Opinión

Dialogar en tiempos de locura

Las pandillas salvadoreñas ofrecen al gobierno un proceso de negociación para la paz. Sin embargo, en la actual coyuntura, la paz es improbable.

Dialogar en tiempos de locura

Los partes policiales diarios sobre bajas en supuestos enfrentamientos entre pandilleros y efectivos policiales y del Ejército; la creación de batallones mixtos de la Policía y el Ejército para el combate de las pandillas y la recuperación territorial; la denominación legal de «terroristas» de los pandilleros; las familias y colonias completas desplazadas por amenazas de pandilleros; las resoluciones judiciales sobre desapariciones a manos de miembros del Ejército; el despliegue militar con tanques de guerra incluidos; así como muchos etcéteras más, aún no son suficientes para que las elites políticas salvadoreñas acepten que vivimos una situación de guerra.

Sin embargo, las organizaciones defensoras de derechos humanos, una parte de la prensa, diversos académicos y la ciudadanía que sufre el conflicto diariamente saben que lo vivido actualmente en El Salvador puede ser definido perfectamente con el término «guerra». Resulta evidente que esta es muy distinta de la de los años 80, pero ello no la convierte en otra cosa, sino en una guerra de nuevo tipo, con sus propias dinámicas, implicaciones y actores.

Esta definición resulta importante, en primer término, porque no se puede cambiar la realidad mientras se le niega. En segundo lugar, porque mientras las elites políticas formales no acepten que esto se trata de un conflicto armado de nuevo tipo, tampoco aceptarán la posibilidad de un proceso de negociación y diálogo que dé salida a ese conflicto. Además, las elites presienten bien que una negociación de este tipo, inevitablemente, daría legitimidad a nuevos actores que podrían reemplazarlos.

En tal sentido, ante el reciente ofrecimiento de diálogo realizado por una de las pandillas mayoritarias, así como los llamados de la alta jerarquía de Iglesia católica y otras entidades religiosas para intentar una vía negociada a esta problemática, es importante recordar que los partidos políticos más importantes del país –la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN)– no han tenido ningún problema en sentarse a negociar en secreto con los líderes de pandillas cuando se han acercado procesos electorales, con el objetivo de velar por sus intereses partidistas en los territorios y las poblaciones controlados por estos.

Sin embargo, cada vez que se plantea la posibilidad de un proceso de negociación y diálogo transparente con los líderes de las maras, los rostros y los discursos de las elites partidistas se irrigan de indignación y alarma. Al parecer, lo realmente ofensivo para estas es negociar y dialogar con transparencia y dentro de las reglas del Estado de derecho. Sin embargo, prefieren negociar en un ambiente más propio de las organizaciones criminales: en secreto y con un pie fuera de la ley.

La vuelta a la locura

Las políticas de mano dura y de combate antiterrorista se fundamentan en una narrativa según la cual las pandillas deben y pueden ser eliminadas de raíz. Sin embargo, en ya casi 20 años, esa fórmula no ha acabado con las maras ni ha construido una sociedad más pacífica, sino todo lo contrario. Por su parte, la tregua de 2012 tuvo las mismas características de secretismo y opacidad, lindantes con la ilegalidad, que las negociaciones de los partidos con las pandillas por motivos electorales.

En su afán por solucionar el problema pandilleril, el combate frontal declarado por parte del gobierno con apoyo de todos los partidos políticos está comenzando a mostrar fuertes indicios de retroceso en materia de democracia y derechos humanos. El Informe de la Comisión de la Verdad, derivado de los Acuerdos de Paz de 1992, lleva como título «De la locura a la esperanza». Parece que, en la actualidad, El Salvador está girando aceleradamente, una vez más, hacia la locura.

Instituciones como la Policía Nacional Civil, fruto de los Acuerdos de Paz, han comenzado a mostrar comportamientos similares a los de los extintos cuerpos de seguridad, que se caracterizaron por su corte militarista y un ejercicio sistemático de violaciones de derechos humanos. Otra de las conquistas de los Acuerdos del 92 fue la desmilitarización de la seguridad pública, la cual limitó al Ejército a labores de defensa nacional. Esta política parece ir en franco retroceso, pues el Ejército participa cada vez más activamente en labores de seguridad pública.

Recientemente, la Sala de lo Constitucional resolvió sobre la responsabilidad de efectivos del Ejército en desapariciones. Diversas resoluciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, así como investigaciones periodísticas y de organizaciones de derechos humanos, señalan las graves violaciones a derechos fundamentales por parte de efectivos del Ejército y de la Policía desplegados en las comunidades, principalmente en aquellas controladas por pandillas: golpizas, detenciones arbitrarias, malos tratos verbales, destrucción y sustracción de teléfonos móviles. Las desapariciones, las torturas y las ejecuciones sumarias aparecen mencionadas en diversos informes e investigaciones.

El camino alterno: dialogar y negociar

Para una sociedad como la salvadoreña, traumatizada por una guerra civil y luego abatida por la violencia pandilleril en el posconflicto, sería amargo y difícil aceptar la posibilidad de un proceso de negociación con actores que los han violentado durante los últimos 20 años. Asimismo, para las elites políticas resultantes de la posguerra sería duro aceptar que no han podido con el problema. Por el contrario, luego de su aparición en los tempranos 90, la violencia asociada a las maras solo se ha agravado y complejizado.

En esta coyuntura, las entidades y personas que abogan por el diálogo y la negociación del Estado con las maras tienden a ser mal vistas y suelen ser consideradas, por buena parte de la sociedad y del establishment político, como insensibles al dolor de las víctimas o, incluso, como posibles apologistas del delito. Por ello, la posibilidad de diálogo se enfrenta a un ambiente hostil. Muchos coinciden en que la violencia que vivimos solamente será zanjada con la oposición de más violencia desde el Estado, por lo que a corto plazo, el ambiente de guerra parece solo camino a mantenerse o profundizarse.

En tal sentido, hablar de diálogo y negociación con las pandillas parece, para muchos, la más delirante de todas las locuras. Sin embargo, la sociedad salvadoreña debe recordar que fue ese camino de diálogo y negociación el que la llevó a resolver el mayor conflicto de su tiempo y puso fin a la violencia política en 1992. Veinticinco años después, es importante recobrar el espíritu de democratización y de respeto a los derechos humanos de esos acuerdos. Será imperioso hacerlo para no equivocar el camino nuevamente y para no caer, otra vez, en los senderos de la locura.


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