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Desigualdad y democracia

La teoría de la transición sostenía que la democratización de los regímenes políticos conduciría a la prosperidad económica, lo cual a su vez contribuiría a consolidar las instituciones democráticas. Pero este círculo virtuoso, elaborado sobre la base de la experiencia de los países desarrollados, no se concretó en la práctica. América Latina es una región plenamente democratizada que, sin embargo, mantiene niveles críticos de pobreza y desigualdad. Es necesario, por lo tanto, repensar la teoría de la democracia –y su elaboración más reciente a través de la idea de ciudadanía– para incorporar las dimensiones sociales y económicas. Esto implica reformular la relación entre democracia e igualdad, entendida no en el sentido de creación de oportunidades para los individuos, sino como operaciones activas de inclusión de los grupos sociales subalternos.

Desigualdad y democracia

Desde el inicio del nuevo siglo, las democracias latinoamericanas se encuentran en un proceso de profundos cambios. Uno de los motivos fundamentales es la creciente importancia política de la cuestión social, a la que no se le han encontrado, hasta el momento, respuestas satisfactorias. A pesar de que la mayoría de los análisis evalúa como exitoso el proceso de recuperación democrática en América Latina, considerada por algunos como «la región más democrática del Tercer Mundo» (Linz/Stepan), lo cierto es que la deuda social sigue siendo considerable. A casi tres décadas de la recuperación de la democracia, la mayor participación política no se ha traducido en participación social. Esto plantea nuevos interrogantes a la teoría de la democracia.

Desde los 90, los estudios politológicos sobre las democracias latinoamericanas se basan en el análisis del régimen (regime analysis approach) bajo el paradigma de la «teoría de la transición». Este enfoque se centra principalmente en los factores institucionales y considera las democracias occidentales del mundo desarrollado como su orientación normativa (Ackerman; Lynn Karl). A partir de una perspectiva liberal-democrática basada en la primacía de la libertad individual y la igualdad político-jurídica, este enfoque otorga validez universal a una concepción simplificada de la democracia y el espacio público, basada en el concepto unidimensional y elitista de la democracia de Joseph Schumpeter (1942) y en la idea de poliarquía de Robert Dahl (1971 y 1989). Esta perspectiva otorga especial importancia a la celebración de elecciones e identifica a las elites, los gobiernos y los partidos como los actores políticos relevantes (Munck). La popularidad de este enfoque se debe sobre todo a su simplicidad.

Las evidencias empíricas obtenidas por la teoría de la transición demostraron que las democracias latinoamericanas presentan déficits visibles en comparación con las de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (Burchardt). Entre otros problemas, se destacaba la debilidad de la justicia, la falta de división de poderes, el precario (auto)control estatal, la falta de responsabilidad de gestión (Schedler 1999), la existencia de enclaves autoritarios (Garretón; O’Donnell 1999a), la debilidad de las administraciones (Glade), así como de los partidos y las corporaciones (Alcántara Saez/Freidenberg).

Los primeros intentos de explicar estos déficits llevaron a un esfuerzo entusiasta para describir las democracias asignándoles distintos atributos. Así, se llegaron a constatar no menos de 550 subtipos de democracias (Collier/Levitsky 1995; Carreras) para los apenas 120 regímenes formalmente democráticos existentes en el mundo a fines del siglo XX. Pero más allá de las definiciones, la conclusión general fue que el gobierno y el Parlamento siguen siendo elegidos en gran medida a través de elecciones democráticas, pero luego tienden a vulnerar el marco constitucional, conformando «democracias iliberales» (Plattner) o «democracias electorales» (Schedler 1998), que implican la continuidad de formas autoritarias de gobierno legitimadas por elecciones, una situación que O’Donnell (1994) definió como «democracia delegativa».

Se trata de regímenes híbridos que incluyen una amplia franja gris entre la democracia y el autoritarismo (Carothers 2002a), caracterizada por la capacidad de las elites de apropiarse paulatinamente de importantes recursos estatales, aun cuando existan una oposición e instituciones democráticas desarrolladas, en un contexto de pluralismo débil, donde la participación se ejerce principalmente mediante el voto. Aunque se produzca con cierta regularidad la alternancia entre las elites políticas, la participación es baja y, por lo tanto, no alcanza para controlarlas. Las elites con frecuencia se aíslan de la sociedad y se enquistan en el poder.

Esto significa que, contra lo que sostenía la teoría de la transición, la celebración de elecciones libres y la existencia de una estructura institucional adecuada no conducen en forma lineal a la democratización política. Los fenómenos detallados anteriormente no serían «dolores de parto» para avanzar en la construcción de la democracia liberal, sino que deben ser entendidos como características de un desarrollo propio. Tratar de mantener en pie el paradigma de la transición resulta por lo tanto poco provechoso como base para la acción política; seguir transitando este sendero implica «insistir en la peligrosa costumbre de tratar de imponer un concepto simple y a menudo equivocado a una realidad mucho más compleja» (Carothers 2002a, p. 15).

La persistencia de un paradigma

Hasta ahora, las mencionadas críticas no conmovieron a los defensores de la teoría de la transición. Incluso la primera proclama del fin del paradigma en el renombrado Journal of Democracy en 2002 generó más bien una serie de intentos de recuperarlo en lugar de un debate sobre posibles opciones (Carothers 2002a y 2002b; Hyman; Nodia; O’Donnell 2002; Wollack). Pero las críticas generaron reacciones. En respuesta a los cuestionamientos, se construyeron instrumentos metodológicos más sofisticados para mejorar la observación de la calidad democrática de los regímenes, como los intentos realizados en Estados Unidos (O’Donnell et al.) y la elaboración en Alemania del Bertelsmann Transformation Index (BTI 2005 y 2007) para medir el «nivel de democracia» en diferentes países. En este contexto, al estudiar los regímenes de la región, se elaboró un análisis que busca identificar los aspectos en los que estos difieren del tipo ideal de democracia de los países de la OCDE. Con este método, los «defectólogos» elaboraron cuatro subtipos: democracia exclusiva, democracia iliberal, democracia delegativa y democracia de enclave (Merkel et al. 2003 y 2006). En todos los casos, sin embargo, se parte del presupuesto de la democracia ideal como una democracia nacional, de mercado y de corte occidental y liberal. Así, la metodología de la «defectología» también se define claramente dentro de los parámetros de la teoría de la transición. A pesar de una estructura analítica más sofisticada, la tipología de democracias defectuosas generó poco impacto en el debate.