Tribuna global

¿Democracia o capitalismo?

El último libro de Wolfgang Streeck sobre la crisis europea motivó un artículo del filósofo Jürgen Habermas en el que establece un diálogo crítico con sus tesis. Habermas coincide con las críticas de Streek al actual modelo europeo elitista, pero difiere con su «pesimismo» en relación con la posibilidad misma de lograr otra Unión Europea más democrática y autónoma frente a la presión de los mercados. Mientras Streeck plantea la democratización en los marcos del Estado-nación, Habermas cree que un repliegue a la nación sería una inadecuada y nostálgica respuesta a la crisis actual y apuesta a una unión política de Europa en otros términos.

¿Democracia o capitalismo?

En Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus, su libro sobre la aplazada crisis del capitalismo democrático, Wolfgang Streeck desarrolla un análisis descarnado de la historia del surgimiento de la actual crisis bancaria y de la deuda, crisis que se extiende hasta la economía real. Este dinámico y empíricamente fundamentado estudio es el resultado de sus «Conferencias Adorno», impartidas en el Instituto de Investigaciones Sociales con sede en Fráncfort. En sus mejores partes, es decir, siempre que la pasión política se une a la esclarecedora fuerza de hechos analizados críticamente y de argumentos contundentes, recuerda al 18 Brumario de Luis Bonaparte. El punto de partida es una justa crítica a la teoría de la crisis desarrollada por Claus Offe y por mí a principios de los años 70. El optimismo que reinaba entonces en torno del control keynesiano nos había llevado a suponer que los potenciales económicos de crisis, políticamente dominados, se desplazarían hacia imperativos contradictorios planteados a un aparato estatal por encima de sus posibilidades, y hacia «contradicciones culturales del capitalismo» (como lo formulara Daniel Bell algunos años después), y que se expresarían en forma de crisis de legitimación. Hoy no estamos (¿todavía?) ante una crisis de legitimación, pero sí ante una recia crisis económica.

La génesis de la crisis

Con la superioridad de conocimiento del observador que mira en retrospectiva histórica, Streeck comienza su descripción del transcurso de la crisis con un bosquejo del régimen de Estado social construido en la Europa de posguerra hasta comienzos de los años 70. A ello siguen las fases de implementación de las reformas neoliberales: estas, sin considerar las consecuencias sociales, mejoraron las condiciones de realización del capital y, al hacerlo, pusieron de cabeza tácitamente la semántica de la palabra «reforma». Las reformas relajaron las formas de regulación corporativas y desregularon los mercados, no solo los laborales sino también los de bienes y servicios, pero sobre todo los de capital: «Al mismo tiempo, los mercados de capital se transforman en mercados para el control empresarial, que erigen la elevación del valor para los accionistas (shareholder value) a la condición de máxima suprema del buen manejo empresarial».

Streeck describe este giro, iniciado con Ronald Reagan y Margaret Thatcher, como un golpe liberador para los propietarios de capital y sus gerentes en contra del Estado democrático, el cual, conforme a los principios de la justicia social, había reducido los márgenes de ganancia de las empresas pero también, desde el punto de vista de los inversionistas, había estrangulado el crecimiento económico y, así, había perjudicado el bien entendido bienestar común. La sustancia empírica del estudio consiste en una comparación longitudinal entre países relevantes durante las últimas cuatro décadas. Esta comparación, a pesar de todas las diferencias específicas entre las economías nacionales, arroja la imagen de un transcurso de la crisis asombrosamente uniforme en sentido general. Las crecientes tasas de inflación de los años 70 fueron reemplazadas por un creciente endeudamiento de las cuentas públicas y privadas. Al mismo tiempo, aumenta la desigualdad en la distribución de la renta, mientras que los ingresos del Estado caen en relación con el gasto público. Mientras crece la desigualdad social, este desarrollo conduce a una transformación del Estado recaudador de impuestos. «El Estado gobernado por sus ciudadanos y, en tanto Estado recaudador de impuestos, Estado democrático financiado por ellos, se convierte en Estado democrático deudor tan pronto su subsistencia no depende ya solo de las contribuciones de sus ciudadanos sino, en gran medida, también de los acreedores».

En la Comunidad Monetaria Europea se puede apreciar de manera perversa la limitación de la capacidad de actuación política de los Estados por parte de «los mercados». La transformación del Estado recaudador de impuestos en Estado deudor constituye aquí el trasfondo del círculo vicioso que gira en torno de la salvación de bancos en situación ruinosa por parte de Estados que, a su vez, han sido llevados a la ruina por esos mismos bancos; con la consecuencia de que el régimen financiero dominante pone bajo tutela a las poblaciones de esos Estados. Lo que esto significa para la democracia ya lo pudimos ver bajo el microscopio durante aquella noche de la cumbre en Cannes, cuando Yorgos Papandreou, el primer ministro griego, rodeado por sus colegas que le daban palmadas en el hombro, fue obligado a desistir de un referendo que había planificado. El mérito de Streeck es haber demostrado que la «política del Estado deudor», llevada a cabo por el Consejo Europeo desde 2008 a instancias del gobierno federal alemán, constituye en esencia la continuación del modelo de política favorable al capital que ha conducido a la crisis.

En las especiales condiciones de la Unión Monetaria Europea, la política de consolidación fiscal somete a todos los países miembros a las mismas reglas independientemente de las diferencias en el desarrollo de sus economías y, con la intención de implementar esas reglas, concentra los derechos de intervención y control en el nivel europeo. Sin el simultáneo fortalecimiento del Parlamento Europeo, esta concentración de competencias en el Consejo y en la Comisión refuerza el desacoplamiento de las opiniones públicas y los parlamentos nacionales del concierto de gobiernos obedientes al mercado, apartados de la realidad y tecnocráticamente establecidos por su propia cuenta. Streeck teme que este forzado federalismo ejecutivo traiga consigo una cualidad completamente nueva en el ejercicio de la dominación en Europa: «La consolidación de las finanzas estatales europeas, emprendida como respuesta a la crisis fiscal, termina en una reconstrucción del sistema estatal europeo, coordinada por los inversionistas financieros y la UE, (…) en una reconstitución de la democracia capitalista en Europa en el sentido de erigir en ley los resultados de tres décadas de liberalización económica».

Esta interpretación de las reformas en marcha da cuenta de una alarmante tendencia de desarrollo que, a pesar de casi extinguir la histórica unión entre democracia y capitalismo, probablemente logre imponerse. A las puertas de la Unión Monetaria Europea vigila un primer ministro británico a quien no le parece suficientemente rápida la liquidación del Estado social y que, como verdadero heredero de Thatcher, alienta con entusiasmo a una servicial canciller federal alemana a blandir el látigo en el círculo de sus colegas: «Queremos una Europa que despierte y reconozca el mundo moderno de la competencia y la flexibilidad».

Con respecto a esta política de crisis hay –aun en el terreno teórico– dos alternativas: o la liquidación defensiva del euro, para lo cual en Alemania se acaba de fundar un nuevo partido, o la ampliación ofensiva de la comunidad monetaria a la condición de democracia supranacional. Con las correspondientes mayorías políticas, esta podría ofrecer la plataforma institucional para la inversión de la tendencia neoliberal.

La opción nostálgica

No sorprende que Streeck opte por enfrentar la tendencia a la desdemocratización. Ello significa «construir instituciones con las que se pueda poner nuevamente los mercados bajo control social: mercados de trabajo, que dejen espacio para la vida social; mercados de bienes, que no destruyan la naturaleza; mercados de créditos, que no devengan producción en masa de promesas incumplibles». Pero la conclusión concreta que saca de su diagnóstico es tanto más sorprendente. No es la ampliación democrática de una Unión que ha quedado a medias la que debe llevar nuevamente la desquiciada relación entre política y mercado a un balance compatible con la democracia. Streeck recomienda deconstruir en vez de construir. Él desea regresar al atrincheramiento nacional-estatal de los años 60 y 70 para «defender y reparar lo mejor posible los restos de esas instituciones políticas con cuya ayuda quizás se lograría modificar y reemplazar la justicia del mercado por la justicia social».

En vista de la trascendental transformación de los Estados nacionales –que mantenían aún sus mercados territoriales bajo control– en despotenciados compañeros de juego que, a su vez, están insertos en mercados globalizados, resulta sorprendente esta opción nostálgica a favor del repliegue a los marcos de la impotencia soberana de la nación arrollada. La demanda de control político que genera hoy una sociedad mundial altamente interdependiente resulta mitigada, en el mejor de los casos, por una red cada vez más tupida de organizaciones internacionales, pero en ningún caso se logra satisfacer dentro de las formas asimétricas del tan alabado «gobierno más allá del Estado nacional». En vista de esta presión del problema de una sociedad mundial que crece sistémicamente pero todavía es anárquica desde el punto de vista político, se produjo en 2008 una reacción comprensible ante el estallido de la crisis económica mundial. Los consternados gobiernos del G-8 se apresuraron a acoger a los BRICS y a algunos otros en sus rondas de discusiones. Por otro lado, la falta de resultados de los acuerdos logrados en aquella primera conferencia del G-20 en Londres evidencia el déficit, que solo se agrandaría con la restauración de los derruidos bastiones nacional-estatales: la poca capacidad para cooperar que resulta de la fragmentación política de una sociedad mundial que, sin embargo, está económicamente integrada.

Por lo visto, la capacidad de actuación política de unos Estados nacionales que velan celosamente por su soberanía minada hace ya mucho tiempo no alcanza para sustraerse a los imperativos de un sector bancario sobredimensionado y disfuncional. Los Estados que no se asocian para conformar unidades supranacionales, y que solo disponen del recurso de los tratados internacionales, fracasan ante el reto político de reacoplar nuevamente este sector a las necesidades de la economía real y de reducirlo a la dimensión funcional conveniente. Los Estados de la Comunidad Monetaria Europea están enfrentados de manera especial a la tarea de colocar mercados irreversiblemente globalizados al alcance de una influencia política indirecta, pero encauzada. En los hechos, su política de crisis se limita a la ampliación de una expertocracia encargada de medidas con efecto dilatorio. Sin la presión de la vital estructura de voluntades de una ciudadanía que pueda ser movilizada más allá de las fronteras nacionales, al Ejecutivo de Bruselas, establecido por su cuenta, le faltan la fuerza y el interés para volver a regular de manera socialmente compatible unos mercados que han devenido salvajes.

Streeck sabe, por supuesto, que «el poder de los inversionistas se alimenta sobre todo de su avanzada integración internacional y de la existencia de mercados globales eficientes». En una retrospectiva de la marcha triunfal de la política de desregulación en todo el mundo, anota explícitamente que tiene que «dejar pendiente si –y con qué recursos– la política organizada de manera nacional, en una economía cada vez más internacional, habría podido lograr poner bajo control procesos como ese». Como destaca una y otra vez la «ventaja organizacional de mercados financieros integrados globalmente con respecto a las sociedades organizadas de manera nacional-estatal», su propio análisis instaría a la conclusión –es lo que uno piensa– de regenerar en el nivel supranacional esa fuerza de la legislación democrática reguladora del mercado que una vez estuvo concentrada en los Estados nacionales. Sin embargo, lo que hace es llamar a la retirada detrás de la Línea Maginot de la soberanía nacional-estatal.

No obstante, al final del libro Streeck flirtea, como una agresión sin blanco visible, con una resistencia autodestructiva que ha renunciado a la esperanza de una solución constructiva. En ello se revela un cierto escepticismo hacia el propio llamado a fortalecer las reservas nacionales todavía existentes. A la luz de esta resignación, la propuesta de un «Bretton Woods europeo» parece impostada. El profundo pesimismo en que concluye el relato suscita la pregunta sobre qué significa el convincente diagnóstico de la disociación entre capitalismo y democracia para las perspectivas de un cambio de política. ¿Se revela aquí, acaso, una incompatibilidad fundamental entre democracia y capitalismo? Para aclarar esta cuestión debemos poner en claro el trasfondo teórico del análisis.

¿Capitalismo o democracia?

Una interacción en la que participan tres actores conforma el marco para la narración de la crisis: el Estado, financiado con impuestos y legitimado a través de las elecciones; la economía, encargada del crecimiento capitalista y de lograr un nivel de ingresos suficiente en concepto de impuestos; y por último, los ciudadanos, que solo prestan apoyo al Estado a cambio de la satisfacción de sus intereses. El tema lo conforma la cuestión de si –y dado el caso, cómo– el Estado logra equilibrar las exigencias contrarias de ambas partes dentro del cauce inteligente de prevención de la crisis. So pena de desatar crisis en la economía y en la cohesión social, el Estado debe cumplir, por un lado, con las expectativas de ganancia, o sea, con las condiciones fiscales, jurídicas y de infraestructura para la realización con ganancias del capital; por otro lado, tiene que garantizar libertades iguales y satisfacer las exigencias de justicia social, pagaderas en la moneda de una distribución justa de los ingresos y seguridad del estatus, así como de proporción de servicios públicos y facilitación de bienes colectivos. El contenido de la narración consiste, entonces, en que la estrategia neoliberal le concede preferencia por principio a la satisfacción de los intereses de realización del capital por encima de las exigencias de justicia social, y puede «aplazar» las crisis solo a costa de crecientes dislocaciones sociales.

¿Se refiere entonces el «aplazamiento de la crisis del capitalismo democrático», anunciada en el título del libro, a si la crisis va a ocurrir o a cuándo ocurrirá? Como Streeck desarrolla su escenario en el marco de la teoría de la acción, sin apoyarse en «leyes» del sistema económico (por ejemplo, una «baja tendencial de la tasa de ganancia»), de manera inteligente no se deriva del análisis ningún pronóstico teóricamente fundamentado. Los pronósticos sobre el transcurso futuro de la crisis solo pueden derivarse, dentro de este marco, de la evaluación de circunstancias históricas y de constelaciones de poder contingentes. Desde el punto de vista retórico, sin embargo, Streeck le concede a su descripción de las tendencias de la crisis un cierto aire de inevitabilidad al rechazar la tesis conservadora de la «inflación de exigencias de masas petulantes» y localizar la dinámica de la crisis solo del lado de los intereses capitalistas de realización. Desde los años 80, la iniciativa política partió realmente de ese lado. Pero no puedo descubrir ahí una razón suficiente para el abandono derrotista del proyecto europeo.

Más bien, tengo la impresión de que Streeck subvalora el efecto candado de las normas constitucionales válidas no solo desde el punto de vista jurídico sino también del complejo democrático existente de hecho: la persistencia de las instituciones, reglas y prácticas familiarizadas y asentadas en culturas políticas. Un ejemplo son las protestas masivas en Lisboa y otros sitios, que llevaron al presidente portugués a presentar una demanda contra el escándalo social de la política de austeridad de sus compañeros de partido. En consecuencia, el tribunal constitucional declaró no válidas algunas partes del correspondiente tratado de estado de Portugal con la UE y el Fondo Monetario Internacional y esto motivó, por lo menos por un momento, que el gobierno reflexionara sobre la ejecución del «dictado de los mercados».

Las ideas de rédito ackermannianas17 de los accionistas son tan poco hechos naturales como las ideas elitistas, ensalzadas por medios serviciales, de una clase de gerentes engreída e internacionalmente apartada de la realidad, que mira de manera despectiva a «sus» políticos como si fueran empleados incapaces. El tratamiento de la crisis chipriota, cuando no se trataba de la salvación de los bancos propios en cada caso, mostró de repente que se puede hacer pagar al causante de la crisis en vez de al contribuyente. Y los presupuestos estatales endeudados podrían ponerse en orden tanto mediante el aumento de los ingresos como por medio del recorte de los gastos. No obstante, solo el marco institucional para una política social, económica y fiscal común europea crearía una premisa necesaria para la posible eliminación del error estructural de una unión monetaria por debajo de lo óptimo. Solo un esfuerzo común europeo –no la abstracta exigencia desconsiderada de mejorar la competitividad nacional por esfuerzo propio– puede llevar adelante la imperiosa modernización de anticuadas estructuras económicas y administraciones clientelistas.

Lo que diferenciaría una UE conforme con la democracia –circunscrita por razones comprensibles en principio solo a los miembros de la Comunidad Monetaria– de un federalismo ejecutivo conforme con el mercado son sobre todo dos innovaciones. En primer lugar, una planificación común del marco político, correspondientes transferencias financieras y garantías recíprocas de los Estados miembros. En segundo lugar, los cambios de los tratados de Lisboa, necesarios para la legitimación democrática de las correspondientes competencias, es decir, una participación paritaria del Parlamento y del Consejo en la legislación y la responsabilidad uniforme de la Comisión con respecto a ambas instituciones. Entonces, la conformación de la voluntad política ya no dependería solo de los sólidos compromisos entre representantes de intereses nacionales que se bloquean mutuamente sino, en igual medida, de las decisiones por mayoría de los diputados elegidos según las preferencias de partido. Solo en el Parlamento Europeo, estructurado en bloques, puede operarse una generalización de intereses que desarticule las fronteras nacionales. Solo dentro de procedimientos parlamentarios puede solidificarse una perspectiva del nosotros, generalizada en el nivel europeo, de los ciudadanos de la UE para conformar un poder institucionalizado. Tal cambio de perspectiva es necesario para sustituir en los relevantes campos de la política la hasta ahora favorecida coordinación, atada a reglas, de políticas de Estados independientes aparentemente soberanos, por una común y discrecional formación de la voluntad. Los inevitables efectos de una redistribución a corto y mediano plazo solo se podrían legitimar si los intereses nacionales se aliaran al interés general europeo y también se relativizaran con respecto a él.

El hecho de que se puedan ganar mayorías –y la manera de hacerlo– para lograr el cambio correspondiente del derecho primario es una cuestión bien difícil a la que regresaré brevemente más adelante. Pero con independencia de si es factible una reforma bajo las actuales circunstancias, Streeck duda de que, para empezar, el formato de una democracia supranacional encaje en las relaciones europeas. Niega la capacidad de funcionar de tal orden político y, debido a su carácter supuestamente represivo, tampoco lo considera deseable. Pero ¿acaso las cuatro razones que alega para ello son también buenas razones?

Cuatro razones contra una Unión Política

El primer y, en comparación, más poderoso argumento está dirigido contra la efectividad de los programas económicos regionales, en vista de la heterogeneidad históricamente fundamentada de las culturas económicas, de la que tenemos que partir también en el núcleo de Europa. Ciertamente, la política en una comunidad monetaria tiene que estar dirigida a equilibrar en el largo plazo los desniveles estructurales en la capacidad competitiva de las distintas economías que la conforman, o por lo menos a restringirlos. Como ejemplos contrarios, Streeck menciona la antigua República Democrática Alemana (RDA) desde la reunificación, así como el Mezzogiorno italiano. Ambos casos, sin duda, recuerdan los decepcionantes horizontes temporales de mediano plazo con los que siempre ha de contar el fomento sistemático del crecimiento económico en regiones atrasadas. Sin embargo, para los problemas de regulación que se le avecinan a un gobierno económico a escala europea, los dos ejemplos lanzados al ruedo resultan demasiado atípicos como para justificar un pesimismo fundamental. La reconstrucción de la economía alemana oriental se vincula con el problema, históricamente nuevo, de un cambio de sistema hasta cierto punto asimilativo, no controlado por fuerza propia sino por las elites de la República Federal, y llevado a cabo dentro de una nación dividida durante cuatro décadas. A mediano plazo, las transferencias relativamente grandes que se realizaron parecen haber tenido el éxito deseado.

Diferente resulta el problema más pertinaz del fomento económico de un sur italiano económicamente atrasado y empobrecido, caracterizado social y culturalmente por rasgos premodernos y alejados del Estado, y políticamente atormentado por la mafia. Para las miradas llenas de preocupación que el norte europeo lanza en la actualidad a más de un país mediterráneo, también este ejemplo resulta poco informativo debido a su especial trasfondo histórico. Pues el problema de la Italia dividida está entretejido con las consecuencias a largo plazo de la unidad nacional de un país que, desde el fin del Imperio Romano, vivió bajo cambiantes dominaciones extranjeras. Las raíces históricas del problema actual se remontan al malogrado risorgimento, llevado a cabo militarmente por Saboya y percibido como acto de usurpación. Todavía en ese contexto estuvieron también los esfuerzos más o menos fallidos de los gobiernos italianos de la posguerra. Estos, como apunta el propio Streeck, se enredaron en las estructuras locales de poder dentro del nepotismo de los partidos gobernantes. La implementación política de los programas de desarrollo fracasó por culpa de una administración propensa a la corrupción, y no a causa de una refractaria cultura social y económica, que recibiría su fuerza a partir de una forma de vida digna de ser protegida. Pero dentro del sistema europeo de varios niveles y altamente regulado desde el punto de vista jurídico, el accidentado camino organizativo desde Roma hasta Calabria y Sicilia a duras penas podría ser el modelo para la implementación nacional de los programas acordados en Bruselas, en cuya realización estarían participando otros 16 países recelosos.

El segundo argumento se refiere a la resquebrajada integración social de «Estados nacionales incompletos» como Bélgica y España. Al señalar los ulcerosos conflictos entre valones y flamencos en el primer caso, y entre catalanes y el gobierno central en el segundo, Streeck llama la atención sobre problemas de integración que, si son difíciles de vencer cuando la diversidad regional se da dentro de un mismo Estado nacional, ¡cuánto más difícil lo serían entonces dentro de una espacialidad de dimensiones europeas! Ahora bien, es cierto que el complejo proceso de formación de los Estados nacionales ha dejado como secuela líneas de conflicto entre formaciones antiguas e históricamente superadas; mencionemos por ejemplo a los bávaros, que en 1949 no dieron su visto bueno a la Ley Fundamental de la República Federal; la separación pacífica de Eslovaquia y la República Checa; el sangriento desmembramiento de Yugoslavia; el separatismo de vascos y escoceses, de la Liga Norte, etc. Pero en todos estos históricos puntos de fractura hipotéticos los conflictos aparecen solo cuando los sectores más vulnerables de la población caen en situaciones de crisis económica o de cambio histórico, se sienten inseguros y procesan su temor ante la pérdida de estatus aferrándose a identidades supuestamente «naturales», da igual que sea la «tribu», la región, el idioma o la nación la que prometa esa base de identidad supuestamente natural. El nacionalismo que, tras el desmembramiento de la Unión Soviética, cabía esperarse en los Estados de Europa central y oriental es, en este sentido, el equivalente sociopsicológico del separatismo que aparece en los «viejos» Estados nacionales.

El carácter presuntamente «natural» de estas identidades es, en ambos casos, igualmente ficticio y no un hecho histórico del que pueda derivarse un obstáculo para la integración. Los fenómenos de regresión de este tipo son síntomas del fracaso de la política y la economía, incapaces de restaurar la necesaria dimensión de seguridad social. La diversidad sociocultural de las regiones y las naciones es una riqueza que distingue a Europa de otros continentes, no es una barrera que establezca la forma del Estado pequeño como el modo de integración política de Europa.

Las dos primeras objeciones tienen que ver con la capacidad de funcionamiento y la estabilidad de una Unión Política de carácter más estrecho. Con un tercer argumento, Streeck también pretende cuestionar que sea deseable: una adecuación políticamente forzada de las culturas económicas del sur a las del norte significaría también la nivelación de las correspondientes formas de vida. Ahora bien, en el caso de un «injerto de un modelo económico y social de mercado liberal», impuesto tecnocráticamente, se puede hablar de una homogenización forzada de las condiciones de vida. Pero justo en este sentido, la diferencia entre procesos de decisión conformes con la democracia y aquellos conformes con el mercado no puede desdibujarse. Las decisiones tomadas en el nivel europeo y legitimadas democráticamente en torno de los programas económicos regionales o de medidas de racionalización administrativa estatal, específicas para ciertos países, tendrían también como consecuencia una estandarización de las estructuras sociales. Pero si cada modernización promovida políticamente cae bajo la sospecha de una homogeneización forzosa, se convierten en un fetiche comunitarista las semejanzas familiares entre modos económicos y formas de vida. Por lo demás, la difusión mundial de infraestructuras sociales semejantes, que actualmente transforma a casi todas las sociedades en sociedades «modernas», desata en todas partes procesos de individualización y de multiplicación de formas de vida.

Por último, en el cuarto argumento, Streeck comparte la suposición de que la sustancia igualitarista de la democracia del Estado de derecho solo se puede hacer cumplir sobre la base de la pertenencia nacional y, por tanto, dentro de los límites territoriales del Estado-nación, porque de otra manera sería inevitable que las culturas minoritarias fueran víctimas de las mayorías. Independientemente de la amplia discusión sobre derechos culturales, esta suposición, vista desde una perspectiva de largo plazo, es arbitraria. Ya los propios Estados nacionales se apoyan en la figura altamente artificial de una solidaridad entre extraños, generada por el estatus de ciudadano jurídicamente construido. Tampoco en sociedades étnica y lingüísticamente homogéneas la conciencia nacional es algo de carácter natural, sino un producto promovido administrativamente de escritura de la historia, de la prensa, del servicio militar general, etc. En la conciencia nacional de sociedades migratorias heterogéneas se muestra de manera ejemplar que toda población puede asumir el papel de Estado-nación, capaz de llevar a cabo la formación de una voluntad política común sobre el trasfondo de una cultura política compartida.

Como el derecho internacional clásico se halla en una relación complementaria con respecto al sistema de Estados moderno, en las drásticas innovaciones del derecho internacional registradas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial se refleja un cambio de figura del Estado nacional igualmente profundo. Junto con el verdadero contenido de la soberanía estatal formalmente concedida, se ha reducido también el margen de soberanía popular. Esto es válido más que nada para los Estados europeos que han traspasado una parte de sus derechos soberanos a la UE. Es cierto que sus gobiernos se siguen considerando como «señores de los tratados». Pero ya en la calificación del derecho a salir de la UE (introducido en el Tratado de Lisboa) se revela una limitación de su soberanía. Debido a la primacía funcionalmente fundamentada del derecho europeo, esta de todas maneras se convierte en una ficción porque, como consecuencia de la implementación del derecho establecido en el nivel europeo, la imbricación horizontal de los sistemas jurídicos nacionales avanza cada vez más. Tanto más apremiante se plantea entonces la cuestión de la suficiente legitimación democrática de ese estatuto legal.

Streeck teme los rasgos «unitaristas jacobinos» de una democracia supranacional porque esta, en el camino de un aplastamiento a largo plazo de las minorías por parte de las mayorías, también tendría que llevar a la nivelación de las «comunidades identitarias y económicas fundamentadas en la proximidad espacial». Aquí está subvalorando la innovadora fantasía creadora del derecho, que ya se ha reflejado en las instituciones existentes y en las regulaciones vigentes. Estoy pensando en el ingenioso procedimiento de decisión de la «doble mayoría» o en la composición ponderada del Parlamento Europeo, el cual, precisamente según el punto de vista de la justa representación, tiene en cuenta las grandes diferencias en el número de habitantes de Estados miembros pequeños y grandes.

Sin embargo, el temor de Streeck a una centralización represiva de las competencias se alimenta, sobre todo, de la falsa suposición de que la profundización institucional de la UE habrá de concluir en una especie de República Federal Europea. Pero el Estado federal es el modelo equivocado. Pues las condiciones de legitimación democrática las cumple también una comunidad democrática supranacional pero supraestatal, que permita gobernar en común. Aquí todas las decisiones políticas serán legitimadas por los ciudadanos, en su doble papel de ciudadanos europeos, por un lado, y de ciudadanos de su correspondiente Estado nacional, por el otro. En una Unión Política de este tipo, claramente diferenciable de un «superestado», los países miembros, en tanto garantes del nivel de derecho y libertad personificado en ellos, mantendrían una posición muy fuerte en comparación con los miembros subnacionales de un Estado federal.

¿Entonces qué?

El argumento en favor de una bien fundamentada alternativa política, mientras se mantenga abstracta, recibe su fuerza de la capacidad para crear perspectivas: muestra un objetivo político sin indicar el camino. Los evidentes obstáculos en ese camino sostienen una evaluación pesimista acerca de la capacidad de supervivencia del proyecto europeo. Es la combinación de dos hechos lo que tiene que inquietar a los defensores de «Más Europa».

En primer lugar, la política de consolidación (según el modelo de los «frenos a la deuda») apunta a la creación de una constitución económica europea que busca establecer «iguales reglas para todos», la cual debe permanecer sustraída al control del proceso de formación democrática de voluntades. Cuando, de esta manera, los encauzamientos tecnocráticos –que tienen grandes consecuencias para los ciudadanos europeos en general– se desacoplan de la formación de la voluntad y de la opinión dentro de la vida pública nacional y de los parlamentos, se devalúan así los recursos políticos de esos ciudadanos, que solo tienen acceso a sus respectivas arenas nacionales. De esta forma, la política europea se hace cada vez más intocable de hecho, y con ello, desde el punto de vista democrático, cada vez más impugnable. Por otro lado, esta tendencia hacia la autoinmunización se ve fortalecida por el hecho fatal de que la sostenida ficción de la soberanía fiscal de los Estados miembros ha encauzado la percepción pública de la crisis en una dirección equivocada. La presión de los mercados financieros sobre los presupuestos estatales políticamente fragmentados promueve una autopercepción homogeneizadora de las poblaciones afectadas por la crisis; la crisis azuza entre sí a «países acreedores y países receptores» y aviva el nacionalismo.

Streeck llama la atención sobre ese potencial demagógico: «En la retórica de la política internacional de la deuda, naciones concebidas de manera monista aparecen como actores morales globales con obligaciones colectivas. Se dejan de lado las relaciones internas de clase y de dominación». Así se potencian mutuamente una política de crisis capaz de inmunizarse contra voces críticas gracias a sus éxitos y la percepción recíproca de los «pueblos», desfigurada en opiniones públicas nacionales.

Ese bloqueo solo se puede romper si los partidos proeuropeos se unen para hacer campañas más allá de la frontera nacional en contra de esa falsificación de problemas sociales en problemas nacionales. Solo por la sumisión de los partidos democráticos ante el Derecho puedo explicarme el hecho de que en todas nuestras opiniones públicas nacionales falten luchas de opinión sostenidas en las alternativas políticas correctamente planteadas. Los enfrentamientos polarizadores sobre el curso de las cosas en el núcleo de Europa son más esclarecedores que agitadores, si todas las partes reconocen que no hay alternativas sin riesgos ni costos. En lugar de abrir frentes equivocados a lo largo de las fronteras nacionales, sería tarea de esos partidos diferenciar perdedores y ganadores resultantes de las políticas anticrisis según grupos sociales, afectados en mayor o menor medida en cada caso independientemente de su nacionalidad.

Los partidos de izquierda europeos están por repetir su error histórico de 1914. También ellos se pliegan por temor al centro político de la sociedad, propenso al discurso del populismo de derecha. En la República Federal, además, un panorama mediático indescriptiblemente devoto de la canciller Merkel fortalece en todos los participantes la decisión de no tocar el hierro candente de la política europea en la campaña electoral y los lleva a seguir el juego astuto-malévolo de destematización practicado por Merkel. Por esa razón cabe desearle éxito a Alternativa por Alemania. Espero logre obligar a los otros partidos a quitarse sus mantos de invisibilidad en el tema de la política europea. Entonces podría darse la oportunidad, después de las elecciones parlamentarias federales, de que se perfile una gran coalición para el primer y debido paso. Pues según el estado de cosas, la República Federal de Alemania es la única en condiciones de asumir la iniciativa de esta difícil empresa.