Banda de los 14» se trasladó al vecino estado de Illinois para evitar otorgarle al Senado el quórum necesario para aprobar un proyecto de ley con cláusulas presupuestarias8. Con una mayoría de 19 miembros en una cámara de 33, los republicanos necesitaban al menos la presencia de un demócrata para aprobar su proyecto de ley. Finalmente, los oficialistas encontraron un ardid legislativo para aprobar la norma sin los demócratas9.

El triunfo político de los conservadores incluyó la actuación de la Corte Suprema de Wisconsin, que le dio la victoria a Walker al convalidar su ley contra la negociación colectiva. En una decisión dividida de la Corte, cuatro a tres, la jueza Shirley Abrahmson criticó a la mayoría por la calidad de sus argumentos, que calificó como «claramente falsos, basados en desinformación», debido a sus numerosos «errores de ley y hecho». «La mayoría –alegó Abrahmson–, sacrificando un razonamiento honesto, nos conduce por un camino pernicioso (…) que daña los derechos de la gente»10. El resultado de esta decisión fue que 38.000 trabajadores del estado de Wisconsin perdieron virtualmente su derecho a la negociación colectiva. La medida también prohíbe la deducción automática de las cuotas sindicales y requiere que los sindicatos, para mantener su certificación, obtengan la aprobación de los afiliados en elecciones anuales. Además, incrementa marcadamente los descuentos para cobertura de salud y pensiones de retiro que realizan los empleados públicos del estado, llegando a un recorte de 8% de los salarios.

Jane McAlevey, experimentada ambientalista y activista sindical, señala que esto es «solo la punta del iceberg». Se han presentado leyes relativas al «derecho al trabajo» en 12 estados, esto sumado a los 22 que ya las tienen en funcionamiento. Esta legislación dificulta la pervivencia de sindicatos fuertes, lo que a su vez complica la organización de nuevos lugares de trabajo, dado que existen pocos ejemplos positivos para tener como modelo11. En el mes de marzo, una base de datos compilada por la Conferencia Nacional de Legislaturas Estaduales (National Conference of State Legislatures) revela la existencia de aproximadamente 300 proyectos de ley presentados por 37 estados en relación con temas vinculados a los trabajadores del sector público12. La mayoría de los estados permiten la negociación colectiva de sus empleados públicos: en 31 estados más el distrito de Columbia está permitido negociar salarios, horas y condiciones de trabajo; otros diez permiten la negociación solo para algunos temas, y nueve estados prohíben la negociación colectiva para todos los empleados públicos13.

Mucho está en juego para los 7,6 millones de empleados públicos sindicalizados, entre los que se hallan desde empleados de limpieza y maestros hasta profesores de universidades de los estados y científicos del gobierno federal. Pero aún más está en juego para el sindicalismo estadounidense en general. Con la fuerte caída en la sindicalización de los trabajadores del sector privado, los empleados públicos constituyen aproximadamente la mitad de los afiliados a sindicatos; pero el porcentaje total de afiliados –aproximadamente 37%– ha permanecido sin cambios en las últimas décadas. Al reducir la negociación colectiva de los sindicatos de empleados públicos, la legislación de Walker amenaza con reducir aún más el número de afiliados. Luego de que el gobernador Mitch Daniels hiciera algo similar en Indiana, al eliminar la negociación colectiva de los empleados del estado, en seis años el número de afiliados cayó de 16.408 –aproximadamente dos tercios de los empleados públicos de Indiana– a 1.40914. Si bien la oleada antisindical se ha acentuado en los últimos años, este clima político está lejos de ser una novedad en la historia de Estados Unidos.

Una larga historia de prácticas antisindicales

Los empleados públicos de EEUU se organizaron para defender sus intereses desde principios del siglo XIX, enfrentando a menudo la resistencia de supervisores locales y funcionarios públicos. Sus sindicatos finalmente ganaron terreno después de la Segunda Guerra Mundial, con el crecimiento del empleo público a escala estadual y municipal y el gradual reconocimiento de los derechos de negociación colectiva por parte de los gobiernos locales y de los estados. En 1958, el alcalde demócrata Robert F. Wagner Jr. –cuyo padre promovió desde el Senado la Ley Nacional de Relaciones Laborales para el sector privado– otorgó el derecho a la negociación colectiva a los trabajadores de la ciudad de Nueva York. Un año más tarde, el gobernador demócrata de Wisconsin, Gaylord Nelson, logró la aprobación de la primera ley de negociación colectiva en el nivel estadual.

El presidente John F. Kennedy continuó con la tendencia favorable para los empleados públicos en 1962, firmando el decreto del Ejecutivo 10.988 que explícitamente garantizaba a los trabajadores del gobierno federal el derecho a organizarse y negociar colectivamente, pero excluía la negociación de salarios. Insatisfechos con algunas de las restricciones, los sindicatos lograron cambios en los decretos firmados por dos presidentes republicanos: Richard M. Nixon en 1969 y 1971 y Gerald R. Ford en 1975. Para mediados de los años 70, casi un tercio de los trabajadores del sector público estaba sindicalizado, frente a 10% de la década de 1950. No obstante, cuando el estancamiento económico y la recesión golpearon a EEUU, el apoyo para los sindicatos del sector público comenzó a decaer y su avance se detuvo con la imposibilidad de lograr la aprobación de una ley federal que garantizara la negociación colectiva para empleados de gobierno en todos los niveles15.El ascenso de la derecha dentro del Partido Republicano coincidió con el crecimiento espectacular del sindicalismo en el sector público en las décadas de 1960 y 1970. Para los conservadores, este tipo de sindicalismo pronto se convertiría en el responsable de todos los males urbanos y los problemas fiscales que afectaron las ciudades estadounidenses durante la crisis económica de 1973-197916. Una figura clave fue el jurista Sylvester Petro, quien desarrolló una crítica sorprendente y extrema de la sindicalización del sector público en una era en la cual los sindicatos municipales de Memphis y Nueva York estaban directamente involucrados en el surgimiento del movimiento por los derechos civiles. Petro describió la sindicalización del sector público como «una amenaza para la soberanía popular». Su visión alarmista fue rápidamente adoptada por la derecha republicana; algunos de sus argumentos fueron utilizados por Reagan contra la emblemática huelga de los controladores aéreos. Sus ideas también aparecen en las denuncias actuales de los conservadores que apuntan a la influencia política ejercida por los sindicatos del sector público que, según sus críticos, se sientan a ambos lados de la mesa de negociaciones y así logran acuerdos ilegítimos y corruptos17.

En 1981, la vulnerabilidad de los sindicatos de los empleados públicos quedó demostrada en la decisión del presidente Reagan de romper la huelga de 12.000 trabajadores convocada por la Organización Profesional de Controladores de Tráfico Aéreo (Professional Air Traffic Controllers Organization, PATCO). Reagan declaró ilegal la medida de fuerza, despidió a los huelguistas, contrató a otros profesionales y le quitó la certificación al sindicato. Seis años más tarde se formó un nuevo sindicato, la Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo (National Air Traffic Controllers Association, NATCA), cuyo estatuto prohíbe explícitamente las huelgas18. Sin embargo, como sostiene Joseph A. McCartin, la huelga de PATCO tuvo un impacto aún más negativo para las relaciones laborales en el sector privado, donde «contribuyó a legitimar el reemplazo permanente de trabajadores en huelga en los sectores del transporte, servicios e industrias manufactureras, que desde entonces han prácticamente destruido la huelga como recurso de los trabajadores del sector privado de EEUU»19. Por su parte, los sindicatos del sector público sobrevivieron a la era Reagan y se beneficiaron con la iniciativa de la administración Clinton que amplió los derechos de negociación colectiva de los empleados del gobierno federal en 1993.

A partir de 2001, el presidente George W. Bush lanzó una ofensiva contra los sindicatos revocando la orden presidencial de Bill Clinton. Después de los ataques perpetrados contra el World Trade Center y el Pentágono el 11 de septiembre de 2001, la decisión más importante de Bush en su lucha contra el terrorismo fue la creación del Departamento de Seguridad Interna (Department of Homeland Security) y luego la prohibición de la sindicalización de sus más de 180.000 empleados20. Bush y los abogados del Partido Republicano sostenían que el presidente necesitaba flexibilidad para estructurar el nuevo departamento. Bush trató decididamente de limitar la posibilidad de acción de los sindicatos mediante la prohibición de huelgas que afecten las aerolíneas, el uso de la ley antisindical Taft-Hartley (1947) contra los trabajadores portuarios de la Costa Oeste y la privatización de 850.000 puestos federales21.

El ataque de la administración Bush a los derechos de los trabajadores en el ámbito del gobierno federal presagió un periodo de medidas similares que afectaron a los sindicatos de trabajadores públicos en los estados. Los gobernadores republicanos de tres de ellos –Kentucky, Indiana y Missouri– revocaron el derecho a negociación colectiva entre 2003 y 2005. En 2009, con un presidente demócrata en la Casa Blanca, los sindicatos del sector público recuperaron la tranquilidad con respecto a las relaciones laborales. Sin embargo, un año más tarde, el gobernador republicano de Nueva Jersey, Chris Christie, inauguró otra ofensiva contra los sindicatos del sector público, con la aprobación de una ley que requiere que los maestros paguen hasta 1,5% de su salario en concepto de cobertura de salud. También firmó otra norma que limita a 2% los aumentos salariales de los policías y bomberos del estado22.

Daniel DiSalvo, profesor de Ciencia Política del City College de Nueva York, analiza los cambios que se han generado en el escenario político estadounidense a partir de las victorias del Partido Republicano en las elecciones legislativas de 2010: «Los demócratas ahora deben adoptar el rol ‘conservador’ y tratar de bloquear, diluir o restringir las iniciativas republicanas». Según DiSalvo, las elecciones fueron un referéndum nacional que resultó en un llamado a los republicanos para que «arreglaran las cosas». Hoy el Partido Republicano cuenta con la mayoría más amplia en la Cámara de Diputados en más de 60 años y también con el número más elevado de legisladores estaduales desde la década de 192023. No queda duda de que los conservadores son los que están buscando formas de reducir los déficits de los gobiernos estaduales, hacerlos funcionar de manera más eficiente y ponerlos en línea con la realidad fiscal. Definitivamente, están fijando la agenda política, pero ¿cuál es el costo?

La denominada «batalla de Wisconsin» fue un esfuerzo bien orquestado por parte de los republicanos para eliminar a los sindicatos como fuerza efectiva en EEUU. Los recortes no eran el principal objetivo. Por razones políticas y económicas, la meta era aplastar a los sindicatos. Políticamente, significaba destruir una institución que apoya no solo al Partido Demócrata, sino también a otros grupos progresistas. Económicamente, la intención era bajar los sueldos. Además, la medida contribuía a quitarle recursos al sector público para redirigirlos hacia contratistas privados y así eliminar obstáculos para la agenda de privatización. Hasta el golpe sufrido por los demócratas en noviembre de 2010, la habilidad de los sindicatos para llevar votos al Partido Demócrata se incrementaba con cada elección. El voto de los trabajadores sindicalizados para los demócratas creció de 54% en 1992 a 59% en 1996, y alcanzó 64% en 2006 y 2008, para caer a 60% en 2010. La sindicalización, a pesar de su estrepitosa caída, continúa otorgándoles a los demócratas cinco millones de votos que no hubieran conseguido sin el apoyo de los sindicatos24.

Además, los sindicatos funcionan como el contrapeso necesario para las presiones de las elites que intentan desregular, privatizar y reducir los beneficios sociales. Sin embargo, las mayorías republicanas elegidas en 2010, junto con los votantes preocupados por la recesión que buscan chivos expiatorios, tienden a ver a los sindicatos como meros grupos de interés. Con respecto a esto, Leo Gerard, el presidente del Sindicato de los Trabajadores del Acero (United Steel Workers, USW) afirma: «El movimiento obrero tiene que hacer las cosas mejor y explicarle al público en general que no somos lo que se percibe en Fox News. Somos una voz no solo para la clase media que está representada, sino también para la clase media en general»25. Si bien los grupos conservadores han utilizado todos sus recursos para culpar a los sindicatos de muchos de los males que sufre EEUU, la AFL-CIO y sus líderes no han hecho demasiado para mejorar su reputación como agentes de cambio social y político.

La crisis de la AFL-CIO

Repasemos primero la historia de la AFL y el CIO. Después de la elección de 1952, los líderes de ambas organizaciones tenían serias preocupaciones: los republicanos habían llegado al poder después de 20 años, los derechos laborales estaban siendo debilitados y la organización de los obreros en el sur de EEUU había fracasado. Además, existían profundas rivalidades personales entre los líderes y las federaciones, y los sindicatos se atacaban entre sí. Sin embargo, en 1955, después de una purga masiva de los sindicatos de izquierda incentivada por el nuevo clima político de la Guerra Fría, la AFL y el CIO se fusionaron con la esperanza de «fortalecer el movimiento». Cuarenta años más tarde, los viejos problemas seguían vigentes y la confederación estaba profundamente dividida. En gran medida, la unión de la AFL y el CIO creó una federación más débil, no más fuerte, que marcó al mismo tiempo el apogeo del sindicalismo estadounidense en la posguerra, pero también el comienzo de su colapso.

En los últimos 25 años, para detener su pérdida de influencia económica y política, la AFL-CIO intentó tomar un nuevo rumbo en dos oportunidades. En 1995, los vientos de cambio parecían haber llegado, cuando John Sweeny, a cargo del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (Service Employees International Union, SEIU) fue elegido presidente de la federación. El eslogan de la campaña de Sweeny fue: «Una nueva voz para el sindicalismo estadounidense». En su boleta figuraban Richard Trumka de la Unión de Mineros, conocido militante sindical, y Linda Chávez-Thompson, combativa representante de la mujer y de las minorías raciales y étnicas. Joel Kotkin aseguraba que Sweeny «no era un sindicalista cuyos intereses se limitaran a las necesidades básicas de los afiliados, al mejor estilo de George Meany», sino que era «partidario del socialismo democrático al estilo europeo»26. Su ascenso marcó un cambio de poder importante dentro del sindicalismo. A principios de la década de 1970, los tradicionales sindicatos industriales, que surgieron a la vanguardia del movimiento sindical de la década de 1930, comenzaron a decaer. Por su parte, la Federación Estadounidense de Empleados de los Estados, los Condados y los Municipios (American Federation of State, County and Municipal Employees, AFSCME) pasó de un cuarto de millón de afiliados en 1975 a 1,2 millones de miembros en 199927. La crisis económica de 1973 señaló el principio de la «des-sindicalización» de la población activa estadounidense y de la sustitución del trabajo industrial por el trabajo en el área de información y servicios.

En 2005, diez años más tarde, a pesar de varias iniciativas de la AFL-CIO, la representación sindical continuó cayendo con respecto al porcentaje de la fuerza de trabajo. Finalmente, la frustración, la ambición personal y la desesperación terminaron en un desafío a la presidencia de Sweeny, primero desde el SEIU, su propio sindicato, y luego desde otros sindicatos grandes, que finalmente conformaron Cambio para Ganar (Change to Win, CTW). Cuando siete sindicatos internacionales dejaron la AFL-CIO en septiembre de 2005 para construir una federación rival y promover campañas de organización masivas28, la decisión de los disidentes recibió amplia cobertura de los medios; algunos aventuraron establecer similitudes con el CIO y su exitosa sindicalización de los obreros industriales en la década de 1930. El principal arquitecto de la nueva federación fue Andy Stern, presidente del SEIU, el sindicato del sector privado que más ha crecido en las últimas décadas. Después de criticar a los líderes de la AFL-CIO por su pobre desempeño en las campañas de sindicalización, Stern presentó su plan para construir un nuevo movimiento obrero. Pero CTW se encontró con muchas dificultades al no contar con trabajadores de sectores claves, tales como los de comunicación, maquinistas, maestros y empleados públicos, entre otros; en suma, no tenía ni la habilidad ni los recursos para organizar a los trabajadores. Cuando Stern finalmente renunció como presidente del SEIU el 13 de abril de 2010, CTW perdió a su jugador principal. Actualmente quedan solo cuatro sindicatos dentro de la organización rival de la AFL-CIO: los empleados de servicios (SEIU), los camioneros (International Brotherhood of Teamsters, IBT), los trabajadores de alimentos y comercio (United Food and Commercial Workers International Union, UFCW) y los trabajadores agrícolas (United Farm Workers of America, UFWA), que representan a menos de 5 millones, frente a 14,7 millones que están afiliados a la AFL-CIO.

La división de la AFL-CIO no ha generado ningún cambio positivo en el sindicalismo norteamericano. Bill Fletcher Jr., cofundador del Center for Labor Renewal, arguye que «las grandes preguntas acerca de la economía global, la evolución de la estructura política de EEUU y la naturaleza cambiante de la fuerza de trabajo fueron mayormente ignoradas. Las discusiones no solo ignoraron estos temas claves sino también a aquellos que más importan: los afiliados a los sindicatos»29. Muchos líderes sindicales han cuestionado tanto el enfoque táctico como los motivos que llevaron a la escisión. Cada estado de la Unión, incluyendo el estado libre asociado de Puerto Rico, tiene una federación de trabajadores a nivel estadual, es decir, una institución que representa a los sindicatos afiliados a la AFL-CIO. Además, cientos de ciudades cuentan con Consejos Centrales de los Trabajadores (Central Labor Councils) en los cuales los sindicatos afiliados a la AFL-CIO pueden participar. Estas instituciones existen mayormente para facilitar la coordinación, en particular en temas vinculados a la política, la legislación y el apoyo mutuo. En relación con el liderazgo nacional e internacional de los sindicatos, las implicancias de la división para las federaciones de los estados y los consejos centrales de los trabajadores fueron significativas.

Si bien existía una crisis, a muchos les resultó difícil entender la decisión de abandonar la AFL-CIO, ya que prácticamente no hubo consulta a las bases. Cinco años más tarde, no se ha producido la renovación prometida, ni se ha desarrollado un debate sustancial en torno de la dirección del movimiento sindical. Según Fletcher, las motivaciones de la división fueron dos: en primer lugar, dinero; algunos sindicatos estaban tratando de reducir costos, dejando de pagar sus cuotas a la AFL-CIO. En segundo lugar, el aislamiento con respecto a la globalización: aquellos sindicatos que comandan un sector de la fuerza de trabajo menos desafiada por la globalización contra aquellos más directamente afectados. Los sindicatos que permanecieron dentro de la AFL-CIO constituyen una combinación de aquellos directamente afectados, como los trabajadores del acero (USWA), y aquellos que no, en especial el gremio de la construcción, mientras que la federación CTW incluye sindicatos relativamente libres de la amenaza de la globalización30.

El futuro del sindicalismo en EEUU

La llamada «revuelta» de Wisconsin parece haber dejado algunas lecciones. La buena noticia es que segmentos del sindicalismo y sus aliados se movilizaron para detener la embestida de los republicanos. La mala noticia es que la resistencia no fue suficiente. Los líderes sindicales necesitan promover una nueva visión del servicio público que considere los sindicatos como guardianes del interés público y no solo de los intereses de sus miembros. Esto implica una nueva visión del sindicalismo para la justicia social, que defienda los espacios y los valores públicos revitalizando el movimiento de los trabajadores estadounidenses en general. No fueron solo los sindicatos los que pelearon contra los ataques del gobernador Walker. Los trabajadores fueron capaces de demostrar que el ataque era contra derechos democráticos y que otros sectores también debían movilizarse. Wisconsin no fue simplemente una gran manifestación: la gente permaneció en las calles. Walker no había anticipado esto.

Además de la participación en la política electoral, los trabajadores no deberían olvidar la importancia de las manifestaciones, los piquetes y los boicots a productos relacionados con sponsors reaccionarios. Los bomberos de Wisconsin dieron una gran lección: retiraron su dinero de los bancos que apoyaban abiertamente la propuesta antisindical de Walker. La combinación de activismo electoral y no electoral es crucial para ejercer presión política. Los legisladores demócratas de Wisconsin que abandonaron el estado probablemente nunca lo hubieran hecho si no hubiese sido por las movilizaciones masivas, pero sus acciones a la vez contribuyeron a alentar esas movilizaciones31.

«Nunca dejes que una crisis se desperdicie», solía decir Rahm Emanuel, ahora alcalde de Chicago y ex-jefe de gabinete de Barack Obama32. Los gobernadores republicanos de Nueva Jersey, Ohio y Wisconsin tomaron el consejo muy seriamente; aprovechando los graves déficits de los estados, les dieron un golpe certero a los sindicatos del sector público. Con menos de 7% de la fuerza de trabajo sindicalizada, los empleados del sector privado han perdido su peso político para mejorar salarios y beneficios más allá de sus filas. Entonces, por defecto, los sindicatos del sector público son hoy los únicos con la posibilidad de defender y mejorar el estándar de vida de todos los trabajadores, públicos y privados. Fletcher Jr. y Fernando Gapasin, líderes del Council for Labor Renewal, sostienen que «la clase trabajadora está dividida y debe unirse, pero la unidad no puede basarse únicamente en demandas económicas compartidas, sino que debe unir a la gente en una lucha por una democracia consistente»33. Ahora es el turno del sindicalismo de «no desperdiciar», una vez más, la actual crisis de EEUU.

  • 1. María Graciela Abarca: doctora en Historia por la Universidad de Massachusetts, Amherst. Actualmente es profesora de la Universidad de Buenos Aires (uba) y de la Universidad del Salvador. Palabras claves: sindicalismo, recesión, Federación Estadounidense del Trabajo-Congreso de las Organizaciones Industriales (afl-cio), «revuelta de Wisconsin», Estados Unidos.. Con traducciones y versiones en numerosos idiomas, estos versos están considerados como el himno sindical más popular después de «La Internacional». Para acompañar su controvertido texto, Ralph Chaplin eligió la melodía de «John Brown’s Body», una canción tradicional estadounidense sobre el abolicionista negro condenado a la horca en 1859 por planear una rebelión de esclavos en West Virginia.
  • 2. Hendrik Hertzberg: «Union Blues» en The New Yorker vol. 87, No 3, 7/3/2011, p. 11.
  • 3. «Trends in Union Membership» en www.aflcio.org/joinaunion/why/uniondifference/uniondiff11.cfm.
  • 4. Fred Magdoff: «The Jobs Disaster in the United States» en Monthly Review, 6/2011, p. 25.
  • 5. Citado en Robert Pollin y Jeffrey Thompson: «The Betrayal of Public Workers» en The Nation, 7/3/2011, p. 21.
  • 6. Ibíd.
  • 7. J. Nichols: «How Scott Walker’s Unionbusting Spurred a Popular Uprising» en The Nation, 21/3/2011, p. 13.
  • 8. El senado de Wisconsin había ordenado el arresto de los 14 demócratas, que serían escoltados hasta el Capitolio y forzados a dar el quórum necesario para votar la ley propuesta por Walker.
  • 9. La ley originalmente incluía provisiones para la financiación de programas defendidos por Walker, pero para destinar dinero público a nuevos proyectos, el Senado del estado necesita que estén presentes 20 legisladores que debatan y voten. Por el contrario, si la norma no incluye financiación alguna, se puede aprobar por mayoría, y así fue como se hizo: 18 votos contra uno, sin debate y sin los demócratas. Ver Kenneth Jost: «Public-Employee Unions» en cq Researcher No 21, 8/4/2011, pp. 313-336, http://library.cqpress.com.vlib.interchange.at/cqresearcher/.
  • 10. Matthew Rothschild: «Overcoming Defeat» en The Progressive vol. 78 No 8, 8/2011, p. 4.
  • 11. J. McAlevey: «Labor’s Last Stand» en The Nation, 7/3/2011, p. 22.
  • 12. «Collective Bargaining and Labor Union Legislation», www.ncsl.org/default.aspx?TabId=22275, citado en K. Jost: ob. cit.
  • 13. «Public Sector Collective Bargaining Laws» en American Federation of State, County and Municipal Employees, www.afscme.org/members/11075.cfm.
  • 14. Doug Erickson: «Union Membership Plunged in Indiana Following Change» en Wisconsin State Journal, 11/3/2011, p. A1.
  • 15. Richard Kearney: Labor Relations in the Public Sector, 4a ed., crc Press, 2009, pp. 13-21.
  • 16. Nelson Lichtenstein: «The Long History of Labor Bashing» en The Chronicle of Higher Education vol. 57 No 27, 6/3/2011, http://chronicle.com/article/The-Long-History-of-Labor/126555/.
  • 17. Wake Forest Law Review vol. 10, 1974, p. 134, citado en Dennis Bechara: «Unions and Government Employment» en The Freeman vol. 34 No 3, 3/1983, www.thefreemanonline.org.
  • 18. Ver R. Kearney: ob. cit., pp. 250-252.
  • 19. Joseph A. McCartin: «Convenient Scapegoats: Public Workers under Assault» en Dissent, primavera de 2011, p. 49.
  • 20. Thomas Geoghegan: Which Side Are You On? Trying to Be for Labor When It’s Flat on Its Back, New Press, Nueva York-Londres, 2004, p. 344.
  • 21. Lee Sustar: «The New Employers’ Offensive: Labor’s War at Home» en International Socialist Review No 28, 3-4/2003, www.isreview.org/issues/28/labors_war.shtml.
  • 22. Ginger Gibson: «Christie Puts Pen to Pay Limits» en The Times (Trenton), 22/12/2010, p. A1.
  • 23. D. DiSalvo: «The Reformist Right and the Reactionary Left» en Commentary, 4/2011, pp. 13-14.
  • 24. Robert Kuttner: «Champions of the Middle Class: Can Organized Labor Lead a Movement to Restore Broad Economic Security? It’s Hard to Imagine Who Else Will» en The American Prospect, 3/2011, p. A11.
  • 25. Ibíd.
  • 26. J. Kotkin: «The New Left Takes Over American Unions» en The American Enterprise On Line. Politics, Business, and Culture, 4/8/1999, www.theamericanentreprise.org/taemj97b.htm.
  • 27. Ibíd.
  • 28. La central tiene también afiliados en Canadá.
  • 29. B. Fletcher Jr. y Fernando Gapasin: Solidarity Divided. The Crisis in Organized Labor and a New Path Toward Social Justice, University of California Press, Berkeley-Los Ángeles-Londres, 2008, p. xi.
  • 30. Ibíd., p. 166.
  • 31. B. Fletcher Jr.: «Going Beyond Wisconsin: Thinking About Strategy Months Later» en The Progressive, 23/6/2011, www.laprogressive.com/rankism/labor-social-justice/beyond-wisconsin/.
  • 32. Citado en N. Lichtenstein: ob. cit.
  • 33. B. Fletcher Jr. y F. Gapasin: «A Need for Social Justice Unionism» en Social Policy, primavera de 2011, p. 26.