Tema central

Desigualdades de género y brechas estructurales en América Latina

En América Latina, los índices de feminidad de la pobreza, los sesgos de género de las políticas fiscales, las brechas salariales por género y raza/etnia y la división sexual e internacional del trabajo dan cuenta de que las políticas públicas implementadas en la región siguen siendo limitadas. Por lo tanto, se requiere actuar sobre los determinantes estructurales de las brechas de desigualdad de género y evitar que, en el actual contexto de desaceleración económica y de aplicación de políticas de ajuste, se profundicen los niveles de desigualdad y se reviertan los avances obtenidos.

Desigualdades de género y brechas estructurales en América Latina

El carácter estructural de la desigualdad de género y su intersección con otras brechas de desigualdad basadas en la clase, raza/etnia, edad, orientación sexual y territorio no han sido cabalmente abordados por el enfoque actual de las políticas públicas en América Latina. Los datos en la región demuestran que las políticas de desarrollo, fiscales, de empleo y sociales, sin un enfoque sistémico basado en derechos humanos de las mujeres, tienden a perpetuar y reproducir la desigualdad de género en vez de revertirla. A continuación se presentan algunos ejemplos regionales que resultan ilustrativos.

Concentración del ingreso, pobreza de tiempo y monetaria

Durante la última década, en algunos países de la región, la reducción de la desigualdad de ingresos y de los índices de pobreza se produjo simultáneamente con el aumento de la feminidad de la pobreza. El índice de feminidad muestra las disparidades en la incidencia de la pobreza en mujeres y varones (de 20 a 59 años), medida en términos de ingreso. Es posible afirmar que las políticas tendientes a reducirla no han impactado de la misma forma en hombres y en mujeres. Desde 2012, la tendencia a la reducción de la pobreza se ha estancado en América Latina, mientras que el índice de feminidad sigue aumentando. Es decir que tanto en periodos de reducción de la pobreza como en periodos de estancamiento, la pobreza sigue afectando en mayor grado a las mujeres que a los hombres, en edades críticas en términos productivos y reproductivos. En 2014, por cada 100 hombres que vivían en hogares pobres en la región, había 118 mujeres en la misma situación1.

Cabe señalar que la reducción de la desigualdad de ingresos registrada en la década pasada no se vio acompañada por un reparto más equitativo en la apropiación del capital y el trabajo2. La distribución funcional del ingreso muestra la participación de la masa salarial en el pib total, por lo cual este indicador permite capturar bien las desigualdades en la región, pero debe ser complementado con indicadores que visibilicen no solo la contradicción capital-trabajo remunerado, sino también la contradicción «capital-vida». La sobrecarga del trabajo no remunerado y de cuidados sobre las mujeres es consecuencia de relaciones de poder desiguales de género. Las encuestas de uso del tiempo y los indicadores como la pobreza de tiempo han intentado poner en evidencia este rasgo estructural de la desigualdad. La pobreza de tiempo considera los hogares pobres no solamente por su carencia de ingresos, sino también por la carencia de tiempo para llevar adelante el conjunto de las tareas del trabajo no remunerado y de cuidados, que realizan principalmente las mujeres. Se estima que si se tuviesen en cuenta conjuntamente la carencia de ingresos y la de tiempo (en lugar de únicamente la de ingresos), la pobreza se incrementaría de 6,2% a 11,1% de los hogares en Argentina, de 10,9% a 17,8% en Chile y de 41% a 50% en el caso de México3.

Brecha fiscal y sesgos de género

El impacto redistributivo del gasto social en la región es considerable, pero sigue siendo limitado y esto se debe en parte a las estructuras tributarias regresivas con sesgos de género que prevalecen en varios países de la región. Para tener una visión integral del impacto de las políticas fiscales en la reducción de la desigualdad, es preciso analizar no solo cómo se gasta, sino también cómo se recauda.

Más allá de la heterogeneidad latinoamericana y de las reformas tributarias implementadas en diferentes casos, la carga tributaria es insuficiente para los niveles de desarrollo de los países. Además, las estructuras tributarias de la región son regresivas y existen dificultades para controlar los altos niveles de evasión. En promedio regional, menos de un tercio de la recaudación corresponde a impuestos directos, mientras que el grueso de la carga recae en los impuestos sobre el consumo y otros impuestos indirectos4. La recaudación a partir de impuestos indirectos, como el impuesto al valor agregado (iva), es regresiva porque implica una carga desproporcionada sobre las personas en situación de pobreza y afecta especialmente a las mujeres, que están sobrerrepresentadas en los estratos de menores ingresos de la población. Como señala el informe de la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (onu) sobre extrema pobreza y derechos humanos, las mujeres tienden a utilizar grandes porciones de sus ingresos en productos de primera necesidad debido a que las normas de género les asignan la responsabilidad del cuidado de las personas dependientes, por lo que cargan con el peso regresivo de los impuestos al consumo5.

Por otro lado, los altos niveles de evasión6, y especialmente la salida de flujos financieros ilícitos de la región7, limitan la posibilidad de cerrar la brecha de financiamiento para la igualdad de género y se implementar las políticas públicas necesarias para garantizar los derechos de las mujeres8. A su vez, de acuerdo con un estudio reciente9, cuando la capacidad de los Estados de controlar los flujos financieros ilícitos es limitada, las estructuras tributarias tienden a compensar la falta de recursos mediante mayores impuestos a pequeños y medianos contribuyentes y a las personas. Las mujeres resultan afectadas de manera desproporcionada, ya que están sobrerrepresentadas entre cuentapropistas, pequeñas y medianas empresas y trabajadoras informales.

Dada la desigualdad primaria de los países de la región, el carácter regresivo de los sistemas tributarios y el acceso segmentado a la protección social y empleo, no sorprende que la desigualdad de ingreso no se reduzca considerablemente después de la intervención del Estado a través de impuestos y transferencias. En América Latina, el coeficiente de Gini cae, en promedio, nueve puntos porcentuales después de los impuestos directos y las transferencias en efectivo y en especie. Esta cifra no es tan significativa si se compara con la reducción de los niveles de desigualdad en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde), que alcanza los 23 puntos porcentuales10.

Educación, empleo y desigualdades intersectadas

Otro ejemplo que, además, pone en cuestión los límites de la teoría del capital humano, refiere a la falta de correlación entre los niveles educativos de las mujeres y la reducción de algunas de las brechas de género en los mercados laborales. Cabe destacar que las brechas salariales entre hombres y mujeres se han ido reduciendo en los últimos años. Sin embargo, los datos demuestran que a mayor cantidad de años de escolaridad, mayor es la brecha salarial entre hombres y mujeres. Las mujeres de 13 y más años de estudios en América Latina perciben 25,6% menos salario que los varones con las mismas características11.

Las brechas salariales se multiplican si se analizan por niveles educativos según sexo y origen étnico-racial12. De acuerdo con un estudio realizado en ocho países de la región, en los niveles educativos bajo y medio, las mujeres indígenas, afrodescendientes y blancas perciben menor remuneración que sus pares hombres. Entre los niveles educativos más altos, la brecha de ingresos es considerable; en el extremo superior de la escala se ubica el ingreso percibido por los hombres blancos, mientras que en el extremo inferior se sitúa el de las mujeres indígenas. Entre estos dos extremos, los ingresos laborales se distribuyen en el siguiente orden ascendente: mujeres indígenas, hombres indígenas, mujeres afrodescendientes, mujeres blancas, hombres afrodescendientes y hombres blancos13. Estas desigualdades intersectadas ponen en evidencia cómo el sexismo, el racismo y el etnocentrismo están en la base de la desigualdad socioeconómica y generan sistemas de discriminación y privilegios que obligan a ampliar la mirada de clase.

División sexual e internacional del trabajo

Es considerable el avance en los diferentes países de la región respecto de la importancia de valorar y visibilizar el trabajo no remunerado y de cuidados que realizan principalmente las mujeres en el interior de los hogares. Durante estos últimos años, varios países realizan encuestas de uso del tiempo, implementan políticas de corresponsabilidad y, en algunos casos –como Costa Rica y Uruguay–, avanzan hacia la creación de sistemas nacionales de cuidados.

Sin embargo, la creciente participación de las mujeres en el mercado laboral (aunque con fuertes sesgos según la edad, el nivel educativo, la raza/etnia, la ubicación urbana o rural y la situación socioeconómica) no se ha visto acompañada por una mayor participación de los varones en las tareas del trabajo no remunerado y de cuidados. Según el Observatorio de Igualdad de Género de la Cepal, en todos los países de la región para los cuales hay datos disponibles el tiempo de trabajo no remunerado de las mujeres es mucho mayor que el tiempo que dedican los hombres a estas mismas actividades. Si se suman el tiempo de trabajo remunerado y el no remunerado para hombres y para mujeres, se constata que para estas últimas persiste una sobrecarga de horas de trabajo total14.

Las relaciones desiguales de género llevan a la naturalización del trabajo no remunerado como responsabilidad de las mujeres. A pesar de su centralidad tanto para la reproducción de la fuerza de trabajo como para la sostenibilidad de la vida, persiste una organización social injusta de los cuidados con fuertes implicancias en términos de brechas de desigualdad entre mujeres y entre territorios y países. En este contexto, se constituyen cadenas globales de cuidados a lo largo de las cuales las mujeres se transfieren los trabajos de cuidados de unas a otras, sobre la base de ejes de jerarquización social según el género, la clase y el lugar de procedencia15. A través del trabajo empírico se visibiliza este fenómeno cuando mujeres de América Latina emigran a otros países de la región o a países desarrollados y dejan a sus hijos e hijas bajo el cuidado de una mujer integrante de su hogar o núcleo cercano en el país de origen. Estas mujeres son contratadas (formal o informalmente) por familias en el país de destino para realizar tareas de cuidado en hogares donde hombres y mujeres trabajan de forma remunerada16. Tanto en los países de origen como en los de destino, los mercados laborales siguen operando principalmente bajo la idea de «trabajador ideal». La norma del «trabajador ideal» se basa en el supuesto de hombres sin responsabilidades domésticas y de cuidados y que deciden, por lo tanto, entre trabajo remunerado u ocio, no se reproducen, no envejecen, no se enferman, no cuidan.

Reflexiones a modo de conclusión

Hemos presentado algunos datos ilustrativos de la persistencia de la desigualdad de género y su intersección con otras desigualdades para el debate del desarrollo en América Latina. Los índices de feminidad de la pobreza, los sesgos de género de las políticas fiscales, las brechas salariales por género y raza/etnia y la división sexual e internacional del trabajo dan cuenta de que las políticas de igualdad de género y derechos de las mujeres implementadas siguen siendo limitadas.

Más allá de la contribución académica y política de los movimientos feministas y de mujeres en América Latina y de los esfuerzos por parte de los Estados para generar institucionalidad de género y permear toda la estructura estatal, es posible afirmar que no se percibe aún el carácter transnacional de la desigualdad de género y su relevancia para comprender la dinámica económica de la desigualdad y la pobreza y para desmontar algunos de los supuestos básicos de la teoría económica ortodoxa y heterodoxa, así como de la teoría social, que están en la base del diseño de las políticas públicas.

Ante esta realidad, el desafío es doble. Por un lado, se requiere actuar sobre los determinantes estructurales de las brechas de desigualdad de género; y por otro, evitar que, en el actual contexto de desaceleración económica y de aplicación de políticas de ajuste, se profundicen los niveles de desigualdad de género y se reviertan los avances obtenidos. Para ello, es fundamental superar el enfoque reduccionista y fragmentado de la política pública, tomando en cuenta los trade-offs de las políticas, así como sinergias positivas para avanzar hacia patrones de producción y consumo sostenibles, basados en una redistribución del poder, de la riqueza y del tiempo.

Finalmente, la transición hacia estrategias de desarrollo justas y sostenibles en la región requiere de transformaciones profundas en la gobernanza económica global y en los patrones de financiamiento. Actualmente, los países de América Latina realizan una transferencia neta de recursos a los países desarrollados debido a la ausencia de controles sobre los flujos financieros ilícitos, a las exenciones fiscales y al tratamiento preferencial de las rentas del capital, así como a la repatriación de las utilidades de los flujos de inversión extranjera directa. Al mismo tiempo, las mujeres financian y sostienen las economías nacionales e internacionales a través del trabajo no remunerado y de cuidados y de su rol en las cadenas globales de cuidados. Por lo tanto, en un contexto de pérdida del espacio político, es fundamental recuperar la capacidad de los Estados para regular a favor del interés público y así avanzar hacia la igualdad, la sostenibilidad y la garantía de los derechos de las mujeres de América Latina.

  • 1.

    «Índice de feminidad en hogares pobres» en Observatorio de Igualdad de Género de la Cepal, http://oig.cepal.org/es/indicadores/indice-feminidad-hogares-pobres.

  • 2.

    Cepal: Horizontes 2030. La igualdad en el centro del desarrollo sostenible, lc/g.2660/Rev.1, Naciones Unidas, Santiago de Chile, mayo de 2016.

  • 3.

    Rania Antonopoulos, Tomas Masterson y Ajit Zacharias: «La interrelación entre los déficits de tiempo y de ingreso. Revisando la medición de la pobreza para la generación de respuestas de política», pnud, Panamá, 2012.

  • 4.

    Cepal: Panorama fiscal de América Latina y el Caribe 2016, Naciones Unidas, Santiago de Chile, marzo de 2016.

  • 5.

    «Report of the Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights, Ms. Maria Magdalena Sepúlveda Carmona, on Taxation and Human Rights», sesión 26 del Consejo de Derechos Humanos, a/hrc/26/28, Ginebra, mayo de 2014.

  • 6.

    Según la Cepal, la evasión del iva representa dos puntos del pib, y la del impuesto sobre la renta, 4,1 puntos. Esto implicaba alrededor de 320.000 millones de dólares en 2014. Para más información, v. Cepal: Estudio económico de América Latina y el Caribe 2016, Naciones Unidas, Santiago de Chile, julio de 2016.

  • 7.

    Las estimaciones varían considerablemente según la fuente. Según Global Financial Integrity, entre 2004 y 2013 América Latina y el Caribe perdieron 1,4 billones de dólares en flujos financieros ilícitos. Sobre ese total, 88% corresponde a falsa facturación en el comercio entre empresas (abusos con precios de transferencia y sub- o sobrefacturación) y 12% proviene de hechos criminales y corrupción. Según la Cepal, para el mismo periodo los flujos financieros ilícitos representaron 1,8% del pib regional en el promedio de los diez años considerados, lo que implica 765.000 millones de dólares en el acumulado 2004-2013 (dos tercios se deben a la sobrefacturación de las importaciones y un tercio a la subfacturación de las exportaciones). Dev Kar y Joseph Spanjers: Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013, Global Financial Integrity, Washington, dc, diciembre de 2015.

  • 8.

    Es necesario destacar que en la región, de acuerdo con la Cepal, las tasas efectivas que paga el decil superior son muy bajas como consecuencia no solo de la evasión y la elusión, sino también de las exenciones, las deducciones y el tratamiento preferencial de las rentas del capital, que en algunos países no están gravadas y en otros tributan a una tasa más baja que las rentas del trabajo. Esto también tiene un impacto significativo en la desigualdad y en la brecha de financiamiento.

  • 9.

    Verónica Grondona, N. Bidegain Ponte y Corina Rodríguez Enríquez: The Role of Secret Financial Jurisdictions in Undermining Gender Justice and Women’s Human Rights, Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlín, en prensa.

  • 10.

    Cepal: Panorama fiscal de América Latina y el Caribe 2016, cit.

  • 11.

    «Nota para la igualdad No 18: persiste la brecha salarial entre hombres y mujeres» en Observatorio de Igualdad de Género de la Cepal, 8/3/2016, http://oig.cepal.org/es/notas/nota-la-igualdad-ndeg-18-persiste-la-brecha-salarial-hombres-mujeres.

  • 12.

    V. Cepal: Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2015.

  • 13.

    Cepal: Horizontes 2030, cit.

  • 14.

    «Tiempo total de trabajo» en Observatorio de Igualdad de Género de la Cepal, http://oig.cepal.org/es/indicadores/tiempo-total-trabajo.

  • 15.

    Amaia Pérez Orozco: Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida, Traficantes de Sueños, Madrid, 2014.

  • 16.

    Para más información, v. A. Pérez Orozco: Cadenas globales de cuidado. ¿Qué derechos para un régimen global de cuidados justo?, Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (un-instraw), Santo Domingo, 2012; Adriana Molano Mijangos, Elisabeth Robert y Mar García Domínguez: Cadenas globales de cuidados: síntesis de resultados de nueve estudios en América Latina y España, Traficantes de Sueños, Madrid, 2012.