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Desafíos externos e internos a la política de defensa en Chile

La política de defensa de Chile está condicionada tanto por factores externos, fundamentalmente del ámbito vecinal, como por condicionantes internos. Uno de ellos es la fluctuante relación que mantiene el país con sus vecinos del norte, Bolivia y Perú, con los cuales no ha podido avanzar por un camino de cooperación y construcción de confianza similar al transitado con Argentina. En el escenario interno, los principales desafíos pasan por la necesidad de modernizar las estructuras de gestión, modificar el sistema de adquisición de armamentos y generar una nueva ley orgánica del Ministerio de Defensa que permita una adecuada gestión civil de la defensa. Aunque en los últimos años se dieron pasos importantes, aún queda mucho camino por recorrer.

Desafíos externos e internos a la política de defensa en Chile

El entorno regional

A 17 años del retorno a la democracia, Chile no ha agotado la necesidad de efectuar reformas en el ámbito de la defensa. Esta necesidad se explica por diversas razones. En primer término, por el entorno regional, donde pesan tres factores fundamentales: la ubicación geográfica de Chile y su deseo de insertarse de manera efectiva en la región; la intención de privilegiar los consensos frente a la fragmentación política regional; y su relación con los países vecinos, especialmente con los del norte –Bolivia y Perú–, que muestra permanentes avances y retrocesos.

Históricamente, Chile ha sido definido como un «país isla», con una serie de limitaciones geográficas para integrarse efectivamente a su entorno. A esta idea tradicional se ha sumado, en los últimos años, la percepción, por parte de algunos países de la región, de Chile como «el mejor alumno», pero no «el mejor compañero»; es decir, un país política y económicamente estable pero que priorizaría sus relaciones con otras regiones del mundo antes que con América Latina. Para revertir esta imagen, el gobierno ha desarrollado una estrategia de cooperación regional y vecinal, cuya expresión más visible es su activa participación en la fuerza de estabilización en Haití.

No obstante, la intención de Chile de avanzar en una inserción efectiva en la región se mezcla con la decisión de no asumir liderazgos a nivel regional, sino promover consensos y no entrar en confrontación con alguno de los sectores representativos de la actual fragmentación política latinoamericana. Esta es una de las razones que explican por qué Chile no participa como miembro pleno de ninguna iniciativa de integración latinoamericana, a excepción de la Comunidad Sudamericana de Naciones (actualmente llamada Unasur). En efecto, su reciente reincorporación a la Comunidad Andina de Naciones se produjo como miembro observador, y su estatus en el Mercosur es el de «país asociado».

Pero la política de defensa de Chile, más allá del lugar que el país ocupa en el entorno regional, está fundamentalmente determinada por su vinculación con los vecinos, especialmente con Bolivia y Perú. Ambas naciones demandan modificaciones en los límites fronterizos definidos a partir de la Guerra del Pacífico, conflicto bélico disputado por los tres países hace más de un siglo. La posición tradicional de Chile es que las fronteras han sido fijadas por los tratados internacionales suscritos en 1904 con Bolivia y en 1929 con Perú. Sin embargo, Bolivia reclama a Chile una salida soberana al océano Pacífico que le permita terminar con la mediterraneidad generada por su derrota en la guerra y recuperar su cualidad marítima que, según la posición boliviana, es esencial para su identidad como nación. Chile responde ofreciendo todo tipo de facilidades para que Bolivia pueda acceder al océano Pacífico, pero sin que ello implique concesión de soberanía.

Perú, por su parte, plantea que no existen tratados que establezcan una frontera marítima con Chile e incluso anunció su decisión de presentar en 2008 una demanda al respecto ante la Corte Internacional de la Haya. Frente a este reclamo, Chile ha argumentado que sí existen acuerdos que definen los límites marítimos entre ambos países y que la referencia al paralelo como límite efectivo está presente incluso en documentos oficiales elaborados en Perú.

La persistencia de estas visiones contrapuestas entre Chile y Bolivia y entre Chile y Perú condiciona la política de defensa. Aunque en la práctica no existe la posibilidad cierta de un conflicto armado con estos países, las instancias de cooperación y el desarrollo de medidas de confianza mutua encontraron serios límites a raíz de estas disputas. Mientras que con Argentina se han realizado avances impensables hasta hace poco tiempo, incluida la aplicación de una metodología estandarizada para la medición del gasto militar, con Perú el progreso es bastante más lento. De hecho, desde hace tiempo se viene analizando la posibilidad de aplicar mecanismos similares a los desarrollados con Argentina, sin que hasta el momento se hayan generado resultados positivos. En cuanto a Bolivia, el avance es todavía menor: el acercamiento se limita a las reuniones gubernamentales y los encuentros de funcionarios técnicos.

Estas dificultades para generar instancias de cooperación con los vecinos del norte se suman a las acusaciones acerca de la supuesta voluntad de Chile de emprender una carrera armamentista. Basándose en el argumento de que parte importante de las adquisiciones realizadas en el último tiempo responderían a la posibilidad de un conflicto bélico con sus vecinos, Perú ha acusado al gobierno chileno de generar un desequilibrio en la región. En la práctica, las principales hipótesis de conflicto que maneja Chile hacen referencia a una potencial discrepancia con los vecinos, que en buena medida explica la política de defensa de los últimos años, marcada por un permanente debate entre la voluntad de fortalecer la cooperación y la necesidad de generar medidas de disuasión, como las inversiones en armamento realizadas.

Un factor importante a considerar en la actual vinculación de Chile con sus vecinos –no solamente con los del norte, sino también con Argentina– es el energético. Chile es un país claramente dependiente en materia energética, mientras que sus vecinos son productores de gas, vital en el actual escenario geopolítico regional. Tiempo atrás, Perú había promovido el desarrollo de un anillo energético subregional, que incluiría a Chile, pero por el momento los yacimientos de Camisea no alcanzan para concretar una iniciativa de este alcance. Además, los sectores más conservadores de las elites peruanas ven con desconfianza la posibilidad de un acercamiento con Chile a partir de la integración energética, pues temen algún tipo de iniciativa chilena para apropiarse de los recursos.

Bolivia también cuenta con importantes reservas de gas, las segundas más grandes de la región después de las de Venezuela. Sin embargo, ha condicionado la venta de gas a Chile, así como la posibilidad de que este sea exportado por territorio chileno, a que se le conceda la salida soberana al Pacífico. En Bolivia, algunos sectores creen que el gas puede convertirse en la llave para superar la mediterraneidad.